Instituto Mises Colombia

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

[“El Socialismo de Ingeniería Social y los Fundamentos del Análisis Económico” es el capítulo 6 de Teoría de Socialismo y Capitalismo]

A la luz de los argumentos teóricos presentados en los capítulos precedentes se observa que no hay justificación económica para el socialismo. El socialismo prometía traer más prosperidad económica a las personas que el capitalismo, y gran parte de su popularidad está basada en esa promesa. Los argumentos presentados, sin embargo, han probado que lo opuesto es verdad. Se ha demostrado que el socialismo de tipo ruso, caracterizado por medios de producción nacionalizados o socializados, necesariamente implica desperdicio económico dado que no existen precios para los factores de producción (porque a los medios de producción no se les permitía ser comprados o vendidos), y por lo tanto no puede hacerse contabilidad de costos (que es la forma de dirigir los recursos escasos con usos alternativos a las líneas de producción con mayor valor productivo.) Y en cuanto al socialismo social-demócrata y al conservador, se ha demostrado que, en cualquier caso, ambos implican un aumento en los costos de producción y, mutatis mutandis, una disminución en los costos de su alternativa, esto es, la no-producción o producción en el mercado negro, y eso conduce a una reducción relativa en la producción de la riqueza, ya que ambas versiones del socialismo establecen una estructura de incentivos que (en comparación a un sistema capitalista) relativamente favorece a los no-pro­duc­to­res y no-contratistas sobre los productores y contratistas de bienes, productos y servicios.

La experiencia, también apoya esta idea. En general, los niveles de vida en los países de Europa del Este son significativamente más bajos que en Europa occidental, donde el grado en que la socialización de los medios de producción que ha tenido lugar, aunque ciertamente notable, es relativamente mucho menor. Además, siempre que se amplía el grado de redistribución de la riqueza y la proporción de lo producido que se redistribuye es mayor, como, por ejemplo, en Alemania del Este durante la década de 1970 bajo el gobierno de coaliciones liberales social-demócratas, hay un retraso en la producción social de la riqueza o incluso una reducción absoluta en la general nivel de vida. Y cuando una sociedad quiere preservar el status quo, es decir, un determinado ingreso y la distribución de riqueza, por medio de controles de precios, regulaciones, y controles de comportamiento—como, por ejemplo, en la Alemania de Hitler o la actual Italia y Francia—el nivel de vida constante­mente se queda cada vez más atrás con respecto al de sociedades más liberales (capitalistas).

A pesar de esto, el socialismo sigue muy vivo y bien, incluso en Occidente, donde el socialismo social-demócrata y el conservadurismo se han mantenido como ideologías poderosas. ¿Cómo pudo suceder esto? Un factor importante es que sus seguidores abandonaron la idea original de la superioridad económica del socialismo y en su lugar, recurrieron a un argumento completamente diferente: que el socialismo puede no ser económicamente superior, pero es moralmente preferible. Esa afirmación será considerada en el capítulo 7. Pero ese no es el fin de la historia. El socialismo incluso ha recuperado fuerza en el campo de la economía. Esto fue posible porque el socialismo combinó sus fuerzas con la ideología del empirismo, que tradicionalmente ha sido fuerte en el mundo anglosajón y que, en particular a través de la influencia del tal llamado de Círculo de Viena de filósofos positivistas, se convirtió en la filosofía-epistemología-metodología dominante del siglo XX, no sólo en el ámbito de las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales y la economía. Esto se aplica no sólo a los filósofos y metodólogos de estas ciencias (que, dicho sea de paso, ya se han liberado del hechizo del empirismo y el positivismo), sino probablemente aún más a los practicantes y seguidores (que aún están en gran medida bajo su influencia). Combinando fuerzas con el empirismo o positivismo, que incluye para nuestro propósito el tal llamado racionalismo crítico de K.R. Popper y sus seguidores, el socialismo se convirtió en lo que desde entonces se conocería como el “socialismo de ingeniería social.”[1] Es una forma de socialismo muy diferente en su estilo de razonamiento al del marxismo tradicional, que era mucho más racionalista y deductivo—uno que Marx adoptó del economista clásico D. Ricardo, la fuente más importante para los escritos económicos del propio Marx. Pero parece ser precisamente debido a esta diferencia en estilo que el socialismo de ingeniería social ha sido capaz de ganar más y más apoyo de los socialistas social-demócratas y conservadores. En Alemania Occidental, por ejemplo, la ideología de la “ingeniería social gradual”, como K.R. Popper llamó a su filosofía social,[2] se ha convertido ahora en la base común de los “moderados” en todos los partidos políticos, y sólo doctrinarios, según parece, de uno y otro lado no se suscriben a él. El ex-canciller del partido Social-Demócrata Alemán Helmut Schmidt incluso endorsó públicamente el popperianismo como su filosofía personal.[3] Sin embargo, es en los Estados Unidos que esta la filosofía está, probablemente, más profundamente arraigada, ya que está hecha casi a la medida de la manera de pensar americana en términos de problemas prácticos, métodos pragmáticos y soluciones.

¿Cómo puede el empirismo-positivismo ayudar a salvar el socialismo? A nivel muy abstracto la respuesta debería ser clara. El empirismo-positivismo debe ser capaz de dar razones de porqué todos los argumentos dados hasta ahora no son decisivos; debe tratar de probar cómo uno puede evitar sacar conclusiones como las que yo he sacado y aún así hacerse llamar racional y operar de acuerdo a las reglas de investigación científica. ¿Pero cómo, en detalle, puede lograr esto? En esto, la filosofía del empirismo y positivismo ofrece dos argumentos aparentemente buenos. El primero y, de hecho el más importante de sus principios es[4]: el conocimiento sobre la realidad, que es llamado conocimiento empírico, debe ser verificable o por lo menos falsable por la experiencia; y la experiencia siempre es de tal tipo que podría, en principio, haber sido diferente de lo que realmente fue, de tal forma que nadie puede saber de antemano, esto es, antes de realmente haber tenido alguna experiencia en particular, si el resultado será de una manera u otra. Si, mutatis mutandis, el conocimiento no es verificable o falsable por la experiencia, entonces no es conocimiento sobre algo real—es decir, conocimiento empírico—sino simplemente conocimiento sobre palabras, sobre el uso de términos, sobre los signos y sus reglas de transformación—o conocimiento analítico. Y es muy dudoso que el conocimiento analítico pueda incluso ser clasificado como “conocimiento.”

Si uno asume esta posición, como asumiré por el momento, no es difícil ver cómo los argumentos que presenté anteriormente pueden ser rechazados—los argumentos sobre la imposibilidad del cálculo económico y sobre cómo el aumento de costos de las medidas social-demócratas o conservadoras necesariamente conducen a una disminución en la producción de bienes y servicios, y por lo tanto a la reducción de los niveles de vida, que evidentemente pretendían ser válidos a priori, esto es, no falsables por ningún tipo de experimento, sino por el contrario entendidos como verdaderos antes de cualquier experiencia posterior. Ahora, si eso fuese cierto, entonces de acuerdo al primer canon, y central, del empirismo-positivismo, tales argumentos no podrían contener ninguna información acerca de la realidad, sino que tendría que ser considerados como simples balbuceos verbales—un ejercicio de transformaciones tautológicas de palabras tales como “costo”, “producción”, “cantidad producida”, “consumo”—que no dicen nada acerca de la realidad. Por tanto, concluye el empirismo, en lo concerniente a la realidad, esto es, a las consecuencias reales del socialismo real, los argumentos presentados hasta el momento no tienen peso alguno. En vez de eso, para decir algo convincente sobre el socialismo, sólo la experiencia puede ser considerada decisiva.

Si eso fuera cierto (como todavía seguiré asumiendo), se podrían desechar de una sola vez todos los argumentos económicos contra el socialismo que he presentado como de naturaleza categórica. Simplemente no podría haber nada categórico acerca de la realidad. Pero incluso entonces, ¿no tendría el empirismo-positivismo aún que encarar las experiencias reales del socialismo real, y no tendría que ser tal resultado decisivo? En los capítulos anteriores se puso mucho más énfasis en las razones lógicas, de principios, y categóricas (todos utilizados aquí como sinónimos) contra las afirmaciones socialistas de ofrecer un mejor camino hacia la prosperidad económica que el capitalismo; y la experiencia fue citada sólo de forma vaga con el fin de ilustrar una tesis cuya validez podía haberse conocido, en última instancia, independiente de la experiencia ilustrativa. A pesar de eso, ¿no sería la experiencia citada, de forma no sistemática, incluso suficiente para establecer el caso contra el socialismo?

La respuesta a estas preguntas es un decisivo “no”. El segundo principio del empirismo-positivismo explica por qué. El segundo principio formula la extensión o más bien la aplicación del primero al problema de la causalidad, y de la explicación causal o predicción. Explicar causalmente o predecir un fenómeno real es formular una proposición de tipo “si A, entonces B” o, si las variables permiten medición cuantitativa, “si un aumento (o disminución) de A, entonces un aumento (o disminución) de B.” Siendo una proposición que se refiere a la realidad (con A y B siendo fenómenos reales), su validez no puede nunca establecerse con certeza, esto es, examinando la proposición sola o cualquier otra proposición desde la cual la que estamos analizando pudo ser a su vez lógicamente deducida, sino que siempre será y seguirá siendo hipotética, dependiendo de los resultados de las experiencias futuras que no pueden ser conocidas de antemano. Si un experimento confirma una explicación causal hipotética, esto es, si uno observa una instancia donde B siguió a A, como se predijo, esto no probaría que la hipótesis es cierta, dado que A y B son términos generales y abstractos (“universales”, como opuestos a “nombres propios”) que se refieren a eventos o procesos para los cuales hay (o, al menos en principio, podría haber) un número indeterminado de casos, y por lo tanto experimentos posteriores podrían aún posiblemente falsarla. Y si un experimento falsa una hipótesis, esto es, si se observa una instancia en que A no fue seguida por B, esto no sería decisivo tampoco, ya que aún podría ser posible que los fenómenos hipotéticamente relacionados estén de hecho ligados causalmente y que alguna otra circunstancia (“variable”) olvidada o no controlada simplemente haya impedido que la relación hipotetizada fuese realmente observada. Una falsación sólo probaría que la hipótesis particular bajo investigación no era completamente correcta en su forma actual, sino que más bien necesita un poco de refinamiento, esto es, alguna especificación de variables adicionales a las que uno debe prestar atención y controlar con el fin de poder observar la relación hipotetizada entre A y B. Pero aclaremos, una falsación nunca demostraría de una vez por todas que la relación entre unos fenómenos dados no existe.

Si uno acepta que la posición empirista-positivista de la explicación causal es correcta, es fácil ver cómo el socialismo puede ser rescatado de las críticas empíricamente justificadas. Por supuesto, un socialista-empirista no negaría los hechos. No negaría que, efectivamente, hay un estándar de vida más bajo en Europa del Este que en Europa Occidental, y que se han encontrado correlaciones entre el aumento de impuestos, o una política conservadora de regulaciones y controles, y el retraso o la reducción en la producción de riqueza económica. Pero den­tro de los límites de su metodología él bien podría negar que sobre la base de esas experiencias se pueda sostener un caso contra el socialismo y su pretensión de ofrecer un camino más prometedor hacia la prosperidad. Él podría, por así decirlo, restar importancia a las (aparentemente) experiencias de falsación, y cualquier otra experiencia que pudiera ser citada, como meramente accidentales; como experiencias que fueron observadas debido a algunas circunstancias desafortunadamente olvida­das y no controladas, que podrían desaparecer y, de hecho mostrarían lo contrario, revelando la verdadera relación entre el socialismo y un aumento en la producción de la riqueza social, tan pronto como esas circunstancias sean controladas. Incluso las notables diferencias en el nivel de vida entre Alemania del Este y Alemania Occidental—ejemplo que enfatizo bastante porque es lo que más se asemeja a un experimento social controlado—podría así ser explicado de otra forma: argumen­tando, por ejemplo, que el nivel de vida más alto en el oeste no se debe a su modo de producción más capitalista, sino por el hecho de que el Plan Marshall canalizó ayuda a Alemania Occidental mientras que Alemania del Este tuvo que pagar reparaciones a la Unión Soviética; o por el hecho de que desde el principio, Alemania del Este abarcaba las provincias rurales menos desarrolladas y agrícolas de Alemania, por lo que nunca tuvieron el mismo punto de partida; o que en las provincias del este la servidumbre fue abandonada mucho después que en las de occidente por lo que la mentalidad de la gente era de hecho diferente en Alemania del Este y Occidente, etc.

De hecho, cualquier tipo de evidencia empírica que uno presente contra el socialismo, tan pronto como se adopta la filosofía empirista-positivista, esto es, tan pronto como la idea de formular un caso basado en principios a favor o en contra del socialismo es abandonada como vana y mal concebida, y en lugar de eso se admite solamente que uno puede errar en lo referente a los detalles del plan de política socialista, pero que siendo lo suficientemente flexible para enmendar ciertos puntos en la política siempre que el resultado no sea satisfactorio, el socialismo se hace inmune a cualquier crítica decisiva, porque cualquier falla siempre puede ser atribuida a alguna variable aún no controlada. Debe notarse que ni siquiera el experimento mejor realizado y controlado, podría cambiar esta situación en lo mínimo. Nunca sería posible controlar todas las variables que podrían concebiblemente tener alguna influencia sobre la variable a ser explicada—por la razón práctica de que eso podría implicar controlar, literalmente, todo el universo, y por la razón teórica de que nadie en un momento dado del tiempo podría conocer cuáles son todas las variables que constituyen el universo. Esa es una pregunta cuya respuesta tiene que estar permanente abierta a nuevos descubrimientos y experiencias. Por lo tanto, la estrategia de inmunización descrita anteriormente funcionaría sin excepción y sin fallar. Y puesto que, como sabemos por los escritos de los propios empiristas, y, en particular los de D. Hume, no existe una “banda” que uno pueda observar conectando visiblemente ciertas variables como las causas y efectos,[5] debe notarse que no hay ninguna manera de excluir cualquier variable como posible influencia sin antes probarla y controlarla. Ni siquiera las variables más absurdas y ridículas, como, por ejemplo, las diferencias en el clima, o una mosca volando en un caso pero no en el otro, se pueden descartar de antemano; todo lo que puede hacerse es apuntar a la experiencia nuevamente. (“Moscas volando o no volando nunca hicieron diferencia alguna en el resultado del experimento.”) Pero de acuerdo a la doctrina empirista, esta experiencia, refiriéndose, como hace, sólo a instancias anteriores, una vez más no ayudaría a decidir el asunto definitivamente, y hacer referencia a ella sólo equivaldría a asumir la respuesta.

No importa los cargos que sean presentados contra el socialismo, pues, siempre que estén basados en evidencia empírica el empirista-socialista podría argumentar que no hay manera de saber de antemano cuáles son los resultados de cierta política sin antes ejecutarla y dejar que el experimento hable por sí mismo. Y cualquiera sean los resultados observables, la idea socialista original—el “núcleo fuerte” del “programa de investigación” de uno, como el filósofo neo-popperiano Lakatos dice[6]—siempre puede ser fácilmente rescatada señalando algunas variables omitidas, más o menos posibles, cuyo no-control es hipotetizado como responsable del resultado negativo, con la nueva hipótesis revisada necesitando ser probada indefinidamente ad infinitum.[7] La experiencia sólo nos dice que una política socialista particular no alcanzó la meta de producir más riqueza; pero nunca nos puede decir si una política ligeramente diferente producirá resultados diferentes, o si es posible alcanzar el objetivo de mejorar la producción de la riqueza a través de una política socialista en absoluto.

He llegado ahora al punto de mi argumento en que deberé retar la validez de estos dos dogmas centrales del empirismo-positivismo. ¿Cuál es su error, y por qué ni siquiera el empirismo puede salvar al socialismo? La respuesta se dará en tres etapas. Primero, demostraré que en un análisis más detallado la posición empirista se auto-destruye, dado que ella tiene, por lo menos implícitamente, que asumir y presuponer la existencia de conocimiento no-empírico como conocimiento sobre la realidad. Siendo esta principalmente una tarea destructiva, tendré luego que abordar la cuestión de cómo es posible tener o concebir conocimiento sobre la realidad que no está sujeto a confirmación o falsación por experiencia. Y en tercer lugar, mostraré que tal conocimiento no sólo es concebible y debe presuponerse, sino que es la instancia irrefutable que sirve de base epistemológica firme sobre la que el caso económico contra el socialismo puede ser, y de hecho ha sido todo este tiempo, construido.

A pesar de la aparente posibilidad de las ideas centrales del empirismo, debe notarse desde el principio que incluso a nivel de intuición las cosas no parecen ser exactamente como el empirismo quiere que sean. Ciertamente, no es evidente que la lógica, las matemáticas, la geometría, y también algunas afirmaciones de economía pura, como la ley de oferta y demanda o la teoría cuantitativa del dinero, porque no permiten falsación por experiencia, o mejor dicho porque su validez es independiente de la experiencia, no nos den información sobre la realidad sino que sean simples juegos verbales. Lo contrario parece mucho más posible: que las proposiciones desarrolladas por estas disciplinas—por ejemplo, una afirmación de geometría como “Si una línea recta S y un círculo C tiene más de un punto en común, entonces S tiene exactamente dos puntos en común con C,” o una afirmación más cercana relacionada al campo de la acción que es lo que me tiene más interesado aquí: “Uno no puede tener guardado un pastel y al mismo tiempo comérselo”—de hecho informan acerca de la realidad e informan acerca de lo que no puede ser diferente en la realidad bajo pena de contradicción.[8] Si yo te­nía un pastel y me lo comí, se puede concluir que no lo tengo más—y eso es claramente una conclusión que nos informa sobre la realidad sin ser falsable por la experiencia.

