El Conservadurismo

Tomado del Libro de Hans-Hermann Hoppe,  Libertad o Socialismo, editado por Juan Fernando Carpio

 

En los dos capítulos anteriores las formas de socialismo más conocidas e identificadas como tales, y que derivaron básicamente de las mismas fuentes ideológicas, fueron discutidas: el socialismo de tipo ruso, más claramente representados en su momento por los países del bloque comunista de Europa Oriental; y el socialismo de tipo socialdemócrata, con sus representantes más típicos siendo los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa Occidental y en menor grado por los “liberals” en los Estados Unidos. Las reglas de propiedad subyacentes a sus políticas fueron analizados y fue planteada la idea de que uno puede aplicar los principios de propiedad del socialismo de tipo ruso o de tipo socialdemócrata en distintos grados: uno puede socializar todos los medios de producción o sólo un puñado, uno puede confiscar vía tributos y redistribuir todo el ingreso y casi todos los tipos de ingreso, o uno puede hacerlo en una proporción menor de sólo algunas formas de ingresos. Pero, como fue demostrado por medios teóricos y también de forma menos rigurosa a través de evidencia empírica ilustradora, en la medida en que uno se aproxime a estos principios y no abandone de una vez por todas la noción de derechos de propiedad para los no-productores (no-usuarios) y no-contratistas, el resultado será el empobrecimiento relativo.

Este capítulo mostrará que lo mismo es cierto con respecto al conservadurismo pues éste, también, es una forma de socialismo. El conservadurismo también genera pobreza, y mucho más mientras más resueltamente se aplique. Pero antes de adentrarnos en un análisis económico sistemático y detallado de las formas peculiares en que el conservadurismo causa este efecto, sería apropiado darle un breve vistazo a la historia, de forma en que podamos entender mejor por qué el conservadurismo es en efecto socialismo, y cómo se relaciona con las dos formas igualitaristas de socialismo discutidas previamente.

A grosso modo, antes del siglo dieciocho en Europa y alrededor del mundo, existía un sistema social de “feudalismo” o “absolutismo” que en realidad era feudalismo a mayor escala. En términos abstractos, el orden social feudalista estaba caracterizado por un señor regional que reclamaba la propiedad sobre algún territorio, incluyendo todos sus recursos y bienes, y con bastante frecuencia de todas las personas ubicadas en éste, sin existir apropiación original de ellos a través del uso o trabajo, y sin tener un contrato con ellas, respectivamente.

Por el contrario, el territorio, o mejor dicho, las partes de él y los bienes ubicados sobre él, habían sido ya activamente ocupados, usados y producidos por otras personas antes (los “propietarios naturales”). Por ende, los alegatos de propiedad de los señores feudales se derivaban de la nada. Por tanto la práctica, basada en estos derechos de propiedad, de arrendar tierra y otros factores de producción a los propietarios naturales a cambio de bienes y servicios unilateralmente fijados por el amo feudal, tenía que ser ejecutada contra la voluntad de estos propietarios naturales por medio de violencia armada y fuerza bruta, con la ayuda de una casta de militares nobles que eran recompensados por el amo permitiéndoseles participar y compartir esos métodos de explotación y sus frutos. Para el hombre común sometido a este orden de las cosas, la vida significaba tiranía, explotación, estancamiento económico, pobreza, hambruna y desesperanza. Como podría esperarse, hubo resistencia a este sistema. Sin embargo, y curiosamente (desde una perspectiva contemporánea), no era la población campesina la que sufría el orden existente, sino los mercaderes y comercian quienes se volvieron los opositores activos del sistema feudal. El comprar a un precio más bajo en un lugar, viajar y vender a un precio más alto en un lugar distinto, como hacían, volvía relativamente débil su subordinación a cualquier señor feudal.

Eran esencialmente una clase de hombres “internacionales”, cruzando las fronteras de los distintos territorios feudales constantemente. Como tales, para hacer negocios requerían un sistema legal estable, internacionalmente válido: un sistema de reglas, válido independientemente de momento y lugar, que definiera propiedad y contrato, que facilitara la evolución de las instituciones de crédito, banca y seguros, esencial en cualquier negocio comercial de gran escala. Naturalmente, esto causó fricción entre los mercaderes y los señores feudales, siendo estos últimos representantes de sistemas legales regionales variados y arbitrarios. Los mercaderes se volvieron los disidentes del orden feudal, permanentemente amenazados y molestados por la casta de la nobleza militar que intentaba ponerlos bajo su control.

Para huir de esta amenaza, los mercaderes se vieron forzados a organizarse y establecer puestos comerciales fortificados en los mismísimos confines de los centros de poder feudal. Como lugares de extraterritorialidad parcial y al menos parcial libertad, atrajeron rápidamente grupos crecientes de campesinos que huían de la explotación feudal y la miseria económica, y se volvieron pequeños pueblos, motivando el desarrollo de actividades y emprendimientos que no podrían haber emergido dentro de los confines de la explotación y la inestabilidad legal característicos del orden feudal mismo. Este proceso fue más pronunciado donde los poderes feudales eran relativamente débiles y donde el poder estaba dispersado entre un gran número de señores feudales a veces muy pequeños y rivales. Fue en las ciudades del norte de Italia, las ciudades de la Liga Hanseática y en las de Flandes que el espíritu del capitalismo floreció por primera vez, y el comercio y la producción alcanzaron sus niveles más altos.

Pero esta emancipación parcial de las restricciones y el estancamiento del feudalismo fue solo temporal, y fue proseguido por la reacción y el declive. Esto se debió en parte a las debilidades internas en el movimiento de la nueva clase comerciante en sí misma. La forma de pensar feudal estaba demasiado arraigada en las mentes de los hombres, en términos de rangos asignados a la gente, de subordinación y de poder, y de que el orden debía ser impuesto mediante coerción. Por tanto, en los centros de comercio de reciente aparición, un nuevo conjunto de regulaciones y restricciones –esta vez de origen “burgués”- se estableció, se formaron gremios que limitaban la libre competencia y una oligarquía mercante emergió. Más importante aún fue otro hecho, sin embargo, para este proceso reaccionario. En su camino a liberarse a sí mismos de las intervenciones explotadoras de los señores feudales, los mercaderes tuvieron que buscar aliados naturales. De forma muy comprensible, encontraron aliados así entre aquellos de quienes en la casta feudal, si bien eran comparativamente más poderosos que otros nobles, tenían sus centros de poder a una distancia relativamente mayor de las poblaciones comerciales que buscaban apoyo. Al alinearse a sí mismos con la clase mercantil, buscaban extender su poder más allá de su alcance actual a expensas de otros señores feudales más pequeños. Para lograr este objetivo primero otorgaron ciertas exenciones de las obligaciones “normales” que había para los sujetos del dominio feudal, a los centros urbanos emergentes, y así asegurando su existencia como lugares de libertad parcial, y obtenían protección de los poderes feudales circundantes.

Pero tan pronto como la alianza hubo tenido éxito en su intento conjunto de debilitar a los amos locales y el aliado “extranjero” de los pueblos mercantes se hubo establecido como el verdadero poder fuera de su territorio tradicional, éste avanzaba y se establecía a sí mismo como un superpoder feudal, es decir, en una monarquía, con un rey que imponía sus reglas abusivas sobre aquellos en el sistema feudal ya existente. El absolutismo había nacido; y éste no era nada sino feudalismo a gran escala, con el declive económico otra vez puesto en marcha, los pueblos desintegrados y el estancamiento y la miseria de vuelta. No fue sino hasta las postrimerías del siglo diecisiete e inicios del dieciocho, en que el feudalismo estuvo bajo duro asedio realmente. Para entonces el ataque fue más severo, pues no era simplemente el intento de hombres pragmáticos –los mercaderes- de asegurarse esferas de libertad relativa para poder conducir sus asuntos. Era cada vez más una batalla ideológica luchada contra el feudalismo. La reflexión intelectual sobre las causas del auge y caída del comercio y la industria que se habían experimentado, y un estudio más intensivo de la ley romana y en particular de la ley natural, que habían ambas sido redescubiertas en el transcurso de la lucha de los mercaderes para desarrollar una ley mercante internacional y justificarla contra los alegatos rivales de la ley feudal, había llevado a una comprensión más sólida del concepto de libertad, y de la libertad como un prerrequisito para la prosperidad económica. A medida que estas ideas, culminando en trabajos como los “Dos tratados sobre el Gobierno” de John Locke en 1688 y “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith en 1776, permeaban y ocupaban las mentes de un círculo cada vez mayor de gente, el viejo orden perdió su legitimidad. La vieja forma de pensar en términos de lazos feudales gradualmente cedió el paso a la idea de una sociedad contractual. Finalmente, como expresiones externas de este distinto Estado de las cosas en la opinión pública, se produjeron La Gloriosa en 1688 en Inglaterra, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789; ya nada fue igual luego de que estas revoluciones ocurrieron. Aquellas probaron, de una vez y para la posteridad, que el viejo orden no era invencible, y encendieron una luz de esperanza para avanzar aún más en el camino hacia la libertad y la prosperidad.

El Liberalismo, como se llamó el movimiento ideológico que generó estos acontecimientos monumentales, emergió de estas revoluciones más fuerte que nunca y se volvió por algo más de medio siglo, la fuerza ideológica dominante en Europa Occidental. Fue el partido de la libertad y de la propiedad privada adquirida a través de ocupación y contrato, asignando al Estado meramente el rol de hacer cumplir estas normas naturales. Con los residuos del sistema feudal aún funcionando por todas partes, aunque sacudido en sus fundamentos ideológicos, fue el partido que representaba una sociedad liberalizada, desregulada y contractualizada, interna y externamente, es decir, tanto en asuntos domésticos como en asuntos y relaciones exteriores. Y mientras que bajo la presión de las ideas liberales las sociedades europeas se volvieron progresivamente libres de restricciones feudales, también se volvió el partido de la Revolución Industrial, que fue causada y estimulada por este mismo proceso de liberalización. El desarrollo económico fue echado a andar a un ritmo jamás antes experimentado por la humanidad. La industria y el comercio florecieron, y la formación y acumulación de capital alcanzaron nuevas alturas. Si bien el estándar de vida no se elevó inmediatamente para todos, se volvió posible sostener a una población importante –es decir, gente que sólo unos años antes, bajo el feudalismo, hubiese muerto por hambre debido a la falta de riqueza económica, y que ahora podían sobrevivir. Adicionalmente, con el crecimiento poblacional tomando lugar por debajo de la tasa de crecimiento del capital, ahora todos podían esperar de forma realista una pronta mejora en sus estándares de vida.

Es frente a este trasfondo de la Historia (algo abreviado, desde luego, tal como ha sido presentado) que el fenómeno del conservadurismo como forma de socialismo y su relación con las dos versiones de socialismo originadas en el marxismo puede ser visto y apreciado. Todas las formas de socialismo son respuestas ideológicas al desafío presentado por el avance del liberalismo; pero su posición enfrentada al liberalismo y al feudalismo –el viejo orden que el liberalismo ha ayudado a destruir- difiere considerablemente. El avance del liberalismo había estimulado el cambio social a un ritmo, a un grado y en variaciones desconocidas hasta entonces. La liberalización de la sociedad significaba que cada vez más sólo podrían mantener cierta posición social antes adquirida, aquellos quienes lo hicieran al producir más eficientemente para las necesidades más urgentes de consumidores voluntarios, con costos tan bajos como fuese posible, y basándose exclusivamente en relaciones contractuales con respecto a la obtención de factores de producción, y en particular, del recurso humano. Los imperios productivos construidos solamente por la fuerza temblaban bajo tal presión. Y dado que la demanda de los consumidores a la cual la estructura productiva debía adaptarse (y ya no viceversa) cambiaba constantemente, y el surgimiento de nuevos emprendimientos se volvía progresivamente menos regulado (en la medida en que era el resultado de apropiación original y/o contrato), nadie contaba ya con una posición relativa segura en la jerarquía de ingreso y riqueza. En lugar de eso, la movilidad social ascendente o descendente aumentó significativamente, ya que ni los dueños de factores productivos ni los dueños de servicios laborales eran ya inmunes a los cambios respectivos en la demanda. Ya no existían precios ni ingresos estables garantizados para ellos. El viejo marxismo y el nuevo socialismo socialdemócrata fueron la respuesta igualitarista a este desafío del cambio, la incertidumbre y la movilidad social. Como el liberalismo, apreciaban la destrucción del feudalismo y el avance del capitalismo. Se dieron cuenta de que fue el capitalismo el que liberó a la gente de los abusivos lazos feudales y producía enormes mejoras en la economía; y entendieron que el capitalismo, y el desarrollo de las fuerzas productivas traído por él, era un paso evolutivo necesario y positivo en la vía hacia el socialismo. El socialismo, como lo conciben esas dos corrientes, comparte las mismas metas que el liberalismo: libertad y prosperidad.

Pero supuestamente el socialismo da un paso adelante sobre los logros del liberalismo al suplantar al capitalismo –la anarquía de la producción de competidores privados que causa el cambio, la movilidad, incertidumbre y desazón en el tejido social ya mencionados- en su más alto grado de desarrollo por una economía racionalmente planeada y coordinada que previene las inseguridades derivadas de que el cambio se sienta a nivel individual. Desafortunadamente, desde luego, como los dos capítulos anteriores han demostrado suficientemente, es una idea bastante confundida. Es precisamente al hacer que los individuos se vuelvan insensibles al cambio por medio de medidas redistributivas que el incentivo de adaptarse rápidamente a cualquier cambio futuro desaparece, y por tanto el valor, en términos de la valoración que los consumidores dan a la producción generada, caerá. Y es precisamente debido a que un plan general suplanta a lo que parecen ser múltiples planes descoordinados entre sí, que la libertad individual es reducida y, mutatis mutandis, el dominio de un hombre sobre otro se ve incrementado.

El Conservadurismo, por otro lado, es la respuesta anti-igualitaria, reaccionaria, a los cambios dinámicos puestos en marcha por una sociedad liberalizada: es anti-liberal y, en vez de reconocer los logros del liberalismo, tiende a idealizar y glorificar el viejo sistema feudal como algo ordenado y estable. Siendo un fenómeno post-revolucionario como es, no aboga necesariamente ni de manera frontal por un retorno al status quo pre-revolucionario y acepta ciertos cambios, aunque sea entre lamentos, como irreversibles. Pero le molesta poco cuando presencia que viejos poderes feudales que habían perdido todo o una parte de sus tierras a manos de propietarios naturales en el transcurso de la liberalización recuperen su antigua posición, y definitivamente y abiertamente propaga la conservación del status quo, es decir, la distribución altamente desigual de la propiedad, la riqueza y el ingreso. Su idea es detener o frenar los cambios permanentes y los procesos de movilidad social traídos por el liberalismo y el capitalismo de forma tan completa como sea posible, y en su lugar, recrear un sistema social ordenado y estable en el que cada cual permanezca con seguridad la posición que el pasado le había otorgado.

Para lograrlo, el conservadurismo debe, y de hecho lo hace, promulgar la legitimidad de medios no contractuales en la adquisición y retención de propiedad e ingreso derivado de ella, ya que precisamente fue el uso exclusive de relaciones contractuales lo que causó la permanencia del cambio en la distribución relativa del ingreso y la riqueza. Así como el feudalismo admitía la adquisición y defensa de la propiedad y la riqueza por la fuerza, asimismo el conservadurismo es indiferente al que la gente haya adquirido o no su posición de ingresos y riqueza mediante apropiación original y contrato. En efecto, el conservadurismo considera apropiado y legítimo que una clase de propietarios ya establecida, tenga el derecho de detener cualquier cambio social que considere una amenaza a su posición relativa en la jerarquía del ingreso y la riqueza, aún si los distintos propietarios-usuarios de los factores de producción no aceptan tal arreglo. El Conservadurismo, entonces, debe ser considerado como el heredero ideológico del feudalismo. Y como el feudalismo debe ser descrito como socialismo aristocrático (lo cual debe quedar suficientemente claro en su caracterización en las líneas anteriores), el conservadurismo debe ser considerado como el socialismo del establishment burgués. El Liberalismo, al cual tanto las versiones igualitarias y conservadoras del socialismo, son respuestas ideológicas, alcanzó el máximo de su influencia alrededor de mediados del siglo XIX. Probablemente sus últimos logros de entonces gloriosos fueron la abolición de las Leyes del Maíz en Inglaterra (1846), lograda por Richard Coben, John Bright y la liga anti-ley del maíz, y las revoluciones continentales de 1848. Entonces, debido a debilidades internas e inconsistencias en la ideología del liberalismo, las diversiones y división que las aventuras imperialistas de variados Estados-nación habían generado, y finalmente pero no menos importante, debido al atractivo que las distintas versiones de socialismo con sus variadas promesas de seguridad y estabilidad tenían y tienen aún frente un fuerte disgusto que el cambio y movilidad social dinámicos puede generar en el público, el liberalismo empezó a declinar. El socialismo le suplantó cada vez más como fuerza ideológica dominante, revirtiendo de esa forma el proceso de liberalización y nuevamente imponiendo más y más elementos no-contractuales (involuntarios) en la sociedad.

En diferentes momentos y lugares, diversos tipos de socialismo han encontrado asidero en la opinión pública en distintos grados, así es que hoy en día se puede hallar huellas de todos ellos por todas partes y de la suma de sus respectivos efectos empobrecedores en el proceso de producción, el mantenimiento de riqueza y la formación del carácter social. Pero es la influencia del socialismo conservador, en particular, el que debe ser señalado, especialmente debido a que es frecuentemente soslayado o subestimado. Si hoy en día las sociedades de Europa Occidental pueden ser descritas como socialistas, esto se debe en mucha mayor medida al socialismo de cuño conservador que al de ideas igualitarias. Es la forma peculiar en que el conservadurismo ejerce su influencia, sin embargo, lo que explica por qué esto frecuentemente no se percibe. El conservadurismo no sólo configura la estructura social por medio de políticas públicas; especialmente en sociedades como las europeas donde el pasado feudal nunca fue totalmente derrumbado y un gran número de remanentes feudales sobrevivieron incluso al auge del liberalismo.

Una ideología como el conservadurismo también ejerce su influencia, muy discretamente, simplemente al mantener el status quo y permitir que las cosas continúen siendo hechas de acuerdo a las viejas tradiciones. ¿Cuáles son entonces los elementos específicamente conservadores de las sociedades actuales y cómo es que producen empobrecimiento relativo? Con esta pregunta, retornamos al análisis sistemático del conservadurismo y sus efectos económicos y socioeconómicos. Una caracterización abstracta de las normas sobre la propiedad que subyacen al conservadurismo y una descripción de estas normas desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad serán nuevamente el punto de arranque.

Existen dos de esas normas. Primero, el socialismo conservador, al igual que el socialismo socialdemócrata, no prohíbe la propiedad privada. Por el contrario: todo –todos los factores de producción y toda la riqueza que no se utiliza para la producción- puede en principio ser poseído privadamente, vendido, comprado, arrendado, con la excepción de nuevo solamente de tales áreas como la educación, el tráfico y las comunicaciones, la banca central y la producción de seguridad. Pero en segundo lugar, ningún propietario es dueño del total de su propiedad ni del total del ingreso que pueda derivarse de su uso. Más bien, parte de ello pertenece a la sociedad y la sociedad tiene el derecho de asignar el ingreso y la riqueza actuales y futuros a sus miembros individuales de tal manera que se preserve la distribución relativa antigua del ingreso y la riqueza. Y también es el derecho de la sociedad el determinar que tan grande o pequeña debe ser la porción de ingreso y riqueza que será administrada y qué se necesita exactamente para preservar una distribución de ingreso y riqueza específica.

Desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad, el sistema de propiedad del conservadurismo nuevamente implica una agresión contra los derechos de los propietarios naturales. Los propietarios naturales de las cosas pueden hacer lo que deseen con ellas, en tanto no cambien sin autorización la integridad de la propiedad de otros. Esto implica, en particular, su derecho a modificar su propiedad o destinarla a distintos usos para adelantarse a cambios anticipados en la demanda y así preservar o posiblemente mejorar su valor; y también les da el derecho a beneficiarse privadamente de los incrementos de valor en su propiedad que se generen de cambios no anticipados en la demanda, es decir de cambios que fueron simple buena fortuna, pero que no previeron ni efectuaron. Pero al mismo tiempo, ya que de acuerdo a los principios de la teoría natural de la propiedad cada propietario está protegido sólo de la invasión y la adquisición no contractual y transferencia de títulos de propiedad, también implica que todos corren el riesgo permanente y constante de que a través de cambios en la demanda o acciones de otros propietarios sobre su propiedad, el valor de sus propiedades caigan bajo su nivel dado. De acuerdo a esta teoría, sin embargo, nadie es dueño del valor que otros atribuyan a su propiedad y nadie por tanto, en ningún momento dado, tiene el derecho legal de preservar y restaurar el valor de su propiedad. En claro contraste, el conservadurismo apunta precisamente a tal preservación o restauración de valoraciones y su distribución relativa. Pero esto sólo es posible, desde luego, si una redistribución en la asignación de títulos de propiedad tiene lugar. Ya que el valor de la propiedad de nadie depende exclusivamente de las acciones individuales sobre su propiedad, si no también y de forma inevitable, de las acciones de otras personas realizadas con medios limitados bajo su propio control (y más allá de cualquier control de otros), para preservar los valores de las propiedades alguien –una persona o un grupo de ellas- debería poder poseer legítimamente todos los medios escasos (mucho más allá de los que en realidad son controlados o usados por esta persona o grupo de ellas). Es más, este grupo debe literalmente poseer todos los cuerpos de las personas, ya que el uso que una persona hace de su cuerpo también puede influir (aumentar o disminuir) los valores existentes de la propiedad. Así, para poder lograrse la meta conservadora, una redistribución de títulos de propiedad debe darse desde los usuarios-propietarios de recursos escasos hacia gente que, cualesquiera fuesen sus méritos pasados como productores, no hagan uso actual o hayan contratado aquellas cosas cuya utilización llevara a al cambio en la distribución dada de valoraciones. Comprendido esto, la primera conclusión con respecto al efecto económico general del conservadurismo emerge con claridad: con los propietarios naturales de las cosas siendo total o parcialmente expropiados en beneficio de los no-usuarios, no-productores y no-contratistas, el conservadurismo elimina o reduce el incentivo de los primeros para hacer algo con respecto al valor de la propiedad existente y adaptarse a los cambios en la demanda. Los incentivos para estar alertas y anticipar cambios en la demanda, para adaptar rápidamente la propiedad existente y usarla de forma consistente con tales nuevas circunstancias, para aumentar sus esfuerzos productivos, y para ahorrar e invertir se ven reducidos, en vista de que los posibles beneficios de tal comportamiento ya no pueden ser cosechados privadamente si no que serán socializados. Mutatis mutandis, el incentivo de no hacer nada para evitar la pérdida de valor de la propiedad de uno por debajo del nivel actual se verá incrementado, ya que las posibles pérdidas resultantes de tal comportamiento ya no tendrán que ser cosechadas privadamente si no que serán también socializadas. De este modo, ya que todas esas actividades –evitar riesgos, ser perceptivos, adaptarse, ser tesoneros y ahorrar- son costosas y requieren el uso de tiempo y posiblemente otros recursos escasos que podían ser usados alternativamente de otros tipos -para el ocio y el consumo, por ejemplo- habrá menos actividades del primer tipo y más del segundo, y como consecuencia el estándar general de vida caerá. Por tanto, uno tendrá que concluir que la meta conservadora de preservar las valoraciones existentes y la distribución de cosas valiosas entre los diferentes individuos sólo puede ser lograda a costa de una caída general en el valor de los bienes recién producidos y de los bienes antiguos mantenidos, es decir, una menor riqueza social. Se ha vuelto evidente ya que desde el punto de vista del análisis económico, existe una similitud asombrosa entre el socialismo conservador y el socialismo socialdemócrata. Ambas formas de socialismo implican una redistribución de títulos de propiedad quitándoselos a los productores/contratistas para dárselos a los no-productores/no-contratistas, y de ese modo ambas separan el proceso de producción y contrato del proceso de adquisición real de ingreso y riqueza. Al hacer esto, ambos socialismos vuelven la adquisición de ingreso y riqueza un asunto político –un asunto, entonces, en el transcurso del cual una persona o grupo impone su voluntad sobre el uso de los medios escasos sobre la voluntad de otros, renuentes a ello; ambas versiones de socialismo, aunque en principio declaren la propiedad común de todo el ingreso y la riqueza producidos para beneficiar a su nicho de no-productores favorecido, permiten que sus programas sean implementados de forma gradual y llevados a cabo en distintos grados; y ambos, como consecuencia de todo esto, tienen que –en la medida en que sus políticas respectivas sean en efecto puestas en práctica- llevar a un empobrecimiento relativo.

La diferencia entre el conservadurismo y lo que ha sido llamado socialdemocracia radica exclusivamente en el hecho de que apelan a distinta gente o distintos sentimientos en la misma mente en tanto y en cuanto prefiera una forma distinta en que el ingreso y la riqueza quitada forzosamente a los productores son luego redistribuidos a los no-productores. El socialismo redistributivo asigna ingresos y riqueza a los no-productores, independientemente de sus logros pasados como propietarios de riqueza o generadores de ingreso, o incluso trata de erradicar tales diferencias. El conservadurismo, por otro lado, asigna el ingreso a los no-productores de acuerdo con un pasado desigual de ingreso y riqueza y apunta a estabilizar la distribución del ingreso existente y las diferencias existentes.

La diferencia entonces es meramente una de sicología social: al favorecer distintos patrones de distribución, otorgan privilegios a diferentes grupos de no-productores. El socialismo redistributivo particularmente favorece a los menos ricos entre los no-productores, y expolia principalmente a los más ricos de entre los productores; y por tanto, tiende a encontrar a sus seguidores entre los primeros y a sus enemigos entre los últimos. El conservadurismo otorga privilegios especiales a los más ricos dentro del grupo de no-productores y particularmente daña los intereses de los menos ricos de entre la gente productiva; de tal modo que tiende a encontrar seguidores principalmente entre los primeros y causa desesperanza, desazón y resentimiento entre estos últimos. Pero aunque es cierto que ambos sistemas de socialismo son muy parecidos desde un punto de vista económico, la diferencia entre ellos con respecto a su fundamento socio-sicológico no deja de tener un impacto en su economía. Que quede claro que este impacto no afecta el empobrecimiento general resultante de la expropiación de productores (como se explicó arriba), que ambos tienen en común. En lugar de eso, influye sobre las decisiones que el socialismo socialdemócrata por un lado y el conservadurismo por el otro toma acerca de los instrumentos o técnicas específicos a su disposición para alcanzar sus objetivos distributivos. La técnica preferida por los socialdemócratas son los impuestos, como se describió y analizó en el capítulo anterior. El conservadurismo puede utilizar este instrumento también, desde luego; y en efecto tiene que hacer uso de él en algún grado, aunque fuera sólo para financiar la imposición de sus políticas. Pero la tributación no es su técnica preferida, y la explicación de esto se encuentra en la socio-sicología del conservadurismo. Dedicado a la preservación de un status quo de posiciones de ingreso, riqueza y status social, los impuestos son un instrumento demasiado “progresista” para alcanzar objetivos conservadores. El recurrir a los impuestos significa que uno permitió que ocurran cambios en la distribución de la riqueza y el ingreso y sólo luego, cuando ya tuvieron lugar, uno rectifica las cosas y restaura el viejo orden de las cosas. Sin embargo, el proceder de esta forma no solo genera resentimientos, particularmente entre aquellos cuyos esfuerzos les llevaron a mejorar su posición relativa primero y luego son nivelados nuevamente. Pero también, al permitir que el progreso ocurra y luego tratar de deshacerlo, el conservadurismo debilita su propia justificación, es decir, su razonamiento de que cierta distribución del ingreso y la riqueza es legítima porque es la que siempre ha existido. Por tanto, el conservadurismo prefiere que los cambios no ocurran para empezar, y prefiere usar políticas que prometan precisamente esto, o en su defecto, que prometan volver tales cambios menos evidentes. Existen tres tipos de políticas de ese tipo: los controles de precios, las regulaciones y los controles de comportamiento social, todas las cuales –quede claro- son medidas socialistas tanto como lo son los impuestos, pero todas ellas curiosamente relegadas en los esfuerzos por medir el grado total de socialismo en distintas sociedades, de la misma forma en que la importancia de los impuestos en este sentido ha sido sobreestimada. Discutiré ahora esos esquemas específicos de políticas conservadoras.

Cualquier cambio en los precios (relativos) evidentemente causa cambios en la posición relativa de la gente proveyendo los bienes o servicios respectivos. Por tanto, para fijar su posición parecería que todo lo que se necesita hacer es fijar precios –esta es la justificación conservadora para introducir controles de precios. Para verificar la validez de esta conclusión, los efectos económicos de la fijación de precios necesitan ser examinados. Para empezar, se asume que un control de precios selectivo sobre un producto o grupo de productos ha sido puesto en vigor y que el precio fijado ha sido decretado como el precio por encima o por debajo del cual el producto podría no venderse. Ahora bien, en la medida en que el precio fijado es idéntico al del mercado, el control de precios simplemente será inefectivo. Los efectos peculiares de la fijación de precios sólo pueden darse toda vez que no sean idénticos. Y dado que la fijación de precios no elimina las causas que generaron los cambios de precios, pero simplemente decreta que ninguna atención debe prestárseles, ello ocurre tan pronto como aparece cualquier cambio en la demanda, por la razón que sea, para el producto en cuestión. Si la demanda aumenta (y los precios, sin intervención, aumentarían también) entonces el precio fijado se convierte en la práctica en un precio máximo efectivo, es decir, un precio por encima del cual se vuelve ilegal vender. Si la demanda decrece (y los precios, sin intervención, caerían también) entonces el precio fijo se vuelve un precio mínimo efectivo, es decir, un precio por debajo del cual se vuelve ilegal vender. La consecuencia de imponer un precio máximo es una demanda excesiva para los bienes provistos. No todo el mundo que desea comprar al precio fijado es capaz de hacerlo. Y esta carestía durará por tanto tiempo como a los precios no se les permita aumentar respondiendo a la mayor demanda, y por tanto, no existe posibilidad para los productores (que podría asumirse que estaban produciendo hasta el punto en que el costo marginal, es decir, el costo de producir la última unidad del producto en cuestión, sea igual a la ganancia marginal) para dirigir recursos adicionales hacia la línea de producción específica, es decir, aumentando la oferta sin incurrir en pérdidas. Colas, racionamientos, favoritismo, pagos por debajo de la mesa y mercados negros, se volverán aspectos permanentes de la vida. Y las carestías y otros efectos secundarios que acarreen se incrementarán más, ya que ese exceso de demanda para los bienes con precios fijos se regará hacia otros bienes no-controlados (en particular, desde luego, a los sustitutos), aumentarán sus precios y crearán un incentivo adicional para mover recursos desde las líneas de producción controladas hacia las líneas de producción no controladas.