Pero mucho más importante que la intuición, por supuesto, es el análisis reflexivo, y este probará que la posición empirista simplemente se auto-destruye. Si fuese cierto que el conocimiento empírico debe ser falsable por la experiencia y que el conocimiento analítico, que no es muy falsable, por tanto no puede contener ningún conocimiento empírico, entonces, ¿qué tipo de afirmación es esa afirmación fundamental del empirismo mismo? Tiene que ser analítica o empírica. Si es analítica, entonces, de acuerdo a su propia doctrina esa proposición no es más que unos garabatos sobre papel, palabras al aire, completamente vacía de contenido significativo. Es sólo porque a los términos utilizados en tal afirmación, como “conocimiento”, “experiencia”, “falsable”, etc., se les había dado ya una interpretación significativa, que eso puede entenderse. Pero la completa falta de significado de las afirmaciones analíticas sigue concluyentemente de la ideología empirista-positivista. Por supuesto, y esta es la primera trampa auto-destructiva, si eso fuese cierto, el empirismo ni siquiera podría decir y significar lo que parece decir y significar, no sería más que un susurro de hojas en el viento. Para tener algún significado, una interpretación debe ser dada a los términos utilizados, y una interpretación de términos, ciertamente, siempre es (siempre y cuando una expresión no pueda ser explicada en términos de otra) un asunto práctico; un asunto en el que el uso de un término es practicado y aprendido con instancias reales del concepto designado por el término, y por el cual el término es entonces atado a la realidad.[9] Sin embargo, no cualquier interpretación arbitraria logra ese resultado: “falsable”, por ejemplo, no significa “rojo” o “verde.” Para decir lo que el empirismo-positivismo evidentemente quiere decir en la formulación de sus principios básicos, a los términos se les debe haber dado el significado que realmente tienen para el empirista así como para aquellos a quienes quiere convencer de que su metodología es correcta. Pero si la afirmación de hecho significa lo que pensamos que significaba todo ese tiempo, entonces es evidente que contiene información acerca de la realidad. De hecho nos informa sobre la estructura fundamental de la realidad: que no hay nada en ella que pueda considerarse verdadero antes de experiencias futuras de confirmación o falsación. Y si esa proposición se considera analítica, esto es, una afirmación que no permite falsación, sino cuya verdad puede ser establecida a través de un análisis del significado de los términos utilizados, como se ha asumido por el momento, entonces uno se encuentra frente a una flagrante contradicción y el empirismo, una vez más se destruye a sí mismo.[10]

Por lo tanto, parece que el empirismo-positivismo tendría que elegir la otra opción disponible y declarar que su credo es un enunciado empírico. Pero entonces, claramente, la posición empirista pierde toda relevancia: después de todo, la proposición fundamental del empirismo, de que sirve de base de la que se derivan todas las reglas de la correcta investigación científica, podría estar equivocada, y nunca nadie podría estar seguro de si es o no así. De igual forma uno bien podría afirmar lo opuesto y dentro de los límites del empirismo no habría manera de decidir qué posición es correcta o incorrecta. De hecho, si su principio central fuese declarado una proposición empírica, el empirismo dejaría de ser una metodo-logía—una lógica de la ciencia—por completo, y no se­ría más que una convención verbal completamente arbitraria que llama con ciertos nombres (arbitrarios) a ciertas formas (arbitrarias) de lidiar con ciertas afirmaciones. Sería una posición vacía de justificación de porqué debería, en lugar de cualquier otra, ser adoptada.[11]

Sin embargo, esto no es todo lo que puede decirse contra el empirismo, incluso si la segunda alternativa disponible es elegida. En una inspección más detallada, esa ruta de escape lleva a otra trampa auto-destructiva. Incluso si esta ruta fuese elegida, se puede demostrar que la posición empirista-positivista tiene que tácitamente presuponer la existencia de conocimiento no empírico como conocimiento “real”. Para entender esto, supongamos que se ha encontrado que una explicación causal que relaciona dos o más eventos se ajusta a una instancia particular de experiencias sobre tales eventos, y es luego aplicada a una segunda instancia, presumiblemente para someterla a algunas pruebas empíricas adicionales. Ahora, uno debe preguntarse ¿qué es lo que debe presuponerse con el fin de relacionar la segunda instancia de la experiencia con la primera, ya sea para confirmarla o falsarla? En un comienzo puede parecer casi autoevidente que si en la segunda instancia de la experiencia se repitieron las observaciones de la primera, esto sería una confirmación, y si no, una falsación—y claramente, la metodología empirista asume esto ser evidente, también, y no requiere mayor explicación. Pero esto no es verdad.[12] La experiencia, cabe señalar, sólo revela que dos o más observaciones con respecto a la secuencia temporal de dos o más tipos de eventos pueden ser “neutralmente” clasificadas como “repetición” o “no-repetición”. Una repetición neutra sólo se convierte en un confirmación “positiva” y una no-repetición en una falsación “negativa” si, independiente de lo que pueda ser descubierto por la experiencia, se asume que hay causas constantes que operan de forma invariable en el tiempo. Si, al contrario, se asume que las causas en el transcurso del tiempo podrían operar a veces de una manera y a veces de otra manera, entonces esas ocurrencias repetitivas o no-repetitivas simplemente son y siguen siendo experiencias neutralmente registradas, completamente independientes entre sí, y no están de ninguna manera lógicamente relacionadas confirmándose o falsándose entre sí. Hay una experiencia y luego otra, son iguales o son diferentes, pero eso es todo lo que hay, nada más se desprende de eso.

Así, el prerrequisito para ser capaz de decir “falsar” o “confirmar” es el principio de constancia: la convicción de que los fenómenos observables son en principio determinados por causas que son constantes e invariables en el tiempo en la forma en que operan, y que en principio, la contingencia no desempeña ningún papel en la forma en que operan las causas. Sólo si se asume como válido el principio de constancia se desprende que algo está mal con la hipótesis original si se falla en reproducir un resultado; y sólo entonces puede una reproducción exitosa interpre­tarse como una confirmación. Porque sólo si dos (o más) acontecimientos son de hecho causa y efecto, y las causas operan de manera invariable en el tiempo tiene que concluirse que la relación funcional que se observa entre las variables relacionadas causalmente tiene que ser la misma en todos los casos, y que si ese no es el caso, algo tiene que estar fallando en la especificación particular de las causas.

Obviamente, ese principio de constancia no está en sí mismo basado o derivado de la experiencia. No sólo no hay vínculo observable conectando eventos. Incluso si dicho vínculo existiese, la experiencia no podría revelar si es o no invariable en el tiempo. El principio no puede ser refutado por la experiencia tampoco, dado que cualquier evento que pueda parecer refutarlo (tal como un fracaso para duplicar alguna experiencia) puede ser interpretado desde el comienzo como si la experiencia hubiese mostrado aquí simplemente que un tipo particular de evento no fue la causa de otro (de lo contrario la experiencia hubiese sido repetida exitosamente). Sin embargo, en la medida en que la experiencia no puede excluir la posibilidad de que se pudiera encontrar otra serie de eventos que resulten ser invariantes en el tiempo en su forma de operar, la validez del principio de constancia no puede ser rechazada.

A pesar de esto, aunque no sea derivado ni rechazado por la experiencia, el principio de constancia es nada menos que la presuposición lógica necesaria para que hayan experiencias que puedan ser consideradas como confirmaciones o falsaciones de otras (en contraste con experiencias aisladas, lógicamente no conectadas). Y por tanto, dado que el empirismo-positivismo asume la existencia de tales experiencias lógicamente relacionadas, debe concluirse que también asume implícitamente la existencia de conocimiento no empírico acerca de la realidad. Tiene que asumir que de hecho existen causas que operan de forma invariable en el tiempo, y tiene que asumir que este es el caso aunque la experiencia nunca lo pueda probar o rechazar. Entonces, una vez más, el empirismo resulta ser una filosofía incoherente y contradictoria.

A estas alturas debe ser suficientemente claro que conocimiento apriorístico tiene que existir, o por lo menos, que el empirismo-positivismo—la filosofía que es más escéptica acerca de esa posibilidad—tiene de hecho que presuponer su existencia. Es cierto, sin embargo, que la idea de conocimiento como conocimiento sobre cosas reales cuya validez puede comprobarse independiente de la experiencia es un asunto difícil de entender—de lo contrario el éxito abrumador de la filosofía empirista-positivista en la comunidad científica y en la opinión del “público educado” no podría ser explicado. Por lo tanto, antes de proceder a la tarea más concreta de dilucidar los fundamentos específicos apriorísticos sobre los cuales descansa el caso económico contra el socialismo, sería oportuno hacer algunos comentarios generales que deben ayudar a que sea más posible el hecho de que exista algo así como conocimiento apriorístico.

Parece ser de gran importancia primero librarse de la idea de que conocimiento apriorístico tiene algo que ver con “ideas innatas” o con conocimiento “intuitivo” que no tiene que ser descubierto o aprendido de alguna manera. Innatas o no, intuitivas o no: esos son asuntos que conciernen a la psicología del conocimiento. En comparación, la epistemología se refiere exclusivamente a la cuestión de la validez del conocimiento y de cómo determinar la validez—y, ciertamente, el problema del conocimiento apriorístico es exclusivamente un asunto epistemológico. El conocimiento apriorístico puede ser, y de hecho es a menudo, muy similar al conocimiento empírico desde un punto de vista psicológico, ya que ambos tipos de conocimiento tienen que ser adquiridos, descubiertos, aprendidos. El proceso de descubrimiento de conocimiento apriorístico puede, y de hecho ​​muy a menudo parece ser aún más difícil y laborioso que el de adquisición de conocimientos empírico, que frecuentemente simplemente se impregna a sí mismo sobre nosotros sin que hubiésemos hecho mucho al respecto; y también, bien podría ser el caso de que la adquisición de conocimiento apriorístico requiera que uno haya tenido previamente algún tipo de experiencia. Pero todo esto, debemos repetir, no afecta a la cuestión de la validación del conocimientos, y es precisa y exclusivamente en este respecto que el conocimiento apriorístico y el empírico difieren categóricamente.[13]

La noción más importante para comprender la posibilidad de conocimiento a priori, a mi juicio, es que hay no sólo cosas dadas en la naturaleza de las que uno tiene que aprender a través de experiencia, sino que también hay cosas artificiales, hechas por el hombre que pueden requerir la existencia o uso de materiales naturales, pero que en la medida en que son construcciones pueden sin embargo no sólo ser completamente comprendidas en términos de su estructura e implicancias, sino que también pueden ser analizadas sobre la cuestión de si su método de construcción puede o no concebiblemente ser alterado.[14]

Hay tres campos principales de construcciones: lenguaje y pensamiento, acciones, y objetos fabricados, todos ellos hechos por el hombre. No vamos a tratar aquí con los objetos fabricados, sólo se mencionan de pasada el caso de la geometría euclidiana, por ejemplo, que puede concebirse como normas ideales que no podemos evitar usar en la construcción instrumentos de medición que hacen posible las mediciones empíricas del espacio. (Luego, hasta el momento, no se puede decir que la geometría euclidiana ha sido falsada por la teoría de la relatividad; sino que esta teoría presupone su validez al hacer uso de sus instrumentos de medición.)[15] El campo de acción, nuestra área de interés principal, será analizada cuando discutamos los fundamentos apriorísticos de la economía. Entonces, la primera explicación de conocimiento apriorístico como conocimiento de las reglas de construcción que no pueden concebiblemente ser alteradas, se dará utilizando el ejemplo del lenguaje y el pensamiento. Este es el punto de partida elegido, porque es lenguaje y pensamiento lo que se usa al hacer lo que se está haciendo aquí: comunicar, discutir y argumentar.

Como los empiristas lo ven, el lenguaje es un sistema convencionalmente aceptado de signos y combinaciones de signos, a quienes, de nuevo por convención, se les asigna un significado, en última instancia por medio de definiciones ostensivas. De acuerdo a esta visión, puede parecer que aunque el lenguaje es un producto artificial, hecho por el hombre, nada puede ser conocido sobre él a priori. Y, en efecto, hay muchos diferentes idiomas, cada uno con signos diferentes, y el significado de los términos utilizados pueden ser asignado y cambiado arbitrariamente, de manera que todo lo que hay que saber sobre el lenguaje tiene, o al menos eso parece, que ser aprendido de la experiencia. Pero esta visión es incorrecta, o en el mejor es sólo la mitad de la verdad. Es cierto que todo idioma es un sistema convencional de signos, pero ¿qué es una convención? Evidentemente, no se puede sugerir que “convención” a su vez sea definida convencionalmente, ya que eso sería simplemente presuponer la misma respuesta. Todo puede ser llamado una convención (y, por ende, un lenguaje), pero no todo lo que puede ser llamado así es de hecho un acuerdo por convención. Decir y hacerse entender al decir “convención se usa de tal y tal manera” presupone que uno ya sabe lo que es una convención, pues esta declaración ya habría tenido que hacer uso del lenguaje como un medio de comunicación. Por lo tanto, uno se ve obligado a concluir que el lenguaje es un sistema convencional de signos, y como tal, conocimiento sobre él sólo puede ser conocimiento empírico. Pero para que exista tal sistema tiene que asumirse que todo hablante de una lengua conoce ya lo que es una convención, y tiene que saber esto no simplemente en la forma en que sabe que “perro” significa perro, sino que tiene que saber el significado real y verdadero de convención. Como tal, su conocimiento de lo que es un idioma tiene que ser considerado a priori. Esta idea puede repetirse para niveles más particulares. Hay todo tipo de declaraciones específicas que pueden hacerse en un idioma, y ​​sin duda la experiencia juega un papel aquí. Sin embargo, saber lo que significa hacer una proposición no puede definitivamente ser aprendido de la experiencia, sino que debe ser presupuesto de cualquier hablante de una idioma. Lo que es una proposición no puede ser explicado a un hablante simplemente con otra declaración, a menos que él ya sepa cómo interpretar eso como una proposición. Y lo mismo es cierto de las definiciones: no es suficiente definir “Definición” ostensivamente señalando con el dedo a alguien que está señalando con el dedo una definición, porque así como en el caso en el que la palabra “perro” se define señalando a un perro, una comprensión del significado de definiciones ostensivas tiene ya que ser presupuesta cuando se entiende que señalar a un perro, acompañado por el sonido [perro] quiere decir que “perro” significa perro, de la misma forma en el caso de “definición”. Definir definición ostensivamente carecería totalmente de sentido, a menos que uno supiera de antemano que el sonido particular que se hizo tenía que significar algo cuya identificación debía estar asistida señalando con el dedo, y como entonces identificar objetos particulares como instancias de propiedades generales y abstractas. En resumen, para definir cualquier término por convención, tiene que asumirse que el que está hablando tiene conocimiento a priori del significado real—la definición real—de “definición”.[16]

Entonces, el conocimiento sobre lenguaje, que tiene que ser considerado a priori en el sentido de que debe presuponerse de cualquiera que habla un idioma, es el conocimiento de cómo hacer convenciones reales, de cómo hacer una proposición haciendo una declaración (esto es, cómo dar significado a algo diciendo algo) y de cómo hacer una definición real e identificar instancias particulares de propiedades generales. Cualquier negación de esto sería una auto-refutación, ya que tendría que hacerse en un lenguaje, haciendo proposiciones y usando definiciones. Y como toda experiencia es una experiencia conceptual, esto es, experiencia en términos de un lenguaje—y decir que eso no es así sería sólo probar el punto, dado que eso tendría que estar contenido en un lenguaje, también—al saber a priori que eso es cierto de un lenguaje, uno también conocería una verdad a priori acerca de la realidad: que está hecha de objetos particulares que tienen propiedades abstractas, esto es, propiedades de las que es posible encontrar otros casos; que esos objetos tienen o no alguna propiedad distintiva, y así entonces que hay hechos que pueden decirse según sea el caso, verdaderos o no; y también que no puede conocerse a priori cuáles son todos los hechos, excepto que ellos también tienen que ser hechos, esto es, instancias de propiedades abstractas particulares. Y una vez más, uno no sabe todo esto por experiencia, ya que la experiencia es sólo lo que pueden aparecer en la forma anteriormente descrita.[17]

Con esto en mente podemos ir al campo de la acción para probar el punto específico de que también se tiene conocimiento cierto apriorístico de las acciones y las consecuencias de las acciones porque las acciones, también, son construcciones hechas por los hombres que pueden ser completamente entendidas respecto a sus reglas de construcción; y que no puede considerarse que el empirismo-positivismo—bajo pena de contradicción—debilita o que incluso constituye un reto serio a los argumentos económicos en contra del socialismo, dado que este caso en última instancia descansa en tales fundamentos, mientras que la filosofía empirista entra en contradicción con él.

En el primer paso argumentativo demostraré que la metodología empirista, contrario a su propia afirmación, no puede aplicarse a las acciones y por tanto revela una primera, aunque más bien negativa, instancia de conocimiento apriorístico acerca de las acciones. El empirismo afirma que las acciones, al igual que cualquier otro fenómeno, pueden y deben ser explicas por medio de hipótesis causales que pueden ser confirmadas o refutadas por la experiencia. Ahora bien, si este fuese el caso, el empirismo se vería obligado a asumir (contrario a su propia doctrina de que no hay conocimiento a priori como conocimiento de la realidad) que existen causas que operan de forma invariable en el tiempo respecto a acciones. Uno no sabe de antemano qué evento particular puede ser la causa de una acción en particular—la experiencia tendrían que revelar esto. Pero a fin de proceder de la manera que el empirismo quiere que procedamos—relacionando experiencias diferentes respecto a secuencias de eventos, ya sea confirmando o falsando unas a otras; y si obtenemos una falsación, entonces, respondiendo con una reformulación de la hipótesis causal original—una constancia en el tiempo en la operación de las causas tiene que presuponerse. Sin embargo, si esto fuese cierto, y las acciones de hecho pudiesen considerarse como gobernadas por causas que operan de forma invariable en el tiempo, ¿qué se puede decir que los que hacen las explicaciones, esto es, las personas que llevan a cabo el proceso mismo de creación de hipótesis, de verificación y falsación;—todos nosotros, que actuamos de la manera que los empiristas dicen que actuemos? Evidentemente, para hacer todo esto—asimilando experiencias de confirmación o falsación, reemplazando hipótesis viejas por otras nuevas—uno tiene supuestamente que ser capaz de aprender. Sin embargo, si uno es capaz de aprender de la experiencia, y el empirista está obligado a admitir esto, entonces uno no puede saber en un momento dado del tiempo lo que lo sabrá en un momento posterior y cómo uno actuará sobre la base de ese conocimiento. En vez de eso, uno sólo puede reconstruir las causas de sus acciones después del evento, ya que uno sólo puede explicar su conocimiento después que ya lo posee. Por tanto, la metodología empírica aplicada al campo del conocimiento y la acción, que contiene el conocimiento como ingrediente necesario, es simplemente contradictoria—un absurdo lógico.[18] El principio de constancia puede ser correctamente asumido en la esfera de los objetos naturales y, como tal, la metodología de empirismo puede ser aplicable allí, pero con respecto a las acciones, cualquier intento de explicación empírica causal es lógicamente imposible, y esto, que definitivamente es conocimiento sobre algo real, puede ser conocido con certeza. Nada puede ser conocido a priori acerca de una acción particular; pero conocimiento a priori existe respecto a las acciones en la medida en que son acciones. Se puede conocer a priori que ninguna acción puede ser concebida como predecible sobre la base de causas que operan de forma constante.

La segunda idea a analizar respecto a la acción es del mismo tipo. Voy a demostrar que, si bien las acciones en sí no pueden ser concebidas como causadas, cualquier cosa que es una acción que debe presuponer la existencia de causalidad en el mundo físico en el que se realizan las acciones. La causalidad—que la filosofía empirista-positivista de alguna manera tiene que asumir que existe para hacer sus propios procedimientos metodológicos lógicamente posibles, a pesar de que esa suposición definitivamente no puede decirse es derivada de la experiencia y justificada en términos de ella—es una categoría de acción, esto es, es producida o construida por nosotros al seguir una regla de procedimiento; y esa regla, como resulta, prueba ser necesaria para actuar en absoluto. En otras palabras, esa regla es tal que no puede ser concebiblemente falsada, ya que incluso el intento de falsarla la tiene que presuponer.

Después de lo que se ha dicho acerca de la causalidad, debe ser de hecho fácil ver que se trata de una característica producida, en vez de dada, de la realidad. Uno no experimenta y aprende que hay causas que siempre operan de la misma forma y sobre las cuales se pueden hacer predicciones sobre el futuro. En vez de eso, uno establece que los fenómenos tienen causas siguiendo un tipo particular de procedimiento de investigación, negando en principio alguna excepción, esto es, instancias de inconstancia, y estando preparado para lidiar con ellas mediante la producción de una nueva hipótesis causal cada vez que alguna de tales aparentes inconstancias se produzca. Pero, ¿qué hace a esa forma de proceder necesaria? ¿Por qué tiene uno que actuar de esa manera? Porque comportarse de esa manera es lo que realizar acciones intencionales es; y siempre que uno actúe intencionalmente, presuponer causas que operan de forma constante es precisamente lo que uno hace. Los actos intencionales se caracterizan por el hecho de que el actor interfiere en su medio ambiente y cambia ciertas cosas, o les impide cambiar, y así desvía el curso “natural” de eventos para lograr un resultado o situación preferida; o si una interferencia activa prueba ser imposible, él se prepara para un resultado sobre el que él no puede hacer nada al respecto, excepto anticiparse al tiempo, buscando eventos temporalmente anteriores que señalen el resultado posterior. En cualquier caso, para producir un resultado que de otra manera no habría ocurrido, o que sea capaz de adaptarse a un resultado inevitable que de otra manera hubiese llegado como una sorpresa total, el actor debe presuponer causas que operan de forman constante. Él no interferiría si no asumiera que eso ayudaría a lograr el resultado deseado; y no se prepararía y adaptaría a nada a menos que pensara que los eventos sobre cuya base comenzó sus preparativos fuesen de hecho fuerzas causales que operan de forma constante que producirían el resultado en cuestión, y que los preparativos llevados a cabo de hecho condujeran a la meta deseada. Por supuesto, un actor podría equivocarse respecto a sus supuestos particulares de relaciones de causa y efecto, y un resultado deseado podría no ocurrir a pesar de la interferencia, o un evento anticipado para el cual se hicieron preparativos podría no ocurrir. Pero sin importar lo que pase en este respecto, sea que los resultados se ajusten o no a las expectativas, sea que las acciones respecto a un resultado o evento dado se realicen en el futuro, cualquier acción, cambiada o no cambiada, presupone que hay causas que operan de forma constante, incluso si ninguna causa particular de un evento particular es pre-conocida por el actor en un tiempo dado. De hecho, refutar que un fenómeno natural se rige por causas que operan de forma invariable en el tiempo requeriría que uno demostrase que tal fenómeno dado no puede ser anticipado o producido sobre la base de variables antecedentes. Pero claramente, tratar de probar eso de nuevo presupone necesariamente que la ocurrencia o no ocurrencia del fenómeno bajo escrutinio podría ser afectada tomando acciones adecuadas y que el fenómeno tiene que presuntamente estar integrado en una red de causas que operan de forma constante. Por lo tanto, uno se ve obligado a concluir que la validez del principio de constancia no puede ser falsado por ninguna acción dado que cualquier acción tendría que presuponerla.[19] (Sólo hay una forma en que se podría decir que “la experiencia” puede “falsar” el principio de constancia: si el mundo físico fuese de hecho tan caótico que uno ya no pudiese actuar en absoluto, luego, por supuesto, no tendría mucho sentido hablar ni una sola palabra sobre un mundo con causas que operan de forma constante. Pero entonces los seres humanos, cuya característica esencial es la de actuar intencionalmente, también dejarían de ser los que experimentan esa inconstancia. Mientras uno sobreviva como un ser humano—y es esto lo que el argumento de hecho dice—el principio de constancia tiene que ser asumido como válido a priori, dado que cualquier acción tiene que presuponerlo y ninguna experiencia que uno pudiese tener podría refutarlo.)[20]

Implicado en la categoría de causalidad está la del tiempo. Cada vez que uno produce o se prepara para un determinado resultado y al hacerlo clasifica eventos como las causas y efectos, también distingue entre eventos anteriores y posteriores. Y ciertamente, esta clasificación no está simplemente derivada de la experiencia, es decir, de la mera observancia de cosas y eventos. La secuencia de experiencias como aparece en el orden temporal de las observaciones de uno es algo muy diferente de la secuencia real de eventos en tiempo real. De hecho, uno puede observar las cosas en un orden exactamente opuesto del orden temporal real en que ocurrieron. Que uno sepa cómo interpretar observaciones de una manera que puede desviarse del orden temporal correcto en el que se hicieron y que pueda incluso ubicar los eventos en tiempo objetivo requiere que el observador sea un actor y que sepa lo que significa producir o prepararse para algún resultado.[21] Sólo porque uno es un actor, y las experiencias son las de una persona que actúa, los eventos pueden ser interpretados como ocurriendo antes y después. Y, uno no aprende de la experiencia que las experiencias tienen que ser interpretadas respecto a las acciones, dado que la realización de cualquier acción presupone ya la posesión de experiencias interpretadas de esa manera. Ninguna persona que no supiera lo que significa actuar podría jamás experimentar eventos ubicados en tiempo real, y por tanto el significado de tiempo tiene que ser asumido como conocido a priori por todo actor por el hecho de que es un actor.

Además, las acciones no sólo presuponen causalidad y orden temporal objetivo, también requieren valores. Los valores tampoco los conocemos mediante la experiencia; en vez de eso, lo opuesto es verda­dero. Uno sólo experimenta cosas porque son cosas sobre las que puede ser colocado un valor positivo o negativo en el curso de acción. Es decir, sólo por un actor las cosas pueden ser experimentadas como cargadas de valores y, incluso de forma más general, sólo porque uno es un actor tiene uno experiencias conscientes en absoluto, dado que ellas informan acerca de cosas que podrían ser valiosas conocer para una persona que actúa. De forma más precisa: con cada acción el actor persigue una meta.[22] Él quiere producir un resultado determinado o estar preparado para un resultado que él no puede evitar que ocurra. Sea cual sea la meta de su acción (que, por supuesto, uno puede sólo conocer de la experiencia), el hecho de que es perseguida por un actor revela que él le asigna valor. De hecho, revela que desde el mismo punto de partida de su acción él le asigna un valor relativamente más alto que a cualquier otra meta de acción que se le ocurrió, de lo contrario él habría actuado de otra manera. También, dado que para alcanzar su meta más valorada un actor tiene que interferir en un punto anterior en el tiempo o tiene que estar buscando un evento anterior a fin de iniciar preparativos para una ocurrencia posterior, toda acción también tiene que emplear medios (al menos los del propio cuerpo y tiempo absorbido, por la interferencia o los preparativos, del actor) para producir el fin deseado. Y como se asume que esos medios son causalmente necesarios para alcanzar la meta valorada, de lo contrario el actor no los emplearía, valor también tiene que asignarse a ellos. No sólo las metas, entonces, tienen valor para el actor, sino que los medios, también—un valor que es derivado del fin deseado, ya que uno no podría alcanzar el fin sin emplear algunos medios. Además, dado que las acciones sólo pueden llevarse a cabo de forma secuencial por un actor, cada acción implica la realización de una elección. Implica tomar el curso de acción que en el momento de actuar prometía el resultado más altamente valorado para el actor, y que por tanto él le da preferencia; al mismo tiempo implica excluir otras posibles acciones con resultados esperados de valor menor. Como consecuencia de tener que elegir cada vez que uno actúa—de no ser capaz de alcanzar todas las metas valoradas simultáneamente—la realización de toda y cada acción implica incurrir en costos. El costo de una acción es el precio que hay que pagar por tener que preferir un curso de acción sobre otro, y equivale al valor asignado a la meta más valorada que no puede alcanzada o cuyo logro tiene ahora que ser postergado, porque los medios necesarios para producirlo están siendo utilizados en la producción de otro fin, incluso más valorado. Y si bien esto implica que en el punto de partida toda acción debe ser considerada como más valiosa que su costo, y capaz de asegurar un beneficio para el actor, esto es, un resultado cuyo valor ocupa un rango más alto que los costos, cada acción también se ve amenazada por la posibilidad de una pérdida. Tal pérdida ocurre si en retrospectiva, el actor se da cuenta que—contrario a su expectativa previa—el resultado, de hecho, tuvo un valor más bajo que el de la alternativa a la que renunció. Y así como toda acción necesariamente busca un beneficio, la posibilidad de una pérdida, también acompaña necesariamente toda acción. Porque el actor puede estar equivocado en su conocimiento causal-tecnoló­gico, y el resultado buscado puede no ser producido con éxito o los eventos para los que fueron producidos pueden no ocurrir; o puede equivocarse porque cada acción requiere un tiempo para ser completada y el valor asignado a diferentes metas puede cambiar en el ínterin, haciendo menos valiosas cosas que antes parecían ser de gran valor.

Todas estas categorías—valores, fines, medios, elección, preferencias, costos, ganancias y pérdidas—están implicadas en el concepto de acción. Ninguna de ellas es derivada de la experiencia. En vez de eso, que uno sea capaz de interpretar experiencias en las categorías anteriores requiere que uno sepa ya lo que significa actuar. Nadie que no es un actor podría entenderlas dado que no están “dadas”, listas para ser experimentadas, sino que la experiencia está enfrascada en esos términos al ser construida por el actor de acuerdo a las normas necesarias para actuar. Y ciertamente, como las acciones son cosas reales y uno no puede no actuar—ya que incluso el intento de hacerlo sería en si mismo una acción que busca una meta, que requiere medios, que excluye otros cursos de acción, que incurre en costos, sometiendo al actor a la posibilidad de no alcanzar la meta deseada y de así sufrir una pérdida—el conocimiento de lo que significa actuar debe ser considerado conocimiento a priori sobre la realidad. La posesión misma de ese conocimiento no puede ser deshecha o refutada, dado que eso presupondría ya su existencia misma. De hecho, una situación en la que estas categorías de acción cesaran de tener existencia real, no podría nunca ser observada, ya que hacer una conservación es sí misma es un acción.[23]

El análisis económico, y en particular el análisis económico del socialismo, tiene como fundamento este conocimiento a priori del significado de la acción así como sus componentes lógicos. Esencialmente, el análisis económico consiste de: (1) la comprensión de las categorías de acción y la comprensión del significado de un cambio en los valores, los costos, el conocimiento tecnológico, etc.; (2) la descripción de una situación en la que estas categorías asumen un significado concreto, donde personas específicas son identificadas como actores con determinados objetos especificados como sus medios para la acción, con metas definidas identificadas como los valores y determinadas cosas especificadas como costos; y (3) una deducción de las consecuencias que resultan de la realización de una acción específica en esta situación, o de las consecuencias que resultan para un actor, si esta situación es cambiada en una forma específica. Y esa deducción debe producir conclusiones válidas a priori, siempre que no exista error en el proceso mismo de deducción, estando dadas la situación y el cambio introducido en ella; tal deducción debe también producir conclusiones válidas a priori sobre la realidad, si la situación y el cambio introducido en ella puedan ser identificados como reales, porque entonces su validez en última instancia reposaría sobre la validez indiscutible de la categoría de acción.

Es sobre este camino metodológico que en la discusión anterior sobre el socialismo la conclusión fue derivada, por ejemplo, que si el trabajo empleado por un actor no era en si mismo su meta de acción, sino en vez de eso sólo el medio para alcanzar la meta de producir ingresos y si luego ese ingreso es reducido contra su consentimiento—a través de impuestos— entonces para él el costo trabajar ha sido incrementado, ya que el valor de otras metas alternativas que pueden perseguirse por medio de su cuerpo y su tiempo se ha incrementado en términos relativos, y por lo tanto un reducido incentivo para trabajar tiene que resultar. Sobre este camino, también, se llegó a la conclusión—como conclusión a priori—que, por ejemplo, si los usuarios reales de los medios de producción no tienen el derecho de vender a los que ofrecen pagar más, entonces nadie puede establecer los costos monetarios envueltos en producir lo que es realmente producido con ellos (es decir, el valor monetario de las oportunidades a las que se renunció por no usarlos de manera diferente), y ya nadie puede asegurar que esos medios de hecho fueron empleados en la producción de aquellos bienes considerados como los más valorados por los actores al inicio de sus actividades productivas. Por lo tanto, una producción menor en términos de poder adquisitivo tiene que obtenerse.

Después de esta digresión bastante larga en el campo de la epistemología, regresemos ahora a la discusión del socialismo de ingeniería social. Esta digresión fue necesaria con el fin de refutar la afirmación del empirismo-positivismo, que si fuese cierta hubiese salvado al socialismo, de que nada categórico puede decirse contra un plan de políticas, ya que sólo la experiencia puede revelar las verdaderas consecuencias de determinadas políticas. Contra esto he señalado que el empirismo claramente parece contradecir la intuición. De acuerdo a la intuición, la lógica es una fuente más fundamental que la experiencia y también es conocimiento acerca de cosas reales. Además, el empirismo-positivismo resulta ser auto-contradictorio, ya que él mismo tiene que presuponer la existencia de conocimiento a priori como conocimiento real. En efecto, existe un stock de conocimiento a priori verdadero que debe ser presupuesto de toda persona que experimenta y actúa, porque ella sabe lo que significa actuar, y que no puede ser posiblemente refutado por la experiencia, ya que el intento mismo de hacerlo presupone la validez de lo que se disputa.

La discusión nos ha llevado a una conclusión que se puede resumir de la siguiente manera: “La experiencia no vence a la lógica, sino que lo opuesto es cierto.” La lógica supera y corrige la experiencia y nos dice qué tipo experiencias es posible que podamos tener, y cuáles, en vez de eso, se originan en una mente confusa, y así podrían mejor llamarse “sueños” o “fantasías” en vez de experiencias sobre la “realidad.” Con esta confianza restaurada sobre la solidez de los fundamentos sobre la cual el argumento económico en contra del socialismo ha sido construido, una crítica directa contra el socialismo de ingeniería social es ahora posible; una crítica que es, nuevamente, lógica, sobre la base de conocimiento a priori, y que demuestra que las metas perseguidas por el socialismo de ingeniería social nunca podrían ser alcanzadas por sus medios propuestos, ya que eso entraría en contradicción con tal del conocimiento. La crítica siguiente puede ahora ser breve, ya que la ideología de ingeniería social, aparte de su metodología empirista-positivista que ha sido demostrado defectuosa, no es realmente diferente de las otras versiones de socialismo. Por lo tanto, el análisis dado en los capítulos anteriores respecto al socialismo marxista social-demócrata y al socialismo conservador se aplica también aquí.