Imponer un precio mínimo, es decir, un precio por encima del precio potencial de mercado y por debajo del cual las ventas se vuelven ilegales, mutatis mutandis produce un exceso de oferta por sobre la demanda. Existirá un exceso de bienes producidos que simplemente no encontrarán compradores. Y nuevamente: este exceso continuará por tanto tiempo como los precios no sean permitidos de bajar habiendo bajado la demanda del bien en cuestión. Lagos de leche y vino, montañas de mantequilla y granos, para citar algunos ejemplos, se desarrollarán y crecerán; y a medida que los contenedores se llenan será necesario destruir repetidamente la producción excesiva (o, como alternativa, habrá de pagarse a los productores para ya no producir tal exceso). La producción superavitaria se volverá aun más agravada porque el precio artificialmente alto atrae una inversión de recursos mayor en esa área en particular, que entonces se volverán faltantes en otras líneas de producción donde hay en realidad una mayor necesidad de ellos (en términos de demanda de los consumidores), y donde como consecuencia, los precios de los productos se elevarán.

Los precios máximos o mínimos generan empobrecimiento. En cualquier caso llevarán a una situación en que existen demasiados recursos (en términos de demanda de los consumidores) en áreas productivas de menor importancia y no los suficientes en áreas de mayor importancia. Los factores de producción ya no pueden ser asignados de forma en que las necesidades más apremiantes sean satisfechas primero, las siguientes en urgencia en segundo lugar, etc., o dicho con más precisión, de forma que la producción de cualquier bien determinado no se extienda por encima (o por debajo) del nivel en el cual la utilidad de la producción marginal caiga debajo (o se mantenga encima) de la utilidad marginal de cualquier otro producto. Más bien, la imposición de controles de precio significa que necesidades menos urgentes son satisfechas a costa de una satisfacción reducida de necesidades más urgentes. Y esto no significa si no el que el estándar de vida se verá reducido. Que la gente desperdiciará su tiempo buscando bienes porque existe una oferta escasa, o que se desecharán bienes porque se mantienen artificialmente en superávit, son sólo dos de los síntomas más conspicuos de esta riqueza social disminuida. Pero eso no es todo. El análisis anterior también revela que el conservadurismo no podría ni siquiera alcanzar su objetivo de estabilidad distributiva por medio de un control de precios parcial. Con precios sólo parcialmente controlados, las perturbaciones en las posiciones de ingreso y riqueza tendrían que darse de todos modos, ya que los productores en las áreas no controladas, o en líneas de producción con precios mínimos son favorecidos a expensas de aquellos en líneas controladas o en líneas de producción con precios máximos. Por lo tanto seguirá existiendo un incentivo para que los productores individuales cambien de una línea de producción a otra, más rentable con la consecuencia de que las diferencias en la capacidad de alerta empresarial y la habilidad para prever y adaptarse a esos cambios tan rentables aumentarán y resultarán en perturbaciones del orden establecido. El conservadurismo entonces, si en realidad es intransigente en su compromiso con la preservación del status quo, se ve obligado a expandir constantemente el círculo de bienes sujetos a controles de precios y no podrá detenerse si no hasta un control o congelamiento de precios total.

Sólo si los precios de todos los bienes y servicios, tanto de capital como de consumo, se congelan a cierto nivel, y el proceso de producción es así separado completamente de la demanda –en vez de desconectar la producción y la demanda sólo en ciertos puntos o sectores como ocurre bajo controles de precios parciales- parecería posible preservar un orden distributivo en su totalidad. Nada sorprendente, sin embargo, es que deba pagarse un precio mucho más alto por ese conservadurismo total que el que se pagará sólo con controles de precio parciales. Con controles de precio totales, la propiedad privada de los medios de producción es de hecho abolida. Aún puede haber propietarios privados nominalmente, pero el derecho a determinar el uso de su propiedad y de entablar en cualquier intercambio contractual que consideren beneficioso se pierde por completo. Las consecuencias de esta expropiación silenciosa a los productores son una reducción del ahorro y la inversión y, mutatis mutandis, un incremento en el consumo. Debido a que uno ya no puede obtener los frutos del propio trabajo que el mercado esté dispuesto a darnos, se pierde un motivo para trabajar. Y adicionalmente, ya que los precios están fijados –independientemente del valor que los consumidores otorguen a los productos en cuestión- habrá también una razón menos para preocuparse de la calidad del tipo de trabajo o producción en que uno aún se esté desempeñando, y por tanto la calidad de todos y cada uno de los productos caerá.

Pero aún más importante que esto es el empobrecimiento que resulta del caos en la asignación de recursos creado por los controles globales de precio. Mientras todos los precios de los productos, incluyendo los de los costos de producción y en particular de los salarios, estén congelados, la demanda de distintos productos aún cambia constantemente. Sin controles de precios, los precios seguirían la dirección de estos cambios y de ese modo crean un incentivo para retirarse de áreas productivas menos valoradas hacia áreas de producción más valoradas. Bajo controles de precios globales, este mecanismo es destruido completamente. Si la demanda de un producto aumenta, se generará desabastecimiento debido a que los precios no pueden elevarse, y consecuentemente, porque la rentabilidad de producir ese bien en particular no se ha alterado, no se atraerá hacía él factores productivos adicionales. Como consecuencia, una demanda excesiva, dejada sin atender, se regará hacia otros productos, elevando la demanda de ellos por encima del nivel que hubiera existido de otro modo. Pero aquí nuevamente, a los precios no se les permite elevarse respondiendo a una demanda mayor, y nuevamente se generará un déficit. Y así el proceso de trasladar la demanda de los productos requeridos con mayor urgencia a los productos de importancia secundaria, y de ahí a productos de aún menor relevancia, ya que nuevamente el deseo de todos de obtenerlo al precio controlado puede ser satisfecho, debe continuar y continuar. Finalmente, ya que no hay alternativas disponibles y el papel moneda que la gente aún tiene para gastar tiene un valor intrínseco menor que incluso el producto menos valorado disponible para la venta, la demanda excesiva se regará hacia productos cuya demanda había declinado originalmente. Por lo tanto, incluso en las áreas productivas donde un exceso había aparecido como consecuencia de una demanda disminuida pero donde a los precios no se les había permitido bajar correspondientemente, las ventas se repondrán como consecuencia de una demanda insatisfecha en todo el resto de la economía; a pesar de precios artificialmente fijados altos la producción excesiva se volverá vendible; y, con la rentabilidad así restablecida, una fuga de capital se prevendrá aún entonces. La imposición de controles de precio globales significa que el sistema de producción se ha vuelto completamente independiente de las preferencias de los consumidores para cuya satisfacción la producción es emprendida en realidad. Los productores pueden producir cualquier cosa y los consumidores no tendrán otra alternativa que comprarla, cualquiera que sea. Consecuentemente, cualquier cambio en la estructura productiva que se haga o se ordene hacer sin la ayuda de precios de libre movilidad no es sino dar palos de ciego, remplazando un conjunto arbitrario de bienes en oferta, por otro. A nivel de la experiencia del público consumidor esto significa, como ha sido descrito por G. Reisman “…inundar a la gente con camisas, mientras se les obliga a ir descalzos, o inundarles con zapatos obligándoles a ir descamisados; darles enormes cantidades de papel, pero no plumas o tinta, o viceversa;…en efecto, darles cualquier combinación absurda de bienes”. Pero claro, “…meramente dar a los consumidores unas combinaciones de bienes es en sí mismo equivalente a un declive gigantesco en la producción, ya que representa precisamente eso para la calidad de vida humana”. El estándar de vida no depende simplemente de un total físico de producción; depende muchísimo más de una distribución o proporcionalidad de los diversos factores de producción específicos para producir una composición bien balanceada de bienes de consumo variados. Los controles de precio globales, como ´ultima ratio´ del conservadurismo, impide que se produzca dicha composición bien balanceada. El orden y la estabilidad sólo se generan en apariencia; en realidad son medios que crean caos de asignación y arbitrariedades, y de ese modo reducen el estándar general de vida.

Adicionalmente y esto lleva a la discusión del segundo instrumento específico de política conservadora, es decir las regulaciones, aún si los precios son controlados masivamente esto sólo puede salvaguardar un orden existente de distribución de ingresos y riquezas si se asume de forma irrealista que los productos tanto como los productores son “estacionarios”.

Los cambios en el orden existente no pueden ser ignorados, sin embargo, si existen productos nuevos y diferentes, nuevas tecnologías productivas o emergen productores adicionales. Todo esto llevaría a una disrupción del orden existente, a medida que los viejos productos, tecnologías y productores, sujetos como están a los controles de precios, tendrían entonces que competir con productos y servicios nuevos además de diferentes (los cuales, ya que son nuevos, no están aún bajo controles de precios) y entonces probablemente pierdan parte de sus renta frente a los nuevos participantes en el transcurso del proceso competitivo. Para compensar tales disrupciones el conservadurismo podría nuevamente utilizar como mecanismo los impuestos y de hecho hasta cierto punto lo hace. Pero permitir que las innovaciones ocurran primero sin impedimento y luego gravar las ganancias de los innovadores y restaurar el viejo orden, es, como se explicó, un instrumento de política demasiado progresista para el conservadurismo. El conservadurismo prefiere las regulaciones como medio para prevenir o atenuar el efecto de las innovaciones, y los cambios sociales que ellas producen.

La forma más drástica de regular el sistema productivo sería simplemente prohibir cualquier innovación. Una política de ese tipo, debe señalarse, tiene adherentes entre aquellos que critican el “consumismo” de otros, es decir, el hecho de que hoy en día existen ya “demasiados” bienes y servicios en el Mercado, y que desean congelar o reducir la diversidad presente; y también, por razones ligeramente distintas, encuentra adherentes entre aquellos que quieren congelar la tecnología productiva actual por miedo a que las innovaciones, como las máquinas que ahorran trabajo humano, pudieran “destruir” empleos existentes. Sin embargo, una prohibición frontal de todo cambio innovador casi nunca se ha dado – por ejemplo y como reciente excepción, el régimen de Pol Pot – debido a la falta de apoyo en la opinión pública que jamás pudo ser persuadida de que dicha política no sería extremadamente costosa en términos de bienestar perdido.

Bastante popular, sin embargo, ha sido un mecanismo algo moderado: si bien ningún cambio se prohíbe en principio, toda innovación debe ser aprobada oficialmente (aprobada, en otras palabras, por gente distinta que el propio innovador) antes de poder ser implementada. De este modo, el conservadurismo argumenta, se garantiza que las innovaciones sean socialmente aceptables, que el progreso sea gradual, que puedan ser introducidas simultáneamente por todos los productores y que todos puedan obtener sus ventajas. La gremialización (cartelización) gubernamentalmente obligada es el medio más popular para alcanzar este efecto. Al requerir que todos los productores o que todos los productores de una industria, se vuelvan miembros de una organización supervisora –el cartel- se vuelve posible evitar el -demasiado visible- exceso de producción generado por los controles de precios mínimos, a través de la imposición de cuotas de producción. Más aún, las disrupciones causadas por cualquier acción innovadora pueden ser centralmente monitoreadas y moderadas. Pero mientras que este método ha ido ganando terreno constantemente en Europa y en un grado algo menor en los Estados Unidos, y si bien ciertos sectores de la economía están de hecho ya sujetos a controles similares, el instrumento social-conservador más popular y más frecuentemente utilizado es aquel de establecer estándares predefinidos para categorías predefinidas de productos o productores a los cuales todas las innovaciones deben someterse. Estas regulaciones establecen el tipo de características que una persona debe poseer (otras aparte de las “normales” de ser el propietario legítimo de los bienes y no dañar la integridad física de la propiedad de otros a través de las propias acciones) para poder establecerse como productor de algún tipo; o estipularán la clase de pruebas (con respecto por ejemplo a materiales, apariencia o medidas) que un producto de un tipo determinado debe pasar antes de ser aprobado en el Mercado; o prescribirán revisiones definitivas que un avance tecnológico debe superar antes de ser aprobado como un método de producción nuevo. Con tales medidas regulatorias, las innovaciones no pueden ser ni completamente evitadas ni se puede evitar que algunos cambios puedan ser sorprendentes. Pero en la medida en que los estándares predefinidos a los cuales los cambios deben someterse necesariamente serán “conservadores”, es decir, formulados en términos de productos, productores y tecnologías existentes, sirven al propósito del conservadurismo en el sentido de que volverán más lento el ritmo de las innovaciones y sus cambios y sorpresas resultantes.

En cualquier caso, toda esta clase de regulaciones, principalmente los primeros y menos directamente los últimos en mencionarse, llevarán a una reducción del estándar general de la calidad de vida. Una innovación, es claro, sólo puede ser exitosa y permitir al innovador romper el orden existente de distribución de ingresos y riqueza, si es más altamente valorada que productos antiguos alternativos. La imposición de regulaciones, sin embargo, implica una redistribución de títulos de propiedad desde los innovadores y hacia los productores, productos y tecnologías establecidos. Por tanto, al socializar total o parcialmente las posibles ganancias de ingresos y riqueza provenientes de cambios innovadores en el proceso de producción y mutatis mutandis al total o parcialmente socializar las posibles pérdidas provenientes de no innovar, el proceso de innovación se volverá más lento, habrá menos innovadores e innovaciones, y en su lugar emergerá una marcada tendencia a mantener las cosas tal y como están.

Eso implica nada más y nada menos que el proceso de aumento de satisfacción del consumidor al producir bienes y servicios más altamente valorados en formas más eficientes y menos costosas, se detiene, o al menos es entorpecido. Por tanto, incluso si es de una forma distinta que los controles de precios, las regulaciones también harán que la estructura de producción se descoordine con la demanda. Y mientras que eso puede ayudar a salvaguardar una estructura de distribución de la riqueza existente, nuevamente debe ser pagado por un declive en la riqueza general que se incorpora a esa misma estructura de producción.

Finalmente, el tercer instrumento específicamente conservador de política es el control de comportamientos. Los controles de precio y las regulaciones congelan el lado de la oferta de un sistema económico y de esa forma lo divorcian de la demanda. Pero esto no impide que aparezcan cambios en la demanda; sólo hace que la oferta no pueda responder a ellos. Y así, puede ocurrir que no sólo emerjan discrepancias sino que se vuelvan dramáticamente evidentes como tales. Los controles de comportamiento son políticas designadas para controlar el lado de la demanda. Apuntan a evitar o retardar los cambios en la demanda para volver la falta de capacidad de respuesta del lado de la oferta menos visible, completando de ese modo la tarea del conservadurismo: la preservación del orden existente frente a cambios de cualquier tipo.

Los controles de precio y las regulaciones por un lado, y los controles del comportamiento por el otro, son entonces los dos aspectos complementarios de una política conservadora. Puede argumentarse con gran acierto que es ese lado de los controles de comportamiento la característica más distintiva de una política conservadora. Si bien las distintas formas de socialismo favorecen distintas categorías de personas no productivas y no innovadoras a expensas de diversas categorías de productores e innovadores potenciales, tanto como cualquier otra variante de socialismo, el conservadurismo tiende a fomentar la existencia de gente menos productiva y menos innovadora, forzándoles a aumentar el consumo o a canalizar sus energías productivas e innovadoras hacia los mercados negros. Pero de todas las formas de socialismo, solamente el conservadurismo interfiere directamente con el consumo y los intercambios no-comerciales. (El resto de formas de socialismo, desde luego, tienen su efecto en el consumo también, en la medida en que llevan a una reducción en el estándar de vida; pero a diferencia del conservadurismo, dejan al consumidor a su suerte con lo que sea que quede disponible para su consumo). El conservadurismo no sólo daña el desarrollo de nuestros talentos productivos; bajo el concepto de “paternalismo” también busca congelar el comportamiento de la gente en su rol de consumidores individuales o como partes de una relación de intercambio no-comercial, y de ese modo también entorpece o suprime el propio talento para desarrollar un estilo de vida que satisfaga mejor las necesidades recreativas propias.

Cualquier cambio en el patrón de comportamiento del consumidor tiene sus efectos económicos. (Si dejo más larga mi cabellera esto afecta a las peluquerías y la industria de las tijeras; si alguna gente se divorcia esto afecta a los abogados y el mercado de vivienda; si empiezo a fumar cannabis esto tiene consecuencias no sólo para el uso de tierra agrícola sino también para la industria de helados, etc.; y sobre todo, tal comportamiento desequilibra el sistema de valores de quienquiera se sienta afectado por él). Cualquier cambio puede parecer entonces ser un elemento irruptor vis a vis la estructura conservadora de producción. Por ende, el conservadurismo, en principio, tendría que considerar todas las acciones, el total de los estilos de vida, de la gente en sus roles como consumidores individuales o interrelacionados no-comercialmente como objeto de los controles de comportamiento. El conservadurismo integral equivaldría al establecimiento de un sistema social en que todo excepto la forma tradicional de comportarse (que es explícitamente permitida) esté prohibido. En la práctica, el conservadurismo jamás iría tan lejos, ya que existen costos asociados a los controles y porque tendría que lidiar con una creciente resistencia en la opinión pública. El conservadurismo “normal”, entonces, se caracteriza por leyes específicas y prohibiciones menores en alcance pero en grandes cantidades que vuelven ilegal y castigan muchas formas de comportamiento no-agresivo de consumidores individuales o de gente participando de tratos no-comerciales pacíficos– es decir, acciones que en efecto realizadas ni cambiarían la integridad física de la propiedad de nadie ni violarían el derecho de nadie de negarse a relacionarse de forma no-beneficiosa- simplemente porque resultan molestosos para el orden “paternal” de valores sociales.

Nuevamente, el efecto de una política para el control de comportamientos, es en todo caso, el empobrecimiento relativo. A través de la imposición de tales controles no sólo un grupo de gente es afectado por el hecho de que ya no pueden participar de ciertos comportamientos pacíficos sino que otro grupo se beneficia de tales controles en la medida en que ya no tienen que tolerar tales formas de comportamiento que les disgustan. Más específicamente, los perdedores en esta redistribución de derechos de propiedad son los usuarios-productores de las cosas cuyo consumo está ahora impedido, y ganan relativamente los no-usuarios y no-productores de los bienes de consumo en cuestión. De este modo, una nueva y diferente estructura con respecto a la producción o no-producción es establecida y aplicada a una población. La producción de bienes de consumo ha sido vuelta más costosa ya que su valor ha caído como consecuencia de la imposición de controles con respecto a su uso, y mutatis mutandis, la adquisición de satisfacción del consumidor mediante medios no-productivos y no-contractuales ha sido hecha relativamente menos costosa. Como consecuencia, habrá menos producción, menos ahorro e inversión y una mayor tendencia más bien a obtener satisfacción a expensas de otros mediante métodos políticos (agresivos). Y, en particular, en la medida en que las restricciones impuestas por controles de comportamiento impliquen los usos que una persona puede hacer de su propio cuerpo, la consecuencia será un menor valor atribuido a él y consecuentemente, una reducción de la inversión en capital humano.

Con esto hemos llegado al final de nuestro análisis teórico del conservadurismo como forma particular de socialismo. Nuevamente, para completar la discusión se hará algunos comentarios que ayuden a ilustrar la validez de las conclusiones anteriormente mencionadas. Al igual que en la discusión del socialismo socialdemócrata, estas observaciones ilustradoras deben ser leídas con precauciones: en primer lugar, la validez de las conclusiones obtenidas en este capítulo pueden y deben ser establecidas independientemente de la experiencia. Y segundo, en tanto a la experiencia y la evidencia empírica conciernen, desafortunadamente no existen ejemplos de sociedades que puedan ser estudiadas con respecto a los efectos del conservadurismo en la misma medida en que se puede con las otras variantes de socialismo y capitalismo. No existe un caso cuasi-experimental de estudio de un país que por sí solo pueda proveerle a uno lo que se considera evidencia “notoria”. La realidad es más bien una en que todo tipo de políticas –conservadoras, socialdemócratas, Marxista-socialistas y también capitalista-liberales- están tan mezcladas y combinadas, que sus efectos no pueden ser conectados “limpiamente” con causas definidas, pero que deben ser desenrolladas y atribuidas nuevamente por medios primeramente teóricos. Dicho esto, sin embargo, algo puede decirse con total precisión sobre el rendimiento del conservadurismo en la historia. Una vez más la diferencia entre los estándares de vida entre los Estados Unidos y los países de Europa Occidental (tomados en su conjunto) permite una observación que encaja con el cuadro teórico. Ciertamente, como se mencionó en el capítulo anterior, Europa tiene más socialismo redistributivo –como índica grosso modo el nivel de impuestos- que los Estados Unidos, y es más pobre debido a esto. Pero más notable aún es la diferencia que existe entre los dos con respecto al grado de conservadurismo. Europa tiene un pasado feudal que es palpable hasta nuestros días, en particular en forma de numerosas regulaciones que restringen el comercio y la entrada a distintas industrias, y prohibiciones de acciones pacíficas (no-agresivas), mientras que los Estados Unidos son notablemente libres de un pasado así. Atado a esto está el hecho de que por largos períodos durante el siglo XIX y XX, Europa ha sido moldeada por políticas de partidos más o menos explícitamente conservadores más que por cualquier otra ideología política, mientras que por otro lado un partido genuinamente conservador nunca ha existido en los Estados Unidos. En realidad, incluso los partidos socialistas de Europa Occidental fueron impregnados en gran medida por el conservadurismo, en particular bajo la influencia de los sindicatos de obreros, e impusieron numerosos elementos social-conservadores (regulaciones y controles de precios) en las sociedades europeas durante sus períodos de influencia (cuando más bien por el contrario lucharon por abolir algunos de los controles de comportamiento conservadores). En todo caso, dado que Europa es más socialista que los Estados Unidos y sus estándares de vida son relativamente menores, esto se debe menos a la influencia del socialismo socialdemócrata en Europa y más a la influencia del social-conservadurismo, lo cual se evidencia más que en una diferencia de niveles de impuestos, sino en el significativamente más alto número de controles de precios, regulaciones y controles del comportamiento en Europa. Me apresuraré a añadir que los Estados Unidos no es más rico de lo que es actualmente ni muestra su vigor económico del siglo XIX, no sólo porque adoptó más y más políticas socialistas redistributivas a lo largo del tiempo, sino mucho más porque ese país también, fue gradualmente volviéndose presa de una ideología conservadora de querer proteger un status quo en la distribución de ingresos y riqueza frente a la competencia, y en particular la posición de propietarios entre los productores existentes por medio de regulaciones y controles de precios.

En un nivel incluso más global, otra observación calza con el cuadro teóricamente del conservadurismo como causante de empobrecimiento. Ya que afuera del así llamado mundo occidental, los únicos países que igualan el miserable desempeño de los regímenes de socialismo marxista son precisamente aquellas sociedades en Latinoamérica y Asia que jamás han tenido un rompimiento serio con su pasado feudal. En estas sociedades, vastas áreas de la economía están incluso ahora completamente exentas de la esfera y de la presión de la libertad y la competencia y están más bien encerradas en su posición tradicional por medios regulatorios y ejercidos como es de esperar, por medio de la fuerza.

A nivel de observaciones más específicas los datos también indican claramente lo que la teoría le llevaría a uno a esperar. Volviendo a Europa Occidental, de que de los países europeos más grandes, Italia y Francia son los más conservadores, especialmente si se comparan con las naciones del norte, las cuales en cuanto a socialismo se refiere, se han tornado mucho más hacia su versión redistributiva. Mientras que el nivel de impuestos en Italia y Francia (gasto estatal como porción de su PIB) no es más alto que en el resto de Europa, estos dos países claramente exhiben más elementos social-conservadores que en cualquier otra parte. Tanto Italia como Francia están plagadas literalmente de miles de controles de precios y regulaciones, volviendo altamente dudoso que algún sector de sus economías pueda ser llamado “libre” con alguna justificación. Como consecuencia (y tal como puede predecirse), el estándar de vida en ambos países es significativamente menor que aquél del norte europeo, como cualquiera que viaje más allá de lugares netamente turísticos no podría dejar de notar. En ambos países, desde luego, uno de los objetivos del conservadurismo parece haber sido alcanzado: las diferencias entre los propietarios y los no propietarios han sido muy bien preservadas –uno difícilmente encontrará diferencias de ingresos y riqueza tan extremas en Alemania o los Estados Unidos como en Italia o Francia- pero al precio de una caída de la riqueza socialmente disponible. En efecto, esta caída es tan significativa que el estándar de vida para la clase baja y media-baja de ambos países es en el mejor de los casos apenas mejor que aquél en los países más liberalizados del Bloque Oriental. Y las provincias sureñas de Italia, en particular, donde aún más regulaciones han sido amontonadas encima de aquellas en rigor en todo el resto del país, apenas han abandonado el grupo de las naciones del tercer mundo.

Finalmente, como un último ejemplo que ilustra el empobrecimiento causado por las políticas conservadoras, la experiencia con el nacional-socialismo en Alemania y en menor grado con el fascismo en Italia debe ser mencionada. A menudo no se entiende que ambos fueron movimientos socialista-conservadores. Es en tal forma, es decir, como movimientos dirigidos contra el cambio y las disrupciones sociales causadas por las fuerzas dinámicas de una economía libre, que aquellos –y no los movimientos de socialismo marxista- pudieron encontrar apoyo entre los propietarios establecidos, los tenderos, los agricultores y empresarios. Pero derivar de esto la conclusión de que debe haber sido un movimiento pro-capitalista o incluso la etapa más avanzada en el desarrollo del capitalismo antes de su destrucción final, como hacen los marxistas normalmente, es completamente equivocado. En realidad, el enemigo más fervorosamente aborrecido por el fascismo y el nacional-socialismo no era el socialismo como tal, sino el liberalismo. Desde luego, ambos detestaban el socialismo de los marxistas y bolcheviques, porque al menos ideológicamente eran internacionalistas y pacifistas (al confiar en las fuerzas de la historia que llevarían a la destrucción del capitalismo desde adentro), mientras que el fascismo y el nazismo eran movimientos nacionalistas dedicados a la guerra y la conquista; y probablemente más importante con respecto a su apoyo público, debido a que el marxismo implicaba que los propietarios iban a ser expropiados por los no-propietarios y por ende el orden social sería trastornado totalmente, mientras que el fascismo y el nazismo prometían preservar el orden establecido.

Pero, y esto es decisivo para clasificarles como movimientos socialistas (y no como capitalistas), buscar ese objetivo implica –como se ha explicado en detalle anteriormente- una negación del derecho del usuario-propietario de las cosas de hacer con ellas lo que le parezca mejor (dado que uno no dañe físicamente la propiedad de otro o participe de intercambios no-voluntarios, es decir, forzados) tan concreta como la que resulta de una expropiación de los propietarios naturales por la “sociedad” (es decir, por gente que ni produjo ni adquirió contractualmente las cosas en cuestión) como en la política marxista. Y en efecto, para alcanzar este objetivo tanto el fascismo como el nazismo hicieron exactamente lo que su clasificación como socialista-conservadores le llevaría a uno a esperar: establecieron economías altamente controladas y reguladas en que la propiedad privada existía todavía nominalmente, pero en la práctica había perdido su significado, ya que el derecho de determinar el uso de las cosas había sido casi completamente transferido a instituciones políticas. Los nazis, en particular, impusieron un sistema de controles de precios casi completo (incluyendo controles de salarios), concibieron la institución de planes cuatrienales (casi como en Rusia, donde los planes se extendían por un período de cinco años) y establecieron organismos de planificación y supervisión económicas que debían aprobar cualquier cambio significativo en la estructura productiva.

Un “propietario” ya no podía decidir qué producir o cómo producirlo, de quién comprar o a quién vender, qué precios pagar o cobrar, o cómo implementar cualquier cambio. Todo esto, desde luego, creaba una atmósfera de seguridad. A todos se les asignaba una posición fija, y tanto asalariados como dueños de capital recibían un ingreso estable o creciente, en términos nominales. Adicionalmente, programas gigantescos de trabajos forzados, la introducción del servicio militar obligatorio y finalmente la implementación de una economía de guerra fortalecieron la ilusión de expansión económica y prosperidad. Pero como podría esperarse de un sistema económico que destruye el incentivo del productor para ajustar sus planes a la demanda y evitar descoordinarse con ella, y que en la práctica separa la demanda de la producción, esta sensación de prosperidad probó no ser nada más que una ilusión. En realidad, en términos de los bienes que la gente podía comprar con su dinero, el estándar de vida cayó, no sólo en términos relativos sino también absolutos. Y en todo caso, incluso dejando de tomar en cuenta toda la destrucción causada por la guerra, Alemania y en un grado menor Italia, se vieron severamente empobrecidas luego de la derrota de los nazis y los fascistas.

 

 

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Una Teoría de Socialismo y Capitalismo

Tomado del Libro de Hans-Hermann Hoppe,  Libertad o Socialismo, editado por Juan Fernando Carpio

Socialismo al Estilo Social-demócrata

En el último capítulo analicé la versión ortodoxa del socialismo marxista –el socialismo de estilo Ruso, como fue denominado– y expliqué sus efectos sobre el proceso de producción y sobre la estructura moral de la sociedad. Proseguí a señalar que las consecuencias teóricamente esperables del empobrecimiento relativo demostraron ser tan poderosas que de hecho una política de socialización de los medios de producción nunca puede efectuarse hasta sus últimas consecuencias lógicas: socializar todos los medios de producción, sin con ellos provocar un desastre económico inmediato. En efecto, todos los experimentos de socialismo marxista han tenido que reintroducir elementos de la Propiedad Privada sobre los medios de producción para superar o prevenir la bancarrota total. Incluso el más moderado socialismo “de Mercado”, no puede impedir el empobrecimiento relativo de la población, a menos que se abandone la idea de la producción socializada, de una vez por todas.