Esto se hace claro una vez que las reglas de propiedad del socialismo de ingeniería social se expresan. En primer lugar, la usuarios-dueños de los recursos escasos pueden hacer lo que quieran con ellos. Pero en segundo lugar, siempre que el resultado de este proceso no es del agrado de la comunidad de ingenieros sociales (esto es, personas que no son usuarios-dueños de las cosas en cuestión y que no tiene un título contractualmente adquirido sobre ellas), la comunidad de ingenieros sociales tiene derecho de interferir con las prácticas de los usuarios-propietarios reales y determinar los usos de dichos medios, restringiendo así sus derechos de propiedad. Además, la comunidad de ingenieros sociales tiene el derecho de determinar unilateralmente cual es, o no, el resultado preferido, y puede así restringir los derechos de propiedad de los dueños naturales cuando sea, donde sea, y en la medida que considere necesaria para producir un resultado preferido.

En cuanto a esas reglas de propiedad, uno se da cuenta de inmediato que si bien el socialismo de ingeniería social permite una implementación gradual de sus objetivos con sólo un grado moderado de intervención en los derechos de propiedad de dueños naturales, dado que el grado en que sus derechos pueden ser reducidos será determinado por la sociedad (los ingenieros sociales), la propiedad privada es en principio abolida y las empresas productivas de la gente se llevan a cabo bajo la amenaza de una expropiación cada vez más creciente o incluso total de los dueños privados. En ese sentido no hay diferencia alguna entre el socialismo social-demócrata, el socialismo conservador y la versión de ingeniería social del socialismo. La diferencia se reduce nuevamente a una de psicología social. Mientras el socialismo marxista redistributivo y el socialismo conservador quieren lograr una meta general determinada de antemano—una meta de égalité o la preservación de un orden determinado—el socialismo de ingeniería social no tiene tal tipo de diseño. Su idea es una de intervención puntuada, sin principios; una ingeniería flexible, fragmentaria. La ingeniería socialista es así aparentemente mucho más abierta a la crítica, a las reacciones cambiantes, a las nuevas ideas—y esta actitud sin duda atrae a una gran cantidad de personas que no estarían dispuestas a suscribirse a ninguna de las otras formas de socialismo. Por otro lado, sin embargo, y esto debe tenerse en cuenta también, no hay casi nada, incluyendo incluso lo más lo ridículo, que a los ingenieros sociales no les gustaría probar en sus semejantes, a quienes ellos ven como paquetes de variables a ser técnicamente manipulados como peones en un tablero de ajedrez mediante el establecimiento de los estímulos correctos.

En cualquier caso, dado que el socialismo de ingeniería social no difiere en principio de las otras versiones de socialismo, en que implica una redistribución de títulos de propiedad de los usuarios y los contratistas de recursos escasos hacia los no-usuarios y no-contratistas, también eleva el costo de producción y conduce así a una reducción en la producción de la riqueza; y esto es necesariamente así y nadie necesita probarlo primero para llegar a esta conclusión. Esta conclusión general es cierta sin importar el curso específico que la ingeniería social pudiese tomar. Digamos que la comunidad de ingenieros sociales no aprueba que algunas personas tengan un ingreso bajo y deciden así fijar salarios mínimos por encima del actual nivel de mercado.[24] La lógica dice a uno que eso implica una restricción a los derechos de propiedad de los empleadores, así como a los empleados que ya no están permitidos de aceptar ciertos tipos de negociaciones mutuamente beneficiosas. La consecuencia es y tiene ser el desempleo. En lugar ser pagados a un salario de mercado más bajo, a algunas personas ya no se les paga en absoluto, ya que algunos empleadores no pueden pagar los costos adicionales o contratar tantas personas como estarían dispuestas a contratar a un menor costo. Los empleadores se verán afectados, dado que ellos pueden sólo emplear menos gente y la producción por lo tanto, será menor, en términos relativos; y los empleados se verán afectados, ya que en lugar de tener algún ingreso, aunque bajo, ahora no tienen ningún ingreso. No se puede afirmar a priori cuáles empleados y los empleadores sufrirán más con esto, excepto que serán los empleados cuyo trabajo específico tiene un valor relativamente bajo en el mercado, y los empleadores que específicamente contrataban ese tipo de trabajo. Sin embargo, sabiendo por experiencia, por ejemplo, que los servicios de mano de obra poco calificada son particularmente frecuentes entre jóvenes, negros, mujeres, personas mayores que quieren reingresar a la fuerza de trabajo después de un largo período trabajo en la casa, etc., puede predecirse con certeza que esos serán los grupos más afectados por el desempleo. Y ciertamente, el hecho mismo de que el problema que la intervención se suponía originalmente curaría (los ingresos bajos de algunas personas) es ahora incluso peor que antes podía haber sido conocido a priori, independientemente de cualquier experiencia! Pensar que, engañados por la metodología empirista defectuosa, todo esto primero tiene que ser probado, dado que de otro modo no podría haber sido conocido no sólo es charlatanería científica, igual que todo acto basado en fundamentos intelectuales mal concebidos, es extremadamente costoso también.

Veamos otro ejemplo, a la comunidad de ingenieros sociales no le gusta el hecho que las rentas de las casas o departamentos sean tan altas como son, y que por lo tanto algunas personas no puedan ser capaces de vivir tan cómodamente como ellos piensan que deberían. En consecuencia, se aprueban leyes de control de alquiler, estableciendo rentas máximas para ciertos departamentos.[25] Esta es la situación, por ejemplo, en Nueva York, o en una escala mucho mayor, en toda Italia. Una vez más, sin tener que esperar a que las consecuencias se vuelvan reales uno sabe cuáles serán. La construcción de nuevas viviendas se reducirá, ya que la rentabilidad de la inversión es ahora más baja. Y con respecto a los apartamentos ya existentes, una escasez aparecerá de inmediato, dado que la demanda de los mismos, al precio es más bajo, aumentará. Algunos de los apartamentos más viejos ni siquiera se alquilarán más, si la renta fija es tan baja que el alquiler ni siquiera cubre el costo del deterioro que se produce con sólo vivir y usar el departamento. Luego habría una gran escasez de viviendas junto a miles de apartamentos vacíos (y Nueva York e Italia nos proporcionan ejemplos perfectos de ello). Y no habría forma de salir de eso, dado que todavía no saldría a cuenta construir nuevas viviendas. Además, la escasez creciente resultaría muy costosa en inflexibilidades, dado que las personas que lograron entrar en uno de los apartamentos de bajo precio estarán cada vez menos dispuestas a mudarse, a pesar del hecho de que, por ejemplo, el tamaño de la familia normalmente cambia durante el ciclo de vida y así necesidades muy diferentes en materia de vivienda surgen, y a pesar del hecho de que diferentes oportunidades de trabajo podrían aparecer en diferentes lugares. Y así un enorme desperdicio de espacio de alquiler ocurre, porque las personas mayores, por ejemplo, que ocupaban grandes departamentos que eran del tamaño adecuado cuando los niños aún vivían en casa, pero son demasiado grande ahora, no se mudarán a departamentos pequeños, dado que no hay ninguno disponible; y las familias jóvenes que necesitan departamentos grandes ya no los encuentran tampoco, precisamente porque esos lugares no serán desocupados. Desperdicios también se producen porque la gente no se mudará a los lugares donde hay mayor una demanda por sus servicios de mano de obra específica, o ellos pasarán mucho tiempo viajando lugares más alejados, simplemente porque no puede encontrar un lugar para vivir donde hay trabajo para ellos, o sólo encuentran departamentos a un precio mucho más alto que la renta fija actual. Claramente, el problema que los ingenieros sociales quería resolver por medio de la introducción de leyes de control de alquileres es mucho peor que antes y el nivel general de vida, en términos relativos, ha declinado. Una vez más, todo esto podría haber sido un conocido a priori. Para el ingeniero social, sin embargo, mal-guiado por la metodología empirista-positivista que le dice que no hay forma de conocer los resultados a menos que las cosas sean realmente probadas, esta experiencia probablemente sólo establecerá el escenario para la próxima intervención. Tal vez los resultados no fueron exactamente como se esperaba debido a que uno se había olvidado de controlar algunas otras variables importantes, y uno debe ahora averiguarlo. Pero como este capítulo ha demostrado, hay una manera de saber de antemano que un acto de intervención, ni el primero ni algún otro subsecuente, nunca logrará su meta, dado que implica una interferencia en los derechos de los dueños naturales de las cosas por parte de no-usuarios y no-contratistas.[26]

Para entender esto, sólo es necesario regresar al razonamiento económico sólido; para darse cuenta de la singular naturaleza epistemológica de la economía como ciencia apriorística de la acción humana que descansa sobre fundamentos cuya negación tiene que presuponer su validez; y para reconocer, a su vez, que una ciencia de la acción basada en la metodología empirista-positivista es tan infundada como la afirmación de que “uno puede tener un pastel y comérselo al mismo tiempo.”

[1]Ver, sobre la posición positivista clásica, ver A.J. Ayer, Lenguaje, Verdad y Lógica, Nueva York, 1950; sobre el racionalismo crítico K.R. Popper, La lógica del Descubrimiento Científico, Londres, 1959; Conjeturas y Refutaciones, Londres, 1969; y Conocimiento Objetivo, Oxford, 1973; para afirmaciones representativas del empirismo-positivismo como metodología adecuada para la economía ver por ejemplo M. Blaug, La Metodología de la Economía, Cambridge, 1980; T.W. Hutchinson, La Significancia y los Postulados Básicos de la Teoría Económica, Londres, 1938; y La Economía Positiva y los Objetivos de Política, Londres, 1964; y La Política y la Filosofía de la Economía, New York, 1981; también M. Friedman, “La Metodología de la Economía Positiva”, en: M. Friedman, Ensayos Sobre Economía Positiva, Chicago, 1953; H. Albert, Marktsoziologie und Entscheidungslogik, Neuwied, 1967.

[2]Sobre la ingeniería social gradual e incremental cf. K. R. Popper, La Miseria del Historicismo, Londres, 1957.

[3]Ver. G. Luehrs (ed.), Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie, 2 vols., Bonn, 1975-76.

[4]Sobre lo siguiente, ver M. Hollis y E. Nell, Hombre Económico Racional, Cambridge, 1975, pp. 3ff.

[5]Ver D. Hume, Tratado sobre la Naturaleza Humana e Investigación sobre el Entendimiento Humano, en Selby-Bigge (ed.), Las Investigaciones de Hume, Oxford, 1970; también H.H. Hoppe, Handeln und Erkennen, Bern, 1976.

[6]Ver I. Lakatos, “Falsación y la Metodología de los Programas de Investigación Científica”, en: Lakatos y Musgrave (eds.), Criticismo y el Crecimiento del Conocimiento, Cambridge, 1970.

[7]Todo esto fue hecho notar al popperianismo, principalmente por T.S. Kuhn, La Estructura de las Revoluciones Científicas, Chicago, 1964; y fue luego P. Feyerabend quien trazó la conclusión más radical: tirar al tacho la pretensión científica de racionalidad por completo, y abrazar el nihilismo bajo el lema “todo vale” (P. Feyerabend, Contra el Método, Londres, 1978; y La Ciencia en una Sociedad Libre, Londres, 1978). Para una crítica de esta conclusión infundada ver la nota 20 más abajo.

[8]Ver, sobre esto y lo siguiente A. Pap, Semántica y Verdad Necesaria, New Haven, 1958; M. Hollis y E. Nell, Hombre Económico Racional, Cambridge, 1975; B. Blanshard, Razón y Análisis, La Salle, 1964.

[9]Ver sobre esto a W. Kamlah y P. Lorenzen Logische Propaedeutik, Mannheim, 1967.

[10]Ver L.v. Mises, El Fundamento último de la Ciencia Económica, Kansas City, 1978, p.5: “La esencia del positivismo lógico es negar el valor cognitivo del conocimiento a priori señalando que todas las proposiciones a priori son meramente analíticas, que no proporcionan nueva información, sino que son meramente verbales o tautológicas … Sólo la experiencia puede dar lugar a proposiciones sintéticas. Hay una obvia objeción contra esta doctrina, a saber., que esta proposición es en sí misma una proposición—que el presente autor piensa, falsa—sintética a priori, ya que no puede ser claramente establecida por la experiencia.”

[11]M. Hollis y E. Nell remarcan: “Dado que toda afirmación significativa es, para un positivista, analítica o sintética y no ambas al mismo tiempo, podemos pedir una clasificación …. Nosotros no sabemos de algún positivista que haya tratado de producir evidencia empírica para afirmaciones (del tipo en cuestión). Tampoco podemos ver cómo hacerlo, a menos que argumentemos que es un asunto de cómo la gente utiliza los términos … lo que nos empujaría simplemente a preguntar “¿Y qué?” (M. Hollis y E. Nell, Hombre Económico Racional, Cambridge, 1975, p. 110).

[12]Ver, sobre esto H.H. Hoppe, Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozial-Forschung, Opladen, 1983; y “¿Es Posible la Investigación Basada en los Principios Científicos de Causalidad en las Ciencias Sociales”, en Ratio, XXV, 1, 1983.

[13]Ver, I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, en Kant, Werke (ed. Weischedel), Wiesbaden, 1956, vol. II, p.45.

[14]Esto, por supuesto, es una idea kantiana, expresada en el dictum de Kant que “la razón puede sólo entender lo que ella misma ha producido de acuerdo a su propio diseño” (Kritik der reinen Vernunft, en: Kant, Werke (ed. Weischedel), Wiesbaden , 1956, vol. II, p. 23).

[15]Ver, sobre esto P. Lorenzen, “Wie ist in der Physik Objektivitaet moeglich”; “Das Begruendungsproblem der Geometrie als Wissenschaft der raeumlichen Ordnung”, en: Methodisches Denken, Frankfurt/M., 1968; y Lógica Normativa y ética, Mannheim, 1969; F. Kambartel, Erfahrung und Struktur, Frankfurt/M., 1968, cap. 3; también H. dingier, Die Ergreifung des Wirklichen, Muenchen, 1955; P. Janich, Protophysik der Zeit, Mannheim, 1969.

[16]Sobre el problema de las definiciones reales frente a las convencionales o estipulativas ver M. Hollis y E. Nell, Hombre Económico Racional, Cambridge, 1975, pp. 177ff. “Definiciones honestas son, desde un punto de vista empirista, de dos clases, léxicas y estipulativas.” (p. 177) Pero, “cuando se trata de justificar (este) punto de vista, se nos da presumiblemente una definición de ‘definición’. Cualquiera sea la categoría de definición en que la definición … caiga, no tenemos que aceptarla como de algún valor epistemológico. De hecho, ni siquiera sería una tesis epistemológica posible, a menos que fuese léxica ni estipulativa. Este punto de vista es inconveniente y se auto-refuta al mismo tiempo. Una opinión contraria con una larga tradición es que hay definiciones “reales”, que capturan la esencia de la cosa definida” (p. 178); ver también B. Blanshard, Razón y Análisis, La Salle, 1964, pp. 268f.

[17]Ver A. v. Melsen, Filosofía de la Naturaleza, Pittsburgh, 1953, esp. capítulos 1, 4.

[18]Ver también H. H. Hoppe, Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozialforschung, Opladen, 1983; y “¿Es Posible la Investigación Basada en los Principios Científicos de Causalidad en las Ciencias Sociales” en Ratio XXV, 1, 1983. Aquí el argumento se resume así (p. 37): “(1) Yo y—como posibles oponentes en una argumentación—otras personas son capaces de aprender. (Esta declaración no puede ser negada sin implícitamente admitir que es correcta. Sobre todo, tiene que ser asumida por cualquiera que investigaciones causas. En este sentido, la proposición (1) es válida a priori.) (2) Si es posible aprender, uno no puede saber en un momento dado lo que se sabrá en un momento futuro y cómo actuará sobre la base de este conocimiento. (Si uno supiera en un momento dado lo que uno llegará a saber en un tiempo futuro, sería imposible aprender algo—pero véase la proposición (1) sobre este punto.) (3) La afirmación de que es posible predecir el estado futuro del conocimiento de uno mismo y de otros y las acciones correspondientes que manifiestan ese conocimiento (esto es, encontrar las variables que pueden interpretarse como las causas) implica una contradicción. Si el sujeto de un determinado estado de conocimiento o de un acto intencional puede aprender, entonces no hay causas para esto; sin embargo, si hay causas, entonces el sujeto no puede aprender—pero vean de nuevo la proposición (1)”.

[19]M. Singer, La Generalización en Ética, Londres, 1863; P. Lorenzen, Lógica Normativa y Ética, Mannheim, 1969; S. Toulmin, El Lugar de la Razón en la Ética, Cambridge, 1970; Kambartel F. (ed.), Praktische Philosophie und konstruktive Wissenschaftstheorie, Frankfurt/M., 1974; A. Gewirth, Razón y Moralidad, Chicago, 1978.

[20]La causalidad, entonces, no es una característica contingente de la realidad física, sino más bien una categoría de acción, y como tal, un rasgo lógicamente necesario del mundo físico. Este hecho explica por qué, a pesar de la posibilidad explicada más arriba de inmunizar cualquier hipótesis contra posibles refutaciones postulando siempre nuevas variables no controladas, no se derivan consecuencias nihilistas de la investigación científica causal (véase la nota ‘7’ más arriba). Porque si se entiende que las ciencias naturales no es una empresa contemplativa, sino en última instancia, un instrumento de la acción (ver sobre esto también J. Habermas, Conocimiento y los Interese Humanos, Boston, 1971, esp. Capítulo 6), entonces ni el hecho de que las hipótesis puede ser inmunizadas ni que una selección entre teorías rivales no sea siempre parezca posible (porque las teorías son, sin duda, sub-determinadas por los datos) afecta en absoluto la existencia permanente del criterio de racionalidad de “éxito instrumental.” Ni la inmunización de hipótesis ni referirse a las diferencias paradigmáticas hacen que uno esté menos sujeto a este criterio bajo cuya luz toda teoría en última instancia se muestra conmensurable. Es la inexorabilidad de la racionalidad del criterio de éxito instrumental lo que explica por qué—no obstante Kuhn, Feyerabend et al.—el desarrollo de las ciencias naturales puede traer progreso tecnológico en última instancia innegable y constante.

Por otro lado, en el campo de la acción humana, donde, como se ha demostrado anteriormente, ninguna investigación científica causal es posible, donde el conocimiento predictivo nunca puede alcanzar el status de hipótesis científicas empíricamente comprobables, sino más bien sólo de pronóstico informado, no-sistemáticamente enseñable, y donde, en principio, el criterio de éxito instrumental es, por tanto inaplicable, el fantasma del nihilismo pareciera de hecho ser real, si uno tomara en serio las prescripciones metodológicas empiristas. Sin embargo, no sólo son estas prescripciones inaplicables a las ciencias sociales como ciencias empíricas (ver sobre esto H.H. Hoppe, Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozialforschung, Opladen, 1983, especialmente el capítulo 2); como muestro aquí, contrario a la doctrina empirista según la cual todo tiene que ser probado antes de su resultado pueda ser conocido, existe conocimiento a priori sobre la acción, y predicciones apodícticamente verdaderas sobre el mundo social pueden hacerse sobre la base de este conocimiento a priori. Es esto, pues, lo que prueba infundadas todas las tentaciones nihilistas.

[21]Ver también, H.H. Hoppe, Handeln und erkennen, Berna, 1976, pp.62f.

[22]Ver también L. v. Mises, La Acción Humana, Chicago, 1966; Problemas Epistemológicos de la Economía, New York, 1981, y El Fundamento último de la Ciencia Económica, Kansas City, 1978.

[23]El carácter apriorístico del concepto de acción—esto es, la imposibilidad de refutar la tesis de que el hombre actúa y que la acción implica las categorías anteriormente explicadas, ya que incluso el intento mismo de refutarla sería una acción—tiene su complemento en el campo de la epistemología, en la ley de contradicción y la impensabilidad de su negación. Respecto a esta ley B. Blanshard escribe: “Negar la ley significa decir que es falsa en lugar de verdadera, que ser falsa excluye que sea verdadera. Pero esto es precisamente lo que supuestamente se negaba. Uno no puede negar la ley de contradicción sin presuponer su validez en el acto de negarla” (B. Blanshard, Razón y Análisis, La Salle, 1964, p. 276).

De hecho, como indica L. v. Mises, el principio de contradicción está implícito en el epistemológicamente más fundamental “axioma de la acción.” (L. v. Mises, El Fundamento último de la Ciencia Económica, Kansas City, 1978, p. 35). Sobre la relación entre praxeología y epistemología ver también el Capítulo 7, n. 5.

[24]Sobre los efectos de los salarios mínimos ver también Y. Brozen y M. Friedman, El Salario Mínimo: ¿Quién paga?, Washington, 1966.

[25]Sobre los efectos del control de alquileres ver también C. Baird, Control de Alquileres: La Locura Perenne, San Francisco, 1980; F.A. Hayek et al., Control de Alquileres: Una Paradoja Popular, Vancouver, 1975.

[26]Ver también L.v. Mises, Una Crítica del Intervencionismo, New Rochelle, 1977.

El artículo original se encuentra aquí. Traducido del inglés por Dante Bayona

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[La revista brasileña de filosofía Dicta & Contradicta entrevista a Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

¿El cambio de una sociedad estatista a una libertaria ayudará o dificultará la producción de alta cultura?

Hoppe: Una sociedad libertaria sería significativamente más próspera y rica y esto sin duda ayudaría tanto a la alta como a la baja cultura. Pero una sociedad libre, una sociedad sin impuestos ni subvenciones fiscales y sin los llamados “derechos de propiedad intelectual”, produciría una cultura muy diferente, con una serie muy diferente de productos, productores, estrellas y fracasos.

Usted ve una relación causal entre la forma de gobierno de una sociedad y sus valores morales y desarrollo social. ¿Ve una relación similar entre el tipo de gobierno y los patrones estéticos y la calidad del arte y el espectáculo?

Hoppe: Sí, la veo. El gobierno del estado democrático promueve sistemáticamente el igualitarismo y el relativismo. En el campo de la interacción humana, lleva a la subversión y en último término a la desaparición de la idea de principios eternos y universales de justicia. La ley es ahogada y sumergida por la legislación. En el campo de las artes y el juicio estético, la democracia lleva a la subversión y en último término a la desaparición de la noción de belleza y los patrones universales de belleza. La belleza se ahoga y sumerge por el llamado “arte moderno”.

Dado que las comunidades libertarias podrían desterrar libremente a disidentes por estar en desacuerdo con cualquier opinión concreta, ¿habría más o menos libre discusión intelectual en un mundo libertario frente al nuestro? ¿Y frente a un mundo compuesto por monarquías tradicionales?

Hoppe: La propiedad privada da a su dueño el derecho a discriminar: a excluir o incluir a otros en su propiedad y determinar las condiciones de entrada e inclusión. Tanto la inclusión como la exclusión tienen costes y beneficios asociados para el dueño, que los sopesa cuando toma su decisión. En todo caso, la decisión del dueño está motivada por su preocupación por su propiedad y por la razón. Su razonamiento puede resultar correcto y alcanzar su objetivo o puede resultar incorrecto, pero en todo caso, la decisión del dueño es una decisión razonada.

El fundador y promotor de una comunidad privada no es probable por tanto que discrimine y excluya basándose en meras diferencias de opinión. O si lo hiciera probablemente no atraiga como suscriptores más que seguidores de un gurú. Normalmente la discriminación se basará en diferencias en comportamiento, expresión, apariencia, en lo que la gente hace y cómo actúa en público sobre lenguaje, religión, etnicidad, costumbres, clase social, etc. El dueño discrimina para alcanzar un alto grado de homogeneidad de conducta en su comunidad y evitar o reducir así la tensión intra-comunal y el conflicto; en lenguaje económico: reducir los costes de transacción y lo hace con la expectativa de que su decisión será buena para su propiedad y comunidad.

En todo caso, en un mundo libertario habría de hecho mucha más discriminación que en el actual mundo estatista, que se caracteriza por incontables leyes anti-discriminación y, por tanto, una ubicua integración forzosa. En particular, sean cuales sean los otros criterios que puedan usarse para la inclusión o exclusión, en un mundo libertario, por ejemplo, ningún dueño de una comunidad privada querría tolerar (y no discriminar) activistas comunistas o socialistas en su propiedad. Como enemigos de la misma institución en la que se basa la sociedad, serían excluidos o expulsados, pero por supuesto seguirían siendo libres de establecer su propia comuna comunista, kibutz o cualquier otro “experimento de modo de vida” que ideen.

En resumen y para responder finalmente a su pregunta, un mundo libertario se caracterizaría por una mucho mayor variedad de comunidades diferentes, pero relativamente homogéneas internamente y consecuentemente el rango, diversidad y vigor de la discusión intelectual con toda probabilidad superarían con mucho cualquier cosa experimentada actualmente o en cualquier momento del pasado.

¿Tienen las posturas políticas y éticas libertarias alguna relación con ciertos juicios estéticos y artísticos? ¿Hay alguna incoherencia en un libertario que sea, por ejemplo amante del realismo soviético?

Hoppe: Desde un punto de vista puramente lógico, el libertarismo es compatible con todos y cada uno de los estilos o juicios estéticos y artísticos. No soy el primero en advertir, por ejemplo, que la obra artística de la famosa libertaria Ayn Rand muestra un sorprendente parecido estilístico con el realismo soviético socialista. Igualmente, he visto posible ser un libertario “perfecto” y no agredir nunca a ninguna persona o propiedad y aun así ser un personaje completamente inútil, desagradable o incluso despreciable.

Sin embargo, los asuntos psicológicos son distintos. Aquí, en el reino de la psicología nos parece que la vida de un vago pacífico o de un amante del arte realista soviético es de alguna manera incompatible y está en contra de la vida de un libertario consciente. Cuando vemos tal conducta o gusto mostrado por un libertario confeso, nos causa una inquietud y discordancia emocional o estética. Y con razón, creo. Porque la experiencia humana se caracteriza por la totalidad integrada de estas tres capacidades: de reconocimiento de la verdad, de la justicia y de la belleza. Podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso, podemos distinguir lo correcto de lo incorrecto y podemos distinguir entre lo bello (la perfección) y lo feo (la imperfección) y podemos hablar y reflexionar sobre las tres nociones. Una vida humana completa, por tanto, no solo debería ser verdadera y justa, también debería ser una buena vida. Tal vez no bella y perfecta, pero sí una vida en busca de la belleza y la perfección. Una vida ejemplar, moral y estéticamente edificante e inspiradora. Es aquí donde fallan el vago pacífico y el amante del realismo soviético.

Alternativamente, ¿tiene el arte algún papel a desempeñar en moldear las ideas políticas y filosóficas? ¿Puede hacerse de alguna manera que no sea propaganda de una ideología concreta?

Hoppe: El propósito de las artes visuales y la música es la creación de belleza en todas sus manifestaciones, No tiene más implicaciones filosóficas. Aun así, la belleza en el arte y la música y el libertarismo tienen algo importante en común. También el libertarismo es bello. No estéticamente, por supuesto, sino lógicamente, como una teoría social sencilla y elegante.

Respecto de las artes completa o parcialmente discursivas (narrativas), sí, pueden servir como un vehículo para la promoción de ideas políticas y filosóficas. Se puede llamar propaganda a esto. Pero estas ideas pueden ser verdaderas y buenas o falsas y malas. Y aunque no soy una persona del arte, prefiero tener más artistas propagando las ideas verdaderas y buenas de la propiedad privada y el capitalismo como Ayn Rand, por ejemplo, y menos artistas propagando las ideas falsas y malas de la propiedad privada y el socialismo, como, por ejemplo, Bertolt Brecht. Pero no es necesario un programa filosófico para hacer arte, uno puede contar historias por sí mismas. Tampoco un propósito filosófico basta para hacer arte. Para hacer arte, una narrativa debe sobre todo caracterizarse por su verdad (en el sentido más amplio del término), por la inteligibilidad, la coherencia interna, el dominio del lenguaje, la expresión y el estilo y un sentido de humanidad y de justicia humana: del medio y de lo intencional y lo no intencional en la vida, de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y lo malo.

¿Tienen las ideas discutidas por los intelectuales algún efecto práctico en la historia de la sociedad humana?

Hoppe: No soy ningún seguidor de J.M. Keynes, pero cuando dijo que “las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando tienen razón como cuando se equivocan, son más poderosas de los que se entiende comúnmente. De hecho, el mundo se gobierno con poco más. Los hombres prácticos, que creen estar bastante libres de cualquier influencia intelectual, normalmente son los esclavos de algún economista difunto”, tenía razón. De hecho Keynes es ese mismo economista difunto, pronunciando ideas equivocadas y a quien se esclavizan intelectualmente los hombres prácticos de hoy.

¿Es la vida académica en su estado presente un entorno asno para un intelectual? ¿Puede sobrevivir como intelectual en algún otro lugar?

Hoppe: Eso depende del intelectual. La vida académica puede ser muy confortable para algunos utilizando tópicos izquierdistas políticamente correctos durante años. Por el contrario, para un austro-libertario (e incluso más para un austro-libertario culturalmente conservador) la vida académica es difícil y a menudo exasperante. Con persistencia y cierta suerte se puede llevar a cabo y sobrevivir, pero si no te vendes o al menos te callas, deberías estar dispuesto a pagar un precio.

Sin embargo, hoy en día, gracias a Internet, también se puede sobrevivir como intelectual fuera de la academia oficial. Con mínimos costes de entrada, la competencia es feroz, pero las oportunidades parecen ilimitadas. Resulta alentador que hoy haya varios intelectuales austro-libertarios que han ganado importancia y dinero a través de esta ruta.

Si pudiera cambiar mágicamente una creencia en las mentes de todos en las sociedades actuales, ¿cuál sería y por qué?

Hoppe: Coincido en esto con mi principal maestro y mentor, Murray Rothbard. Solo querría que la gente reconociera las cosas como son de verdad. Querría que entendieran los impuestos como robo, los políticos como ladrones y todo el aparato y burocracia del estado como una estructura de protección, una empresa similar a la Mafia, solo que mucho más grade y peligrosa. En resumen: querría que odiaran el Estado. Si todos creyeran e hicieran esto, entonces, como ha demostrado É. de la Boétie, todo el poder del estado se desvanecería casi instantáneamente.

¿Qué influencia positiva tuvo Habermas en su pensamiento? ¿Hubo asimismo influencias negativas de este?

Hoppe: Habermas fue mi principal maestro de filosofía y dirigió mis tesis en la Universidad Goethe en Frankfurt am Main, Alemania, en 1968.74. Mediante sus seminarios conocí la filosofía analítica británica y estadounidense. Leí a K. Popper, P. Feyerabend, L. Wittgenstein, G. Ryle, J.L. Austin, J. Searle, W.v.O. Quine, H. Putnam, N. Chomsky, J. Piaget. Descubrí a Paul Lorenzen y la Escuela de Erlangen y la obra de K.O. Apel. Sigo creyendo que fue una formación intelectual bastante buena.

Así que, personalmente, no tengo quejas. Sin embargo, respecto de la influencia de Habermas en Alemania y en la opinión pública alemana, ha sido un desastre sin paliativos, al menos desde un punto de vista libertario. Habermas es hoy en Alemania el intelectual público más alabado y Sumo Sacerdote de la “corrección política”: de la socialdemocracia y el estatismo del bienestar, del multiculturalismo, la anti-discriminación (acción afirmativa) y la centralización política, aderezada, especialmente para consumo alemán, con una fuerte dosis de retórica “antifascista” y vendiendo una “culpabilidad colectiva”.

¿Merece la pena leer literatura? ¿Cuál es su libro literario favorito?

Hoppe: Eso debe decidirlo cada uno. Personalmente, nunca he leído mucha literatura. Si quiero una lectura más “ligera”, normalmente leo historia, incluyendo novelas históricas, biografías o críticas literarias y culturales al estilo de H.L. Mencken o Tom Wolfe.

Publicado el 2 de agosto de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

Tengo tres objetivos. Primero, quiero aclarar la naturaleza y función de la propiedad privada. Segundo, quiero aclarar la distinción entre bienes y propiedades “comunes” y bienes y propiedades “públicos” y explicar el error de construcción propio de la institución de los bienes y propiedades públicos. Tercero, quiero explicar la justificación y principio de la privatización

I. Preliminares teóricos
Empezaré con algunas consideraciones abstractas por esenciales respecto de las fuentes de conflictos el propósito de las normas sociales. Si no hubiera conflictos interpersonales, no habría necesidad de normas. El propósito de las normas es evitar conflictos de otra forma inevitables. Una norma que genere conflictos, en lugar de ayudar a evitarlos, es contraria al propósito de las normas, es decir, es una norma disfuncional o una perversión.

Se piensa a veces que aparecen conflictos del mero hecho de que distinta gente tenga distintos intereses o ideas. Pero esto es falso, o al menos es algo muy incompleto. A partir solo de la diversidad de intereses e ideas individuales no se deduce que deban aparecer conflictos. Yo quiero que llueva y mi vecino que brille el sol. Nuestros intereses son contrarios. Sin embargo, como ni yo ni mi vecino controlamos el sol o las nubes, nuestros intereses en conflicto no tienen consecuencias prácticas. No hay nada que podamos hacer con el tiempo. Igualmente, yo puedo creer que A causa B y tú que B es causado por C, o yo creer y rezar a Dios y tú no. Pero si ésta es toda la diferencia que hay entre nosotros, no se deduce nada de consecuencias prácticas. Diferentes intereses y creencias pueden llevar al conflicto solo cuando se ponen en práctica, cuando nuestros intereses e ideas están ligados o son implantados en objetos controlados físicamente, es decir, en bienes económicos o medios de acción.

Aunque nuestros intereses e ideas estén ligados y son implantados en bienes económicos, no se produce ningún conflicto mientras nuestros intereses e ideas se refieran a bienes distintos (separados físicamente). El conflicto solo se produce si nuestros diferentes intereses e ideas están ligados e invertidos en el mismo bien. En Jauja, con sobreabundancia de bienes, no puede haber conflictos (excepto los relativos al uso de nuestros cuerpos físicos que encarnan nuestros propios intereses e ideas). Hay suficiente a nuestro alrededor como para satisfacer los deseos de todos.

Para que distintos intereses e ideas entren en conflicto, los bienes deben ser escasos. Solo la escasez hace posible que distintos intereses e ideas puedan ligarse e invertirse en la misma existencia de bienes. Por tanto, los conflictos son enfrentamientos físicos respecto del control de la misma existencia de bienes. La gente se enfrenta porque quiere usar los mismos bienes de formas distintas e incompatibles.