Más que un argumento teórico, ha sido la decepcionante experiencia del socialismo de estilo ruso, lo que ha traído una declinación constante en la popularidad del marxismo socialista ortodoxo y ha impulsado la aparición y desarrollo del socialismo socialdemócrata moderno, que será el tema de este capítulo. Ambos tipos de socialismo, debe estar claro, provienen de las mismas fuentes ideológicas. Ambos tienen motivación igualitaria, al menos en teoría, y ambos tienen esencialmente el mismo fin: la abolición del capitalismo como sistema social basado en la propiedad privada y el establecimiento de una sociedad nueva, caracterizada por la solidaridad fraternal y la erradicación de la escasez; una sociedad en la que cada cual gana “de acuerdo con su necesidad”. Desde los inicios del movimiento socialista a mediados del siglo diecinueve, sin embargo, existen ideas encontradas sobre los métodos más aptos para alcanzar estos fines. Mientas que generalmente existe acuerdo sobre la necesidad de socializar los medios de producción, existen siempre opiniones divergentes sobre cómo proceder al respecto. Por un lado, siempre hubo quienes propusieron el curso de acción revolucionario. La socialización parcial, tuvieron que tomar pasos aún más avanzados. Estos partidos, en respuesta a las experiencias rusa y europea del este, abandonaron paulatinamente la idea de la producción socializada y en su lugar pusieron más y más énfasis en la idea del gravar el ingreso y ecualizarlo, y por otro lado, la igualdad de oportunidades, como los verdaderos fundamentos del socialismo.

Mientras que este cambio del socialismo ruso al socialdemócrata tomó lugar, y sigue en proceso en todas las sociedades occidentales, no era igualmente fuerte en todas partes. A grosso modo y enfocándonos exclusivamente en Europa, el desplazamiento del viejo socialismo por el nuevo ha sido más pronunciado mientras más inmediata y directa ha sido la experiencia con el socialismo de estilo ruso de la población donde los partidos socialistas y/o comunistas necesitan encontrar partidarios y votantes. De todos los países grandes, en Alemania Occidental, donde el contacto con esta clase de socialismo ha sido más directo, donde millones de personas aún tienen grandes oportunidades de ver con sus propios ojos lo se le hizo a la gente de Alemania Oriental, este desplazamiento ha sido el más completo. Allí, en 1959, los socialdemócratas adoptaron (mejor dicho, fueron obligados por la opinión pública a hacerlo) un nuevo programa partidario en el cual todo rastro evidente de pasado marxista desapareció, que mencionaba explícitamente la importancia de la propiedad privada y los mercados, que hablaba de la socialización sólo como una mera posibilidad, y que en cambio enfatizaba la importancia de medidas redistributivas. Allí los promotores de una política de socialización de los medios de producción al interior del partido socialdemócrata han sido superados en número desde entonces; y allí mismo los partidos comunistas, aún cuando sólo favorezcan una socialización parcial y pacífica, han sido perdido cualquier importancia. En los países más alejados de la cortina de hierro, como Francia, Italia, España y también Gran Bretaña, esta transformación ha sido menos dramática. Sin embargo, es posible decir que hoy en día sólo el socialismo socialdemócrata, caracterizado por los socialdemócratas alemanes, puede considerarse popular en Occidente. En efecto, parcialmente debido a la influencia de la Internacional Socialista –la asociación de partidos socialistas y socialdemócratas- el socialismo socialdemócrata puede resultar siendo una de las ideologías más difundidas de nuestro tiempo, influyendo cada vez más en los programas políticos y políticas gubernamentales no sólo de partidos explícitamente socialistas, y hasta cierto grado a aquellos de los comunistas occidentales, sino también de grupos y partidos quienes ni en sus sueños más extravagantes se llamarían a sí mismos socialistas, como los demócratas “liberales” de la costa este de los Estados Unidos. Y en el campo de la política internacional las ideas del socialismo socialdemócrata, en particular el enfoque redistribucionista con respecto al -así llamado- conflicto Norte-Sur, se ha convertido en algo así como la posición oficial entre la gente “bien informada” y “bien intencionada”; un consenso que se extiende hasta más allá de quienes se consideran a sí mismos socialistas.

¿Cuáles son las características centrales del socialismo de estilo socialdemócrata? Básicamente existen dos. Primero, en positiva contra-distinción con el socialismo marxista tradicional, el socialismo socialdemócrata no prohíbe la propiedad privada de los medios de producción e incluso acepta la idea de que todos los medios de producción sean de la Propiedad Privada-con la mera excepción de la educación, el tráficos y las comunicaciones, la banca central y la policía y las cortes. En principio, cualquier persona tiene el derecho de apropiar y poseer medios de producción, venderlos, comprarlos o crearlos, regalarlos o alquilarlos a otros mediante arreglo contractual. Pero en segundo lugar, a ningún propietario de medios de producción le pertenece totalmente el ingreso que pueda obtenerse del uso de su medio de producción y ningún propietario puede decidir cuánto de su ingreso total puede dedicar a consumir y cuánto a invertir. Por el contrario, parte del ingreso obtenido en la producción pertenece por derecho a la sociedad, debe ser entregado a ella, y entonces, de acuerdo a conceptos igualitarios o de justicia redistributiva, es entregado a sus miembros individuales. Tanto así que a pesar de que las proporciones de ese ingreso puedan estar fijadas en cierto momento, la porción que pertenece por derecho al productor es por principio flexible y la determinación de su tamaño –así como el de la porción de éste para la sociedad– no está en manos del productor si no que le pertenece por derecho a la sociedad.

Analizada desde el punto de vista de la teoría natural de la propiedad –la teoría subyacente al capitalismo– la adopción de estas reglas implica que los derechos del propietario natural han sido agresivamente violados. De acuerdo a esta teoría de la propiedad –recordemos– el usuario/propietario de los medios de producción puede hacer lo que desee con ellos; y cualquiera sea el resultado de su uso, es su ingreso privado, que nuevamente puede utilizar como le plazca, siempre y cuando no altere la integridad física de la propiedad de otra persona y opere a través de intercambios voluntarios exclusivamente. Desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad, no existen dos procesos separados, la producción del ingreso, y luego de que se produce, su distribución. Sólo existe un proceso: al producir el ingreso este de distribuye automáticamente; el productor es su dueño. En comparación, el socialismo de estilo socialdemócrata promueve la expropiación parcial del propietario natural al redistribuir parte del ingreso productivo hacia gente que, cualesquiera fueren sus méritos en otros ámbitos, no produjeron el ingreso en cuestión y definitivamente no tienen derechos contractuales sobre él, y quienes además, tienen la posibilidad de dictaminar unilateralmente, es decir, sin tener que contar con el consentimiento del propietario afectado, qué tan lejos puede llegar esta expropiación parcial.

Debe quedar claro a partir de esta descripción que –a pesar de la impresión que espera generar el socialismo socialdemócrata– la diferencia entre ambos tipos de socialismo no es de naturaleza categórica. Por el contrario, es sólo una cuestión de grado. Ciertamente, la primera regla mencionada parece indicar una diferencia fundamental en que permite la propiedad privada. Pero la segunda regla permite en principio la expropiación del ingreso total de un productor y reduce su derecho de propiedad a ser puramente nominal. Desde luego que el socialismo de estilo democrático no necesita llegar tan lejos como para reducir la propiedad privada una existencia meramente nominal. Y debe admitirse que aún cuando la porción de ingreso que el productor tiene que entregar de forma forzada a la sociedad puede ser ciertamente moderada, en la práctica esto puede provocar una tremenda diferencia respecto al desempeño económico. De todas formas, debe comprenderse que desde el punto de vista de la gente no-productiva, el grado de expropiación a los productores privados es un tema de eficacia, lo que basta para reducir la diferencia entre ambos tipos de socialismo, soviético y socialdemócrata, de forma concluyente, a una simple diferencia de grado. Debe ser ya evidente lo que este hecho implica para un productor. Significa que sin importar que tan bajo grado de expropiación sea, sus esfuerzos productivos deben llevarse a cabo bajo la amenaza permanente de que en el futuro la parte de su ingreso expropiada forzosamente puede ser elevada unilateralmente. No es necesario decir mucho para entender cómo esto aumenta el riesgo –o costo de producir– y reduce la tasa de inversión.

Con esto dicho, se ha tomado ya un primer paso para el siguiente análisis. ¿Cuáles son las consecuencias económicas –en el sentido coloquial del término- de adoptar un sistema de socialismo socialdemócrata? Luego de lo dicho, no debería ser una total sorpresa el escuchar respecto a la dirección general de los efectos que éstos son similares a los del socialismo marxista tradicional. Aún así, en la medida en que el socialismo socialdemócrata acometa solamente la expropiación parcial y la redistribución de los ingresos de los productores, pueden evitarse algunos de los efectos empobrecedores que resultarían de una política de total socialización de los medios de producción. Ya que estos recursos pueden todavía ser comprados y vendidos, el problemas más usual de una economía de administradores encargados –que no existen precios para los medios de producción y por ende ni el cálculo monetario ni la contabilidad son posibles, con mal asignaciones y desperdicio de recursos en usos que en el mejor de los casos son de importancia secundaria– se evita. Adicionalmente, el problema de la sobreutilización al menos se reduce. Además, dado que la inversión privada y la formación de capital aún es posible en la medida en que una porción del ingreso productivo aún se le permite utilizar al productor para su uso discrecional, bajo el socialismo de estilo socialdemócrata existe un incentivo relativamente mayor para trabajar, para ahorrar y para invertir.

Sin embargo, de ninguna manera se pueden evitar todos los efectos empobrecedores. El socialismo de estilo socialdemócrata, independientemente de que tan bien se vea en comparación con el socialismo de estilo soviético, necesariamente lleva a una reducción en la inversión y por ende de la riqueza futura con respecto al capitalismo.9 Al quitarle parte del ingreso productivo a los propietarios-productores, sin importar que tan pequeña sea esa parte, y entregársela a gente que no produjo el ingreso en cuestión, los costos de producción (que jamás son cero, ya que producir, apropiar, contratar, siempre implican al menos el uso del tiempo, que podría ser utilizado para otro fin, para el ocio, el consumo o el trabajo subterráneo, por ejemplo) se elevan, y mutatis mutandis, los costos de no producir o de producir de forma subterránea caen relativamente. Como consecuencia habrá relativamente menos producción e inversión, aunque por razones que discutiremos en breve, el nivel absoluto de producción y riqueza aún pueda incrementarse. Habrá relativamente más ocio, más consumo y más informalidad, y a fin de cuentas, un empobrecimiento relativo. Y esta tendencia será más pronunciada mientras mayor sea el ingreso productivo que sea redistribuido, y mientras más inminente sea la posibilidad de que la sociedad incremente su proporción en el futuro, de forma unilateral y no-contractual.

Por mucho tiempo la idea más popular para implementar la política general del socialismo socialdemócrata fue redistribuir el ingreso monetario por medio del impuesto a los ingresos o un impuesto a las ventas general aplicado a los productores. Una mirada a esta técnica en particular deberá clarificar nuestro punto y evitar algunos malentendidos frecuentemente sostenidos acerca del efecto general de empobrecimiento relativo. ¿Cuál es el efecto económico de introducir impuestos a los ingresos o a las ventas donde no existía ninguno antes, o de elevar un nivel impositivo a nuevas alturas? 10 Para responder a esto, voy a ignorar por el momento la complicación que presentan las diversas formas de redistribuir el dinero de los impuestos a diferentes individuos o grupos de individuos –éstas serán discutidas más adelante en este capítulo. Aquí solo tomaremos en cuenta el hecho general, verdadero por definición para todos los sistemas redistributivos, de que cualquier redistribución de dinero obtenido mediante impuestos es una transferencia de los productores de ingreso monetario y receptores contractuales de dinero hacia otra gente en calidad de no productores y receptores no contractuales de ingresos monetarios. Crear o elevar impuestos significa entonces el ingreso monetario que se obtiene de la producción se reduce para el productor y se incrementa para gente en el papel de no productores y no contratistas. Esto cambia los costos relativos de producción con fines monetarios versus la no producción o la producción sin fines monetarios. En consecuencia, al ser percibido este cambio por la gente, ésta paulatinamente recurrirá más al consumo del ocio y/o la producción con fines de trueque, simultáneamente reduciendo sus esfuerzos productivos llevados a cabo utilizando dinero. En cualquier caso, la cantidad de bienes para ser comprados mediante dinero caerá, lo que es igual a decir que el poder adquisitivo del dinero decrece, y por ende el estándar general de vida será menor.

Contra este razonamiento a veces se argumenta que frecuentemente se ha observado empíricamente que una elevación del nivel de tributación ha Estado acompañado por una elevación (y no una caída) del producto interno bruto (PIB), y que el razonamiento anterior, por posible que sea, debe ser considerado inválido empíricamente. Este supuesto contra argumento demuestra una mal comprensión muy simple: una confusión entre reducción absoluta y relativa. En el análisis anterior se llega a la conclusión de que el efecto de tener impuestos más altos es una reducción relativa en la producción orientada a retornos monetarios; esto es, una reducción con respecto al nivel de producción que se hubiera logrado si el nivel de tributación no se hubiera alterado. No dice o implica nada sobre el nivel absoluto de producción logrado. De hecho, el crecimiento absoluto del PIB no solo es compatible con nuestro análisis si no que puede ser visto como un fenómeno perfectamente normal en la medida en que los avances en productividad sean posibles y tenga lugar en la práctica. Si se ha vuelto posible -mediante mejoras en la tecnología de producción- producir una provisión mayor con recursos similares (en términos de costos), o una cantidad idéntica con menores recursos, entonces la posibilidad de coincidencia entre el aumento en tributación y aumento de producción no debe ser sorprendente. Pero, para estar claros, esto no afecta en nada la validez de lo dicho acerca del empobrecimiento relativo que resulta de los impuestos.

Otra objeción que disfruta de cierta popularidad es aquella de que elevar los impuestos conduce a una reducción en el ingreso monetario, y que esta reducción eleva la utilidad marginal del dinero comparada con otras formas de ingreso (como el ocio) y entonces, en vez de disminuirla, en realidad ayuda a incrementar la tendencia a trabajar buscando retornos monetarios. Esta observación, debe quedar claro, es totalmente cierta. Pero es un error pensar que de alguna manera puede invalidar la tesis del empobrecimiento relativo. En primer lugar, para tener la imagen completa debe notarse que a través de la tributación no sólo el ingreso de alguna gente (los productores) se reduce, si no que simultáneamente el ingreso monetario de otra gente (los no productores) se incrementa, y para esta otra gente la utilidad marginal del dinero se reduce y por lo tanto su inclinación a trabajar por un retorno monetario se reduce. Pero esto no es de ninguna manera todo lo que necesita saberse, pues podemos quedarnos con la impresión de que la tributación no afecta en nada la cantidad de bienes intercambiables –ya que reduce la utilidad marginal del ingreso monetario para unos y la incrementa para otros, con ambos efectos cancelándose mutuamente. Pero esta impresión sería un error. En realidad, esto sería una negación de lo expuesto: que una elevación de impuestos, es decir, una contribución monetaria impuesta y no buscada, sobre los productores de ingreso, ha tenido lugar realmente y ha sido percibida como tal –y por lo tanto implicaría una contradicción lógica. Intuitivamente, la falla en la creencia de que la tributación es “neutra” con respecto al volumen de producción se vuelve evidente tan pronto como el argumento se lleva a su extremo lógico. Significaría que la expropiación total del ingreso monetario de los productores y su transferencia hacia un grupo de no productores no cambiaría nada [p.50], ya que la ociosidad aumentada de los no productores provocada por esta redistribución seria plenamente compensada por una adicción al trabajo incrementada en el caso de los productores (lo cual es ciertamente un absurdo). Lo que se ignora en este tipo de razonamiento es que la introducción de impuestos o la elevación de cualquier nivel preexistente no sólo implica favorecer a los no productores a expensas de los productores, si no que simultáneamente cambia, tanto para los productores y no productores de ingreso monetario, el costo implícito en distintos métodos de lograr un ingreso monetario creciente. Ahora es relativamente menos costoso obtener ingreso monetario adicional a través de medios no productivos, es decir, no produciendo en realidad más bienes si no participando en el proceso de adquisición no contractual de los bienes ya producidos. Incluso si los productores están de hecho más enfocados a generar dinero adicional para compensar un impuesto más elevado, no lo harán a través de intensificar sus esfuerzos productivos si no cada vez más mediante métodos parasitarios. Esto explica por qué la tributación no es ni jamás puede ser, neutra. Con tributación (o su elevación) un sistema legal de incentivos estructurales se institucionaliza: uno que cambia los costos relativos de producción para retornos monetarios versus la improductividad, incluyendo improductividad con fines de ocio e improductividad con fines monetarios, y también versus la producción con retornos no monetarios (trueque). Y si tal estructura de incentivos se aplica a toda una población, entonces, necesariamente una disminución de bienes producidos para obtener retornos monetarios será el resultado.

Mientras que los impuestos a los ingresos y a las ventas son las técnicas más comunes, en ellos no termina el repertorio de métodos redistributivos del socialismo socialdemócrata. No importa de qué manera se redistribuya el dinero de los impuestos entre los individuos que componen una sociedad específica, no importa por ejemplo hasta que nivel el ingreso monetario se iguale, ya que los individuos pueden y de hecho viven distintos estilos de vida y por lo tanto asignan distintas proporciones de su ingreso monetario asignado a ellos para consumo o para la formación de riqueza de uso no productivo, más tarde o más temprano emergerán diferencias nuevamente entre la gente, si no con respecto a su ingreso monetario, sí con respecto a su nivel de riqueza privada. Y no debe sorprendernos que estas diferencias sean correspondientemente más pronunciadas si es que existe una ley de herencias puramente contractual. Por lo tanto, el socialismo socialdemócrata, motivado por su celo igualitario incluye la riqueza privada en sus esquemas políticos y le pone un impuesto también, y en particular crea un impuesto a la herencia para satisfacer la queja popular con respecto a “riqueza no ganada” que reciben los herederos.

Económicamente, estas medidas inmediatamente reducen la cantidad de formación de riqueza privada. Mientras que el disfrute de la riqueza privada se vuelva más costoso mediante el impuesto, menos riqueza nueva será creada, el consumo aumentará –incluyendo el de riqueza que no tenía fines de producción- y el estándar general de vida, que por supuesto depende de los conforts derivados de la riqueza privada, decaerá.

Se arriba a conclusiones similares acerca de los efectos empobrecedores cuando el tercer gran campo de las políticas impositivas –el de los “activos naturales”- se analiza. Por razones que se discutirá más adelante, este campo junto al de los tradicionales de tributación del ingreso monetario y la riqueza privada, ha ganado más importancia con el tiempo bajo la idea de ecualización de las oportunidades. No tomó demasiado descubrir que la posición en la vida que ocupa una persona no depende exclusivamente del ingreso monetario o la riqueza basada en bienes no productivos. Existen otras cosas que son importantes en la vida y que generan beneficio, aunque no sea en la forma de dinero u otros bienes transables: una buena familia, una educación, salud, una buena apariencia, etc. Llamaré estos bienes no transables de los cuales pueden derivarse un beneficio (psíquico), “activos naturales”. Al socialismo redistributivo, guiado por ideales igualitarios, le irritan las diferencias existentes en la posesión de tales activos, y trata, si no de erradicar, al menos de moderarlos. Pero estos activos, siendo no-transables, no pueden ser fácilmente expropiados y luego redistribuidos sus beneficios. Tampoco es muy práctico, por decir lo menos, alcanzar este objetivo mediante la reducción directa del ingreso no monetario derivado de activos naturales desde la gente de alto ingresos (psíquicos) hacia la de bajos ingresos mediante, por ejemplo, arruinar la salud de los sanos y al hacerlo, volverlos iguales a los enfermos, o golpeando los rostros de la gente atractiva para hacerlos verse como sus menos afortunados semejantes. Por lo tanto, el método común que el socialismo socialdemócrata propone para crear “igualdad de oportunidades” es gravar con impuestos los activos naturales. A la gente de la que se piensa que recibe un beneficio no-monetario de uno de estos activos, como la salud, se le somete a un impuesto adicional, para ser pagado monetariamente. Este impuesto se redistribuye luego a aquella gente cuyo ingreso respectivo es relativamente bajo, para ayudar a compensarles por el hecho. Un impuesto se crea, por ejemplo, sobre los sanos para ayudar a los enfermos a pagar sus cuentas médicas, o a los atractivos para ayudar a pagar a los poco atractivos por una cirugía plástica o para comprarse un trago de forma que puedan olvidar su situación. Las consecuencias económicas de tales esquemas redistributivos deberían estar claras. En la medida en que el ingreso psíquico, representado por el hecho de tener salud por ejemplo, requiera un esfuerzo productivo que implique costos y tiempo, y debido a que la gente puede en principio pasar de roles productivos a roles no-productivos, o canalizar sus esfuerzos productivos hacia diferentes líneas de producción de bienes transables o no transables menos gravadas o no gravadas con impuestos, lo harán debido a los mayores costos involucrados en la producción de salud personal. La producción general de la riqueza en cuestión decaerá, es decir, el estándar general de salud se reducirá. E incluso con activos realmente naturales, como la inteligencia, acerca de los cuales la gente admisiblemente no puede hacer nada o puede hacer muy poco, las consecuencias del mismo tipo se harán realidad, sólo que una generación después. Al percatarse de que es relativamente más costoso ser inteligente y menos ser poco inteligente, y deseando tantos beneficios (de todo tipo) como sea posible para los hijos de uno, el incentivo para que la gente inteligente tenga descendencia ha sido disminuido y ha sido aumentado a su vez para los menos inteligentes.

Y además, en cualquier caso de tributación sobre los activos naturales, cierto para el caso de la salud y el caso de la inteligencia, ya que el ingreso monetario se ve gravado con impuestos, una tendencia similar a aquella resultante del impuesto a los ingresos será el resultado, es decir, una tendencia a reducir los propios esfuerzos encaminados hacia el ingreso monetario y en cambio paulatinamente encaminarse hacia actividades productivas sin fines monetarios (trueque) o a distintos tipos de actividades improductivas. Y, por supuesto, esto nuevamente reduce el estándar general de vida.

Pero esto no es todo lo que debe ser dicho sobre las consecuencias del socialismo de estilo socialdemócrata, ya que éste tiene remotos pero no menos importantes efectos sobre la estructura social-moral de una sociedad, los cuales se vuelven visibles cuando uno considera los efectos de largo plazo de la introducción de políticas redistributivas. Ya no debe ser una sorpresa que en este particular también, la diferencia entre el socialismo de estilo soviético y el socialismo socialdemócrata, aunque tenga detalles altamente interesantes, no es de naturaleza fundamental.

Como debe recordarse, el efecto del primero en la formación de tipos de personalidad era doble, reduciendo el incentivo para desarrollar habilidades productivas y favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de talentos políticos. Esta es precisamente la consecuencia general del socialismo socialdemócrata. Dado que el socialismo socialdemócrata favorece roles no-productivos tanto como los productivos que escapan el escrutinio público y por tanto no pueden ser alcanzados por los impuestos, el carácter de la población cambiará en concordancia con ello. Este proceso puede ser lento, pero mientras esa estructura de incentivos peculiar establecida por las políticas redistributivas perdure, estará en operación constante. Tendrá lugar menos inversión en el desarrollo y mejora de las habilidades productivas personales, y como consecuencia, la gente se volverá progresivamente menos capaz de generarse ingresos por su cuenta, al producir o contratar. Y a medida que el grado de tributación aumente y el círculo de ingresos gravados aumente, la gente gradualmente desarrollará personalidades tan inconspícuas, tan uniformes y tan mediocres como sea posible –al menos en lo que concierne a la apariencia pública. Al mismo tiempo, al tiempo que el ingreso de una persona se vuelve dependiente de la Política, es decir, en la decisión social de cómo redistribuir el dinero de los impuestos (el que se obtiene, debe estar claro, no por contrato si no al imponer la voluntad de una persona sobre la de otra), mientras más dependiente sea, más gente deberá politizarse, es decir, más tiempo y energía tendrá que invertir en el desarrollo de talentos especiales para lograr beneficios personales a costa (es decir de forma no acordada) de otros o para impedir que tal explotación ocurra.

La diferencia entre los dos tipos de socialismo radica (solamente) en lo siguiente: bajo el socialismo de estilo soviético el control social sobre los medios de producción, y por tanto del ingreso producido mediante ellos, es completo, y hasta ese punto no parece haber más campo para el debate político sobre el grado apropiado de politización de la sociedad. El tema finaliza –tanto como concluye al otro lado del espectro, bajo el capitalismo puro, donde no existe espacio alguno para la política y todas las relaciones son exclusivamente contractuales. Bajo el socialismo socialdemócrata, por otro lado, el control social sobre el ingreso producido de forma privada es solamente parcial, y un control incrementado o total existe solamente como un concepto social no ejercido aún, siendo una amenaza latente que pende sobre las cabezas de los productores privados. Pero vivir bajo la amenaza de ser gravado totalmente con impuestos en vez de hallarse ya en ese Estado, explica una interesante característica del socialismo socialdemócrata con respecto al desarrollo general y progresivo de personalidades políticas. Explica por qué bajo un sistema de socialismo socialdemócrata el tipo de politización es diferente del que ocurre en el socialismo de estilo soviético. Bajo este último, se consume tiempo y esfuerzos improductivamente, discutiendo cómo distribuir el ingreso socialmente apropiado; bajo el primero, claro está, esto también ocurre, pero se consume tiempo y esfuerzos en querellas políticas respecto al tema de cuán grande o pequeña debe ser la proporción de ingreso socialmente administrado. En un sistema de medios de producción socializados donde este tema se resuelve de una vez por todas, existe más alejamiento relativo de la vida pública, así como resignación y cinismo que pueden observarse. En el socialismo socialdemócrata por otro lado, donde la pregunta aún está abierta, y donde los productores y no-productores aún pueden esperanzarse en mejorar su posición mediante una tributación disminuida o aumentada (respectivamente), tiene menos de esa retirada hacia la privacidad y en cambio más frecuente ha sido que la gente se involucre activamente en la agitación política ya sea a favor o en contra del aumento del control social del ingreso.

Explicada la similaridad general tanto como esta diferencia específica entre ambos tipos de socialismo, queda la tarea de presentar un análisis corto de algunas fuerzas modificadoras que influyen en el desarrollo general de personalidades improductivas de tipo político. Estos se ven afectados por distintos enfoques sobre el patrón de redistribución deseado. Los socialismos de estilo soviético y socialdemócrata se enfrentan ambos a la cuestión de cómo distribuir el ingreso que se encuentra bajo control social. Para el socialismo de estilo soviético el tema es qué salarios pagar a los individuos que han sido asignados a distintas posiciones en la economía de administradores encargados. Para el socialismo redistributivo el tema es cuánto dinero de impuestos asignar a quién. Mientras que en principio existen formas innumerables de hacerlo, la filosofía igualitaria de ambas variantes de socialismo efectivamente reduce las opciones disponibles a tres tipos. El primero es el método de equiparar en mayor o menor medida el ingreso monetario de todos (y posiblemente también la riqueza privada de fines no-productivos). Profesores, doctores, trabajadores de la construcción y mineros, administradores de fábricas y personal de limpieza ganan todos prácticamente el mismo salario, o la diferencia entre ellos se reduce sustancialmente. No se requiere de mucha explicación para percatarse de que este enfoque reduce el incentivo para trabajar de forma dramática, ya que no tiene importancia –en términos de salario- si uno trabaja diligentemente u holgazanea la mayoría del tiempo. Por tanto, dada la disutilidad del trabajo como un hecho de la existencia humana, la gente progresivamente pasará más tiempo de forma ociosa, con el ingreso promedio que todos parecen tener garantizado cayendo en forma constante. Por ende, este enfoque fortalece la respectiva tendencia hacia el desinterés, la desilusión, el cinismo y mutatis mutandis, contribuye a una reducción correspondiente en la atmósfera general de politización. El segundo enfoque tiene la meta más moderada de lograr un ingreso mínimo que, aunque normalmente ligado al ingreso igualado, es más bajo que éste. Esto también reduce el incentivo para trabajar, ya que en la medida en que sean productores marginales de ingreso con ingresos derivados de la producción apenas por encima del mínimo, la gente se inclinará a reducir o incluso detener totalmente su trabajo, disfrutar del ocio en vez, y contentarse con el ingreso mínimo. De este modo más gente que lo normal caerá por debajo de la línea de ingreso mínimo, o más gente conservará o adquirirá las características necesarias para recibir ese salario mínimo que en situaciones normales, y como consecuencia nuevamente el ingreso promedio con respecto al cual ese salario mínimo está ligado caerá por debajo del nivel al que de otra forma hubiera llegado. Pero, desde luego, el incentivo para trabajar se reduce en un grado menor en el segundo enfoque versus el primero. Por otro lado, el segundo enfoque conducirá a un nivel más alto de politización activa (y menos de desinterés resignado), porque a diferencia de un ingreso promedio que puede ser establecido objetivamente, el nivel en el cual se fije el salario mínimo es un asunto completamente subjetivo y arbitrario, y es por eso que se vuelve un asunto político para el debate permanente.