Sin embargo, incluso bajo condiciones de escasez, cuando son posibles los conflictos, no son necesarios o inevitables. Todos los conflictos respecto del uso de cualquier bien puede evitarse con que cada bien sea de propiedad privada, es decir, esté controlado exclusivamente por algún individuo o individuos y siempre quede claro qué cosa tiene dueño y quién es éste y qué cosa no. Los intereses e ideas de distintos individuos pueden por tanto ser tan diferentes como sea posible y aún así no aparecer conflictos siempre que sus intereses e ideas se refieran única y exclusivamente a su propiedad distinguible.

Por tanto, lo único que se necesita para evitar todo conflicto es una norma relativa a la privatización de cosas escasas (bienes). Más en concreto, para evitar todos los conflictos desde el mismo principio de la humanidad, la norma requerida debe referirse a la privatización original de los bienes (la primera transformación de las “cosas” dadas por la naturaleza en “bienes económicos” y propiedad privada). Además, la privatización original de los bienes no pudo producirse por declaración verbal, es decir, por la mera expresión de palabras, solo porque esto pudiera funcionar y no llevar a un conflicto permanente e irresoluble si, al contrario que nuestra suposición inicial de distintos intereses e ideas, existiera una armonía preestablecida de los intereses e ideas de toda la gente. (¡En ese caso ni siquiera harían falta normas!)

Más bien, para evitar todo conflicto de otro modo inevitable, la privatización original de bienes debió ocurrir mediante acciones: mediante actos de apropiación original de lo que eran previamente “cosas”. Solo mediante acciones que tengan lugar en el tiempo y el espacio, puede establecerse un enlace objetivo (discernible intersubjetivamente) entre una persona concreta y un bien concreto. Y solo el primero que se apropie de una cosa previamente sin propietario puede adquirir esto son conflicto. Pues, por definición, como primero que se apropia no puede haber entrado en conflicto con nadie al apropiarse del bien en cuestión, ya que todos los demás aparecieron en escena más tarde. Por tanto, toda la propiedad debe remontarse, directa o indirectamente, a una cadena de transferencias de títulos de propiedad mutuamente beneficiosas y por tanto igualmente libres de conflictos, hasta los apropiadores originales y los actos de apropiación original.

Por cierto, que esta respuesta es verdad apodícticamente, es decir no hipotéticamente. En ausencia de una armonía preestablecida de todos los intereses individuales, solo la propiedad privada puede ayudar a evitar el en otro caso inevitable conflicto (bajo condiciones de escasez). Y solo el principio de adquisición de la propiedad por medio de la apropiación original o la transferencia mutuamente beneficiosa de un propietario anterior a otro posterior hace posible que pueda evitarse todo conflicto, desde el mismo principio de la humanidad hasta el fin. No existe otra solución. Cualquier otra reglamentación va en contra de la naturaleza del hombre como actor racional.

En conclusión, incluso bajo condiciones de escasez completa es posible que la gente con intereses e ideas divergentes pueda coexistir pacíficamente (sin conflictos), siempre que reconozca la institución de la propiedad privada (es decir, exclusiva) y su fundamento último y mediante actos de apropiación original.

II. Propiedad privada, bienes comunes y propiedad pública
Pasemos ahora de la teoría a la práctica y la aplicación. Supongamos una pequeña villa con casas, jardines y campos de propiedad privada. En principio, todos los conflictos relativos al uso de estos bienes puede evitarse, porque está claro quién posee y tiene el control exclusivo de qué casa, jardín y campo y quién no.

Pero además hay una calle “pública” delante de las casas privadas y un camino “público” que lleva a través de los bosques desde la villa hasta un lago. ¿Cuál es el estatus de esta calle y este camino? No son propiedad privada. De hecho, suponemos que nadie declara que es el propietario privado de la calle o el camino. Más bien, la calle y el camino son parte del entorno natural en el que actúan todos. Todos usan la calle, pero nadie la posee o ejercita un control exclusivo respecto de su utilización.

Puede concebirse que este estado de cosas con calles públicas sin dueño pueda continuar eternamente sin llevar a ningún conflicto. Sin embargo, no es muy realista, porque esto requiere suponer una economía estacionaria. Pero con el cambio y el crecimiento económico, y en particular con una población creciente, los conflictos respecto de uso de la calle pública están destinados a aumentar. Aunque los “conflictos de calle” inicialmente podían ser tan infrecuentes y fáciles de resolver como para que nadie se preocupara, ahora se hacen ubicuos e intolerables. La calle está constantemente congestionada y en mal estado permanente. Hace falta una solución. La calle debe abandonar el ámbito del entorno (de las “cosas” externas o la propiedad común) y entrar en el ámbito de los “bienes económicos”. Así, la economización creciente de cosas previamente consideradas y tratadas como “bienes gratuitos” es la fórmula de la civilización y el progreso.

Se propuesto y probado dos soluciones al problema de gestionar conflictos crecientemente intolerables respecto del uso de la “propiedad común”. La primera (y correcta) solución es privatizar la calle. La segunda (e incorrecta) solución es convertir a las calles en lo que hoy se llama “propiedad pública” (que es muy distinta de los bienes y propiedades “comunes” anteriores y sin dueño). El por qué la segunda solución es incorrecta o disfuncional puede apreciarse mejor en contradisitinción con la opción alternativa de la privatización.

¿Cómo es posible que las calles comunes antes sin propietario puedan privatizarse sin generar así conflicto con otros? La respuesta rápida es que puede hacerse siempre que la apropiación de la calle no infrinja los derechos previamente establecidos (las servidumbres) de los propietarios privados a usar esas calles “gratis”. Todos deben seguir siendo libres de andar por la calle de una casa a otra, a través del bosque y hasta el lago, igual que antes. Todos retienen un derecho de paso y por tanto nadie puede reclamar haber empeorado por la privatización de la calle.

Es verdad que para objetivar (y validar) su demanda de que la calle hasta ahora común es ahora privada y que él (y nadie más) es su propietario, el apropiador (sea cual sea) debe realizar algún mantenimiento visible y obras de reparación en la calle. Luego, como propietario, él (y nadie más) puede desarrollar y mejorar más las calles como le parezca. Él establece las reglas y regulaciones respecto del uso de su calle para evitar todo conflicto en ella. Puede construir un puesto de perritos calientes o de salchichas de Frankfurt en su calzada, por ejemplo, e impedir que otros hagan lo mismo; o puede prohibir echar basura en su calle y poner una tasa de recogida de basuras. Ante forasteros o extraños, el propietario de la calle puede determinar las reglas de entrada respecto de extraños no invitados. Por fin, como propietario privado puede vender la calle a cualquier otro (manteniendo intactos todos los derechos de paso previamente establecidos).

En todo esto, es más importante que la privatización tenga lugar que la forma concreta que asuma. En un extremo del espectro de posibles privatizaciones, podemos imaginar un solo propietario. Por ejemplo, un habitante rico de la villa, que asuma mantener y reparar la calle y por tanto se convierta en su propietario. En el otro extremo del espectro, podemos imaginar que el mantenimiento o reparación inicial de la calle es resultado de un genuino esfuerzo de la comunidad. En ese caso, no hay solo un propietario de la calle, sino que todo miembro de la comunidad es (inicialmente) su copropietario por igual.

En ausencia de una armonía estable previa de todos los intereses e ideas, dicha copropiedad requiere un mecanismo de toma de decisiones respecto de la posterior evolución de la calle. Supongamos que, como en una sociedad anónima, sea la mayoría de los propietarios de la calle la que determine que hacer y qué no hacer con ella. Esta regla mayoritaria huele a conflicto, pero no es así en este caso. Todo propietario que esté insatisfecho con las decisiones tomadas por la mayoría de los propietarios, que crea que las cargas que le impone la mayoría son mayores que los beneficios que puede obtener de su propiedad (parcial) de la calle, puede siempre y en cualquier momento abandonarla o “irse”. Puede vender su parte de la propiedad a otro, abriendo así la posibilidad de la concentración de títulos de propiedad, seguramente en una sola mano, reteniendo al tiempo su derecho original de paso.

Por el contrario, se crea un tipo muy distinto de propiedad si la opción de salida noexiste, es decir, si no se permite a una persona vender su participación de la propiedad de la calle o se le quita su antiguo derecho de paso.

Sin embargo, esto es precisamente lo que define y caracteriza la segunda opción de propiedad “pública”. La calle pública en este sentido moderno de la palabra “pública” no tiene propiedad como tuvo una vez. Hay un propietario de la calle (ya sea un individuo concreto, el rey de la carretera o un gobierno de la calle democráticamente elegido) que tiene un poder de decisión exclusivo para establecer las reglas del tráfico y determinar la evolución futura de la calle.

Pero el gobierno de la calle no permite a sus electores, es decir, al pueblo, que supuestamente son los propietarios por igual de la calle, vender su participación de la propiedad (así que el hace propietarios forzosos de algo de lo que podrían por el contrario querer desprenderse). Y ni el gobierno ni el rey permiten a los residentes de la villa los antes libres acceso y paso sin restricciones por la calle, sino que hace su uso futuro condicional al pago de alguna tasa o contribución del usuario (haciendo así a los residentes de la villa propietarios obligatorios de la calle de nuevo si es que quieren continuar utilizándola como antes).

El resultado de estas disposiciones es previsible. Al denegar la opción de “salida”, el propietario de la calle “pública” ha conseguido un poder absoluto sobre la población de la villa. Por consiguiente, las tasas y otras condiciones impuestas a los residentes de la villa para continuar usando la calle antes “libre” tenderán a hacerse cada vez más gravosas.

No se evitarán los conflictos; muy al contrario, los conflictos se institucionalizarán. Como la opción de salida se cierra, es decir, como los usuario de la calle pública deben ahora pagar por lo que antes tenían gratis y ningún residente puede vender y deshacerse de su supuesta propiedad de la calle, sino que sigue continuamente obligado por las decisiones tomadas por el gobierno o rey de la calle, no solo conflictos hay respecto del uso sino que mantenimiento y evolución futuros de la propia calles se hacen permanentes y ubicuos.

Lo más importante es que, con calles “públicas” también se introduce en el conflicto a áreas en donde antes no lo había. Pues si los propietarios privados de casas, jardines y campos a lo largo de la calle deben pagar contribuciones al propietario de la calle para continuar haciendo lo que habían hecho hasta ahora, es decir, si deben pagar impuestos al propietario de la calle, entonces, por la misma razón, el propietario de la calle ha conseguido el control sobre sus propiedades privadas. El control del propietario privado respecto del uso de su propia casa ya no es por tanto exclusivo.

Por el contrario, el propietario de la calle adyacente puede interferir en las decisiones del propietario de la cas respecto de su propia casa. Puede decir al propietario de la casa qué hacer o no hacer con su casa si quiera salir o entrar de ella como antes. Es decir, el propietario de la calle pública está en una situación en la que puede limitar, y en último término incluso eliminar, es decir, expropiar, toda propiedad privada y derecho de propiedad y así hacer inevitable y completo el conflicto.

III. La justificación de la privatización
Ahora debería estar claro por qué la institución de la propiedad privada es disfuncional. Las instituciones y las normas subyacentes a ellas se supone que ayudan a evitar el conflicto. Pero la institución de la propiedad “pública” (de las calles “públicas”) crea y aumenta los conflictos. Por tanto, para evitar los conflictos (para la cooperación humana pacífica) debe desaparecer la propiedad pública. Toda propiedad pública debe convertirse en propiedad privada.

¿Pero cómo privatizar en el “mundo real”, que ha evolucionado mucho más allá del simple modelo de la villa que he explicado hasta ahora? En este “mundo real” no tenemos solo calles públicas, sino parques, terrenos, ríos, lagos, costas, viviendas, escuelas, universidades, hospitales, cuarteles, aeropuertos, puertos, bibliotecas, museos y muchas más cosas públicas.

Además, por encima de los gobiernos locales tenemos una jerarquía de gobierno provinciales “superiores” y en último término nacionales o centrales “supremos” como propietarios de dichos bienes. Además, como es previsible, en paralelo a la extensión y expansión territorial del dominio de lo bienes públicos, en la que los propietarios privados se han visto implicados sin ninguna “vía de escape”, el rango de alternativas que queda a la gente respecto de su propiedad privada se ha venido limitando y estrechando cada vez más. Solo queda un ámbito pequeño y cada vez menor de su propiedad privada en el que los propietarios privados puedan aún tomar decisiones libres, es decir, libres de posibles intrusiones o interferencias de alguna autoridad pública. Ni siquiera la cuatro paredes de nuestra casa quedan libres y podemos en ellas ejercitar un control exclusivo sobre nuestra propiedad. Hoy, en nombre de lo público y como propietario de todos los “bienes públicos”, los gobiernos pueden invadir tu casa, confiscar parte o todo de tus pertenencias e incluso secuestrar a tus hijos.

Evidentemente, en el “mundo real”, la pregunta de cómo privatizar es más difícil que en el sencillo modelo de la villa. Pero el modelo de la villa y la teoría social elemental nos puede ayudar a reconocer el principio (si no todos los detalles complicados) implícito y a aplicarlo a esta tarea. La privatización de bienes “públicos” debe producirse de una forma que no infrinja los derechos preestablecidos de los propietarios privados (de la misma forma que el primer apropiador de una calla común antes sin dueño no infringiría los derechos de nadie siempre y cuando reconociera los derechos de paso sin restricciones a todos los residentes).

Como las calles “públicas” son las plataformas desde las que derivan todos los demás “bienes públicos”, el proceso de privatización debería empezar por las calles. Con la trasformación de calles antes comunes en calles “públicas”, empezaron la expansión del dominio de los bienes públicos y de los poderes del gobierno y aquí debería empezar su solución.

La privatización de las calles “públicas” tiene un doble resultado. Por un lado, ningún residente se ve forzado por ello a pagar ningún impuesto por el mantenimiento o desarrollo de ninguna calle local, provincial o federal. La financiación futura de todas las calles es solamente responsabilidad de sus nuevos propietarios privados (sean quienes sean). Por otro lado, en lo que se refiere a los derechos de paso de los residentes, la privatización debe dejar en peor situación a nadie de lo que estaba originalmente (aunque tampoco pueda hacer que todos mejoren).

Originalmente, todo residente de la villa podía moverse libremente en la calle local junto a su propiedad y podía dirigirse desde allí igualmente con libertad ya que las cosas que le rodeaban no tenían dueño. Si embargo, si en sus movimientos llegaba a algo que tenía visiblemente un propietario, ya fuera una casa, un campo o una calle, su entrada estaba condicionada al permiso o invitación del propietario. Igualmente, si un extranjero no residente llegaba a una calle local, la entrada en esta calle estaba sujeta al permiso de su propietario (local). El extranjero tenía que haber sido invitado por algún residente a su propiedad. Es decir, esta gente podía moverse, pero nadie tenía un derecho de paso completamente irrestricto. Nadie era libre de moverse a cualquier sitio sin requerirse nunca el permiso o la invitación de alguien. La privatización de las calles no puede cambiar este hecho y eliminar estas restricciones originales naturales a la “libertad de movimientos”.

Aplicado al mundo de las calles locales, provinciales y federales, esto significa que como resultado de la privatización de las calles a cada residente se le debe permitir moverse libremente por cualquier calle o carretera, local, provincial y federal igual que antes. La entrada a calles de estados o provincias distintos y especialmente delocalidades distintas, no es sin embargo igualmente libre, sino que está condicionado al permiso o invitación de los propietarios de dichas calles. Las calles locales siempre (praxeológicamente) preceden a cualquier calle entre localidades o travesía y por tanto la entrada en distintas localidades nunca fue libre, sino siempre y en todas partes condicional a algún permiso o invitación local. Este datum original se reincorpora y refuerza con las calles privadas.

Hoy en las calles “públicas”, donde esencialmente a todos se les permite ir a todas partes sin ninguna restricción de acceso “discriminatoria”, el conflicto en forma de “integración forzada”, es decir de tener que aceptar extraños no invitados en medio de nosotros y en nuestra propiedad, se ha convertido en algo generalizado.

En un contraste evidente, con cada calle y en particular cada calle local privatizada, los barrios y comunidades recuperan su derecho original de exclusión, que es un elemento definitorio de la propiedad privada (igual que el derecho de inclusión, es decir, el derecho de invitar a otro a la propiedad propia). Los propietarios de calles de barrios y comunidades, mientras no infrinjan cualquier derecho de paso de los residentes a invitar, puede determinar el requisito de entrada a extraños no invitados (extranjeros indocumentados) en sus calles y así impedir el fenómeno de la integración forzosa.

Entonces, ¿quiénes son los propietarios de las calles? ¿Quién puede reclamar y validar su reclamación de que posee las calles locales, provinciales o federales? Estas calles no son resultado de algún tipo de trabajo comunitario, ni son el resultado del trabajo de alguna persona o grupo de personas claramente identificable.

Es verdad que hablando literalmente, los obreros construyeron las calles. Pero eso no les hace propietarios de las calles porque hubo que pagarles para que hicieran su trabajo. Sin financiación, no habría calle. Y los fondos pagados a los trabajadores son el resultado de pagos de impuestos por varios contribuyentes. Por tanto, las calles deberían considerarse como propiedad de estos contribuyentes. Los antiguos contribuyentes, de acuerdo con los impuestos locales, estatales y federales pagados, deberían obtener títulos de propiedad en calles locales, estatales y federales. Pueden o bien quedarse con estos títulos como inversión o pueden deshacerse de su propiedad en las calles y venderla, siempre manteniendo el derecho de paso sin restricciones.

Lo mismo se aplica esencialmente a la privatización de todos los demás bienes públicos, como escuelas, hospitales, etc. Como consecuencia, se detendrían todos los pagos de impuestos para el mantenimiento y operación de dichos bienes. La financiación y desarrollo de escuelas y hospitales, etc. correspondería desde entonces exclusivamente a sus nuevos propietarios privados. Igualmente, los nuevos propietarios de bienes antes “públicos” son aquellos residentes que realmente los financiaron. De acuerdo con la cantidad de impuestos que pagaron, se les debería otorgar participaciones vendibles en escuelas, hospitales, etc.

Sin embargo, al contrario que en el caso de las calles, los nuevos propietarios de escuelas y hospitales no tienen restricciones por ninguna servidumbre o derecho de paso en los usos futuros de su propiedad. Las escuelas y hospitales, al contrario que las calles, no eran bienes comunes antes de convertirse en bienes “públicos”. Las escuelas y hospitales sencillamente no existían en absoluto anteriormente como bienes, es decir, hasta que no se produjeron por primera vez y por tanto nadie (excepto los productores) puede haber adquirido una servidumbre previa o derecho de paso respecto de su uso. Por tanto, los nuevos propietarios privados de escuelas, hospitales, etc., tienen libertad para establecer los requisitos de entrada a sus propiedades y determinar si quieren continuar operando estas propiedades como escuelas y hospitales o prefieren usarlos para un propósito distinto.

Apéndice
Privatización: Principio y aplicaciones
La única solución efectiva al problema del conflicto, es decir, la única regla o norma que puede asegurar evitar los conflictos desde el principio de la humanidad en adelante y producir una “paz eterna” es la institución de la propiedad privada, basada en último término en actos de apropiación original de recursos antes sin dueño o “comunes”. Por el contrario, la institución de la propiedad pública empieza con un conflicto, es decir, con un acto original de expropiación de alguna propiedad hasta entonces privada (en lugar de la apropiación de bienes previamente sin dueño) y la propiedad pública no acaba con los conflictos y las expropiaciones, sino que los institucionaliza y los hace permanentes.

De aquí se deduce lo imperativo de la privatización, y por tanto del principio de la restitución, es decir, la idea de que la propiedad pública puede devolverse quapropiedad privada a aquéllos de quienes se tomó por la fuerza. Es decir, los bienes públicos deberían convertirse en la propiedad privada de quienes financiaron o aportaron fondos de alguna manera para estos bienes y pueden establecer una demanda objetiva (discernible intersubjetivamente) en este sentido.

Aplicar este principio al mundo existente es a menudo complicado y requiere un esfuerzo legal considerable. Solo consideraré tres casos realistas de privatizaciones para ocuparme de algunas cuestiones y decisiones esenciales.

El primer caso, el más parecido a la antigua Unión Soviética, es el de una sociedad en la que todas y cada una de las propiedades son propiedades públicas, administradas por un gobierno del estado. Todos son funcionarios públicos y trabajan en oficinas, empresas, fábricas y tiendas públicas y todos se mueven y viven en terrenos y viviendas públicas. No hay propiedad privada excepto en los bienes de consumo inmediato, en su ropa interior, cepillo de dientes, etc. Además, todos los registros respecto del pasado legal se han perdido o destruido de forma que nadie, basándose en esos registros, puede presentar una reclamación de cualquier parte identificable de la propiedad pública.

En este caso, el principio de que toda reclamación de propiedad pública debe basarse en “datos” objetivos, discernibles intersubjetivamente llevarían a uno a obtener propiedad privada (y títulos de propiedad vendibles) se basa en la ocupación presente o pasada: las oficinas van a los oficinistas que las ocupan, las fábricas a los operarios, los campos a los granjeros y las casas a los residentes. Los trabajadores jubilados obtienen títulos de sus antiguos lugares de trabajo de acuerdo con la duración de sus empleos. Como ocupantes presentes o pasados de la propiedad en cuestión, solo ellos tienen un enlace objetivo con esta propiedad. Son los que han mantenido la propiedad como tal mientras otros trabajaban en otros lugares en otras ubicaciones laborales públicas.

Todo los demás, es decir, toda la propiedad pública que no esté actualmente ocupado o sea mantenida por alguien (por ejemplo, las tierras “vírgenes”) se convierte en propiedad “común” y se abre a todos los miembros de la sociedad para su privatización por medio de apropiación original.

La solución solo deja una cuestión importante. Todos los documentos legales se suponen perdidos. Pero la gente no ha perdido su memoria. Siguen recordando crímenes pasados. Son víctimas y testigos de actos de asesinato, agresión, tortura y encarcelamiento. ¿Qué hacer con quienes cometieron estos delitos, que los ordenaron o encargaron o cooperaron en su ejecución?

¿Deberían los torturadores de la policía secreta y la nomenklatura comunista, por ejemplo, estar incluidos en este plan de privatización y convertirse en propietarios privados de las comisarías de policía y palacios públicos donde administraron y planificaron sus crímenes? La justicia requiere por el contrario que todo presunto criminal sea denunciado en un juicio por su supuesta víctima y, si se le sentencia y condena, no solo sea excluido de obtener ninguna propiedad pública en absoluto, sino asimismo que se le aplique un castigo mucho más severo.

El segundo caso se diferencia del primero en solo un aspecto: el pasado legal no ha desaparecido. Existen documentos y registros que prueban las expropiaciones pasadas y basándose en esos documentos, personas concretas puede presentar una demanda objetiva de parte concretas de propiedad pública. Éste fue esencialmente el caso en los antiguos estados vasallos de la Unión Soviética, como Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, etc., donde la apropiación comunista tuvo lugar durante solo unos 40 años o una generación antes (en lugar de 70 años, como en la Unión Soviética).

En este caso, los propietarios originales expropiados de sus herencias legales deberían ser restaurados como propietarios privados de la propiedad pública en cuestión. ¿Pero qué pasa con las mejoras de capital? Más en concreto, ¿qué pasa con estructuras (de casas o fábricas) erigidas ex novo, que se convertirían en propiedad privada de sus ocupantes actuales o pasados y se construyeron en terrenos devueltos a su propietario original y distinto? ¿Cuántas participaciones en la propiedad debería recibir el propietario del terreno y cuántas los propietarios de la estructura? Las estructuras y el terreno no pueden dividirse físicamente. En términos de teoría económica, son factores de producción absolutamente específicos y complementarios, cuya contribución relativa a su producto de valor conjunto no puede desentrañarse. En este caso no existe más alternativa a las partes en conflicto que negociar.

El tercer caso es el de las llamadas economías mixtas. En estas sociedades, existe un sector público junto con un sector nominalmente privado. Hay bienes y funcionarios públicos junto a propiedad nominalmente privada y propietarios y empleados en empresas privadas. Normalmente los funcionarios públicos que administran propiedades públicas no producen bienes o servicios que se vendan en el mercado. (Para el caso atípico de empresas públicas con valor productivo, ver más adelante).

Sus beneficios por ventas e ingresos del mercado son cero. Sus salarios y todos los demás costes implicados en la operación de bienes públicos los pagan por el contrariootros. Estos otros son los propietarios y empleados de empresas privadas. Las empresas privadas y sus empleados, frente a sus equivalentes públicos, producen bienes y servicios que se venden en el mercado y por tanto obtienen una renta. Con esta renta, las empresas privadas no solo pagan los salarios de sus propios empleados y proveen el mantenimiento de su propia propiedad: también pagan (en forma de impuestos a la renta o la propiedad) los salarios (netos) de todos los empleados públicos y los costes operativos de toda la propiedad pública.

En este caso, el principio de que la propiedad pública debería restaurarse quapropiedad privada a aquéllos que realmente la financiaron debería llevar a asignar títulos de propiedad exclusivamente a los propietarios, fabricantes y empleados privados de acuerdo con su propiedad pasada y pagos de impuestos sobre rentas, mientras que los directores y empleados públicos deberían estar excluidos. Todas las oficinas y palacios del gobierno, por ejemplo, tendrían que vaciarse por parte de sus ocupantes actuales. Los salarios del sector públicos se pagaron solo (y la propiedad pública existe solo) a causa de la financiación proporcionada por los propietarios de empresas privadas y sus empleados. Por tanto, aunque los empleados públicos pueden mantener su propiedad privada, no tienen derecho a la propiedad pública que usaron y administraron.

(Esto solo es distinto en el caso atípico en el que una empresa pública, como una fábrica de automóviles propiedad del gobierno, fabrique bienes y servicios vendibles y gane por tanto una renta en el mercado. En ese caso, los empleados públicos pueden tener un derecho legítimo de propiedad, dependiendo de las circunstancias. Tienen derecho de propiedad plena de la fábrica, si no existe un propietario previamente expropiado que pueda reclamar la fábrica y si la fábrica nunca recibió ninguna subvención fiscal. Si existe un propietario previo, los empleados de la fábrica pueden reclamar en el mejor de los casos una propiedad parcial y deben negociar con el propietario respecto de su porción relativa de títulos de propiedad. Y si la fábrica ha sido subvencionada, y en la medida en que lo haya sido, los trabajadores tendrían que dividir más o menos su proporción de títulos de propiedad con los empleados del sector privado qua contribuyentes).

Simultáneamente con la privatización de toda propiedad pública, toda propiedadnominalmente privada sería devuelta a su estado original como propiedad privada real. Es decir, toda propiedad nominalmente privada sería liberada de todo impuesto a la propiedad o la renta y de todas las restricciones legislativas en su uso (aunque los acuerdos previamente cerrados respecto al uso de propiedad entre partes privadas sigan en efecto). Por tanto, sin impuestos no hay gastos gubernamentales y sin gatos gubernamentales todos los empleados públicos dejarían de percibir salarios y deberían buscar un trabajo productivo para ganarse la vida. Igualmente, todo receptor de concesiones, subvenciones u órdenes de compra del gobierno verá sus ingresos reducidos o desaparecidos completamente y deberá buscar alternativas.

Esta solución deja sin resolver una cuestión importante. Una vez que se hayan asignado a todos los contribuyentes netos su cantidad apropiada de participaciones en la propiedad pública, ¿cómo se adueñarán de esta propiedad y ejercerán sus derechos como propietarios privados? Aunque exista un inventario de toda la propiedad pública, la mayoría de la gente no tiene ni la más remota idea de qué es aquello de lo que es (parcialmente) dueña. La mayoría de la gente tiene una idea bastante buena de la propiedad pública local, pero acerca de la misma propiedad pública en otros lugares distantes, no sabe prácticamente nada, excepto respecto de unos pocos “monumentos nacionales”.

Es prácticamente imposible que alguien llegue a una valoración realista del precio “correcto” de toda la propiedad pública y por tanto tampoco del precio “correcto” de una participación individual en esta propiedad. Por consiguiente, los precios solicitados y pagados por dichas participaciones serían altamente indeterminados y ampliamente fluctuantes y divergentes, al menos inicialmente y sería bastante pesado y largo el plazo hasta que algún inversor o grupo de inversores comprara la mayoría de todas las participaciones para empezar luego a operar o vender partes de esta propiedad para obtener retornos en su inversión.

Esta dificultas puede superarse recuperando la idea de la apropiación original. Los títulos en manos de los contribuyentes no serían solo títulos vendibles. Es más importante que permiten a sus propietarios reapropiarse de propiedades anteriormente públicas y ahora sin dueño. La propiedad pública se abriría a una apropiación original y los títulos serían derechos a propiedades públicas actualmente sin dueño. Todos podrían llevar sus títulos a lugares concretos de propiedad privada y registrarlos como su propietario.

Como el primero en registrar una propiedad concreta sería su propietario inicial, se asegura que todas las propiedades públicas tendrían nuevo dueño casi inmediatamente. Más en concreto, la mayoría de la propiedad pública sería, al menos inicialmente, propiedad de los residentes locales, es decir, de gente que viva muy cerca de una propiedad concreta y con mejor conocimiento de su potencial valor productivo.

Además, como el valor por participación en la propiedad cae cada vez más a medida que los poseedores de títulos se registren en la misma propiedad, se evitará y eliminará rápidamente cualquier sobreinscripción o infrainscripción en propiedades concretas. Muy rápidamente, cada propiedad se valorará realistamente de acuerdo con su valor productivo.

Lecturas recomendadas
Hans-Hermann Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property (Auburn, Ala.:
Ludwig von Mises Institute, 2006).
———, “De-Socialization in a United Germany”, Review of Austrian Economics, Vol. 5, Nº 2, 1991.

Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (Nueva York: New York University Press, 2003).
———, “How and How Not to Desocialize”, Review of Austrian Economics, Vol. 6, No. 1, 1992.

Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
[Libertarian Papers (2011)]

Hans-Hermann Hoppe, Ludwig von Mises
Tomado de Mises Hispano

Por tanto, una nación no tiene derecho a decir a una provincia: Me perteneces, quiero apropiarme de ti. Una provincia consiste en sus habitantes. Si alguien tiene derecho a ser escuchado en este caso, son estos habitantes. Las disputas fronterizas deberían resolverse por plebiscitos. (Gobierno Omnipotente, p. 90)

Ningún pueblo ni ninguna parte de un pueblo deberá mantenerse contra su voluntad en una asociación política que no desea. (Nación, estado y economía, p. 34)

El liberalismo no conoce de conquistas, ni de anexiones, solo que es indiferente hacia el propio estado, así que el problema del tamaño del estado no le importa. No obliga a nadie contra su voluntad a estar en la estructura del estado. Quien quiera emigrar no es retenido. Cuando una parte del pueblo del estado quiere abandonar la unión, el liberalismo no le impide hacerlo. Las colonias que quieran convertirse en independientes solo necesitan hacerlo. La nación es una entidad orgánica que no puede aumentarse ni reducirse por cambios en los estados; el mundo en su conjunto no puede ganar ni perder con ello. (Nación, estado y economía, pp. 39-40)

Por tanto, no importa el tamaño del territorio de los estados. (Nación, estado y economía, p. 82)

El derecho de autodeterminación respecto de la cuestión de la pertenencia a un estado significa entonces: siempre que los habitantes de un territorio concreto, ya sea una sola ciudad, todo un distrito o una serie de distritos adyacentes, haga saber, mediante un plebiscito realizado libremente, que ya no desean seguir unidos al estado al que pertenecen en ese momento, sino que por el contrario desean formar un estado independiente o unirse a otro estado, sus deseos han de ser respetados y cumplidos. Es la única forma viable y eficaz de impedir revoluciones y guerras civiles e internacionales. (Liberalismo, p. 109)

Si hubiera alguna forma posible de conceder este derecho de autodeterminación a toda persona individual, debería hacerse. (Liberalismo, pp. 109-110)

La situación de tener que pertenecer a un estado al que uno no desea pertenecer no es menos onerosa si es el resultado de unas elecciones que si uno debe soportarla como consecuencia de una conquista militar. (Liberalismo, p. 119)

No supone ninguna diferencia el dónde se fijen las fronteras de un país. Nadie tiene un interés material especial en agrandar el territorio del estado en el que vive: nadie sufre pérdidas si parte de esta área se separa del estado. Tampoco importa si todas las partes del territorio de los estados están en conexión geográfica directa o si están separadas por una porción de tierra que pertenezca a otro estado. No tiene importancia económica si el país tiene salida al océano o no. En un mundo así, la gente de cada ciudad o distrito podría decir por plebiscito a qué estado quiere pertenecer. (Gobierno Omnipotente, p. 92)

De una entrevista a Hans-Hermann Hoppe en la Austrian Economics Newsletter:

AEN: ¿Era Mises mejor que los liberales clásicos en la cuestión del estado?

HOPPE: Mises pensaba que era necesario tener una institución que suprimiera a aquella gente que no pueda comportarse adecuadamente en la sociedad, gente que es un peligro, porque roba y mata. Llama gobierno a esta institución.

Pero tiene una idea única de cómo debería funcionar el gobierno. Para controlar su poder, todo grupo y todo individuo, si es posible, debe tener el derecho a secesionarse del territorio del estado. Llamaba a esto el derecho de autodeterminación, no de las naciones como decía la Liga de Naciones, sino de ciudades, distritos y grupos de cualquier tamaño. En Liberalismo y Nación, estado y economía, eleva a la secesión a un principio central del liberalismo clásico. Si fuera posible conceder este derecho a la autodeterminación a toda persona individual, dice, debería hacerse. Así que, para Mises, el estado democrático se convierte en una organización voluntaria.

AEN: Pero tú has sido un fuerte crítico de la democracia.

HOPPE: Sí, en el sentido en que se entiende normalmente. Pero bajo la definición única de Mises, el término significa autocontrol y autogobierno en su sentido más literal. Todas las organizaciones en la sociedad, incluido el gobierno, deberían ser resultado de interacciones voluntarias.

En cierto modo, puedes decir que Mises era casi anarquista. Si se quedó corto al afirmar el derecho de secesión individual, solo fue por lo que consideraba fundamentos técnicos. En la democracia moderna, exaltamos el método de la mayoría como medio para elegir a los dirigentes de un monopolio obligatorio de impuestos.

Mises frecuentemente hacía una analogía entre votar y el mercado. Pero era muy consciente de que votar en el mercado significa votar con tu propiedad. El peso de tu voto está de acuerdo con el valor de tu productividad. En la arena política, no votas con tu propiedad: votas respecto de la propiedad de todos, incluida la tuya. La gente no tiene votos de acuerdo con el valor de su productividad.

AEN: Pero Mises ataca el anarquismo en término indiscutibles.