Sin lugar a dudas, el más alto grado de politización activa se alcanza cuando el tercer enfoque distributivo se elige. Su objetivo, ganando más y más prominencia para la socialdemocracia, es alcanzar la igualdad de oportunidades. La idea es crear, mediante medidas redistributivas, una situación en la cual la oportunidad general de alcanzar una posición (de ingresos) en la vida es igual –muy en el espíritu de una lotería, en la cual cada ticket tiene la misma posibilidad de ganar o perder- y, adicionalmente, con el fin de tener un mecanismo correctivo para situaciones de “mala suerte inmerecida” (sea lo que sea eso) que podría emerger en el curso de un juego de azar. Tomada literalmente, claro, esta idea es absurda: no existe forma de igualar las oportunidades de alguien que vive en los Alpes y alguien que reside en la costa. Adicionalmente, parece bastante claro que la idea del mecanismo correctivo es simplemente incompatible con el concepto de la lotería. Y sin embargo es este grado de vaguedad y confusión lo que contribuye al atractivo popular del concepto. Lo que constituye una oportunidad, lo que vuelve una oportunidad diferente o igual, mejor o peor, qué tanta compensación y de qué tipo se necesita para igualar las oportunidades que evidentemente no pueden ser igualadas en términos materiales (como en el ejemplo Alpes-costa), lo que es mala suerte inmerecida y qué puede ser su compensación, son todos asuntos completamente subjetivos. Dependen de evaluaciones subjetivas, cambiantes como son, y existe entonces –si uno en realidad aplica el concepto de igualdad de oportunidades- una reserva ilimitada de toda clase de peticiones distributivas, por todo tipo de razones y para toda clase de personas. Esto es así, particularmente, porque ecualizar las oportunidades es compatible con demandas de que haya diferencias en ingreso monetario o riqueza privada. A y B pueden tener el mismo ingreso y ser igualmente ricos, pero A puede ser negro, o mujer o tener mala vista, o ser un residente de Texas, o puede tener diez hijos, o carecer de esposo, ser mayor de 65, mientras que B puede no ser nada de esto si no algo distinto, y por tanto A puede aducir que sus oportunidades de lograr lo que desea en la vida son diferentes, o peores, de las de B, y que debe ser compensado por esto, volviendo sus ingresos monetarios -que eran iguales antes- diferentes. Y B, por supuesto, puede argumentar de la misma forma simplemente al revertir la valoración de oportunidades implicada. Como consecuencia, un grado de politización inusitado será el resultado. Todo parece juego abierto ahora, y tanto productores como no-productores, los primeros con propósitos defensivos y los segundos con fines agresivos, serán empujados hacia utilizar más y más tiempo en el papel de generar, destruir y refutar las demandas redistributivas. Y debe estar claro que esta actividad, al igual que las actividades de ocio, no sólo es improductiva si no que se encuentra en claro contraste con el disfrute de actividades de ocio, e implica el uso de tiempo con el propósito de perturbar el disfrute sereno de la riqueza producida, al igual que la producción de nueva.

Pero no sólo se estimula el incremento de la politización (largamente por encima del nivel implicado en el socialismo generalmente) al promover la idea de igualar las oportunidades. Existe una vez más, y ésta es una de las características más interesantes del nuevo socialismo socialdemócrata comparado con su forma marxista tradicional, un nuevo y diferente carácter del tipo de politización implicado en este. Bajo cualquier política de redistribución, deberá existir gente que se dedique a promoverla y darle apoyo. Y normalmente, aunque no exclusivamente, lo hará la gente que se beneficie más de ella. Por lo tanto, bajo un sistema de ecualización de ingreso y riqueza y también bajo una política de ingreso mínimo, son principalmente los “no-propietarios” quienes promueven esa politización de la vida social. Dado el hecho de que en promedio éstos suelen ser los que tienen capacidades intelectuales -en particular verbales- menores, se generan actividades políticas que parecen carecer de gran sofisticación intelectual, por decir lo menos. Puesto de forma más drástica, la política tiende a parecer vacía, tonta y desagradable, incluso para un número considerable de los “no-propietarios”. Por otro lado, al adoptarse la idea de “igualdad de oportunidades”, las diferencias en ingreso monetario y riqueza privada no sólo existirán si no que se volverán más pronunciadas, dado que se toleran las discrepancias en la estructura de oportunidades para compensar las diferencias anteriores. Ahora, en este tipo de política, los propietarios pueden participar también. En efecto al ser los propietarios quienes poseen habilidades verbales superiores, y siendo la tarea de definir oportunidades mejor o peor esencialmente una basada en el poder de la retórica persuasiva, este es exactamente el juego que les viene bien. Por lo tanto de entre ellos saldrán las fuerzas dominantes en el proceso de politización.

Gradualmente será más la gente de sus filas que llegará a la cima de la organización partidaria socialista, y correspondientemente la apariencia y retórica de la política socialista tomará una forma distinta, volviéndose más y más intelectualizada, cambiando su atractivo y generándose una nueva clase de seguidores.

Con esto he llegado al punto en el análisis del socialismo socialdemócrata donde sólo unos pocos comentarios y observaciones se necesitan para ilustrar la validez de las consideraciones teóricas descritas. A pesar de que no afecte en absoluto la validez de las conclusiones anteriores, al depender exclusivamente como dependen de la veracidad de las premisas y la validez de las deducciones, desafortunadamente no existe ningún caso ideal, cuasi-experimental, para ilustrar la mecánica del socialismo socialdemócrata en contraste con el capitalismo, como fue el caso de Alemania del Este y Alemania del Oeste respecto al socialismo de estilo soviético. Ilustrar el tema implicaría una comparación de sociedades manifiestamente distintas donde ceteris claramente no es paribus, y donde no se podría relacionar limpiamente ciertas causas con ciertos efectos. Muchas veces, los experimentos de socialismo socialdemócrata simplemente no han durado lo suficiente, o han sido interrumpidos repetidamente por políticas que no podrían ser definitivamente clasificadas como socialdemócratas. O bien desde el principio han Estado tan mezcladas con diferentes –e incluso incongruentes- políticas como resultado del compromiso político, que en realidad las diferentes causas y efectos están tan entremezclados y ninguna evidencia ilustradora puede lograrse para alguna de las tesis con cierto grado de especificidad. La tarea de desenredar las causas y efectos se vuelve una tarea teórica nuevamente, careciendo de la persuasión peculiar que posee una evidencia experimentalmente generada.

A pesar de ello existen evidencias, aunque de una calidad menos que perfecta. Primero, a nivel de las observaciones altamente globales, la tesis general del empobrecimiento relativo ocasionado por el socialismo redistributivo se ve ilustrada por el hecho de que el estándar de vida es correspondientemente superior, y se ha vuelto aún más con el tiempo, en los Estados Unidos de América que en Europa Occidental, o más específicamente, que en los países de la Comunidad Europea (C.E.) Ambas regiones son comparables con respecto al tamaño de la población, la diversidad cultural y étnica, la tradición y herencia, y también con respecto a los recursos naturales, pero los Estados Unidos son comparativamente más capitalistas y Europa más socialista. Cualquier observador neutral difícilmente dejará de notar este punto, ilustrado también por medidas como el gasto estatal respecto al PIB, que es aproximadamente 35 por ciento en los Estados Unidos comparado con 50 por cierto o más en Europa Occidental. También entra en la imagen el hecho de que los países europeos (en particular Gran Bretaña) exhibieron tasas más impresionantes de crecimiento económico en el siglo diecinueve, que ha sido descrito persistentemente por los historiadores como el período del liberalismo clásico, que en el siglo veinte, el cual en contraste ha sido denominado el siglo del socialismo y el estatismo. De la misma forma la validez de la teoría está ilustrada por el hecho de que Europa Occidental ha sido sobrepasada cada vez más en tasas de crecimiento económico por algunos países del Asia Pacífico, tales como Japón, Hong Kong, Singapur y Malasia; y que estos últimos, al adoptar un curso relativamente más capitalista, han logrado un nivel de vida más elevado que los países de inclinación socialista que arrancaron al mismo tiempo con la misma base de desarrollo económico, como la India.

Arribando a observaciones más específicas, están las experiencias recientes de Portugal, donde en 1974 el régimen autocrático de Salazar basado en socialismo conservador (sobre este tipo de socialismo ver el siguiente capítulo), que había mantenido a Portugal como uno de los países más pobres de Europa, fue suplantado en una revuelta por el socialismo redistributivo (con elementos de nacionalización) y donde desde entonces el estándar de vida ha caído aún más, convirtiendo literalmente al país en una región del tercer mundo. También está el experimento socialista de la Francia de Miterrand, que produjo un deterioro inmediato de la situación económica, tan evidente –siendo lo más conspicuo una elevación drástica en el desempleo y devaluaciones monetarias repetidas- que luego de menos de dos años, la reducción del apoyo al gobierno forzó una reversión de las políticas, que fue casi cómica al representar prácticamente una negación completa de lo que solo hace semanas se había presentado como sus convicciones más adoradas.

El caso más instructivo, sin embargo, puede ser provisto por Alemania nuevamente, y en esta ocasión, Alemania Occidental. De 1949 a 1966 existió un gobierno liberal-conservador que mostró un admirable compromiso con los principios de una economía de mercado, aunque desde el inicio existió un grado considerable de elementos de socialismo conservador involucrados y estos elementos ganaron mayor importancia con el tiempo. En todo caso, de todas las naciones europeas grandes, durante este período Alemania Occidental fue en términos relativos, definitivamente el país más capitalista, y el resultado de eso fue que se convirtió en la sociedad más próspera de Europa, con tasas de crecimiento que superaban ampliamente a todos sus vecinos. Hasta 1961, millones de refugiados alemanes y posteriormente millones de trabajadores extranjeros de los países del sur de Europa fueron integrados a esta creciente economía, donde el desempleo y la inflación eran prácticamente desconocidos. Luego, después de un breve periodo transicional, de 1969 a 1982 (un lapso de tiempo casi igual) un gobierno socialista-liberal liderado por la socialdemocracia tomó las riendas. Elevó los impuestos y las contribuciones a la seguridad social considerablemente, incrementó el número de funcionarios públicos, vertió fondos fiscales adicionales en programas sociales existentes y creó otros nuevos, y aumentó significativamente el gasto en toda clase de así llamados bienes “públicos”, “de esta forma supuestamente igualando las oportunidades y mejorando la ‘calidad de vida general’”. Al recurrir a una política keynesiana de gasto deficitario e inflación no anunciada, los efectos de elevar las provisiones mínimas socialmente garantizadas a los no productores, a expensas de los productores altamente gravados con impuestos, pudieron ser retrasados por unos pocos años (el lema de la política económica del canciller Helmut Schmidt era “preferible 5% que 5% de desempleo”). Solo iban a volverse más drásticos más adelante, empero, debido a que la inflación no anticipada y la expansión del crédito habían creado y prolongado la sobreinversión (mala inversión realmente) típica de un boom. Como resultado, no sólo que hubo más de 5% de inflación, si no que el desempleo se elevó constantemente y llegó al 10%; el crecimiento del PIB se volvió más y más lento hasta que cayó en términos absolutos durante los últimos años del período. En vez de ser una economía creciente, el número absoluto de gente empleada decreció; más y más presión se generó sobre los trabajadores extranjeros salgan del país y las barreras migratorias fueron simultáneamente elevadas a niveles jamás existentes. Todo esto sucedió mientras la importancia de la economía informal (subterránea) crecía constantemente.

Pero estos fueron solamente los más evidentes efectos de lo que se define estrechamente como económico. Hubo otros efectos de distinto tipo, los cuales fueron en realidad de importancia más duradera. Con el nuevo gobierno socialista-liberal la idea de igualar las oportunidades se llevó al frente de la ideología. Y como fue predicho teóricamente, fue en particular la propagación oficial de la idea mehr Demokratie wagen (“arriésgate a tener más democracia”)- inicialmente uno de los slogans más populares de la nueva etapa (la de Willy Brandt)- lo que llevó a un grado de politización jamás antes conocido. Todo tipo de demandas fueron elevadas en nombre de la igualdad de oportunidades; y difícilmente quedaba alguna esfera de la vida, desde la infancia hasta la vejez, desde las condiciones laborales a las de la recreación, que no fuera escrutada intensamente en busca de posibles diferencias que existieran para distintas personas con respecto a las oportunidades definidas más relevantes. Nada sorprendente fue que tales oportunidades y diferencias fueron halladas constantemente y en concordancia, el reino de la política parecía expandirse casi todos los días. “No existe asunto que no sea político” podía escucharse con más y más frecuencia. Para mantenerse a la altura de esta tendencia los partidos en el poder tenían que cambiar también. En particular la Social Democracia, tradicionalmente un partido de los trabajadores, debía desarrollar una nueva imagen. Con la idea de la igualación de oportunidades ganando terreno, cada vez más se convirtió –como podía predecirse- en el partido de la intelligentsia (verbal), de los científicos sociales y de los profesores. Y este “nuevo” partido, casi como para probar el punto de que el proceso de politización estará sustentado principalmente por aquellos que pueden beneficiarse de sus esquemas redistributivos y que el trabajo de definir las oportunidades es esencialmente arbitrario así como un tema de poder retórico, volvió una de sus preocupaciones principales el canalizar las más diversas energías políticas desatadas hacia el campo de la igualación, sobre todo, de las oportunidades educativas. En particular, “igualaron” las oportunidades de una educación colegial y universitaria, al ofrecer los servicios respectivos no sólo de forma gratuita si no literalmente pagando a grandes grupos de estudiantes para que los aprovechen. Esto no sólo elevó la demanda de educadores, profesores y científicos sociales, cuya paga naturalmente tenía que provenir de impuestos. También equivalía, lo cual es irónico para un partido socialista que argumentaba que igualar las oportunidades educativas implicaría una transferencia de los ricos a los pobres, en la práctica a un subsidio pagado a los más inteligentes a costa de una reducción del ingreso de los menos brillantes, y en la medida en que hubieran grandes números de gente inteligente entre las clases medias y altas que entre las clases bajas, un subsidio a los propietarios pagado por los no-propietarios. Como resultado de este proceso de politización impulsado por un número cada vez mayor de educadores pagados mediante impuestos que ejercen su influencia sobre más y más alumnos, se generará (como sería predecible) un cambio en la mentalidad de la gente. Se empezó a considerar paulatinamente normal el satisfacer toda clase de exigencias a través de medios políticos, y reclamar toda clase de supuestos derechos contra otra gente supuestamente más acomodada y su propiedad; y para una generación entera de personas criadas durante este período, se volvió cada vez menos natural pensar en mejorar la propia situación mediante esfuerzos productivos o por contrato. Por tanto, cuando la crisis económica generada necesariamente por la política redistributiva llegó, la gente estaba menos capacitada que nunca para sobreponerse a ella, porque al pasar el tiempo la misma política había debilitado precisamente esas habilidades y talentos que eran ahora urgentemente requeridos. Altamente revelador es que cuando el gobierno socialista-liberal fue sacado del poder en 1982, principalmente debido a su desempeño económico obviamente miserable, aún prevalecía la opinión de que la crisis debía resolverse no mediante eliminar las causas, es decir, los inflados mínimos para no-productores y no-contratistas, si no al contrario, por medio de otra medida redistributiva: mediante igualar forzadamente el tiempo de trabajo disponible para la gente empleada y la desempleada. Y en concordancia con este espíritu el nuevo gobierno conservador-liberal no hizo en la práctica si no volver más lenta la tasa de crecimiento de los impuestos.

 

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Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América

Por Hans-Hermann Hoppe Artículo publicado en Inglés en el Blog del Instituto Mises – Articulo Diario – Junio 28 de 2008

·         Introducción

I – Un País de Pioneros

II – La Revolución Americana

III – La Constitución Americana

IV – Doscientos Años Después…

V – Revolución por Medio de Secesión

·         Notas

[Este ensayo fue publicado originalmente en Inglés en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom (Reevaluando la Presidencia: El Avance del Estado Ejecutivo y el Ocaso de la Libertad). Editado por John V. Denson, pp. 667-696.]

En una encuesta reciente, se preguntó a personas de diferentes nacionalidades si sentían orgullo de ser americanos, alemanes, franceses, etc., y si creían o no que el mundo sería un lugar mejor si otros países fueran igual al suyo propio. Los países con más alto rango en términos de orgullo nacional fueron los Estados Unidos y Austria. Sería interesante considerar el caso de Austria, pero aquí vamos a concentrarnos en los Estados Unidos y la pregunta es si puede justificarse y hasta qué punto, la respuesta de los americanos.

En seguida, vamos a identificar las tres principales fuentes de orgullo nacional en América, de las cuales las dos primeras fuentes se justifican, mientras que la tercera realmente representa un fatídico error.  Y por último, vamos a ver cómo se podría reparar este error.

I – Un país de Pioneros

La primera fuente de orgullo nacional es el recuerdo de un no muy lejano pasado colonial de América como país de pioneros.

De hecho, los colonos ingleses que llegaron a América del Norte fueron el último ejemplo del logro glorioso de lo que Adam Smith ha llamado como “un sistema de libertad natural”: la capacidad del hombre para crear una comunidad libre y próspera a partir de cero. Contrariamente a la visión hobbesiana de la naturaleza humana – homo homini lupus est – los colonos Ingleses han demostrado no sólo la viabilidad sino también la vitalidad y el atractivo de una organización social anarco-capitalista y sin estado. Demostraron cómo, de acuerdo con las opiniones de John Locke, la propiedad privada, naturalmente, se originó a través de la apropiación original personal de terrenos baldíos (en estado salvaje) – su transformación y uso con un propósito firme – los cuales no habían sido utilizados previamente. Además, demostró que, sobre la base del reconocimiento de la propiedad privada, la división del trabajo, y el intercambio contractual, los hombres eran capaces de protegerse eficazmente contra los agresores antisociales – en primer lugar y muy importante, por medio de la auto-defensa (menos delincuencia existía entonces de la que existe ahora), a medida que la sociedad crecía cada vez más en prosperidad y complejidad, a través de la especialización, es decir, con instituciones y organismos tales como registros de propiedad, notarios, abogados, jueces, tribunales, jurados, sheriffs, asociaciones de defensa mutua, y milicias populares [1].

Por otra parte, los colonos manifestaron la fundamental importancia sociológica de la institución de alianzas: de asociaciones lingüísticas, étnicas, religiosas y culturalmente homogéneas encabezadas por los colonos y sujetos a la jurisdicción interna de un dirigente popular – líder fundador – que garantizaba la cooperación humana pacífica y mantenía la ley y el orden. [2]

II – La Revolución Americana

La segunda fuente de orgullo nacional es la Revolución Americana.

En Europa no ha habido apertura de fronteras durante siglos, y la experiencia colonizadora intra-europea descansa en un pasado lejano. Con el crecimiento de la población, las sociedades fueron asumiendo cada vez más una estructura jerárquica: de hombres libres (terratenientes) y vasallos, señores feudales y reyes. Mientras estaban más claramente estratificadas y eran más aristocráticas que la América colonial, las llamadas sociedades feudales de la Europa medieval eran también típicamente órdenes sociales sin estado.

“Los Colonos Ingleses demostraron no sólo la viabilidad sino también la vitalidad y el atractivo de un orden social anarco-capitalista sin aparato estatal”.

El estado, de conformidad con la terminología generalmente aceptada, se define como un monopolio territorial obligatorio de ley y orden (de toma de decisiones de última instancia). Los señores feudales y los reyes no solían cumplir con los requisitos de un estado, sólo podían imponer gravámenes con el consentimiento de los gravados, y en su propia terreno cada hombre libre era tan soberano (en la toma de una decisión final) como lo era el rey feudal en el suyo. [3] Sin embargo, en el curso de muchos siglos, estas sociedades originalmente sin estado se fueron transformado gradualmente en monarquías absolutas estatistas. Aunque inicialmente los reyes de europeos eran voluntariamente reconocidos como protectores y jueces, por fin lograron establecerse como cabezas de estado hereditarias. Con la resistencia de la aristocracia, pero con la ayuda de la “gente común”, se convirtieron en monarcas absolutos con poder de gravar con impuestos sin consentimiento y de tomar decisiones de última instancia en relación a la propiedad de hombres libres.

Estos avances europeos tuvieron un doble efecto en América. Por una parte, Inglaterra también estaba gobernada por un rey absoluto, por lo menos hasta 1688, y cuando los colonos Ingleses llegaron al nuevo continente, el imperio del rey se extendió a América. A diferencia de una fundación de propiedad privada por colonos y su obtención de seguridad y de administración de justicia – voluntarias y cooperativas -, sin embargo, el establecimiento de colonias y administraciones reales no fue el resultado de apropiación original (asentamiento) ni de contrato, – de hecho, ningún rey Inglés había puesto un pie en el continente americano, – sino mediante usurpación (declaración) e imposición.

Por otro lado, los colonos trajeron otra cosa con ellos de Europa. Allí, el desarrollo del feudalismo al absolutismo real no sólo había sido resistido por la aristocracia, sino que también hipotéticamente se hacía oposición, con el recurso de la teoría de los derechos naturales originada dentro de la filosofía escolástica. De acuerdo con esta doctrina, el gobierno se suponía que era contractual, y cada agente del gobierno, incluido el rey, estaba sujeto a los mismos derechos y leyes universales que regían para los demás. Si bien esto puede haber sido el caso en épocas anteriores, sin duda ya no valía para los modernos reyes absolutos. Los reyes absolutos eran usurpadores de los derechos humanos y, por tanto, ilegítimos. Por tanto, la insurrección no sólo era permitida sino que se había convertido en una obligación ratificada por la ley natural [4].

“Creemos en estas verdades por ser evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, entre los cuales están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.… Que siempre que alguna forma de Gobierno llegue a ser destructiva de estos propósitos, es Derecho del Pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo Gobierno fundado en tales principios, y organizar sus poderes en forma tal que a ellos pudiera parecer la más probable para lograr su Seguridad y Felicidad.” – Declaración de Independencia

Los colonos estaban familiarizados con la doctrina de los derechos naturales. De hecho, a la luz de su propia experiencia personal con los logros y los efectos naturales de la libertad y como disidentes religiosos que habían abandonado su país en desacuerdo con el rey y la Iglesia de Inglaterra, eran especialmente receptivos a esta doctrina [5].

Amparados en la doctrina de los derechos naturales, alentados por la distancia que los separaba del Rey Inglés, y aún más estimulados por la censura puritana del ocio real, del lujo y la pompa, los colonos se levantaron para liberarse de la dominación británica.

Como escribió Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia, el gobierno fue instituido para proteger la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Toma su legitimidad del consentimiento de los gobernados. En contraste, el gobierno real británico alegaba que podía gravar con impuestos a los colonos sin su consentimiento. Si el gobierno fallara en hacer aquello para lo que fue diseñado, declaró Jefferson, ” es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno, poniendo su fundación en tales principios, y organizando sus poderes en una forma tal que a ellos pueda parecer la más viable para lograr su seguridad y su felicidad.”

III – La Constitución Americana

Pero ¿cuál es el siguiente paso una vez se había ganado la independencia de Gran Bretaña? Esta cuestión nos lleva a la tercera fuente de orgullo nacional – la Constitución americana – y a la explicación de por qué esta Constitución, en lugar de ser un legítimo motivo de orgullo, representa un error fatal.

Gracias a los grandes avances en materias de teoría económica y política desde finales del 1700, en particular, a manos de Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard, estamos ahora en condiciones de dar respuesta precisa a esta pregunta. De acuerdo con Mises y Rothbard, dado que no hay libre acceso al negocio de producción de protección y adjudicación, el precio de la protección y la justicia se elevará y bajará su calidad. En lugar de ser protector y juez, un monopolio obligatorio se convertirá en un gánster de la protección, en invasor y destructor de las personas y de los bienes que se supone debe proteger, un belicista y un imperialista [6].

De hecho, los inflados precios de la protección y la perversión de la ley ancestral por parte del rey Inglés, que habían llevado a los colonos a la rebelión, fueron resultado inevitable del forzoso monopolio. Habiendo logrado con éxito la secesión y la expulsión de la ocupación británica, sólo era necesario que los colonos dejaran que las instituciones domésticas existentes de auto-defensa, de protección privada (de carácter voluntario y cooperativo) y de adjudicación por agentes y organismos especializados, se encargaran de la ley y el orden.

Esto no sucedió, sin embargo. Los americanos no sólo no dejaron que las instituciones reales heredadas por las colonias y los gobiernos coloniales se marchitaran en el olvido, sino que las reconstituyeron dentro de las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada una equipada con su propia coerción impositiva (unilateral) y con poderes legislativos.[7] Si bien ya esto era suficientemente malo, los nuevos americanos empeoraron la situación al adoptar la Constitución Americana que sustituía una vaga confederación de estados independientes por un gobierno central (federal) en los Estados Unidos.

Esta Constitución previó la sustitución de un rey no elegido por un parlamento y un presidente elegido por el pueblo, pero nada mencionó en cuanto a la facultad de legislar y gravar con  impuestos. Por el contrario, mientras que el poder del rey Inglés, de gravar con impuestos sin consentimiento era sólo una suposición en lugar de un hecho establecido explícitamente, en la controversia [8], la Constitución concedió este poder al Congreso en forma concreta. Más aún, si bien los reyes – en teoría, inclusive los reyes absolutos – no eran considerados autores, sino solo intérpretes y ejecutores de las leyes preexistentes e inmutables, es decir, más bien jueces que legisladores, [9], la Constitución explícitamente otorgó al Congreso el poder de legislar, y al Presidente y a la Corte Suprema de Justicia las facultades de ejecutar e interpretar tales leyes [10].

En efecto, lo que la Constitución Americana hizo fue solamente esto: En lugar de un rey que consideraba las colonias americanas como su propiedad privada y a los colonos como sus inquilinos, la Constitución puso a cuidadores temporales e intercambiables a cargo del monopolio de la justicia y de la protección del país.

Estos cuidadores no eran los dueños del país, pero siempre y cuando estuvieran en el cargo, podrían disponer de él y de sus habitantes para ventaja de ellos mismos y de sus protegidos. Sin embargo, como lo  predice la teoría económica elemental, esta configuración institucional no elimina la tendencia hacia una mayor explotación originada en el interés personal del monopolista de la ley y el orden. Por el contrario, sólo tiende a hacer esa explotación menos racional, más miope y despilfarradora. Como Rothbard explica,

“mientras que un propietario privado, seguro de su propiedad y dueño de su patrimonio, hace planes para el uso de sus recursos durante un período largo de tiempo, y el funcionario público debe ordeñar la propiedad tan rápidamente como pueda, ya que no tiene asegurada la continuidad del uso de la misma… Los funcionarios tienen acceso al uso de los recursos, pero no son dueños del patrimonio (excepto en el caso de la “propiedad privada” de un monarca hereditario). Cuando sólo se puede tener el uso actual de la propiedad, pero no se es dueño del recurso mismo, rápidamente se llega al agotamiento antieconómico de los recursos, puesto que no será de beneficio para nadie el conservarlos durante un período de tiempo y es una ventaja para cada titular consumirlos a la mayor brevedad posible. … La persona privada, segura de su propiedad y de sus recursos, puede escoger el largo plazo, porque prefiere mantener el valor patrimonial de sus recursos. Es el funcionario de gobierno quien tiene que apurarse, quien prefiere dilapidar la propiedad mientras esté al mando [11].”

Por otra parte, debido a que la Constitución prevé expresamente “entrada abierta” al gobierno estatal – cualquier persona puede llegar a ser miembro del Congreso, presidente, o magistrado de la Corte Suprema – la resistencia contra las invasiones a la  propiedad del estado se redujo, y como resultado de “la competencia política abierta” toda la estructura del carácter de la sociedad se distorsionó, y así llegaron personajes cada vez más malos a la cúpula superior [12].

Entrada libre y competencia no son siempre buenas. La competencia en la producción de bienes es buena, pero la competencia en la producción de males no lo es. La libre competencia en el asesinato, robo, falsificación, estafa, por ejemplo, no es buena, es peor que mala. Sin embargo, esto es precisamente lo que está instituido en la política de competencia abierta, es decir, en la democracia.

“Los americanos no sólo no dejaron que las instituciones reales heredadas de colonias y gobiernos coloniales se marchitaran enseguida en el olvido, sino que las reconstituyeron dentro de las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada una equipada con sus propios poderes, el coercitivo de los impuestos (unilateral) y el legislativo”.

En toda sociedad existen personas que codician la propiedad de otros, pero en la mayoría de los casos las personas no aprenden a actuar bajo este deseo, o incluso se sienten avergonzados de tal pensamiento. [13] En una sociedad anarco-capitalista en particular, cualquier persona que actúe bajo tal deseo es considerada un criminal y es reprimida con violencia física. Bajo el gobierno monárquico, por el contrario, una sola persona – el rey – puede codiciar la propiedad de otro, y esto es lo que lo convierte en una amenaza potencial. Sin embargo, debido a que sólo él puede expropiar mientras que a todos los demás les está prohibido hacer lo mismo, cada acción de un rey es considerada con máxima sospecha.[14] Por otra parte, la selección de un rey se hace accidentalmente por su noble nacimiento. Su única calificación característicamente es su crianza como futuro rey y conservador de la dinastía y sus posesiones. Esto no asegura que no va a ser malo, por supuesto, al mismo tiempo, sin embargo, no se opone tampoco a que el rey pueda ser un diletante inofensivo o incluso una persona decente.

En agudo contraste, al liberar la entrada al gobierno, la Constitución permitió a toda persona expresar abiertamente su deseo por la propiedad de otras personas y, de hecho, debido a la garantía constitucional de la “libertad de expresión”, toda persona está protegida al hacerlo. Por otra parte, todo el mundo está autorizado a actuar bajo este deseo, a condición de que las ganancias ingresen al gobierno, por lo cual en virtud de la Constitución, todo el mundo se convierte en una amenaza potencial.

Para estar seguro, hay personas que no las aflige el deseo de enriquecerse a expensas de los demás menos aún convertirse en déspotas, es decir, hay personas que sólo desean trabajar, producir y disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, si la política – la adquisición de bienes por medios políticos (impuestos y leyes) – está permitida, incluso estas personas inofensivas se verá profundamente afectadas.

Con el fin de defenderse de los ataques a su libertad y a sus bienes por aquellos que tienen menos escrúpulos morales, incluso estos honestos personajes, gente trabajadora debe convertirse en “animales políticos” y gastar más y más tiempo y energía en el desarrollo de sus habilidades políticas. Teniendo en cuenta que las características y aptitudes necesarias para tener éxito en la política – buena apariencia, sociabilidad, poder de oratoria, carisma, etc., – se distribuyen de manera desigual entre los hombres, entonces las personas con estas características y habilidades particulares tendrán una sólida ventaja en la competencia por los escasos recursos (el éxito económico) en comparación con aquellos que no los tienen.

Peor aún, dado que, en todas las sociedades, existen más personas que ‘no tienen’ de todo lo que vale la pena tener, que personas que sí ‘tienen’, los que tienen talento político y poca o ninguna inhibición moral para tomar una propiedad y enseñorearse de los demás tendrán una clara ventaja sobre los que tienen esos escrúpulos. Así que, una competencia política favorece talentos agresivos, es decir peligrosos, más que talentos defensivos, es decir inofensivos, y por lo tanto, dan lugar al cultivo y perfeccionamiento a las peculiares habilidades de la demagogia, el engaño, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Por lo tanto, entrar y tener éxito dentro del gobierno será cada vez más difícil, casi que imposible, para personas con escrúpulos morales contra la mentira y el robo.

En lugar de un rey que consideraba la América de la época colonial como su propiedad privada y a los colonos como a sus inquilinos, la Constitución puso a cargo del monopolio de la justicia y de la protección del país a cuidadores temporales e intercambiables.

Entonces, a diferencia de los reyes, los congresistas, los presidentes y los magistrados de la Corte Suprema no logran, y no podrán lograr, sus posiciones accidentalmente. Por el contrario, llegan a su posición debido a su aptitud como demagogos moralmente desinhibidos. Por otra parte, aún por fuera de la órbita del gobierno, dentro de la sociedad civil, algunos individuos ascenderán cada vez más a lugares prominentes de la vida económica y al éxito financiero, no en razón de su actividad productiva, empresarial o incluso de su talento político defensivo superior, sino más bien debido a sus habilidades superiores en la  política como empresarios o como grupos de presión sin escrúpulos. Así, la Constitución asegura que, casi exclusivamente, lleguen a la cima del poder gubernamental personas peligrosas y sobretodo que la conducta moral y las normas éticas tiendan a relajarse y a deteriorarse.

Por otra parte, la separación de poderes prevista en la constitución no significa ninguna diferencia en este sentido. Dos o aún tres errores no se convierten en un hecho correcto. Por el contrario, conducen a la proliferación, a la acumulación, a la consolidación, y al agravamiento del error. Los legisladores no pueden imponer su voluntad sobre sus desventurados súbditos sin la cooperación del presidente como jefe de la rama ejecutiva del gobierno, y el presidente, a su vez, utiliza su posición y los recursos a su disposición para influir en los legisladores y en la legislación. Y aunque la Corte Suprema puede estar particularmente en desacuerdo con los actos del Congreso o del Presidente, los Jueces de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado y siguen dependiendo de ellos para su financiación. Como parte integral de la institución de gobierno, no tienen interés en limitar, sino más bien en expandir el gobierno y, por ende, su propio poder [15].

IV – Doscientos años más tarde…

Después de más de dos siglos de “gobierno constitucionalmente limitado”, los resultados son claros e incontrovertibles. Al inicio del “experimento” americano, la carga fiscal impuesta a los estadounidenses fue leve, de hecho casi insignificante. El dinero consistía en cantidades fijas de oro y plata. La definición de la propiedad privada era clara y aparentemente inmutable, y el derecho a la legítima defensa se consideraba sagrado. No existía un ejército permanente y, tal como lo expresa George Washington en su discurso de despedida, parecía existir un firme compromiso con el libre comercio y una política exterior no intervencionista. Doscientos años más tarde, las cosas han cambiado radicalmente [16].

Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación. El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación). Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.

El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y el contrato está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel“.

Por último, pero no por ello menos importante, el compromiso con el libre comercio y no intervencionismo ha dado paso a una política de proteccionismo, militarismo e imperialismo. De hecho, casi desde sus inicios el gobierno de los EEUU ha practicado un implacable y agresivo expansionismo y, a partir de la Guerra Hispano-Americana, pasando por la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, hasta la actualidad, cuando los Estados Unidos se han visto mezclados en cientos de conflictos externos para ascender a la categoría de potencia más belicista e imperialista del mundo. Además, mientras sus ciudadanos pasan a ser cada vez más indefensos, inseguros, y empobrecidos, los extranjeros de todo el mundo se ven cada vez más intimidados y amenazados por el poder militar de los EEUU, los Presidentes americanos, los miembros del Congreso, y los jueces de la Corte Suprema se muestran cada vez más arrogantes, moralmente corruptos, y peligrosos [17].

¿Qué se puede hacer con este estado de cosas? En primer lugar, se debe reconocer lo que es la Constitución Americana – un error.

Como reza la Declaración de la Independencia, el gobierno se supone que debe proteger la vida, la propiedad, y la búsqueda de la felicidad de los americanos. Sin embargo, al concederse al gobierno la facultad de legislar y de gravar con impuestos sin previo consentimiento, la Constitución no puede servir para lograr este objetivo, sino que es precisamente el instrumento para invadir y destruir los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad. Es absurdo creer que un organismo que puede gravar sin consentimiento puede ser un protector de la propiedad. Del mismo modo, es absurdo creer que un organismo con poder legislativo puede preservar la ley y el orden. Por el contrario, hay que reconocer que la Constitución es en sí misma inconstitucional, es decir, incompatible con la doctrina de los derechos humanos que inspiraron la Revolución Americana [18].

De hecho, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en un contrato que permita a un presunto protector determinar , sin el consentimiento de uno, y de manera irrevocable, sin posibilidad de escape, cuánto se va a cobrar por la protección, y nadie en sano juicio podría estar de acuerdo con un contrato irrevocable que concede al presunto protector el derecho a la última instancia en la toma de decisiones con respecto a la misma persona y sus bienes, es decir, legislando unilateralmente [19].

En segundo lugar, es necesario ofrecer una alternativa positiva y estimulante al sistema actual.

Si bien es importante que se mantenga viva la memoria del pasado americano como una tierra de pioneros y de un sistema anarco-capitalista eficiente basado en la auto-defensa y las milicias populares, no podemos volver al pasado feudal ni a la época de la Revolución Americana. Sin embargo, la situación no es desesperada. A pesar del incesante crecimiento del estatismo en el transcurso de los últimos dos siglos, el desarrollo económico ha seguido, y nuestro nivel de vida han alcanzado espectaculares nuevas alturas. Bajo estas circunstancias, empieza a ser viable una nueva opción: la provisión de ley y orden por medio de agencias privadas de seguros que compitan libremente (con pérdidas y ganancias) [20].

Aunque obstaculizadas por el estado, las agencias de seguros protegen la propiedad privada a los propietarios mediante el pago de una prima contra una multitud de desastres, naturales y sociales, desde inundaciones y huracanes hasta robo y fraude. Así pues, parecería que la producción de seguridad y protección es el propósito mismo de los seguros. Además, la gente no entregaría a cualquier entidad un servicio tan esencial como el de la protección. Por el contrario, como señalaba de Molinari,

“antes de alcanzar un acuerdo con [un] productor de seguridad… se comprobaría si realmente es lo suficientemente fuerte como para protegerlos… [y] si su carácter es tal que no tendrán que preocuparse por comportamientos tales como instigar las mismas agresiones que se supone debe reprimir [21].”

En este sentido las agencias de seguros también parecen adecuadas para tal papel. Son grandes y están en comando de los recursos – materiales y humanos – necesarios para el cumplimiento de la tarea de hacer frente a los peligros, reales o imaginarios, del mundo real. De hecho, las compañías de seguros operan en el ámbito nacional e inclusive a escala internacional. Son dueños de grandes holdings de propiedad dispersos en amplios territorios más allá de las fronteras de un único estado y, por tanto, tienen manifiesto interés en una protección efectiva. Además, todas las compañías de seguros están conectados a través de una compleja red de acuerdos contractuales en materia de asistencia mutua y arbitraje, así como un sistema de organismos internacionales de reaseguros que representa una combinación de poder económico que aventaja la mayoría de, si no todos los gobiernos contemporáneos. Han adquirido esta posición debido a su reputación como empresas eficientes, confiables y honestas.

“Es absurdo creer que un organismo que puede gravar sin consentimiento puede ser un protector de la propiedad.  Del mismo modo, es absurdo creer que un organismo con poder legislativo puede preservar la ley y el orden”.

Si bien esto puede ser suficiente para establecer que las agencias de seguros son una posible alternativa a la función que actualmente desempeñan los estados como proveedores de la ley y el orden, es necesario un examen más detallado para demostrar la primordial superioridad de este tipo de alternativa sobre el statu quo. Para ello, sólo es necesario reconocer que las compañías de seguros no pueden legislar ni gravar con impuestos, es decir, la relación entre el asegurador y el asegurado es consensual. Ambos son libres de cooperar o no cooperar, y este hecho tiene implicaciones trascendentales. En este sentido, las agencias de seguros son categóricamente distintas a los Estados.

Las ventajas de hacer que las compañías de seguros sean proveedoras de servicios de seguridad y protección son los siguientes. En primer lugar, la competencia entre las aseguradoras por las primas de los clientes provocará una tendencia hacia una continua reducción en el precio de la protección por valor asegurado, lo cual hace que la protección sea más asequible. En contraste, un monopolio de la protección que puede gravar a sus protegidos, cobrará precios cada vez más altos por sus servicios [22].

En segundo lugar, las aseguradoras tendrán que indemnizar a sus clientes en el caso de daños reales, por lo que deben funcionar de manera eficiente. En cuanto a desastres sociales – delincuencia – en particular, esto significa que el asegurador debe considerar, más que todo, una prevención eficaz, porque si no puede impedir un delito, tendría que pagar. Además, si no puede impedir un acto criminal, la aseguradora aún tendría que recuperar el botín, aprehender al delincuente, y llevarlo a la justicia, porque de este modo puede el asegurador reducir sus costos y forzar al criminal a pagar por los daños y perjuicios y el costo de la indemnización – en lugar de que sean la víctima y la empresa de seguros quienes lo hagan. En agudo contraste, ya que el estado como monopolio obligatorio no indemniza a las víctimas y además porque pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, tienen poco o ningún incentivo para prevenir la delincuencia o para recuperar el botín y capturar a los delincuentes Si logran aprehender al criminal, por lo general obligan a la víctima a pagar por el encarcelamiento del criminal, por lo tanto, añaden insulto a la injuria [23].

Tercero y más importante, ya que la relación entre aseguradoras y clientes es voluntaria, las compañías de seguros deben aceptar la propiedad privada como premisa imprescindible y el derecho a la propiedad privada como ley inmutable. Es decir, a fin de atraer o retener clientes, los aseguradores tendrán que ofrecer contratos donde se especifica la descripción de la propiedad, la descripción de los daños a la propiedad, reglas de procedimiento, pruebas, indemnización, restitución, y multas, así como resolución de conflictos intra- e inter-institucionales y procedimientos de arbitraje.

Por otra parte, debe surgir una tendencia a la unificación de la ley de carácter verdaderamente universal o de derecho internacional, con los procedimientos de arbitraje resultantes de la constante cooperación entre los diferentes aseguradores en mutuo. Toda persona, por el hecho de estar asegurada, por lo tanto estará ligado a un esfuerzo competitivo global para reducir al mínimo los conflictos y la agresión. Todos y cada uno de los conflictos y la reclamación por daños y perjuicios, independientemente de dónde y por quien o en contra de quien, debe caer en la jurisdicción de una o más agencias de seguros específicas y numerables con sus procedimientos de arbitraje acordados contractualmente, con lo que se lograría la creación de una “perfecta” seguridad jurídica.

Bajo estas circunstancias, empieza a ser viable una nueva opción: la provisión de ley y orden por medio de agencias privadas de seguros que compiten libremente (con pérdidas y ganancias)“.

En agudo contraste, los estados, como todo monopolio protector financiado por impuestos, no ofrecen a los consumidores ni siquiera algo ligeramente parecido a un contrato de servicios de protección. En lugar de ello, operan en un vacío contractual que les permite hacer y cambiar las reglas del juego a medida que avanzan. Muy notablemente, mientras que las aseguradoras deben someterse al dictamen de árbitros independientes y a procedimientos de arbitraje a fin de atraer el pago de primas voluntarias de sus clientes, los Estados, en la medida en que permiten el arbitraje en todo, asignar esta tarea a un juez dependiente y financiado por el Estado [24].

Además merecen atención especial las ulteriores implicaciones de este contraste fundamental entre proveedores contractuales de seguridad, frente a los estados como proveedores no contractuales de seguridad.

Debido a que no están sujetos a, ni obligados por contratos, los Estados generalmente prohíben la propiedad de armas a sus “clientes”, aumentando así su propia seguridad a expensas de la indefensión de sus presuntos clientes. En cambio, ningún comprador voluntario de seguros de protección estaría de acuerdo en un contrato que le exige renunciar a su derecho a la autodefensa y estar por tanto desarmado o indefenso. Por el contrario, los organismos de seguros estimularían la propiedad de armas de fuego y otros dispositivos de protección entre sus clientes por medio de recortes selectivos de precios, porque mientras mejor protegidos estén sus clientes, menores serían los costos de los seguros de protección y de indemnización.

Por otra parte, porque operan en un vacío contractual y son independientes del pago voluntario, establecen arbitrariamente definiciones y redefiniciones de lo que es y lo que no es una “agresión” punible  y lo que requiere o no compensación. Mediante el impuesto proporcional o progresivo sobre la renta y con la redistribución de los ingresos de los ricos a los pobres, por ejemplo, el estado en efecto define a los ricos como agresores y a los pobres como sus víctimas. (En caso contrario, si los ricos no fueran los agresores y los pobres no fueran sus víctimas, ¿cómo se podría justificar el tomar algo de los primeros para dárselo a los últimos?). O al aprobar leyes de acción afirmativa, los Estados de manera eficaz definen a los blancos y al género masculino como agresores y a los negros y a las mujeres como sus víctimas. Para las agencias de seguros, este tipo de conducta empresarial sería imposible por dos razones fundamentales [25].

En primer lugar, los seguros deben agrupar ciertos riesgos y clasificarlos por clases de riesgo. Esto implica que a algunos de los asegurados, se les pagará más de lo que pagan, y a otros, menos. Sin embargo – y esto es decisivo – no se sabe de antemano quienes vayan a ser los “ganadores” y quienes los “perdedores”. Ganadores y perdedores – y cualquier redistribución de los ingresos entre ellos – serán repartidos al azar. De lo contrario, si los ganadores y los perdedores pudieran ser previstos sistemáticamente, los perdedores no querrían poner sus riesgos en común con los ganadores, sino sólo con otros perdedores, porque ello reduciría sus primas de seguro.

Ya que el estado como monopolio obligatorio no indemniza a las víctimas y además porque pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, tienen poco o ningún incentivo para prevenir la delincuencia o para recuperar el botín y capturar a los delincuentes“.

En segundo lugar, no es posible asegurarse a sí mismo contra todo riesgo. Por el contrario, sólo es posible asegurarse a sí mismo contra accidentes, es decir, contra riesgos sobre cuyos resultados el asegurado no tiene control alguno y a los que en nada contribuye. Por lo tanto, es posible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de muerte o incendio, por ejemplo, pero no es posible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de cometer suicidio o de prender fuego a su propia casa.

Del mismo modo, es imposible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de fracaso empresarial, de desempleo, de no ser rico, de no sentirse con deseos de levantarse y salir de la cama por la mañana, o de ser rechazado por los vecinos, compañeros o superiores, porque en cada uno de estos casos la persona tiene, ya sea total o parcialmente, control sobre el acontecimiento en cuestión. Esto es, el individuo puede influir en las probabilidades del riesgo. Por su propia naturaleza, el evitar riesgos de este tipo cae en el ámbito de la responsabilidad individual, y cualquier agencia que los cubra con un seguro podría decirse que iría a la quiebra de inmediato.

Es más importante para el tema objeto de debate, la imposibilidad de asegurar acciones y sentimientos individuales (en contraposición a los accidentes) implica que también es imposible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de daños y perjuicios resultantes de un comportamiento agresivo o de una provocación previos. Por el contrario, cada asegurador debe limitar las acciones de sus clientes a fin de excluir toda agresión y provocación de su parte. Es decir, todos los seguros contra desastres sociales tal como el crimen debe ser contingente a que el asegurado se someta a normas específicas de conducta civilizada y no agresiva.

En consecuencia, si bien el Estado como monopolio protector puede participar en políticas redistributivas en beneficio de un grupo de personas a expensas de otro, y mientras que agencias con apoyo fiscal pueden incluso “asegurar” riesgos no asegurables y proteger a provocadores y agresores, los aseguradores financiados con primas voluntarias estarían sistemáticamente impedidos para hacer tal cosa. La competencia entre aseguradores excluiría cualquier forma de redistribución de ingresos y de riqueza entre diversos grupos de asegurados, ya que una empresa que participara en tales prácticas perdería sus clientes ante otras firmas que se abstengan de ello. Por el contrario, cada cliente pagará exclusivamente por sus propios riesgos, respectivamente, de lo que pagan personas con la misma (homogénea) exposición a los riesgos que aquellos corren [26]. Tampoco podrían “proteger” las agencias financiadas con primas de seguros voluntarias, a cualquier persona de las consecuencias de sus propios errores, tonterías, sentimientos o conductas arriesgadas, o agresivas. La competencia entre aseguradores más bien fomentaría sistemáticamente la responsabilidad individual, y cualquier provocador o agresor conocido sería excluido como un mal riesgo de seguro en cualquier tipo de cobertura y llegaría a ser, económicamente, como un paria aislado, débil y vulnerable.

Por último, en lo que respecta a las relaciones exteriores, como los Estados pueden externalizar los costos de sus propias acciones sobre sus desgraciados contribuyentes, están permanentemente inclinados a convertirse en agresores y belicistas. Por consiguiente, tienden a financiar y a desarrollar armas de agresión y destrucción masivas. En claro contraste, los aseguradores estarán impedidos para participar en cualquier tipo de agresión externa, ya que cualquier agresión es costosa y requeriría mayores primas de seguros, lo que implicaría la pérdida de clientes a otros competidores no agresivos. Las aseguradoras participarán exclusivamente en la violencia defensiva, y en lugar de adquirir armas de agresión y destrucción masiva, tenderán a invertir en el desarrollo de armas de defensa y de represalia selectiva [27].

V – Revolución por medio de la secesión.

A pesar de todo esto está claro, ¿cómo podemos lograr implementar, con éxito, una reforma constitucional tan fundamental? Las agencias de seguros están actualmente restringidas por un sinnúmero de regulaciones que les impide hacer lo que pueden y naturalmente harían. ¿Cómo pueden liberarse de estas regulaciones?

Más que por medio de una reforma de arriba hacia abajo, en las condiciones actuales, la estrategia de uno debe ser la de una revolución de abajo hacia arriba“.

Básicamente, la respuesta a esta pregunta es la misma dada por los revolucionarios de América más de doscientos años atrás: a través de la creación de territorios libres y por medio de la secesión.

Para entonces, en virtud de las condiciones monárquicas, los partidarios de una revolución social anti-estatista liberal-libertaria todavía había una opción que desde entonces se ha perdido. Los Liberales – libertarios en los viejos tiempos podían – y con frecuencia lo hacían – creer en la posibilidad de simplemente convencer al rey de su punto de vista, y por lo tanto iniciar una “revolución desde arriba”. No era necesario un apoyo masivo para ello – sólo la idea de un príncipe progresista [28].

No obstante lo sensata que esta podría haber sido entonces, esta estrategia de revolución social de arriba hacia abajo sería imposible hoy en día. Los líderes políticos hoy en día son seleccionados de acuerdo a sus talentos demagógicos y a su hoja de vida con registros probados de inmoralidad habitual, como se ha explicado anteriormente, por consiguiente, la posibilidad de convertirlos al punto de vista liberal-libertario deben ser considerados incluso más poco probable que la conversión de un rey quien simplemente heredó su posición.

Por otra parte, el monopolio estatal de protección es ahora considerado público y no propiedad privada, y el gobierno ya no está atado a un determinado individuo, sino a determinadas funciones ejercidas por funcionarios anónimos. Por lo tanto, la estrategia de convertir a uno o a unos pocos personajes ya no dará resultado. No importa si uno convierte algunos funcionarios del gobierno – el presidente y algunas de las principales senadores o jueces, por ejemplo -, porque dentro de las normas de un gobierno democrático ningún individuo tiene la facultad de abdicar al monopolio del gobierno. Los reyes tenían esta facultad, pero los presidentes no. El presidente puede renunciar a su cargo, por supuesto, pero sólo para ser reemplazado por alguien más. No tampoco puede disolver el monopolio gubernamental de protección, ya que, según las reglas de la democracia, “el pueblo”, no sus representantes electos, son considerados los “propietarios” del gobierno.

Por lo tanto, más que por medio de una reforma de arriba hacia abajo, en las condiciones actuales, la estrategia debe ser la de una revolución de abajo hacia arriba. En primer lugar, la realización de esta visión parecería que hace imposible la tarea de una revolución social liberal-libertaria, porque, ¿no implicaría esto que uno tendría que persuadir a la mayoría de los ciudadanos a votar a favor de la abolición de la democracia y del fin de todos los impuestos y de la legislación? Y esto no es pura fantasía, dado que las masas son siempre indolentes y aburridas, y más aún teniendo en cuenta que la democracia, como se explicó anteriormente, promueve la degeneración moral e intelectual? ¿Cómo puede ser posible que alguien pueda esperar que la mayoría de un pueblo cada vez más degenerado, acostumbrado al “derecho” de votar pueda renunciar voluntariamente a la oportunidad de saquear la propiedad de otras personas? Puesto de esta manera, hay que admitir que la perspectiva de una revolución social debe ser considerada como prácticamente imposible. Por el contrario, sólo si se piensa dos veces, al mirar la secesión como una parte integral de cualquier estrategia de abajo hacia arriba, la tarea de una revolución liberal-libertaria parece menos imposible, aunque sigue siendo abrumadora.

Todas las revoluciones, ya sean buenas o malas, las inician minorías; y la ruta secesionista hacia la revolución social reconoce explícitamente la importancia de este hecho“.

¿Cómo encaja la secesión en una estrategia de revolución social de abajo hacia arriba? Más importante aún, ¿cómo puede un movimiento secesionista escapar a la suerte de la Confederación Sureña de ser aplastada por un gobierno central tiránico y peligrosamente armado?

En respuesta a estas preguntas, es necesario recordar que ni la Revolución Americana original ni la Constitución norteamericana fueron el resultado de la voluntad de la mayoría de la población. Un tercio de los colonos eran en realidad “Tories”, y otro tercio estaban ocupados con la rutina diaria y no les importaba uno u otro. No más de un tercio de los colonos estaban realmente comprometidos y apoyaban la revolución, sin embargo, se salieron con la suya. Y en lo que a la Constitución se refiere, la inmensa mayoría del público se oponía a su aprobación, y su ratificación representó más un golpe de Estado de una pequeña minoría sobre la voluntad general. Todas las revoluciones, ya sean buenas o malas, las inician minorías; y la ruta secesionista hacia una revolución social, que implica necesariamente la ruptura por parte de un número pequeño de personas, de un grupo más grande, reconoce explícitamente la importancia de este hecho.

En segundo lugar, es necesario reconocer que, en última instancia el poder de cada gobierno – ya sea de reyes o de cuidanderos – recae exclusivamente en opinión y no en fuerza física. Los agentes del gobierno no son más que una pequeña proporción del total de la población bajo su control. Esto implica que ningún gobierno pueda hacer cumplir su voluntad a toda la población a no ser que encuentre un amplio apoyo y cooperación voluntaria entre el público no gubernamental. Implica también que cada gobierno puede ser derribado por un simple cambio en la opinión pública, es decir, por la retirada de la cooperación y de la anuencia públicas [29].

Y si bien es innegablemente cierto que, después de más de dos siglos de democracia, el público americano ha llegado a tal estado de degeneración, moral e intelectual, que cualquier retirada debe ser considerada imposible a escala nacional, no parece insuperablemente difícil lograr una mayoría de mentalidad secesionista en regiones o distritos suficientemente pequeños del país.

De hecho, habida cuenta de una minoría muy enérgica de elites intelectuales inspiradas por la visión de una sociedad libre, en la que la ley y el orden sean proporcionados por aseguradoras en franca competencia, y teniendo en cuenta, además, que como – realmente los Estados Unidos, deben su propia existencia a un acto secesionista – la secesión sigue siendo considerada legítima y de acuerdo con el ideal democrático “original” de la libre determinación (en lugar de la ley de la mayoría) [30] por un número importante de personas, no parece irreal el supuesto de que tales mayorías secesionistas existan o puedan crearse en cientos de ubicaciones en todo el país.

Es necesario reconocer que, en última instancia el poder de todo gobierno – ya sea de reyes o cuidadores – recae exclusivamente en la opinión y no en la fuerza física“.

De hecho, en virtud de la asunción realista de que el gobierno central de los EEUU, así como los estados social-democráticos de Occidente, en general, están condenados a la quiebra económica (muy similar al derrumbe económico de hace algunos años de las democracias populares socialistas del Este), las tendencias actuales hacia la desintegración política es probable que se fortalezcan en el futuro. En consecuencia, el número de posibles regiones secesionistas seguirá aumentando, incluso más allá de su nivel actual.

Por último, la idea de un amplio y creciente potencial secesionista también permite dar respuesta a la última pregunta relacionada con los peligros de una represión del gobierno central.

Si bien es importante a este respecto que la memoria del pasado secesionista de los Estados Unidos se mantenga viva, es aún más importante para el éxito de una revolución liberal-libertaria, a fin de evitar los errores de un segundo intento fallido de secesión. Afortunadamente, la cuestión de la esclavitud, lo que complica y oscurece la situación en 1861, [31] se ha resuelto. Sin embargo, otra lección importante debe ser aprendida al comparar el fallido experimento americano de la segunda secesión con el éxito de la primera.

La primera secesión americana se vio facilitada considerablemente por el hecho de que en el centro del poder en Gran Bretaña, la opinión pública en relación con los secesionistas estaba dividida. De hecho, muchos británicos, figuras destacadas tales como Edmund Burke y Adam Smith, simpatizaba abiertamente con los secesionistas. Aparte de razones puramente ideológicas, que rara vez afectan a más de un puñado de mentes filosóficas, esta falta de una oposición unificada a los secesionistas de América en la opinión pública británica se puede atribuir a dos factores complementarios. Por un lado, existía una multitud de afiliaciones regionales y culturales-religiosas, así como los lazos familiares y personales entre Gran Bretaña y los colonos de América. Por otra parte, acontecimientos en América se consideraron muy lejos de casa y la posible pérdida de las colonias como económicamente insignificante.

En ambos aspectos, la situación en 1861 era claramente diferente. Para estar seguro, en el centro del poder político, que se había desplazado a los estados del norte en ese entonces, la oposición a la Confederación secesionista del Sur no estaba unificada, y la causa de la Confederación también tuvo seguidores en el Norte. Sin embargo, existían menos lazos culturales y de parentesco entre el Norte y el Sur que los que habían existido entre Gran Bretaña y los colonos, y la secesión de la Confederación del Sur que era alrededor de la mitad del territorio y un tercio de la totalidad de la población de los Estados Unidos y, por tanto, a los del norte los golpeó muy cerca de casa y además era una importante pérdida económica. Por lo tanto, es comparativamente más fácil para la élite de poder del Norte moldear un frente unificado de cultura “progresista” Yankee contra el culturalmente atrasado y “reaccionario” Dixieland.

A la luz de estas consideraciones, entonces, parece estratégicamente aconsejable no intentar de nuevo lo que en 1861 falló tan dolorosamente – estados contiguos, o incluso todo el Sur, tratando de separarse de la tiranía de Washington, DC.

Por el contrario, una estrategia moderna liberal-libertaria de secesión debería obtener sus claves en la Edad Media cuando, desde alrededor del Siglo XII y hasta bien entrado el siglo XVII (con el surgimiento del moderno Estado central), Europa se caracterizaba por la existencia de cientos de ciudades libres e independientes, intercaladas predominantemente en una estructura social feudal [32].

Los líderes políticos hoy en día son seleccionados de acuerdo a sus talentos demagógicos y a su hoja de vida con registros probados de inmoralidad habitual“.

Al elegir este modelo y tratando de crear una América marcada por un elevado y creciente número de ciudades libres, territorialmente desconectadas – una multitud de Hong Kongs, Singapures, Mónacos, y Liechtensteins sembrados a lo largo de todo el continente – alcanzaríamos dos objetivos centrales que de otro modo serían imposibles. En primer lugar, además de reconocer el hecho de que el potencial liberal-libertario se distribuye muy desigualmente por todo el país, una estrategia de separación paso a paso haría que la secesión fuera menos amenazante, política, social y económicamente. Segundo, mediante la aplicación de esta estrategia simultáneamente en un gran número de lugares en todo el país, se convierte en sumamente difícil para el Estado central crear una oposición unificada de opinión pública contra los secesionistas, lo que garantizaría el nivel de apoyo popular y la cooperación voluntaria necesaria para una campaña de represión exitosa [33].

Si tenemos éxito en este empeño, si a continuación procedemos a devolver todos los bienes públicos a las manos privadas apropiadas y adoptamos una nueva “constitución” que declare en lo sucesivo como ilegal todo impuesto y toda legislación, y si finalmente permitimos que las agencias de seguros hagan lo que están destinados a hacer, podremos estar realmente orgullosos de nuevo y se justificará que América afirme que da ejemplo al resto del mundo.

Hans-Hermann Hoppe, economista de la Escuela Austríaca y filósofo libertario/anarcocapitalista, es profesor de Economía en la Universidad de Nevada en Las Vegas, distinguido colega del Ludwig von Mises Institute, fundador y Presidente de La Sociedad Propiedad y Libertad, y editor general del Journal of Libertarian Studies.

Este ensayo fue publicado originalmente en Inglés en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom (Reevaluando la Presidencia: El Avance del Estado Ejecutivo y el Ocaso de la Libertad). Editado por John V. Denson, pp. 667-696.

Notas:

 


[1] Sobre la influencia de Locke y la filosofía política Lockeana en América, véase Edmund S. Morgan, El nacimiento de la República: 1763-89 (Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 73-74:

Cuando Locke describió el estado de la naturaleza, lo pudo explicar muy vívidamente diciendo que “en el comienzo todo el Mundo era América”. Y de hecho, muchos estadounidenses habían tenido la experiencia real de aplicar su mano de obra a la tierra salvaje y en esta forma convertirla en su propiedad. Algunos incluso habían participado en pactos sociales, creando nuevos gobiernos en áreas salvajes donde no había existido ningún gobierno anteriormente. (P. 74)

Sobre delincuencia, protección, y defensa en particular, véase Terry Anderson y PJ Hill, “El Experimento Americano en Anarco-Capitalismo: El no Tan Salvaje, Salvaje Oeste”, Diario de Estudios Libertarios 3, no. 1 (1979), y Roger D. McGrath, Pistoleros, Patrulleros, y Vigilantes: Violencia en la Frontera (Berkeley: University of California Press, 1984).

[2] Contrariamente a los actuales mitos multiculturales populares, América decididamente no fue un “crisol” de culturas. Por el contrario, la colonización del continente Norte Américano confirma la visión sociológica elemental que todas las sociedades humanas son el resultado de la evolución de familias y sistemas de parentesco y, por tanto, se caracterizan por un alto grado de homogeneidad interna, es decir, que “los parecidos” suelen asociarse con sus “parecidos” y ponen distancia y se separan a sí mismos de sus “diferentes”. Así, por ejemplo, de conformidad con esta tendencia general, los puritanos prefirieron asentarse en Nueva Inglaterra, los calvinistas holandeses en Nueva York, los cuáqueros en Pennsylvania y en el sur de New Jersey. Los católicos en Maryland, y los anglicanos, así como también los hugonotes franceses, en las colonias del sur. Véa más sobre esto en David Hackett Fisher, la Semilla de Albión: Cuatro populares senderos recorridos por los británicos en los Estados Unidos (Nueva York: Oxford University Press, 1989).

[3] Véase Fritz Kern, Los Reinos y la Ley en la Edad Media (Oxford: Blackwell, 1948); Bertrand de Jouvenel, Soberanía: una investigación sobre el Bien Politico (Chicago: University of Chicago Press, 1957), especialmente el capítulo 10; ídem, Sobre el Poder : La Historia Natural de su Crecimiento (Nueva York: Viking, 1949), y Robert Nisbet, Comunidad y Poder (Nueva York: Oxford University Press, 1962).

“Feudalismo”, resume Nisbet en otro documento (ídem, Prejuicios. Diccionario Filosófico [Cambridge, Mass.: Universidad de Harvard Press, 1982], pp. 125-31),

ha sido una palabra de invectiva, de vehementes abuso y vituperación, durante los últimos dos siglos… [Sobre todo] por intelectuales al servicio espiritual del Estado absoluto moderno, ya sea monárquico, republicano, o democrático. [De hecho], el feudalismo es una ampliación y adaptación del vínculo de parentesco o paisanaje bajo la afiliación protectora de una banda de guerreros o de caballeros… Contrariamente a la política moderna de Estado con su principio de soberanía territorial, durante casi mil años en el Oeste, la protección, los derechos, el bienestar, la autoridad, y la devoción fueron vínculos heredados de persona a persona y no territorialmente… Vivir en una relación feudal es ser el “hombre” de otro hombre, quien a su vez era el “hombre” de otro hombre, y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior de la pirámide feudal, cada uno debiendo al otro, bien sean servicios o protección. El vínculo feudal tiene mucho en sí de la relación entre el guerrero y el comandante, pero tiene aún más de la relación entre hijo y padre, pariente y patriarca…. [Es decir, los vínculos feudales son esencialmente] relaciones contractuales, privadas y personales. La subordinación del rey a la ley fue uno de los más importantes principios del feudalismo.

Véanse también las notas 8, 9 y 10 más adelante.

[4] Véase a Lord Acton, “La Historia de la libertad en el cristianismo,” in idem, Ensayos sobre la Historia de la Libertad (Indianapolis, Ind: Clásicos de la Libertad, 1985), esp. p.36.

[5] Sobre el patrimonio o la herencia ideológica liberal-libertaria de los primeros colonos de América véase Murray N. Rothbard, Por una nueva Libertad (Nueva York: Collier, 1978), capítulo 1; idem, Concebidos en Libertad, 4 vols. (New Rochelle, NY: Arlington House, 1975), y Bernard Bailyn, Los Orígenes ideológicos de la Revolución Americana (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1967).

[6] Esta idea fundamental fue claramente expuesta por el economista francés-belga Gustave de Molinari en un artículo publicado en 1849 (“La Producción de Seguridad”). De Molinari razonaba así:

Que en todos los casos, para todos los productos básicos que sirven para proveer las necesidades tangibles o intangibles de los consumidores, es en el mejor interés del consumidor que el empleo y el comercio sigan siendo libres, porque la libertad de trabajo y comercio tiene como resultado necesario y permanente la reducción máxima de los precios. De ahí se deduce: que ningún gobierno debería tener el derecho de impedir que otro gobierno entrara en competencia con él mismo, o que exigiera a los consumidores de seguridad o protección que lo buscaran exclusivamente a él para obtener estos servicios básicos (p. 3).

Si, por el contrario, el consumidor no tiene libertad de contratar seguridad donde bien le plazca, vería de inmediato abrirse una gran profesión dedicada a la arbitrariedad y a la mala gestión. La Justicia se tornaría lenta y costosa, la policía vejatoria, la libertad individual ya no sería respetable, el precio de la seguridad se inflaría abusivamente y se repartiría inequitativamente de acuerdo con el poder y la influencia de tal o cual clase de consumidores.(págs. 13-14)

[7] Además, de conformidad con su carta real original, los nuevos Estados independientes de Georgia, las Carolinas, Virginia, Connecticut, y Massachusetts, por ejemplo, reclamaban como frontera occidental el Océano Pacífico, y sobre esa base, tan obviamente carente de fundamento, y usurpado títulos de propiedad, ellos – y, posteriormente, su heredero “legal”, el Congreso Continental y los Estados Unidos – procedieron a vender los territorios occidentales a colonizadores privados y a negociantes de tierras, con el fin de pagar sus deudas y/o a financiar operaciones del gobierno de ese entonces.

[8] Véase de Bruno Leoni, Libertad y Ley (Indianapolis, Ind: Clásicos de la Libertad, 1991), p. 118. Leoni aquí anota que varios comentaristas académicos de la Carta Magna, por ejemplo, han señalado que una de las primeras versiones del principio medieval de “no hay impuestos sin representación” originalmente se tenía como que “no habría impuestos sin el consentimiento de la persona gravada”, y tenemos que en 1221, el Obispo de Winchester habiendo sido “convocado a dar su consentimiento a un impuesto de escuage {pago de impuesto para no prestar el servicio militar}, se negó a pagar, después de que el Consejo había decretado la subvención, sobre la base que él no había estado de acuerdo, y ya el Exchequer había confirmado su solicitud”.

[9] Véase en Kern, Monarquía y Leyes en la Edad Media, quien escribe

que no hay, en la Edad Media, tal cosa como la “primera aplicación de una norma jurídica”. Ley significa antigua; una nueva ley es una contradicción en términos, porqué una nueva ley se basa explícita o implícitamente en la antigua, o está en conflicto con ella, en cuyo caso no es legal. La idea fundamental sigue siendo la misma, la antigua ley es la verdadera ley, y la verdadera ley es la antigua ley. Según ideas medioevales, por lo tanto, la promulgación de una nueva ley nunca es posible, y todas las leyes y reformas jurídicas se conciben como una restauración de la buena y antigua ley que ha sido violada. (p. 151)

Opiniones similares en relación con la permanencia de la ley y la inadmisibilidad de la legislación eran aún sostenidas por los fisiócratas franceses del siglo 18 tal como Mercier de la Riviere, quien fuera por un tiempo gobernador de Martinica y autor de un libro sobre el Orden Natural, y quien fue llamado para aconsejar a Catalina la Grande, Zarina de Rusia, sobre como gobernar. Se dice que de la Riviere había contestado que ‘la ley debe basarse

en una sola [cosa], Madame, la naturaleza de las cosas y el hombre… Porque dictar o hacer leyes, Madame, es una tarea que Dios no ha delegado a nadie. ¡Ah!¿Quién es el hombre, para creerse a sí mismo capaz de dictar leyes a seres que él no conoce? La ciencia de gobernar es estudiar y reconocer las leyes que Dios ha grabado de manera evidente en la organización misma del hombre, cuando Él le dio existencia. Tratar de ir más allá sería una gran desgracia y una empresa destructiva. (Citado en Murray N. Rothbard, Pensamiento Económico Antes de Adam Smith: Una Perspectiva Austriaca sobre la Historia del Pensamiento Económico [Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1995], vol. 1, p. 371)

Véase también de Jouvenel, La Soberanía, pp. 172-73 y 189.

[10] La tan preciada visión moderna, según la cual la adopción de un “gobierno constitucional” representa un importante avance civilizacional de un gobierno arbitrario al imperio de la ley y según el cual se atribuye a los Estados Unidos un lugar destacado, o incluso un papel preeminente en este histórico avance, debería entonces, ser considerada como seriamente viciada. Esta opinión no sólo está en evidente contradicción con documentos tales como la Carta Magna (1215) o el Golden Bull (1356), sino que, y es lo más importante, tergiversa la naturaleza de los gobiernos pre-modernos. Tales gobiernos, o carecían totalmente del más arbitrario y tiránico de todos los poderes, es decir, la facultad de legislar y de gravar con impuestos sin consentimiento previo, o aún si poseyesen estos poderes, los gobiernos tenían enormes restricciones para su ejercicio, porque tales facultades eran ampliamente consideradas como ilegítimas, es decir, como usurpadas en lugar de justamente adquiridas. En claro contraste, los gobiernos modernos se definen por el hecho de que los poderes para gravar con impuestos y legislar son explícitamente reconocidos como legítimos, es decir, todos los gobiernos “constitucionales”, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, constituyen gobiernos estatales. Robert Nisbet tiene razón al señalar que

un rey pre-moderno puede haber gobernado a veces con grado de irresponsabilidad como el que pocos funcionarios gubernamentales modernos pueden hoy disfrutar, pero es dudoso que, en términos de poder efectivo y de servicios, algún rey, incluso de las “monarquías absolutas” del siglo XVII, ejerciera el tipo de autoridad ahora inherente a la oficina de muchos funcionarios de alto rango en las democracias. Hubo en ese entonces muchas barreras sociales entre el alegado poder del monarca y la efectiva ejecución de este poder sobre los individuos. El prestigio mismo y la funcional importancia de la iglesia, la familia, las hermandades, y las lealtades de la comunidad local, limitaban el poder absoluto del Estado. (Comunidad y poder, pp. 103-04)

[11] Murray N. Rothbard , Poder y Mercado: Gobierno y la Economía (Kansas City: Sheed Andrews y McMeel, 1977), pp. 188-89. Véase también sobre este capítulos 1-3. A la luz de estas consideraciones – y en contraste con la sabiduría común en la materia – uno llega a la misma conclusión con respecto al “éxito” final de la Revolución Americana como en H.L. Mencken, A Mencken Chrestomathy (Nueva York: Vintage Books 1982):

Las revoluciones políticas no suelen conseguir nada de auténtico valor; un indudable efecto es simplemente deshacerse de una banda de ladrones y reemplazarla por otra. Incluso las colonias americanas ganaron poco con su revuelta en 1776. Veinticinco años después de la Revolución estaban en mucho peor condición como estados libres de lo que hubieran estado como colonias. Sus gobiernos eran más costosos, más ineficientes, más deshonestos, y más tiránicos. Sólo el progreso material gradual del país los salvó de la hambruna y del colapso, y el progreso material se debió, no a las virtudes de sus nuevos gobiernos, sino a la abundante generosidad de la naturaleza. Bajo el dominio de los británicos hubieran estado muy bien, y probablemente muchísimo mejor.(págs. 145-46)

[12] Véase en el siguiente de Hans-Hermann Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur théorie des Kapitalismus (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987), pp. 182 y sig.

[13] Véase Helmut Schoeck, La Envidia: Una Teoría de la Conducta Social (Nueva York: Harcourt, Brace and World, 1970).

[14] Véase de Jouvenel, Sobre el Poder, pp. 9-10.

[15] Véase este brillante y, de hecho, profético análisis por John C. Calhoun, Una Disquisición sobre el Gobierno (Nueva York: Prensa de las Artes Liberales, 1953), esp. pp. 25–27. Allí Calhoun anota que

una constitución escrita sin duda tiene muchas ventajas, pero es un gran error suponer que la mera inserción de disposiciones para restringir y limitar los poderes del gobierno, sin dotar a aquellos para quien la protección se inserta, con los medios para tutelar su cumplimiento, sea suficiente para impedir que el principal partido dominante abuse de sus poderes. Estando un partido en posesión del poder, estará… a favor de los poderes otorgados por la Constitución y se opondrá a las regulaciones destinadas a limitarlo. Como partido principal y dominante, no tendrá necesidad de estas restricciones para su protección. El partido menor o más débil, por el contrario, tomaría la dirección opuesta y las consideraría esenciales para protegerse del partido dominante. Pero cuando no hay medios por los cuales se pudiera obligar al partido mayoritario a observar estas restricciones, el único recurso disponible que tendrían sería una redacción estricta de la constitución. Al cual el partido mayoritario opondría una construcción liberal – una que daría a las palabras de la redacción el sentido más amplio que fuera susceptible. Entonces sería construcción contra construcción – una para contraer y la otra para ampliar las facultades del gobierno al máximo. Pero de que podría servir recurrir a una estricta construcción por parte del partido minoritario, contra la interpretación liberal del mayoritario, cuando el uno tendría todas las facultades del gobierno para llevar a efecto su interpretación y el otro estaría privado de todos los medios para hacer cumplir su construcción? En una contienda tan desigual, el resultado no sería dudoso. El partido a favor de las restricciones sería dominado. El final de la contienda sería la subversión de la Constitución … las restricciones en última instancia, quedarían anuladas y el gobierno se convertiría en uno con poderes ilimitados. Tampoco la división del gobierno en departamentos distintos e independientes, así se verían unos a otros, evitaría este resultado … ya que todos y cada uno de los departamentos – y, por supuesto, todo el gobierno – estaría bajo el control de la mayoría numérica, es demasiado claro como para exigir una explicación, que la mera distribución de competencias entre sus agentes o representantes puede hacer poco o nada para contrarrestar la tendencia a la opresión y al abuso de poder.

En resumen, entonces, los comentarios de Rothbard sobre este análisis son

que la Constitución ha demostrado ser un instrumento para ratificar la ampliación del poder del Estado en lugar de lo contrario. Como observa Calhoun, cualesquiera límites escritos que permitan al gobierno interpretar sus propias competencias deben concebirse para ser interpretadas como sanciones por expandir, y no por limitar, estos poderes. En un sentido profundo, la idea de amarrar el poder con las cadenas de una constitución escrita ha demostrado ser un noble pero fracasado experimento. La idea de un gobierno estrictamente limitado ha demostrado ser una Utopía; y es necesario encontrar algún otro medio más radical para impedir el crecimiento agresivo del Estado. (Para una Nueva Libertad, p. 67)

Véase también Anthony de Jasay, En contra de la Política: Sobre el Gobierno, la Anarquía, y el Orden (Londres: Routledge, 1997), especialmente el capítulo 2.

[16] Robert Higgs, Crisis y Leviatán: Episodios Críticos en el Crecimiento del Gobierno de los Estados Unidos (Nueva York: Oxford University Press 1987), p. ix, contrasta la experiencia de los primeros años de América con la experiencia presente:

Hubo una época, hace mucho tiempo, cuando el estadounidense promedio podría dirigir sus negocios diarios apenas consciente de la existencia del gobierno – especialmente del gobierno federal. Como agricultor, comerciante, o fabricante, podía decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y vender sus productos, limitado casi exclusivamente por las fuerzas del mercado. Pensemos: sin subsidios agrícolas, sin apoyo a los precios, sin control a las áreas sembradas, sin Comisión Federal de Comercio; sin leyes antimonopolio; sin Comisión Interestatal de Comercio.Como empleador, trabajador, consumidor, inversionista, prestamista, prestatario, estudiante, o profesor, podía proceder en gran medida de acuerdo con sus propias luces. Basta pensar: no había Junta Nacional de Relaciones Laborales; ni leyes federales de “protección” a los consumidores; ni Comisión de Seguridad e Intercambio; ni Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo; ni Departamento de Salud y Servicios Humanos. A falta de un banco central que emitiera nacionalmente papel moneda, el común de personas usaba monedas de oro para hacer sus compras. No había impuesto sobre las ventas en general, ni impuestos de Seguro Social, ni impuestos sobre la renta. Aunque los funcionarios gubernamentales eran tan corruptos en ese entonces como ahora – quizás más – porque había mucho menos en qué ser corruptos. Los ciudadanos privados gastaban alrededor de quince veces más que todos los gobiernos juntos. Esos días, desgraciadamente, hace mucho tiempo quedaron atrás.

[17] Sobre el crecimiento de gobierno de los EE.UU. y, en particular, el papel de la guerra en este desarrollo, véase John V. Denson, ed., Los Costos de la Guerra: Las Victorias Pírricas de America (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997); Higgs, Crisis y Leviatán; Eckehart Krippendorff, Krieg und Staat (Frankfurt / M.: Suhrkamp, 1985), esp. pp., 90-116; Ronald Radosh y Murray N. Rothbard, eds., Una Nueva Historia de Leviatán (Nueva York: Dutton, 1972); Arthur A. Ekirch, Declinación del Liberalismo Americano (Nueva York: Atheneum, 1967).

[18] Para la más enérgica declaración en este sentido ver Lysander Spooner, Sin Traición: La Constitución Sin Autoridad (Colorado Springs, Colorado: Ralph Myles, 1973); también Murray N. Rothbard, La ética de la Libertad (Nueva York: Imprenta de la Universidad de Nueva York, 1998), especialmente los capítulos 22 y 23.

[19] De hecho, este tipo de contrato de protección no sólo es empíricamente improbable, sino praxeológicamente imposible. Porque “al aceptar impuestos y legislación con el fin de recibir protección,” una persona en efecto entrega, o enajena, todos sus bienes a la autoridad tributaria y se somete en esclavitud permanente a la agencia legislativa. Sin embargo, tal contrato es desde el principio inadmisible y, por tanto, nulo y sin valor, porque contradice la propia naturaleza de los contratos de protección, a saber, la auto-propiedad de alguien (de sí mismo) para ser protegida y la existencia de algo perteneciente al protegido (en lugar de pertenecer a su protector). Es decir, propiedad privada – separada.(¿?)

Curiosamente, a pesar del hecho de que ninguna constitución conocida de un estado haya sido acordada con la totalidad de los habitantes comprendidos en su jurisdicción, y pese a la aparente imposibilidad de que este hecho pudiera ser diferente, la filosofía política, desde Hobbes, pasando por Locke y hasta el presente, abunda en intentos de proporcionar una justificación contractual al estado. La razón de estos innumerables esfuerzos, aparentemente sin fin, es evidente: o bien un Estado puede justificarse como resultado de los contratos, o no se puede justificar en absoluto. No es sorpresa, sin embargo, que esta búsqueda, al igual que la del círculo cuadrado o la del movimiento perpetuo, haya resultado infructuosa y sólo haya generado una larga lista de pseudo-justificaciones falsas, si no fraudulentas, bajo la figura semántica de que “no contrato” sea realmente contrato “implícito”, o “tácito”, o “conceptual”. En resumen, “no” realmente significa “sí”. Para un ejemplo moderno de este “trabalenguas” orwelliano, véase James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del Consentimiento (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962); James M. Buchanan, Los Límites de la Libertad (Chicago: University of Chicago Press, 1975); ídem y, en La Libertad en el Contrato Constitucional (College Station: Texas A & M University Press, 1977). Para una crítica de Buchanan y la llamada Escuela de Selección Pública, Véase Murray N. Rothbard, La Lógica de la Acción Dos (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997), caps. 4 y 17, y Hans-Hermann Hoppe, Economía y Ética de la Propiedad Privada (Boston: Kluwer, 1993), capítulo 1.

[20] Véase en los siguientes especialmente el capítulo 8 y también el capítulo 12; Morris y Linda Tannehill, El Mercado de la Libertad (Nueva York: Libros Laissez Faire, 1984).

[21] De Molinari, La Producción de Seguridad, p. 12.

[22] Como ha explicado Rothbard, aún

si el gobierno se limitara a la “protección” de persona y propiedad, y los impuestos se “limitaran” solamente a la prestación de ese servicio, entonces, cómo podría decidir el gobierno cuánta protección debe proporcionar y cuanto debe recaudar en impuestos? En efecto, contrario a la teoría del gobierno limitado, la “protección” ya no es una abultada “cosa” colectiva, diferente a cualquier otro bien o servicio a la sociedad. Ciertamente, “protección” podría significar cualquier cosa, desde una policía para todo un país, hasta el suministro de una cuadrilla de guardaespaldas armados y un tanque para cada ciudadano – una propuesta que llevaría a la bancarrota a la sociedad. Pero, ¿quién debe decidir sobre la cantidad de protección, ya que es innegable que todas las personas están mejor protegidas contra robo y asalto en caso de estar vigilados por un guardaespaldas armado, que si no lo están? En el mercado libre, las decisiones sobre cuánto y qué calidad, de cualquier bien o servicio, debe ser suministrada a cada persona se hace por medio de adquisiciones voluntarias de cada individuo, pero ¿qué criterio se puede aplicar cuando la decisión la toma el gobierno? La respuesta es, absolutamente ninguno, y tales decisiones gubernamentales sólo pueden ser puramente arbitrarias. (La Ética de la Libertad, pp. 180-81)

Véase también Murray N. Rothbard, Por una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario, rev. ed. (Nueva York: Collier, 1978), pp. 215 y sig.

[23] Comenta Rothbard:

La idea de la primacía de la restitución a la víctima tiene un gran precedente en la ley y, de hecho, es un antiguo principio de la ley que se ha permitido que se marchite a medida que el Estado ha ensanchado y monopolizado las instituciones de justicia. De hecho, en la Edad Media en general, la restitución a la víctima era el concepto de castigo dominante; sólo que cuando el Estado creció más poderoso … el énfasis pasó de la restitución a la víctima, al castigo … por presuntos delitos cometidos “contra el Estado”. Lo qué sucede hoy en día es el siguiente absurdo: A roba 15.000 dólares a B. El gobierno sigue las pistas, juzga, y condena a A, todo a expensas de B, quien es uno de los numerosos contribuyentes victimizados en este proceso. Entonces, el gobierno, en lugar de obligar a A a que pague a B, o lo someta trabajos forzados hasta que pague la deuda, impone a B, la víctima, la obligación de pagar impuestos para mantener al criminal en la cárcel por diez o veinte años. Donde puede estar la justicia aquí? (La Ética de la Libertad, pp. 86-87).

[24] Las agencias de seguros, en la medida en que entran en un contrato bilateral con cada uno de sus clientes, satisfacen plenamente el original y antiguo desiderátum del gobierno “representativo”, del cual Bruno Leoni ha señalado que “la representación política estaba estrechamente relacionada en su origen con la idea de que los representantes actúan como agentes de otras personas y de acuerdo a su voluntad” (Libertad y Ley, pp. 118-19 [véase también la nota 8 más arriba]. En claro contraste, el moderno gobierno democrático implica la completa perversión – de hecho, la anulación — de la idea original de gobierno representativo. Hoy en día, una persona se considera políticamente “representada” no importa cómo, es decir, independientemente de su propia voluntad y acciones o de las de su representante. Una persona se considera representada si vota, pero también si no vota. Se considera representada si el candidato por quien votó a favor sale elegido, pero también si sale elegido otro candidato. El votante está representado, si el candidato por quien ha votado, o aquel por quien no ha votado, hace, o no hace, lo que él desearía que hiciera. Y se considera políticamente representado, si “su” representante encuentra apoyo, o no lo encuentra, en la mayoría de los representantes electos. “En verdad,” como Lysander Spooner ha señalado,

votar no debe ser tomado como prueba de consentimiento. Por el contrario, se considera que, sin su consentimiento, inclusive habiéndoselo pedido, un hombre se encuentra a sí mismo rodeado por un gobierno que no puede resistir; un gobierno que lo obliga a pagar dinero, a prestar servicios, y a renunciar al ejercicio de muchos de sus derechos naturales, so-pena de fuertes castigos. Él ve, también, que otras personas practican esta tiranía sobre él mediante el uso de la balota electoral. Considera además, que, si tan sólo usara él mismo la balota, tendría alguna posibilidad de aliviarse de la tiranía de los demás, sometiendo a éstos a la suya propia. En resumen, se encontrará, sin su consentimiento, en tal situación que si utiliza la balota de votación, puede convertirse en amo, y si no la utiliza, debe convertirse en esclavo. Y no tiene más alternativa que éstas dos. Para auto-defenderse intentará la primera. Su caso es similar al de un hombre que se ha visto obligado a ir a la batalla, donde está obligado a matar o a morir. Aunque, para salvar su propia vida en el campo de batalla, el hombre trata de quitar la vida a sus opositores, no se debe inferir que es de su elección el ir a la batalla. (15) [En consecuencia, los electos funcionarios del gobierno] no son ni funcionarios, ni agentes, ni abogados, ni representantes nuestros… [para] que no nos hagamos, a nosotros mismos, responsables de sus actos. Si un hombre es mi servidor, mi agente o mi abogado, necesariamente me hago responsable de todos sus actos, siempre y cuando fuesen realizados dentro de los límites de las facultades que he confiado a él. Si en una u otra forma he entregado a él, como mi agente, ya sea un poder absoluto, o cualquier otra clase de poder, sobre personas o propiedades de otros diferentes de mí mismo, necesariamente tengo que hacerme responsable ante dichas personas de cualquier lesión que pueda aquel causarles, siempre y cuando actúe dentro de los límites de las facultades que le he concedido. Pero nadie que pueda ser lesionado en su persona o bienes, por actos del Congreso, puede venir a cada elector individualmente, y considerarlo responsable por los actos de sus llamados agentes o representantes. Este hecho demuestra que los supuestos agentes de la gente, de todo el mundo, son realmente agentes de nadie (29). (Spooner, Sin Traición, pp. 15 y 29)

[25] En cuanto a la “lógica” de los seguros, véase Ludwig von Mises, La Acción Humana: un Tratado sobre Economía, Edición Académica. (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 1998), capítulo 6, Murray N. Rothbard, Hombre, Economía, y Estado, 2 vols. (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 1993), pp. 498ff, y Hans-Hermann Hoppe, “Certidumbre e Incertidumbre, o: ¿Qué tan Racionales pueden ser nuestras Expectativas?”. Revista de Economía Austríaca 10, no. 1 (1997).

[26] Al estar obligados, por un lado, a colocar personas con la misma o similar exposición al riesgo, en el mismo grupo de riesgo y cobrar a cada una de ellas el mismo precio por valor asegurado, y en verse obligadas, por otra parte, a diferenciar con precisión y objetividad (hechos) grupos de riesgo diferentes, y cobrar un precio diferente por valor asegurado a miembros de diferentes grupos de riesgo (con diferencias de precios que reflejen con exactitud el grado de heterogeneidad entre los miembros de estos grupos diferentes), las compañías de seguros promoverían sistemáticamente la mencionada tendencia natural humana (véase la nota 2 más arriba), de que “personas parecidas” se asocian, y se separan físicamente y discriminan en contra, de otras “diferentes”. Sobre la tendencia de los Estados a romper y destruir asociaciones y grupos homogéneos mediante políticas de integración forzada, véanse los capítulos 7, 9, y 10.

[27] Véase también el capítulo 12, y Tannehill y Tannehill, El Mercado de la Libertad, capítulos 11, 13 y 14.

[28] Véase sobre esto Murray N. Rothbard, “Conceptos sobre la Función de los Intelectuales en el Cambio Social Hacia el Laissez-Faire”, Diario de Estudios Libertarios 9, no. 2 (1990).

[29] Sobre la importancia fundamental de la opinión pública sobre el poder del gobierno véase Etienne de la Boetie, La política de obediencia: El Discurso de la Servidumbre Voluntaria (Nueva York: Vida Libre Ediciones, 1975), con una introducción por Murray N. Rothbard; David Hume, “Sobre los Primeros Principios de Gobierno”, in idem, Ensayos: Moral, Política y Literatura (Oxford: Oxford University Press, 1971), y Mises, La Acción Humana, el capítulo 9 del artículo 3.

Mises allí (p. 189) señala lo siguiente:

Aquel que quiere aplicar la violencia necesita de la cooperación voluntaria de algunas personas. El tirano debe tener un séquito de partidarios que obedezca sus órdenes a motu proprio. Su obediencia espontánea le proporciona el aparato que necesita para la conquista de otras personas. Para tener, o no, éxito en que su dominio perdure depende de la relación numérica de los grupos, los que lo apoyan voluntariamente y aquellos a quienes golpea para someterlos. Aunque un tirano puede temporalmente gobernar a través de una minoría, si esta minoría está armada pero la mayoría no lo está, en el largo plazo, la minoría no puede mantener una mayoría en sumisión.

[30] Véase sobre esta “vieja” concepción liberal de la democracia, por ejemplo, von Mises, Liberalismo: En la Tradición Clásica (Irvington-on-Hudson, NY: Fundación para la Educación Económica, 1985). “Entonces el derecho a la libre determinación, en lo que respecta a la cuestión de la afiliación a un estado,” escribe Mises,

“entonces significa: cuando los habitantes de un territorio determinado, ya sea un pueblo único, o todo un distrito, o una serie de distritos adyacentes, hacen saber, mediante un plebiscito llevado a cabo libremente, que ya no deseen permanecer unidos al estado al que pertenecen en el momento, pero que desean, ya sea formar un estado independiente o unirse a otro estado, sus deseos deben respetarse y cumplirse. Esta es la única forma viable y eficaz de prevenir revoluciones y guerras civiles e internacionales. (p. 109)

[31] Para un análisis cuidadoso de las cuestiones implicadas en la Guerra de la Independencia del Sur ver Thomas J. DiLorenzo, “El Gran centralizador. Abraham Lincoln y la Guerra entre los Estados,” Revista Independiente 3, no. 2 (1998).

[32] Sobre la importancia de las ciudades libres de la Europa medieval en el desarrollo posterior de la única de tradición europea de liberalismo (clásico), véase Charles Tilly y Wim P. Blockmans, eds., Las Ciudades y el Surgimiento de los Estados en Europa, AD 1000 a 1800 (Boulder, Colorado: Westview Press, 1994).

[33] El peligro de represión por parte del gobierno es mayor durante la fase inicial de este escenario secesionista, es decir, mientras el número de territorios libres de la ciudad sea todavía pequeño. Por lo tanto, durante esta fase es aconsejable evitar cualquier confrontación directa con el gobierno central. En lugar de renunciar a su legitimidad por completo, parece ser prudente, por ejemplo, garantizar al gobierno la “propiedad” de los edificios federales, etc., dentro del territorio libre, y “solamente” negar su derecho a impuestos futuros y a legislar con relación a algo y a alguien, dentro de este territorio. Siempre que esto se haga con un adecuado tacto diplomático, y dada la necesidad de un importante nivel de apoyo entre la opinión pública, es difícil imaginar cómo el gobierno central se atrevería a invadir un territorio y aplastar a un grupo de personas que no han cometido otro pecado que tratar de ocuparse de su propios negocios. Posteriormente, una vez que el número de territorios secesionistas haya alcanzado una masa crítica – y cada éxito en una localidad promovería la imitación de otras localidades – la dificultad para aplastar a los secesionistas aumentaría exponencialmente, y el gobierno central rápidamente quedaría impotente y se derrumbaría bajo su propio peso.

 

TRADUCCIÓN DE RODRIGO BETANCUR

 

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Principios o conveniencia?

F. A. von Hayek

1. Una condición de la libertad en la que todos pueden utilizar sus propios conocimientos para sus propios fines, con únicamente las limitaciones de las normas de conducta de aplicación universal, es probable que produzca para todos las mejores condiciones para lograr sus respectivos objetivos. Este sistema es probable que se logre y mantenga únicamente si toda la autoridad, incluida la de la mayoría de las personas, limite el ejercicio del poder coercitivo a principios generales con los que la comunidad se haya comprometido. La libertad individual, en todos los lugares en los que ha existido, ha sido en gran parte el producto del  respeto imperante a dichos principios que, sin embargo, nunca han sido plenamente articulados constitucionalmente en los documentos. La libertad se ha preservado durante largos períodos de tiempo debido a que esos principios percibidos vaga y tenuemente, han regido la opinión pública. Las instituciones mediante las cuales los países del mundo occidental han tratado de proteger la libertad individual contra la progresiva invasión por parte del gobierno, siempre han demostrado ser insuficientes cuando se transfieren a condiciones en las que estas tradiciones no prevalecen y no han aportado una suficiente protección contra los efectos de los nuevos deseos que, incluso entre los pueblos de Occidente, con frecuencia dominan de una manera más importante que las antiguas concepciones -concepciones que hicieron posible los períodos de libertad, cuando estos pueblos lograron sus actuales posiciones.

No voy a intentar aquí hacer una completa definición de la expresión “libertad” o expandirme respecto a la razón por la cual la libertad es tan importante, lo que ya he intentado en otros lugares. Pero sin embargo, hay que decir unas pocas palabras a propósito de por qué prefiero la corta fórmula con la que describí anteriormente la condición de la libertad como un estado en el que cada uno puede utilizar sus conocimientos para sus propios fines frente a la clásica frase de Adam Smith de “cada hombre, siempre y cuando no viole las leyes de la justicia, [siendo] dejado completamente libre de perseguir sus propios intereses en su propio camino”. La razón de mi preferencia es que esta última fórmula sugiere innecesaria e infortunadamente, y sin pretenderlo, una relación entre los argumentos a favor de la libertad individual y el egoísmo. La libertad para perseguir los propios objetivos es, de hecho, tan importante para el completo altruista como para los más egoístas. El altruismo es una virtud y sin lugar a dudas no presupone que uno tenga que obedecer la voluntad de otra persona. Pero es cierto que mucho del pretendido altruismo consiste en un deseo de hacer que los otros sirvan a otros fines que el “altruista” considera importantes.

No es necesario considerar aquí una vez más el hecho innegable de que los efectos benéficos que tienen sobre los otros nuestros esfuerzos, con frecuencia son visibles sólo si actúa como parte del esfuerzo concertado de muchos, de conformidad con un plan coherente y que, a menudo, puede resultar difícil para el individuo aislado hacer algo contra los males que lo afectan profundamente. Por supuesto, es parte de su libertad que para tales fines, se una o cree organizaciones que le permitan tomar parte en una acción concertada. Y auncuando algunas de las metas del altruista sean viables sólo mediante la acción colectiva, los fines puramente egoístas muchas veces se logran a través de esto. No hay ninguna conexión necesaria entre el altruismo y la acción colectiva, o entre el egoísmo y la acción individual.

2. Del concepto de que los beneficios de la civilización reposan sobre el uso de más conocimientos de los que puedan utilizarse en cualquier esfuerzo concertado deliberadamente, se deduce que no está en nuestras manos construir una sociedad deseable simplemente mediante la reunión de elementos particulares que parezcan  deseables por sí mismos. Auncuando probablemente todas las mejoras beneficiosas sean poco sistemáticas, si las medidas independientes no están guiadas  por un cuerpo coherente de principios, el resultado será probablemente una supresión de la libertad individual.

La razón de esto es muy simple aunque en generalmente  no se entienda. Dado que el valor de la libertad se basa en las oportunidades que ofrece para realizar acciones imprevistas e imprevisibles, rara vez sabemos lo que perdemos con una restricción particular de la libertad. Cualquiera de estas restricciones, cualquier coerción diferente a la aplicación de las normas generales, buscará el objetivo de lograr resultados particulares previsibles, pero lo que se evita generalmente se desconocen. Los efectos indirectos de cualquier intromisión en el orden del mercado serán  visibles de cerca y claramente en la mayoría de los casos, pero sin embargo los efectos indirectos más remotos en la mayoría de los casos se desconocerán y, por tanto, no se tendrán en cuenta. Nunca vamos a ser conscientes de todos los costos de la consecución de resultados particulares producto de esa intromisión.

Y así, cuando decidimos cualquier asunto exclusivamente con base en lo que parecerían ser sus méritos individuales, siempre sobreestimamos las ventajas de una dirección central. Nuestra elección comúnmente parecerá ser una entre una ganancia conocida y tangible y la simple probabilidad de alguna forma desconocida de impedir una acción beneficiosa llevada a cabo por personas desconocidas. Si la elección entre libertad y coacción se trata como una cuestión de conveniencia, la libertad está destinada a ser sacrificada en casi todos los casos. Como en el caso particular en el que casi nunca se sabe cuáles serán las consecuencias de permitir a la gente hacer su propia elección, tomar la decisión en cada caso dependiendo sólo de los resultados particulares previsibles, debe conducir a la destrucción progresiva de la libertad. Probablemente hay pocas restricciones a la libertad que no puedan justificarse sobre la base de que no sabemos las pérdidas particulares  que causaría.

Que la libertad sólo se pueda preservar si se le trata como un principio supremo que no debe ser sacrificado para ventajas particulares fue comprendido por los principales pensadores liberales del siglo XIX, uno de los cuales (B. Constant) describe el liberalismo como “el sistema de principios”. Esta es también la carga de las advertencias relativas a “lo que se ve y lo que no es visto en la economía política” (F. Bastiat) y del “pragmatismo que, contrariamente a las intenciones de sus representantes inexorablemente lleva al socialismo”(C. Menger).

Sin embargo todas estas advertencias fueron lanzadas al viento y la progresiva eliminación de los principios y la determinación cada vez mayor durante los últimos cien años para proceder pragmáticamente, es una de las más importantes innovaciones en la política social y económica. Que debamos renegar de todos los principios, de los “ismos”con el fin de lograr un mayor dominio sobre nuestro destino se proclama hoy en dia como la nueva sabiduría de nuestro tiempo. Aplicar las “técnicas sociales” a cada tarea para buscar su solución más adecuada, sin restricciones por las creencias dogmáticas, parece a algunos la única manera de proceder digna de una era racional y científica. Las “ideologías” es decir, los conjuntos de principios, se han convertido en general en tan impopulares como siempre lo han sido con los aspirantes a dictadores como Napoleón o Karl Marx, los dos hombres que dieron a esta palabra su sentido peyorativo moderno.

Si no me equivoco, este desprecio a la moda por la “ideología” o por todos los principios generales o “ismos”, es una actitud característica de los socialistas desilusionados quienes, como consecuencia de haberse visto obligados por las contradicciones inherentes de su propia ideología, para superarlo llegaron a la conclusión de que todas las ideologías son erróneas y que para ser racional hay que prescindir de ellas. Pero es una imposibilidad guiarse únicamente por propósitos explícitos particulares que cada uno acepte conscientemente, imaginando que esto sea posible, y rechazar en general todos los valores que no demuestren conducir a resultados deseados (o guiarse únicamente por lo que Max Weber llama “racionalidad con finalidad”). Auncuando es cierto que la ideología es algo que no se puede “probar”(o demostrar que es verdad), bien puede ser algo cuya aceptación generalizada sea la condición indispensable para la mayoría de las cosas por las que nos esforzamos.

Los autoproclamados  “realistas” modernos sólo tienen desprecio por la antigua recomendación de que si uno comienza a interferir sin sistema en el orden espontáneo del mercado no existe un punto posible para detenerse y que por lo tanto es necesario elegir entre sistemas alternativos. A estas personas les agrada pensar que procediendo experimentalmente y por tanto “científicamente” van a tener éxito en implementar de manera poco sistemática el orden deseado eligiendo para cada resultado deseado lo que la ciencia les muestre ser el medio más adecuado para lograr lo buscado.

Dado que las advertencias contra este tipo de procedimiento han sido con frecuencia mal entendidas, como lo fue uno de mis precedentes libros, es conveniente extenderme un poco sobre el tema. Lo que intento refutar en El camino hacia la condición de siervo, no es de ninguna manera que nos alejemos cada vez, auncuando sea ligeramente, de lo que considero como los principios de una sociedad libre y que seamos inevitablemente lanzados sin remedio hacia el camino de un sistema totalitario, sino que es más bien lo que en lenguaje más familiar expresamos cuando nos dicen: “Si no se enmiendan se van a ir al infierno”. Que esto a menudo se haya entendido como la manera de describir el proceso necesario por el cual perdemos todo poder una vez que nos hayamos embarcado en él, es simplemente una indicación de la poca importancia que se entiende que tienen los principios para la determinación de la política, y en particular, cómo se pasa completamente por alto el hecho fundamental de que nuestras acciones políticas involuntariamente producen la aceptación de principios que harán necesaria la adopción de nuevas medidas. Lo que estos irrealistas modernos “realistas” que se enorgullecen de la modernidad de su punto de vista, pasan por alto, es que están defendiendo algo que la mayoría del mundo occidental ha venido haciendo durante las últimas dos o tres generaciones y que es responsable de las condiciones política actual. El fin de la era de los principios liberales que podría fecharse en el momento en el que WS Jevons (1882) declaró que en la política económica y social “podemos establecer reglas no muy duras ni estrictas, sino que se debe tratar cada caso en detalle y según sus méritos”. Diez años más tarde Herbert Spencer podría ya hablar de la “escuela política reinante” para la cual “en cada doctrina se muestra nada menos que el desprecio por lo que implica restricciones en las actuaciones de la conveniencia inmediata” o que se basa en “principios abstractos”.

Esta opinión “realista” que domina desde hace tanto tiempo la política, no ha producido los resultados que sus defensores deseaban. En lugar de haber logrado un mayor dominio sobre nuestro destino nos encontramos cada vez más frecuentemente comprometidos con un camino que no hemos elegido deliberadamente y estamos enfrentados a la “inevitable necesidad” de adoptar nuevas medidas que, auncuando nunca se desearon, son el resultado de lo que hemos hecho.

3. El argumento frecuentemente expresado de que ciertas medidas políticas son inevitables tiene un doble aspecto curioso. Con respecto a los acontecimientos aprobados por los que emplean este argumento, se acepta fácilmente y se utiliza para justificar las acciones. Pero cuando los acontecimientos toman un giro indeseado, la propuesta de que este no es el efecto de circunstancias fuera de nuestro control, sino la consecuencia de decisiones anteriores se rechaza con desprecio. La idea de que no somos totalmente libres para elegir cualquier combinación de características que deseemos que nuestra sociedad posea, o para adaptarlas en un todo viable, es decir, que no podemos construir un determinado orden social deseado, como si fuera un mosaico seleccionando cualquiera de las piezas que más nos agraden y que muchas medidas bien intencionadas puedan tener una larga cola de consecuencias imprevisibles e indeseadas, parece ser intolerable para el hombre moderno. El hombre moderno ha sido enseñado a creer que lo que ha hecho también puede ser modificado a voluntad para adaptarlo a sus deseos y que, inversamente, lo que se ha alterado en primera instancia tiene haber sido hecho deliberadamente. El hombre moderno no ha aprendido que esa ingenua creencia se deriva de la ambigüedad de la palabra “hacer”que pueden incluir no sólo productos deliberados sino también los efectos no intencionales de la acción humana.

De hecho, por supuesto, la principal circunstancia que hará que algunas de las medidas parezcan inevitables es que normalmente son el resultado de nuestras acciones pasadas y de las opiniones de la actualidad. La mayoría de las “necesidades” de la política son de nuestra propia creación. Yo soy suficientemente grande como para que los mayores me digan una vez más que ciertas consecuencias de su política que yo predije nunca sucederán y luego, cuando aparezcan, que me digan los jóvenes que de todas maneras era inevitable que éstas aparecieran y bastante independientes de lo que se hubiera hecho.

La razón por la cual no podemos lograr un todo coherente simplemente poniendo juntos cualquier serie de elementos que consideremos que son los apropiados para un arreglo particular dentro de un orden espontáneo, dependerá de todo lo demás y de que cualquier cambio particular que hagamos en él influirá en el efectos de la adopción de cualquier nueva medida. La experiencia con un acuerdo particular dentro de un marco institucional nos dice muy poco acerca de cómo se aplicaría en un entorno diferente. Un experimento sólo puede decirnos si alguna de las innovaciones encaja o no dentro de un determinado marco. Pero la esperanza de que podamos construir un orden coherente mediante la experimentación casual, con soluciones particulares para cada uno de los problemas individuales y sin seguir los principios rectores es una ilusión. La experiencia nos dice mucho acerca de la efectividad de diferentes sistemas sociales y económicos como un todo. Pero un orden de la complejidad de la sociedad moderna no puede ser designado como un todo, ni por la configuración de cada parte por separado sin tener en cuenta el resto, sino únicamente mediante la constante adhesión a ciertos principios a lo largo de un proceso de evolución.

Esto no quiere decir que estos “principios” deban necesariamente adoptar la forma de normas articuladas. Los principios son a menudo guías de acción más eficaces cuando aparecen simplemente como prejuicios infundados, como un sentimiento general de que ciertas cosas simplemente “no se hacen”, mientras que tan pronto como establecen explícitamente empieza la especulación respecto a su veracidad y validez. Probablemente es cierto que en el siglo XVIII los ingleses, poco dados a la especulación sobre los principios generales, consecuentemente se guiaron firmemente por fuertes opiniones respecto al tipo de acciones políticas permitidas; mientras que los franceses trataron vehementemente de descubrir y adoptar tales principios. Una vez que la certeza instintiva se pierde, tal vez como resultado de intentos fallidos de poner en palabras lo que se ha hecho “intuitivamente”, no hay manera de recuperar esta guía distinta a la búsqueda de la correcta expresión de lo que antes se había conocido implícitamente.

La impresión de que los ingleses de los siglos XVII y XVIII, a través de su don “para abrirse camino” y de su “ingenio para el compromiso”, lograron la creación de un sistema viable sin hablar mucho sobre los principios, mientras que los franceses, con su preocupación por las hipótesis explícitas y por las formulaciones claras, nunca lo hicieron puede ser engañoso. La verdad parece ser que auncuando los ingleses hablaban muy poco sobre los principios, estaban más seguramente guiados por principios, mientras que en Francia la especulación acerca de los principios básicos impidió que cualquier conjunto de principios se implantara firmemente.

4. La preservación de un sistema libre es tan difícil porque requiere del constante rechazo a las medidas que parecen ser necesarias para garantizar determinados resultados, simplemente por el motivo de que están en conflicto con una regla general y, con frecuencia, sin saber cuál será el costo de no observar la norma en el caso concreto. Una exitosa defensa de la libertad debe, en consecuencia, ser dogmática y no hacer concesiones a la conveniencia;  incluso en el caso en que no sea posible demostrar que además de los efectos benéficos conocidos, también se derivarán algunos nocivos como resultado de su infracción. La libertad prevalecerá sólo si se acepta como un principio general cuya aplicación a casos particulares no requiera justificación. Por lo tanto, es un malentendido culpar al liberalismo clásico de haber sido demasiado doctrinario. Su defecto no fue adherirse obstinadamente a los principios, sino carecer de principios suficientemente precisos como para proporcionar una orientación clara y que, a menudo, simplemente aceptaron las funciones tradicionales del gobierno y se opusieron a toda nueva función. La coherencia sólo es posible si se aceptan los principios definidos. Pero el concepto de libertad con el que los liberales del siglo XIX operaron fue tan vago que  en muchos aspectos que no ofreció una orientación clara.

La gente no se abstendrá de las restricciones de la libertad individual que  parezcan el remedio más sencillo y directo para un mal reconocido si no prevalece una fuerte creencia en principios definidos. La pérdida de tales creencias y la preferencia por la conveniencia es en parte el resultado del hecho de que ya no sabemos los principios que pueden defenderse racionalmente. Las reglas de oro que en algún momento fueron aceptadas no son suficientes para decidir qué es y qué no es admisible en un sistema libre. No tenemos siquiera un nombre conocido general para lo que el término “sistema libre” describe sólo vagamente. Ciertamente, ni “capitalismo” ni “laissez faire” lo describen correctamente y ambos términos son comprensiblemente más populares para los enemigos que para los defensores de un sistema libre. “Capitalismo” es quizás un nombre apropiado para la realización parcial de un sistema de este tipo en una determinada fase histórica, pero es siempre engañoso debido a que sugiere un sistema que favorece principalmente a los capitalistas, mientras que en realidad se trata de un sistema que impone a la empresa una disciplina con la cual los empresarios a menudo rozan y que cada uno se esfuerza por evitar. “Laissez faire” nunca fue más que una regla de oro. De hecho, expresó la protesta contra los abusos de poder gubernamental, pero nunca proporcionó un criterio mediante el cual uno pudiera decidir sobre cuáles eran las funciones propias de gobierno. Lo mismo se aplica a los términos “libre empresa” o “economía de mercado” que dicen poco sin una definición de la libre esfera individual. La expresión “libertad en virtud del derecho”, que en un tiempo tal vez transmitió el punto esencial mejor que cualquier otra expresión, perdió casi todo su sentido como consecuencia de que tanto “libertad” como “derecho” ya no tienen un significado claro. El único término que en el pasado fue comprendido ampliamente y correctamente, a saber: “liberalismo” tiene, en palabras de Schumpeter, “como un elogio supremo, pero involuntario del que se apropiaron quienes se oponen a este ideal”.

Es probable que el lector no sea plenamente consciente de hasta qué punto nos hemos alejado de los ideales expresados con estos términos. Si bien el abogado o el científico político ven en seguida que lo que estoy adoptando es un ideal que ha desaparecido completamente y que nunca se realizó plenamente, es probable que sea cierto que la mayoría de las personas aún crea que algo parecido rija aún los asuntos públicos. Es debido a que nos hemos alejado del ideal mucho allá de lo que la mayoría de las personas son conscientes y debido a que a menos que este desarrollo no se compruebe en un corto tiempo su propio impulso transformará la sociedad libre en un totalitarismo, que debemos reconsiderar los principios que guían nuestra acción política. Estamos aún tan libres como estamos debido a que algunos prejuicios tradicionales, que están en rápida desaparición, han impedido el proceso por medio del cual la lógica inherente de los cambios que hemos hecho tiende a afirmarse en un ámbito cada vez más amplio. En el estado actual de la opinión, la victoria final del totalitarismo no sería más que la victoria final de las ideas que ya son dominantes en la esfera intelectual sobre la simple resistencia tradicionalista.

5. Con respecto a la política, la visión metodológica de que en el caso de órdenes complejos espontáneos nunca sabremos más que los principios generales sobre los que operan, o que solo podremos predecir los cambios particulares que cualquier evento producirá en el entorno, tiene consecuencias de gran alcance. Significa que cuando confiamos en las fuerzas ordenadoras espontáneas con frecuencia no somos capaces de prever los cambios particulares que sucederán como consecuencia de la necesaria adaptación a los cambios externos y, a veces, quizás ni siquiera seremos  capaces de concebir la manera como se pueda restaurar el “equilibrio” perturbado. Este desconocimiento de la manera como el mecanismo del orden espontáneo resolverá tal “problema” que sabemos que debe ser resuelto de alguna manera si no queremos que el orden se desintegre, con frecuencia produce una alarma de pánico y la solicitación de acciones por parte del del gobierno para la restaurar el equilibrio perturbado. Con frecuencia es la visión parcial del carácter del orden general espontáneo la causa de las exigencias de un control deliberado. Siempre y cuando el equilibrio comercial, o la correspondencia de la oferta y la demanda de un producto determinado se ajusten espontáneamente después de una perturbación, los hombres rara vez se preguntarán cómo sucedió esto. Pero una vez que tomen conciencia de la necesidad constante de tales reajustes, consideran que alguien debe hacerse responsable de haber causado deliberadamente la perturbación. El economista, desde la misma naturaleza de su imagen esquemática del orden espontáneo, podría contrarrestar tales temores mediante la sola afirmación convincente de que el nuevo equilibrio requerido se establecerá de alguna manera si no interferirmos con las fuerzas espontáneas, pero como él normalmente no es capaz de predecir con precisión la forma en que esto suceda, sus afirmaciones no serán muy convincentes.

Sin embargo, cuando es posible prever la forma en que las fuerzas espontáneas probablemente  restablecerán el equilibrio alterado, la situación se vuelve aún peor. La necesidad de adaptarse a los eventos imprevistos siempre significará que alguien va a quedar herido, que las expectativas de alguien se verán defraudadas o que sus esfuerzos serán frustrados. Esto conduce a la exigencia de que el ajuste necesario se lleve a cabo por medio de una orientación deliberada, lo que en la práctica se traduce en que es la autoridad quién decide quién va a ser lastimado. Normalmente el efecto de ésto es que los ajustes necesarios se evitarán en toda ocasión en la que puedan preverse.

Lo que la visión de la ciencia puede proporcionar para orientar las políticas consiste en la comprensión de la naturaleza general del orden espontáneo y no en cualquier conocimiento de los pormenores de una situación concreta, lo que no posee ni puede poseer. El verdadero reconocimiento de lo que la ciencia puede contribuir a la solución de nuestras tareas políticas, que en el siglo XIX fue bastante general, ha sido oscurecida por la nueva tendencia derivada de la ahora tan a la moda idea errada del método científico: la creencia de que la ciencia consiste en una colección de hechos particulares observados, que es errónea en la medida en que la ciencia en general se ve afectada, pero que es doblemente engañosa cuando tenemos que hacer frente a las partes de un complejo orden espontáneo. Dado que todos los eventos en cualquier parte de ese orden son interdependientes y que un orden abstracto de este tipo no tiene necesariamente ninguna  parte recurrente concreta que pueda ser identificada por atributos individuales, es inevitablemente vano tratar de descubrir regularidades mediante la observación de sus partes. La única teoría que en este ámbito puede reclamar estatus científico es la teoría del orden como un todo y tal teoría (que auncuando, indudablemente, debe ponerse a prueba con hechos) no puede lograrse por medio de la observación inductiva sino únicamente a través de la construcción de modelos mentales realizados con base a elementos observables.

No se puede negar que en cierta medida el modelo de orientación del orden general siempre será una utopía, algo a lo que la situación actual será sólo una aproximación distante y la cual muchas personas considerarán como totalmente impracticable. Sin embargo, es sólo mediante el constante control de los conceptos rectores de un modelo internamente coherente que podría realizarse, mediante la aplicación conveniente de los mismos principios, algo parecido a un marco eficaz para el buen funcionamiento del orden espontáneo. Adam Smith pensaba que “esperar, de hecho, que la libertad de comercio sea totalmente restaurada en Gran Bretaña es tan absurdo como esperar que una Oceana o Utopía se establezca algún día en ella”. Sin embargo, setenta años después, se logró esto y en gran medida como resultado de su trabajo.

La utopía, como ideología, es una mala palabra hoy y es cierto que la mayoría de las utopías, cuyo objetivo fue reformar radicalmente la sociedad, sufrieron de las contradicciones internas que hicieron imposible su realización. Sin embargo, una imagen ideal de una sociedad que puede no ser totalmente factible, o de una concepción de orientación del orden general que se busca, es, sin embargo, no sólo la condición indispensable de toda política racional, sino también la principal contribución que la ciencia puede hacer a la solución de los problemas de la política práctica.

6. El principal instrumento de cambio deliberado en la sociedad moderna es la legislación. Pero a pesar de que pensemos cuidadosamente y de antemano cada uno de los actos de la legislación, nunca estaremos completamente libres para rediseñar el sistema jurídico en su conjunto, o para rehacer todo el panorama de acuerdo a un diseño coherente. El proceso legislativo es necesariamente un proceso continuo en el que hasta el momento cada paso produce consecuencias imprevisibles para lo que podemos o debemos hacer subsecuentemente. Las partes de un sistema jurídico no están tan encajadas entre sí de acuerdo con una visión de conjunto, sino que son más bien el producto de adaptaciones progresivas entre sí, mediante la sucesiva aplicación de principios generales a problemas particulares – es decir principios que con frecuencia, ni siquiera se conocen explícitamente sino que están simplemente implícitos en las medidas particulares adoptadas. Para quienes imaginan que es posible organizar deliberadamente todas las actividades particulares de una Gran Sociedad de acuerdo a un plan coherente, se les debería hacer una reflexión seria sobre esta imposibilidad, incluso para aquella parte del todo constituida por el sistema de derecho. Pocos hechos demuestran tan claramente la manera como las concepciones imperantes ocasionarán un cambio continuo, produciendo medidas que en principio nadie había previsto o deseado, pero que aparecen inevitablemente en un momento dado, como el proceso de cambio del derecho. Cada paso en ese proceso está determinado por los problemas que surgen cuando los principios establecidos en (o implícito en) las decisiones anteriores se aplican a circunstancias para las que no fueron previstos. No hay nada misterioso acerca de esta “dinámica interna de la justicia”, como se le ha llamado, que produce cambios en el todo no deseados por nadie.

En este proceso, el abogado es necesariamente más un instrumento involuntario, un eslabón en una cadena de acontecimientos que él no ve como un todo, que el  iniciador consciente de los mismos. Si actúa como juez o como redactor de un estatuto, el marco general de las concepciones a las que debe ajustarse su decisión se le proporciona de antemano y su tarea es aplicar estos principios generales de la ley, no cuestionarlos. Por mucho que pueda estar preocupado por las implicaciones futuras de sus decisiones, sólo puede juzgarlas en términos de todos los demás principios de la ley que se le proporcionan. Esto es, por supuesto, como debe ser: es de la esencia del pensamiento jurídico y de las decisiones justas que sólo el abogado se esfuerza por hacer para que todo el sistema sea coherente.

Con frecuencia se dice que la predisposición profesional del abogado es conservadora. En determinadas condiciones, es decir, cuando algunos principios básicos de la ley han sido aceptados durante largo tiempo, rigen de hecho sobre todo el sistema jurídico, son el espíritu general, así como lo son también cada norma y aplicación. En tales momentos poseen una gran estabilidad inherente. Cada abogado, cuando tiene que interpretar o aplicar una norma que no está de acuerdo con el resto del sistema, se esfuerza en doblegarla para que sea conforme con las demás. La profesión jurídica en su conjunto puede, en efecto, ocasionalmente incluso anular la intención del legislador, no por falta de respeto a la ley, sino, por el contrario, porque su técnica le lleva a dar preferencia a lo que es todavía la parte predominante de la la ley y adopta el elemento extraño dentro de ella transformándolo a fin de lograr que se armonice con el conjunto.

Sin embargo la situación es totalmente diferente cuando una filosofía general del derecho, que no esté de acuerdo con la mayor parte de la legislación vigente, gana importancia reciente. Los mismos abogados, a través de los mismos hábitos y técnicas y, en general sin ser conscientes de ello, se convierten en una fuerza revolucionaria, tan eficaces en la transformación del derecho y de cada detalle como lo fueron antes para su preservación. Las mismas fuerzas que en la primera condición sirvieron para mantenerla estacionaria, en la segunda ocasión tenderán a acelerar el cambio hasta que se transforme todo el cuerpo del derecho mucho más allá del punto que alguien hubiese previsto o deseado. Que este proceso conduzca a un nuevo equilibrio o una desintegración de todo el cuerpo del derecho, en el sentido fundamental en el que aún comprendemos la palabra, dependerá de las características de la nueva filosofía.

Vivimos en un período de tal transformación del derecho como consecuencia de las fuerzas internas y este se somete que, si a los principios que en la actualidad guían este proceso se les permite actuar hasta sus consecuencias lógicas, el derecho tal y como lo conocemos, como la más alta protección de la libertad de la persona, se vería obligado a desaparecer. Ya los abogados, como instrumentos de las concepciones generales que no han creado ellos mismo, se han convertido en muchos campos en herramientas, no ya de los principios de justicia sino de un aparato en el cual el individuo está hecho para servir a los fines de los gobernantes. El pensamiento jurídico parecería ya estar gobernado de tal manera por las nuevas concepciones de las funciones del derecho que, si estas concepciones se aplicaran de forma coherente, todo el sistema de normas de conducta individual se transformaría en un sistema de normas de organización.

Estos acontecimientos han sido observado con aprensión por muchos abogados profesionales para quienes la principal preocupación sigue siendo lo que a veces se describe como “la ley de abogados”, es decir, aquellas normas de sólo conducta que en un tiempo fueron consideradas como el derecho. Pero el liderazgo en la jurisprudencia, en el curso del proceso que hemos considerado, se ha desplazado de los profesionales del derecho privado al abogado público, con el resultado de que hoy los prejuicios filosóficos que rigen el desarrollo de todas las leyes, incluídas las de derecho privado, han sido forjadas casi en su totalidad por hombres cuya principal preocupación es el derecho público o las normas de organización de gobierno.

7. Sin embargo, sería injusto culpar a los abogados más que los economistas de este estado de cosas. El abogado en ejercicio, de hecho,  desempeñará en general mejor su tarea si sólo aplica los principios generales de derecho que ha aprendido y que es su deber aplicar coherentemente. Es sólo en la teoría del derecho, en la formulación y aplicación de aquellos principios generales, que se plantea el problema básico de su relación con un orden de acciones viables. Para este tipo de formulación y elaboración es absolutamente esencial una comprensión de este órden si se desea hacer una elección inteligente entre los principios alternativos. Sin embargo durante las últimas dos o tres generaciones, la filosofía ha sido guiada por un malentendido en lugar de haber sido guiada por la comprensión de la naturaleza de este orden jurídico.

A su vez los economistas, o al menos después del tiempo de David Hume y Adam Smith quienes también fueron filósofos de derecho, generalmente tampoco demostraron un reconocimiento de la importancia del sistema de normas jurídicas, cuya existencia fue tácitamente presupuesta  por su razonamiento. Rara vez pusieron su explicación de la determinación del orden espontáneo en una forma que pudiera ser de gran utilidad para los teóricos del derecho. Probablemente, sin saberlo, contribuyeron tanto en la transformación de todo el orden social como lo hicieron los abogados.

Esto se hace evidente cuando se examinan las razones que regularmente dan los abogados para los grandes cambios que el derecho ha sufrido en los últimos cien años. En todas partes en la literatura jurídica, ya sea inglesa o americana, francesa o alemana, nos encontramos con que las razones para estos cambios radican en las supuestas necesidades económicas. Para el economista la forma en que los abogados explican esta transformación de la ley es una cierta melancólica experiencia: encuentra todos los pecados que sus predecesores le infligieron. Las explicaciones del desarrollo moderno del derecho están llenas de referencias a las  “fuerzas obligatorias irreversibles”, de “las tendencias inevitables” que presuntamente han sido imperativas para el cambio. El hecho de que “todas las democracias modernas” hicieron esto o aquello se aduce como prueba de la sabiduría o de la necesidad de tales cambios.

Estas explicaiones siempre hablan de un período de laissez-faire pasado, como si hubiera habido un tiempo en el que no se hubieran hecho esfuerzos para mejorar el marco jurídico con el fin de lograr que el mercado operara de forma más beneficiosa o para complementar sus resultados. Casi sin excepción basan su argumento en la fábula de que la libre empresa ha operado en detrimento de los trabajadores manuales y alegan que “el capitalismo temprano” o “liberalismo” ha provocado un descenso en el nivel de vida de la clase obrera. La leyenda, auncuando totalmente falsa, se ha convertido en parte del folclore de nuestro tiempo. El hecho es, por supuesto, que como resultado del crecimiento de los mercados libres, la remuneración de la mano de obra durante los últimos ciento cincuenta años experimentó un incremento desconocido en cualquier período anterior de la historia. La mayoría de las obras contemporáneas de filosofía jurídica también están llenas de clichés anacrónicos sobre las supuestas tendencias auto-destructivas de la competencia, o de la necesidad de “planeación” creadas por el aumento de la complejidad del mundo moderno, estos clichés derivan del pico más alto en el entusiasmo por la “planeación” de hace treinta o cuarenta años cuando fue ampliamente aceptado y cuyas consecuencias totalitarias aún no se comprenden.

De hecho, es dudoso que gran cantidad de la falsa economía que se propagó durante los últimos cien años lo haya hecho por algún medio distinto a las enseñanzas que los jóvenes abogados recibieron de sus mayores de que “era necesario” haber hecho esto o aquello, o que bajo tales circunstancias “era inevitable hacer” que determinadas medidas se adoptaran. Parece casi un hábito de pensamiento del abogado considerar el hecho de que la legisladura ha decidido sobre algo como prueba de la sabiduría de esa decisión. Esto significa, sin embargo, que sus esfuerzos serán beneficiosos o perniciosos de acuerdo a la sabiduría o la estupidez del precedente por el que se rige y que es tan probable que se convierta en la perpetuator de los errores como de la sabiduría del pasado. Si acepta como obligatorio para él la tendencia observable del desarrollo, probablemente se convertirá simplemente en el instrumento mediante el cual los cambios que él no entiende se conviertan por sí mismos en la conciencia creadora de un nuevo orden. En tal condición será necesario buscar criterios para el desarrollo en lugares diferentes a la ciencia del derecho.

Esto no quiere decir que el economista pueda por sí solo ofrecer los principios que deben orientar el derecho, auncuando teniendo en cuenta la influencia que las concepciones económicas inevitablemente ejercen, se debe aspirar a que tal influencia provenga de una buena economía y no de la colección de mitos y fábulas sobre el desarrollo económico que parece regir hoy el pensamiento jurídico. Nuestro punto de vista es más bien que los principios y las ideas preconcebidas que guían el desarrollo del derecho, inevitablemente provienen en parte de fuera del derecho y puede ser beneficioso sólo si se basan en una verdadera concepción sobre la manera como las actividades de una Gran Sociedad puedan ser efectivamente ordenadas.

El papel del abogado en la evolución social y la manera en la que sus acciones son determinadas son, en efecto, la mejor ilustración de una verdad fundamental: que queramos o no, los factores decisivos que determinarán esta evolución siempre serán  muy abstractos y, a menudo, inconscientemente contienen ideas acerca de lo que es correcto y no contienen propósitos particulares o deseos concretos. No se trata tanto de las metas que los hombres persiguen conscientemente, sino sus opiniones acerca de los métodos permisibles lo que determina no sólo lo que se hará, sino también si alguien debe tener el poder para hacerlo. Este es el mensaje en el que David Hume trató de hincapié cuando escribió “auncuando los hombres se gobiernan en gran medida por interés, el interés mismo y todos los asuntos humanos, están enteramente gobernados por la opinión”.

TRADUCCIÓN DE RODRIGO BETANCUR – CLEMENCIA VERNAZA

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Hans-Hermann Hoppe: Razón y Libertad

Por Antonio Muñoz Ballesta – Tomado de liberalismo.org – Publicado en el año 2004

Hans H. Hoppe es, junto con Jesús Huerta de Soto, el máximo exponente de la Escuela Austriaca de Economía en la actualidad. La IV edición de los Encuentros de Humanidades y Filosofía en Puerto de Mazarrón (Murcia) ha tenido el honor y el placer de invitar y, contar con la presencia del profesor Hoppe, los días 6 y 7 de abril de 2004. La conferencia que ofreció, en una noche histórica para la filosofía política en España, constituyó un ejercicio genial de razón y libertad. Las personas humanas se mantienen en la condición de personas morales o éticas si respetan entre ellos, y en ellos mismos, los principios a priori y evidentes de la razón social y política. La comunicación y el debate argumentativo entre los ciudadanos o personas morales tienen, por tanto, que aceptar implícitamente varios a priori que posibilitan las verdades racionales sobre sus personas, los bienes y la sociedad y, con ello, su riqueza económica y su orden moral, es decir, la libertad.

La libertad se convierte así en auténtica libertad concreta y deja de ser una abstracción incomprensible del “Estado social y democrático de Derecho” que, sin embargo, viene manteniendo la ideología dominante en un sistema económico y político basado en el hurto, robo y guerras totales. El sistema económico democrático y social que conocemos, el llamado ” Estado de bienestar”, tarde o temprano, sufrirá un colapso profundo, tal como ocurrió con el sistema soviético hace trece años. Para evitarlo hemos de intentar volver a las ideas verdaderas, y mediante estrategias concretas conseguir un orden natural de defensa de la razón y la libertad. Es imposible pensar razonablemente en la libertad sin defender absolutamente la propiedad privada. El utilitarismo no consigue, en Economía, respetar la propiedad privada. El método estratégico más legítimo para defenderla es argumentar razonablemente con quien se atribuye el monopolio de la fuerza y la resolución de los conflictos en un territorio determinado (el Estado), y sus intelectuales, para concluir, sin duda, que lo más racional, moral y económicamente, no es otra cosa que conseguir un orden natural de propiedad privada en el que el capitalismo no admita la figura del monopolio. La Economía y la Teoría social consiguen, así, abandonar todo secretismo.

Ocurrió también en el largo paso de la Alquimia (magia) a la Química (ciencia). Con la Escuela Austriaca, y sus antecedentes españoles, la Economía unifica razón y libertad.

Hans Hermann Hoppe expuso las tesis básicas de su libro, y la amplió con ejemplos concretos, muchos de ellos en respuesta a preguntas del numeroso público asistente en el debate posterior a su conferencia. Las razones que se encuentran en la base de su libro sobre la preferencia del orden natural frente a la monarquía y, de la monarquía sobre la democracia, están en la relación entre la teoría científica y la historia. Para Hoppe “la teoría resulta imprescindible para interpretar correctamente la historia. La Historia, la secuencia de acontecimientos que se desenvuelven en el tiempo, es «ciega»”. Pero no es posible para un historiador, que no acepte una teoría a priori como la de la Escuela Austriaca de Economía, entender las razones de la pobreza en las sociedades gobernadas por una forma de gobierno u otro. Los teoremas o juicios sintéticos a priori, así obtenidos, en cambio, sí pueden dar cuenta de los hechos y de las relaciones necesarias en la historia social y económica. Pero, a su vez, ello implica determinadas ” imposibilidades” históricas, como por ejemplo que el “Estado”, definido como “agencia que ejerce el monopolio territorial compulsivo de la decisión soberana (jurisdicción) y la imposición fiscal” pueda ser económica y éticamente eficiente, pues “todo monopolista es «perverso» desde el punto de vista de los consumidores”.

La teoría económica y política, sobre todo la desarrollada por la escuela austriaca, señala Hoppe “es un verdadero tesoro de proposiciones de este tipo. Por ejemplo, que una mayor cantidad de un bien resulta preferible a una cantidad menor de ese mismo bien; que la producción necesariamente precede al consumo; que sin propiedad privada de los factores de la producción no se puede conocer el precio de los factores y que sin el precio de los factores es imposible la contabilidad de costes; que un incremento en la oferta de papel moneda no puede hacer que aumente la riqueza social total, sino únicamente redistribuir la riqueza existente; que ninguna cosa o parte de ella puede ser poseída exclusivamente por más de una persona al mismo tiempo; que la democracia, en el sentido del gobierno de la mayoría, y la propiedad privada son incompatibles”. Por lo que la interpretación de la historia tiene que ser muy otra a la que nos ofrece el comunismo y el pensamiento conservador (aunque se presente como liberal), a saber, que la globalización de la democracia “liberal”, básicamente la misma desde la primera guerra mundial, sea el “fin de la Historia”. Lo cual implica revisar tres mitos: el mito de que el Estado supuso la causa del progreso económico y de la civilización. “En realidad, la teoría dictamina que el progreso tiene lugar a pesar, y no a causa, de la fundación del Estado”, el mito de que la democracia es mejor que la Monarquía, y el mito de que no hay alternativa a la situación actual.

Si el “estado” es el monopolista de la “jurisdicción” lo que hará es, más bien, “causar y provocar conflictos” precisamente para imponer su monopolio. La historia de los estados “no es otra cosa que la historia de los millones de víctimas inocentes del Estado, ciento setenta millones en el siglo XX”. El paso de la monarquía a la democracia implica que el «propietario» de un monopolio hereditario -príncipe o rey- es derrocado y cambiado, no por una democracia directa, sino por otro monopolio: el de los «custodios» o representantes democráticos temporales. El rey, por lo menos, tendrá baja preferencia temporal y no explotará exageradamente a sus “súbditos” ni su patrimonio, ya que tiene que conservar su “reino”. Los políticos habituales del modelo del Estado democrático actual compiten, no para producir un bien, sino para producir “males” como el aumento de: 1) los impuestos, 2) del dinero fiduciario, 3) del papel moneda inflacionario, 4) de la deuda publica, 5) de la inseguridad jurídica por el exceso de legislación, y 6) las guerras, que se han convertido en ideológicas y totales desde la intromisión de los EEUU en la Guerra Mundial I hasta la Guerra de Irak II. “Del mismo modo, la democracia determina la disminución del ahorro, y la confiscación de los ingresos personales y su redistribución” siguió señalando el profesor Hoppe.

Propuso, entonces, su alternativa: un orden natural en el que todo recurso escaso, incluida toda la tierra, es poseído privadamente; y en el que toda empresa depende de los consumidores que voluntariamente adquieren sus productos o de los donantes privados y el derecho de entrada en un sector de la economía, incluido el de la protección de la propiedad, el arbitraje de conflictos y la pacificación, es libre. La seguridad en dicho orden requeriría, en cierta forma, una ciudadanía armada. Pero la empresa que se caracteriza por producir defensa eficazmente no es el Estado, son las “compañías de seguro”. El rasgo distintivo de las compañías de seguros es producir defensa, es decir, paz. Las aseguradoras no asegurarían, ni aseguran, los daños provocados e intencionados de sus clientes ( a ellos mismos o a otros), más bien serían excluidos de la cobertura y terminarían o por reconducirse a ser personas morales que respeten la ética de la propiedad privada o tendrían que refugiarse en las selvas o en los desiertos o polos. En cambio las aseguradoras premian a sus clientes “no agresores” y que en el ejercicio legítimo de su defensa estén “más entrenados y tengan más puntería”. Obviamente la relación entre el asegurador y su cliente sería contractual, evitando el riesgo del exceso de legislación.

¿Cómo puede transformarse un Estado centralista y democrático en un orden natural? , se pregunta Hoppe. La respuesta, contrariamente a como esperan ingenuamente los que todavía se autodenominan ” liberales demócratas”, no podemos esperarla del mismo Estado: “Ciertamente, el Estado centralista y democrático no se autoabolirá democráticamente. He aquí la respuesta: mediante la secesión como etapa intermedia y decisiva hacia la meta última de la privatización total”, sentencia Hoppe. “El Estado central tiene que descomponerse en sus partes constituyentes. Así, en vez de un «Orden Mundial» (inevitablemente controlado por los Estados Unidos), tendríamos un mundo basado en decenas de miles de diversos países, regiones o cantones y cientos de miles de ciudades libres independientes como las hoy pintorescas Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong-Kong, Singapur, Bermuda, etc.” pero no habría desintegración ni pobreza pues los pequeños gobiernos tendrían, y tienen, muchos competidores próximos y si se nota demasiado que gravan a sus propios súbditos y les complican la vida con reglamentaciones más que sus competidores, quedarán expuestos a sufrir la emigración del trabajo y el capital.

Si el país es pequeño, y esa es la estrategia recomendada por Hoppe a los Estados, estará incentivado para a) ser un país de mercado libre total y poder integrarse en el mercado libre mundial participando así de las ventajas de la división del trabajo, b) adoptar un dinero-mercancía “internacional” como pueda serlo el oro, y c) aumentar la prosperidad, el crecimiento económico y el avance cultural.

Ni el pensamiento estatista, ni el liberal tradicional, han podido hasta la fecha contradecir racionalmente la obra del profesor Hans Hermann Hoppe.

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Donde comprar Monedas de Oro en los Estados Unidos

Para aquellos lectores que estén interesados en proteger el valor de sus ahorros en la crisis actual, queremos recomendar los siguientes enlaces:

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Fisher vs Mises: La confrontación ha llegado finalmente

Carta de Gary North a Joe Salerno.

Joe Salerno:

Departamento de Economía – Pace University

Ciudad de Nueva York

Querido Joe:

Me dirijo a usted porque lo considero como el hombre del momento, al menos por los próximos 18 meses. Más que cualquier otro seguidor de Mises, usted es la persona que ha dedicado la mayor cantidad de pensamiento a la teoría monetaria. También tiene las credenciales académicas que son necesarias para conseguir ser oído.

Hemos llegado a lo que yo llamaría el punto de no retorno. Hemos esperado este momento durante al menos 35 años. Estamos en medio de la crisis. Por primera vez, la gran mayoría del mundo académico percibe que el mundo económico puede estar realmente haciendo frente a una crisis de proporciones monumentales. Esto nos da la oportunidad de lograr ser oídos. Supongo que debo decir que esto le da a usted la oportunidad de lograr ser oído.

En lo que a mí respecta, sólo hubo tres economistas notables en el siglo 20: Mises, Keynes, e Irving Fisher. Todos los otros economistas son escuderos porta-lanzas en uno de estos tres campos. Keynes fue un charlatán. Si usted lee su Teoría General, encuentra que el libro es enrevesado, incoherente, y horriblemente escrito. Esto es en contraste con casi todo lo demás que escribió. Y nos indica que no pudo ensamblar las piezas. Las piezas no encajan, no hay una teoría económica coherente que guie el libro.

Fisher fue totalmente diferente. Fisher domina la actual teoría del libre mercado y Milton Friedman fue su seguidor en todos los sentidos. Friedman ganó su reputación con su Historia monetaria de los Estados Unidos, la cual es básicamente Fisher con notas a pie de página. Anna Schwartz suministró las notas.

Estoy enviando a usted la dirección URL de un artículo que indica la posición de Fisher, así como lo mejor que he visto en pocas palabras, en forma legible. A continuación, sigue la posición de Fisher con los acontecimientos de los últimos 6 meses. Dice que la actual expansión de la base monetaria no ha dado lugar a un aumento de los precios. Dice que Fisher predijo esto, que la deflación de la deuda en los mercados de capitales superará cualquier ampliación de la base monetaria. Este es el viejo argumento de la velocidad.

Estadísticamente hablando, hasta ahora, el argumento ha sido apoyado por los hechos. La base monetaria se ha duplicado desde el pasado mes de septiembre, pero los precios han tendido a permanecer planos. En los últimos meses, el índice de precios al consumidor ha disminuido, si usted utiliza la cifra IPC estándar. Yo prefiero la mediana del IPC, pero en el último mes se tornó plana.

El argumento gira en torno a un hecho: los bancos no prestarán. Los prestatarios no quieren pedir prestado, y los banqueros no quieren prestar. Por lo tanto, el aumento de la base monetaria no tendrá ningún efecto en el aumento de los precios. Lo que no entiendo acerca de este argumento es lo siguiente: el Tesoro de los Estados Unidos pedirá prestado todo lo que pueda obtener de alguien que esté dispuesto a invertir a las bajas tasas actuales. El Tesoro va a enviar por correo un cheque tan pronto como reciba el dinero recientemente creado por la Reserva Federal. No veo ninguna indicación en absoluto que los bancos no le prestarán al Departamento del Tesoro. Además, si los bancos están pagando una tasa positiva de interés, deben prestar a alguna institución que les permita pagar la tasa de interés a los depositantes. Durante el tiempo que los bancos acepten depósitos, y mientras los bancos paguen interés a los depositantes, no veo manera alguna de que los bancos no presten. Sin embargo, nadie en los principales medios de comunicación observa este hecho. La observación me parece obvia, pero nadie – me refiero a absolutamente nadie más – usa este argumento. ¿Estoy loco?

El viejo argumento deflationista presentado por John Exter hace 35 años fue básicamente el argumento de Fisher. Creía que el precio del oro se elevaría en este escenario, ya que el oro es la máxima forma de dinero, es decir, la forma definitiva de liquidez. Pero el argumento fue esencialmente el de Fisher. Se le dio audiencia hace 35 años en el difícil campo del dinero, pero rara vez ha sido citado desde entonces.

No hemos tenido una inflación masiva de la base monetaria, y no hemos tenido inflación en masa de los precios. Por lo tanto, no hemos tenido un escenario en el que se ponga a prueba la teoría de Fisher contra la teoría de Mises. Ahora tenemos las condiciones para ofrecer el escenario para la prueba de las dos teorías.

Esta es la razón por la que usted es el hombre del momento. No cree en la teoría de la velocidad. Tampoco yo. Mi explicación de por qué la M1 no ha forzado los precios hacia arriba es que los bancos se han estado depositando fondos como exceso de reservas en la Reserva Federal. La FED ha estado pagando intereses sobre dichos excesos de reservas. Ahora, sin embargo, la Reserva Federal dice que ha fijado la tasa de fondos federales en el 0%. Si este es el caso, y si la Reserva Federal logra su objetivo, entonces los bancos ya no colocarán más dinero en depósito en la Reserva Federal. Los bancos tendrán que buscar inversiones que paguen algo superior a lo que los bancos están pagando a los depositantes. El objetivo más obvio serían los bonos-T. Creo que los bancos ya lo están haciendo. Creo que esta es la razón por la cual las tasas de los bonos del Tesoro han caído. Le dije hace un año en noviembre a mis suscriptores que pusieran el 20% de su dinero a largo plazo en bonos del Tesoro. Esa inversión ha aumentado más del 35%.

Usted ha dedicado tiempo a pensar la cuestión de la teoría y la filosofía monetarias, más que nadie en el campo de la escuela austriaca. Por ello, creo que tiene que ir a imprimir, ya sea en el sitio de Rockwell o el Mises, para hacer frente al gran debate entre Fisher y Mises. El gran debate, que comenzó hace casi un siglo, enfrenta ahora a su primera gran prueba. No fue probado en la Gran Depresión, porque a los bancos se les permitió ir a la quiebra. Hubo una disminución de la oferta monetaria. Hoy en día, la base monetaria y los agregados monetarios están creciendo rápidamente. Al mismo tiempo, las estadísticas sobre el multiplicador de dinero indican que hay un desplazamiento hacia la M1.

Necesitamos dos cosas. En primer lugar, necesitamos una explicación de por qué el multiplicador del dinero ha caído. Creo que la respuesta más probable es el aumento del exceso en las reservas de la Reserva Federal. La segunda cosa que necesitamos una refutación de la velocidad.

Si Mises estuvo correcto, la ampliación de la base monetaria se verá acompañadas de una expansión de los agregados monetarios, y esto conducirá a la inflación de los precios extremos en una escala comparable con el aumento de la base monetaria. La base monetaria se ha duplicado desde el pasado mes de septiembre. Por otra parte, si Fisher estuvo correcto, y si la velocidad es fundamental, entonces no veremos un aumento de los precios comparable con el aumento de la base monetaria. Podemos ver incluso un ligero descenso de precios. Si vemos la disminución de los precios, entonces será muy difícil para la economía austriaca recuperarse. Ello significa que Mises estaba equivocado sobre el dinero. Asimismo, socavará la metodología de Mises, ya que él siempre sostuvo que los hechos no pueden refutar la teoría lógica. Casi nadie le cree. Así, en dos frentes, la economía Austriaca estará bajo asalto.

Usted, más que nadie, está a cargo de los fusiles de asalto. Espero que cargue varios proveedores con munición, salga con su AK-47, y empiece a disparar.

Atentamente,

Gary

26 de enero de 2009

Gary North es autor de Mises sobre la Moneda y de Un comentario económico sobre la Biblia en 20 tomos que puede obtener gratuitamente en su Pagina Web:

http://www.garynorth.com

 

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La Izquierda, la Derecha y el Estado

Instituto Mises – Artículo diario por Llewellyn H Rockwell, Jr

Publicado el 12/31/2008 12:00:00 AM.

[Esta es la introducción a su libro La izquierda, La derecha y el Estado.]

En la cultura política americana, y también en la cultura política mundial, la preocupación es en qué sentido debe crecer el poder del Estado. La izquierda tiene su lista de sugerencias y la derecha también. Ambas representan una grave amenaza a la única posición política que es verdaderamente beneficiosa para el mundo y sus habitantes: la libertad.

¿Qué es el estado? Es un grupo que, desde dentro de la sociedad, reclama para sí el derecho exclusivo de gobernar a todos, en virtud de un conjunto especial de leyes, que permite hacer a los demás lo que está razonablemente prohibido hacer al resto de la población, a saber, agredir a las gentes y perseguir sus propiedades. ¿Por qué una sociedad permite que una banda de tal tipo disfrute legalmente de este indisputado privilegio? Es aquí donde entra en juego la ideología. La realidad es que se trata de una la máquina de saquear y de matar. Entonces, ¿por qué tanta gente se alegra con su desproporcionado crecimiento? Más aún, ¿por qué toleraramos su existencia?

La idea misma de Estado es tan inverosímil en si misma que el Estado debe esconderse tras un traje ideológico como medio de lograr el apoyo popular. Hemos tenido ancestros estatales que han usado uno o dos de tales trajes: que protegen de los enemigos y/o que fueron instituidos por los dioses. En mayor o menor medida, todos los estados modernos aún emplean estas razones, pero el Estado democrático en el mundo desarrollado es más complejo. Utiliza una amplia gama de razones ideológicas – escogidas entre la Izquierda y la Derecha – que reflejan las prioridades sociales y culturales en los nichos de los grupos, aun cuando muchas de estas razones sean contradictorias. La Izquierda quiere el Estado para distribuir la riqueza, para lograr la igualdad, para controlar estrictamente las empresas, dar impulso a los trabajadores, proveer a los pobres y proteger el medio ambiente. Me ocupo de muchos de estos argumentos en este libro, referenciándolos a determinados temas que aparecen en las noticias.

La Derecha, por otra parte, quiere el Estado para castigar malhechores, apoyar la familia, subvencionar formas de vida honrada, defendernos de enemigos extranjeros, dar coherencia a la cultura, e ir a la guerra para darnos un sentido de identidad nacional. También me ocupo de todas estas razones.

Entonces, ¿cómo se está resolviendo este conflicto de intereses? Intercambian favores legislativos y lo llaman democracia. La Izquierda y la Derecha están de acuerdo al permitir que cada uno siga su camino, siempre y cuando no haga nada que perjudique los intereses de uno u otro. El truco está en mantener el equilibrio. Quién está en el poder depende realmente de la dirección en que se esté legislando. Y he ahí lo que es el Estado moderno en pocas palabras.

Aunque tiene ancestros en regímenes tales como los de Lincoln y de Wilson, la génesis del estado moderno se encuentra en el período entre guerras, cuando la idea de una sociedad laissez-faire cayó en descrédito – como resultado de la errónea opinión de que el mercado libre nos traía la depresión económica. Así que tuvimos el New Deal, que fue un híbrido democrático entre el socialismo y el fascismo. El viejo liberalismo estaba casi extinguido.

Los Estados Unidos lucharon una guerra contra un estado totalitario, aliados con un estado totalitario, y el ganador fue el propio Leviatán. Nuestro Leviatán no siempre tiene un director ejecutivo que se pavonea en traje militar, pero goza de poderes que los antiguos césares habrían envidiado. El estado total de hoy es más suave y pulido de lo que fue en su infancia entre guerras, pero no por eso está menos en oposición a los ideales tratados en estas páginas.

¿Cuánto más habría avanzado el Estado si Mises y Rothbard, y muchos otros, no hubieran dedicado sus vidas al concepto de la libertad? Tenemos que convertirnos en los disidentes intelectuales de nuestro tiempo, y rechazar las solicitudes de estatismo que vienen de Izquierda y Derecha. Y tenemos que patrocinar un programa positivo de libertad, que sea tan radical, fresco, y verdadero, como nunca antes lo ha sido.

Llewellyn H Rockwell, Jr. es presidente del Instituto Ludwig von Mises en Auburn, Alabama, editor de LewRockwell.com, y autor de La Izquierda, la Derecha y el Estado.

 

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La Acción Humana, un Tratado de Economía – Fragmento

por Ludwig von Mises – tomado de la versión abreviada, seleccionada y ordenada por Gérard Dréan

Definición de la acción humana

La economía se ocupa de las acciones reales de hombres también reales. Sus teoremas no se refieren a hombres ideales ni perfectos, ni al fantasma del fabuloso hombre económico (homo oeconomicus), ni a la noción estadística del hombre promedio (homme moyen).  El hombre con todas sus debilidades y limitaciones, todo hombre tal como vive y actúa, es el objeto de la cataláctica.  Toda acción humana es tema de la praxeología.  [23,4]

La acción humana es comportamiento con un propósito.  O podemos decir: Actuar es voluntad en acción y transformada en una agencia, que apunta a fines y objetivos, es la respuesta significativa del ego a los estímulos y las condiciones de su entorno, es el ajuste consciente de una persona al estado del universo que determina su vida.  [1,1]

Acción no es simplemente dar preferencia.  El hombre también muestra preferencia en situaciones en las que las cosas y acontecimientos son inevitables o se cree que son así.  Así pues, un hombre puede preferir el sol a la lluvia y tal vez desee que el sol disipe las nubes.  Aquel que sólo desea y espera no interfiere activamente con el curso de los acontecimientos ni con la conformación de su propio destino.  Pero el hombre que actúa decide, determina y trata de llegar a un fin.  De dos cosas, las cuales no puede tener al mismo tiempo, selecciona una y se abstiene de la otra.  La acción, por lo tanto, siempre implica ambas cosas, escoger y renunciar.  [1,1]

Expresar deseos y esperanzas y anunciar acciones previstas pueden ser formas de acción en la medida en que sus objetivos en sí mismos son la realización de un determinado fin.  Pero no debe confundirse con las acciones a que se refieren.  No son idénticas a las acciones de anunciar, recomendar o rechazar.  La acción es algo real.  Lo que cuenta es el comportamiento total del hombre, y no lo que dice acerca de lo que planea hacer, sino de los actos que realiza.  [1,1]

Por otra parte, la acción debe distinguirse claramente de la actividad dirigida a la obra.  Acción significa el empleo de los medios para lograr objetivos.  Como regla número uno de los medios utilizados es el trabajo del hombre de acción.  Pero este no es siempre el caso.  En condiciones especiales una palabra es todo lo que se necesita.  El que da órdenes o prohibe pueden actuar sin ningún tipo de desperdicio de trabajo.  Hablar o no hablar, sonreír o permanecer serio, pueden ser acción.  Consumir y disfrutar de algo no es menos acción que abstenerse de consumir y disfrutar.  [1,1]

La praxeología por consiguiente no distingue entre personas “activas” o enérgicas y “pasivas” o indolentes.  El hombre industrioso y vigoroso que lucha por el mejoramiento de su condición no actúa ni más ni menos que el hombre letárgico y lento que toma las cosas como vienen.  Porque no hacer nada y estar inactivo son también acciones, y también determinan el curso de los acontecimientos.  Siempre que las condiciones de la interferencia humana está presente, el hombre actúa independientemente de que interfiera o se abstenga de interferir.  El que insiste en algo que podría cambiar no actúa menos que el que interfiere con el fin de lograr otro resultado.  El hombre que se abstiene de influir sobre el funcionamiento de factores fisiológicos e instintivos, sobre los que podría influir, también actúa.  Acción no es sólo hacer, pero tampoco es menos, omitir hacer lo que posiblemente podría hacerse.  [1,1]

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Fragmento abreviado de La Acción Humana, un Tratado sobre Economía 

de Ludwig von Mises – Fragmento tomado de la versión abreviada, seleccionada y ordenada por Gérard Dréan – Página 32

TRADUCCIÓN DE RODRIGO BETANCUR

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Que está ocurriendo en la actualidad con los Metales Monetarios Oro y Plata

Considero importante que los lectores de esta página lean la página web del Profesor Antal E. Fekete “Red Alert: Gold Backwardation” en www.prefessorfekete.com.

Parece ser que se inicia una cadena desastrosa de acontecimientos que reducirá a cenizas el sistema de del “Fiat Money” o la moneda irredimible o sin respaldo.

http://www.professorfekete.com/articles/AEFRedAlert.pdf

Tan pronto tenga una traducción del documento lo publicaré en este sitio.

Rodrigo Betancur

 

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