HOPPE: Su objetivo eran aquí los utópicos de izquierdas. Ataca su teoría de que el hombre es suficientemente bueno como para no necesitar una defensa organizada contra los enemigos de la civilización. Pero esto no es lo que cree el anarquista de la propiedad privada. Por supuesto, existen asesinos y ladrones. Tiene que haber una institución que mantenga a raya a esta gente. Mises llama gobierno a esta institución, mientras que la gente que no quiere ningún estado en absoluto apuntan que todos los servicios defensivos esenciales pueden llevarse a cabo mejor por empresas en el mercado. Podemos llamar gobierno a estas empresas si queremos.

Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

[La siguiente entrevista con Hans-Hermann Hoppe apareció originalmente en el semanario alemán Junge Freiheit el 2 de noviembre de 2012 y fue realizada por Moritz Schwarz]

¿Los impuestos no son sino dinero para protección? ¿Es el estado una especie de mafia? ¿La democracia un fraude? El filósofo Hans-Hermann Hoppe no solo es considerado uno de los intelectuales pioneros más importantes del movimiento libertario, sino asimismo tal vez sea el crítico más agudo del sistema político occidental.

Profesor Hoppe, en su colección de ensayos “Der Wettbewerb der Gauner” (“La competencia de los ladrones”), escribe que “al 99% de los ciudadanos, si se les pregunta si es estado es necesario, responderían que sí”. ¡Yo también! ¿Por qué me equivoco?

Hoppe: Todos, desde la infancia, hemos sido moldeados por el estado o por instituciones con licencia estatal: parvularios, escuelas, universidades. Así que el resultado que cita no es sorprendente. Sin embargo, si le pregunto si diría que sí a una institución que tenga la última palabra en cada conflicto, incluso en los que se ve envuelta, indudablemente diría que no, salvo que espere estar usted al mando de esta institución.

Em… Correcto.

Hoppe: Por supuesto, porque sabe que una institución así no solo no puede mediar en conflictos sino también causarlos, puede darse cuenta de que puede resolverlos en provecho propio. A la vista de esto, yo, al menos, viviría temiendo por mi vida y mi propiedad. Sin embargo, es precisamente esto, el poder último de toma de decisiones judiciales, la característica específica de la institución conocida como el estado.

Correcto, pero por otro lado el estado se basa en un contrato social, que proporciona al individuo protección y espacio para la realización personal, que no tendría sin el estado, en una lucha de todos contra todos.

Hoppe: No, ¡el estado es cualquier cosa menos el resultado de un contrato! Nadie con un mínimo de sentido común aceptaría un contrato así. Tengo un montón de contratos en mis archivos, pero no hay en ninguna parte ninguno como este. El estado es el resultado de la fuerza agresiva y la subyugación. Ha evolucionado sin fundamentos contractuales, igual que una banda de gánsteres de protección. Y respecto de la lucha de todos contra todos: es un mito. Por supuesto, el gánster protege a sus víctimas en “su” territorio ante otros gánsteres, pero porque así puede llevar su “negocio” con más éxito. Además, son los estados los responsables de las muertes de centenares de millones de personas y una destrucción inconmensurable solo en el siglo XX. Comparado con eso, las víctimas de los delitos privados son casi desdeñables. ¿Y cree usted seriamente que los conflictos entre los habitantes de la región de las tres fronteras [de Francia, Alemania y Suiza] cerca de Basilea, que viven juntas en una condición de anarquía, son más numerosos que los conflictos entre los habitantes de Dortmund y Düsseldorf, que son ciudadanos del mismo estado [Alemania]? No es así, por lo que sé.

¿Por qué en su opinión la democracia es solo una “competencia de ladrones”?

Hoppe: Todas las formas altamente desarrolladas de religión prohíben codiciar la propiedad e otros. Esta prohibición es la base de la cooperación pacífica. En una democracia, por el contrario, todos pueden codiciar la propiedad de otros y actuar de acuerdo con su deseo, siendo la única condición que pueda conseguir acceso a los pasillos del poder. Así, bajo condiciones democráticas, todos se convierten en una amenaza potencial. Y durante elecciones masivas lo que tiende a ocurrir es que los miembros de la sociedad que intentan acceder a los pasillos del poder y ascienden a los cargos más elevados son los que no tienen inhibiciones morales respecto de apropiarse injustamente de la propiedad de otros: amorales habituales que tienen un talento particular para forjar mayorías en una multitud de reclamaciones desbocadas y mutuamente excluyentes.

“Políticos: ¡vagos y gorrones!” ¿No teme que se le pueda reprochar de quejarse al estilo del tabloide “Bild”?

Hoppe: ¿Y qué? Hasta el siglo XX apenas había algún pensador político importante que no hablara con desdén de la democracia. Su expresión clave era “la muchedumbre manda”. La crítica populista de la democracia, como puede encontrarse en Bild o tomando el café, está muy bien. Pero no es suficientemente esencial, ni va lo suficientemente lejos (tampoco hasta ahora Bild me ha pedido una entrevista). Por supuesto, los políticos son gorrones: viven de dinero obtenido de otra gente con la amenaza de violencia, a lo que llaman “impuestos”. Pero, por desgracia, los políticos no son vagos. Sería bueno si todo lo que hicieran fuera malgastar su botín. Por el contrario, son benefactores megalomaníacos obsesivos, que además hacen difícil la vida de sus víctimas con miles de leyes y regulaciones.

La democracia es solo una posible variedad de formas de estado. ¿Sería para usted más aceptable una forma de estado diferente?

Hoppe: En un estado monárquico todos saben quién es el gobernante y quiénes los gobernados y por tanto hay cualquier resistencia a cualquier intento de aumentar el poder del estado. En un estado democrático esta distinción se hace difusa y hace más sencillo expandir el poder del estado.

Un momento. Para eso están tribunales, leyes y constitución, para limitar y controlar el estado: tanto el gobierno como el parlamento.

Hoppe: También la mafia tiene poderes “ejecutivo”, “legislativo” y “judicial”. ¡Vea de nuevo “El padrino”!

Otra objeción: ¿qué pasa con los nuevos detractores del estado basados en Internet, como “Ocupa” o los “piratas”, que reclaman transparencia y participación, sin condenar inmediatamente el estado y la democracia por completo?

Hoppe: El movimiento “Ocupa” está compuestos por ignorantes en economía que no entienden que los trucos sucios de los bancos, que deploran correctamente, solo son posibles porque hay un banco central licenciado por el estado que actúa como “prestamista de último recurso” y que la actual crisis financiera por tanto no es una crisis del capitalismo sino del estatismo. Los “piratas”, que su reclamación de una renta básica sin condiciones, están vías de convertirse en otro partido de “barra libre para todos”. Tienen un solo tema: criticar los “derechos de propiedad intelectual” (derechos PI), lo que podrían hacerles muy populares y enemistarles en particular con los sectores musical, cinematográfico y farmacéutico. Pero también ellos son peleles despistados. Solo tienen que buscar a Stephan Kinsella en Google. Así verían que la PI no tiene nada que ver con la propiedad, sino más bien con privilegios estatales. La PI permite al inventor (I) o “primer fabricante” de un producto (un texto, una imagen, una canción o lo que sea) prohibir a todos los demás replicar su producto o cobrarles tasas de licencia, incluso aunque el replicador ® utilice solo su propiedad (y no se lleve nada de la propiedad de I). De esta forma, I es elevado al estatus de copropietario de los bienes de R. Esto demuestra: Los derechos de PI no son propiedad, sino, por el contrario, son un ataque a la propiedad y por tanto son completamente ilegítimos.

En “La competencia de los ladrones” explica como alternativa el modelo de una “sociedad de derecho privado” ¿Cómo funciona?

Hoppe: El concepto básico es sencillo. La idea de un protector monopolístico de la propiedad y guardián de la ley es contradictoria. Este monopolista, ya sea rey o presidente, será siempre un protector expropiador de propiedades y un guardián de la ley que viola la ley, que calificará sus acciones como “de interés público”. Para garantizar la protección de la propiedad y salvaguardar la ley, tiene que haber libre competencia también en el área del derecho. Debe permitirse a otras instituciones distintas del estado proporcionar servicios de protección de la propiedad y la ley. Así, el estado se convierte un sujeto normal del derecho privado sobre una base igual que el resto de la gente. No puede aumentar más los impuestos o aplicar leyes unilateralmente. Sus empleados tendrán que financiarse de la misma forma que todos los demás: produciendo y ofreciendo algo que los clientes consideren libremente que tiene un valor a cambio de su dinero.

¿No llevaría eso rápidamente a una guerra entre estos “proveedores”?

Hoppe: La guerra y la agresión son caras. Los estados van a la guerra porque pueden, mediante impuestos, pasar el coste a terceros que no están afectados directamente. Por el contrario, para empresas financiadas voluntariamente, la guerra es un suicidio económico. Como sujeto de derecho privado, el estado, como todos los demás proveedores de seguridad, tendrá que ofrecer a sus clientes contratos que solo puedan cambia por acuerdo mutuo y que regularán en concreto lo que ha de hacerse en caso de un conflicto entre él y sus clientes o entre él y los clientes de otros proveedores de seguridad en competencia. Y para eso solo hay una solución aceptable para todos: que este tipo de conflictos sentencie, no el estado, sino un tercero independiente: árbitros y jueces que a su vez compitan entre sí, cuyo activo más importante sea su reputación como guardianes de la ley y cuyas acciones y juicios puedan discutirse y, si es necesario, revisarse, igual que las de cualquier otro.

¿Quién debería ser ese “tercero”? ¿Y con qué instrumentos de poder debería declarar los intereses de un ciudadano individual contra su socio contractual: el estado privado, que por supuesto es mucho más poderoso?

Hoppe: En conflictos locales, en una villa o pueblo pequeño, serían muy a menudo los “aristócratas naturales” respetados universalmente. O si no, organizaciones de arbitraje y tribunales de apelación que aseguradoras y asegurados hayan acordado contractualmente desde el principio. Quien no acate los juicios no solo estará incumpliendo, sino que será un paria en el mundo de los negocios. Nadie querrá tener nada que ver con él y e inmediatamente perderá todos sus clientes. No es una idea utópica. Ya es hoy la práctica habitual en transacciones empresariales internacionales (anárquicas). Y otra pregunta para usted: ¿Cómo debería el ciudadano individual declarar sus intereses ante un estado fiscal monopolístico? Es mucho más poderoso ¡y siempre tiene la última palabra!

¿Entiende el continuo escepticismo con respecto a su propuesta?

Hoppe: Por supuesto, ya que mucha gente nunca ha oído esta idea, ni menos la ha pensado seriamente. Solo me molestan quienes dan alaridos cuando escuchan esta idea y reclaman la condena de sus defensores, sin tener el más mínimo conocimiento de la economía y la filosofía política.

Es bastante difícil que una mayoría de ciudadanos apoye nunca un modelo con el que esté tan poco familiarizada. ¿Pero qué partes de este podrían adoptarse al menos para alcanzar al menos mejoras parciales en nuestro sistema actual sin un completo abandono del estado y la democracia?

Hoppe: Hay una solución provisional. Se llama secesión y descentralización política. Los estados pequeños deben ser libertarios o la gente productiva huirá de ellos. Por tanto es deseable un mundo compuesto por miles de Liechtensteins, Singapures and Hong Kongs. Por el contrario, un gobierno central europeo (e incluso más un gobierno mundial) con una política “armonizada” fiscal y regulatoria es peor amenaza para la libertad.

Tampoco para eso encontraría probablemente una mayoría. Por tanto, ¿Cómo evolucionarán estado y democracia en el futuro? ¿Dónde acabarán?

Hoppe: El “modelo del estado del bienestar” occidental, el “socialismo light”, se derrumbará igual que el socialismo “clásico” (por supuesto, no puedo decir si en cinco, diez o quince años). Las palabras clave son. Quiebra del estado, hiperinflación, reforma de la divisa y batallas violentas por la distribución. Entonces aparecerá o bien un “hombre fuerte” o (ojalá) un movimiento masivo de secesión.

Publicado el 10 de enero de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

El liberalismo clásico ha estado en decadencia por más de un siglo. Hace un tiempo desde la segunda mitad del s. XIX, los asuntos públicos han tomado forma cada vez más en base a ideas socialistas: comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, y más duraderamente, la socialdemocracia (liberalismo y neo-conservadurismo americanos).

En efecto, tan completa ha sido la victoria socialista que hoy algunos neo-conservadores han enunciado el “Fin de la Historia” y la llegada del “Último Hombre”, es decir, del último milenio de socialdemocracia global, supervisada por los Estados Unidos.

Ante esta situación, los liberales pueden reaccionar de dos maneras. Pueden sostener que el liberalismo es una doctrina sólida y que el público la rechaza a pesar de su verdad. O -y esto es lo que yo haré- uno puede considerar el rechazo como indicativo de un error en la propia doctrina.
El error central del liberalismo radica en su teoría del gobierno.

El liberalismo -tal como lo personifica Locke y lo expuesto por Jefferson en la Declaración de Independencia- se centraba alrededor de las nociones de auto-propiedad, apropiación original de recursos dados por la naturaleza, propiedad y contrato, como derechos humanos universales. Frente a príncipes y reyes, este énfasis en la universalidad de los derechos colocó a los liberales en oposición radical a todo gobierno establecido. Para un liberal, todo hombre, ya sea rey o campesino, estaba sujeto a los mismos principios universales de justicia, y el gobierno podía derivar su justificación de un contrato entre dueños de propiedad privada, o no podía ser justificado en lo absoluto. ¿Pero podía ser justificado?

La respuesta liberal empezó con la proposición verdadera de que, asesinos, ladrones, matones, timadores, embaucadores, etc., siempre existirían, y que la vida en sociedad sería imposible si no se les amenazara con castigo físico. Para mantener el orden liberal, era necesario obligar mediante amenazas o aplicación de violencia a quien no respetara la vida y la propiedad de los demás. De esta premisa los liberales concluyeron que esta tarea de mantenimiento de la ley y el orden es la función esencial del gobierno.

Que la conclusión haya sido correcta o no, depende de la definición de gobierno. Es correcta, si gobierno simplemente significa cualquier individuo o empresa que proporciona servicios de protección a una clientela que paga voluntariamente. Pero esta no es la definición adoptada por los liberales. Para un liberal, el gobierno no es una empresa especializada. El gobierno tiene dos características únicas. Tiene un monopolio territorial obligatorio de jurisdicción (toma última de decisiones), y el derecho a gravar impuestos. Pero si uno asume esta definición de gobierno, la conclusión liberal es claramente falsa.

De hecho, es inconcebible cómo dueños de propiedad privada pudieron haber entrado en un contrato que diera derechos a otro agente, para obligar a cualquiera en un territorio dado a que acudieran a ese agente exclusivamente para conseguir protección y justicia. Tal contrato monopólico implicaría que todo dueño de propiedad privada había renunciado a su derecho a la última palabra en cuanto a su persona y propiedad, otorgándolo a otra persona. En efecto, se había sometido a sí mismo a la esclavitud. Pero nadie justamente puede, ni probablemente querrá, consentir en volver indefenso a su persona y propiedad ante las acciones de alguien más. Similarmente inconcebible es que alguien dotara a su protector monopólico con el derecho a cobrar impuestos. Nadie puede, o entrará en un contrato que permita a su protector determinar unilateralmente, sin consentimiento del protegido, la suma que el protegido debe pagar por protección.

Los liberales han tratado de resolver esta contradicción interna con la improvisación de acuerdos “implícitos” o “conceptuales”, contratos, o constituciones. Sin embargo, todos estos intentos sólo han sumado a la misma inevitable conclusión: que es imposible derivar una justificación del gobierno a partir de contratos explícitos.

La errónea aceptación del gobierno como coherente con los principios de auto-propiedad, propiedad privada y contrato, ha conducido al liberalismo a su propia destrucción.

Primero, se sigue del error inicial, que la solución liberal al problema de la seguridad -un gobierno limitado constitucionalmente- es un ideal contradictorio.

Una vez que el principio de gobierno es admitido, cualquier noción de restringir el poder del gobierno es ilusoria. Incluso si, como los liberales han propuesto, un gobierno limitara sus actividades a la protección de los derechos de propiedad privada existentes, surge la interrogante de cuánta seguridad debe producirse. Motivado por el interés propio y la desutilidad del trabajo, pero con el poder de cobrar impuestos, la respuesta de un agente del gobierno será invariablemente la misma: maximizar gastos y minimizar producción. A más dinero uno pueda gastar y menos tenga que trabajar, mejor se estará.

Más aún, un monopolio judicial disminuirá la calidad de la protección. Si ante nadie más excepto el gobierno se puede reclamar justicia, la justicia será pervertida a favor del gobierno, a pesar de las constituciones. Las constituciones y las Cortes Supremas son constituciones y agencias gubernamentales, y cualquier limitación que pudieran contener o encontrar es decidida por agentes de la misma institución en consideración. Predeciblemente, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas y el alcance de la jurisdicción ampliada para ventaja del gobierno.

En segundo lugar, se sigue del error en cuanto al status moral del gobierno, que la vieja preferencia liberal por un gobierno local -descentralizado y pequeño- es inconsistente.

Una vez admitido que, a fin de imponer la cooperación pacífica entre dos individuos A y B, está justificado tener un monopolista judicial X, se sigue una doble conclusión. Si más de un monopolista existe, X, Y y Z, entonces, así como no puede haber paz alguna entre A y B sin X, tampoco puede haber allí paz alguna entre los monopolistas X, Y, y Z mientras estos permanezcan en un “estado de anarquía”. De ahí que para lograr el desideratum liberal de paz universal, sea necesaria toda centralización política y en última instancia un único gobierno mundial.

Finalmente, se sigue, del error de aceptar al gobierno, que la antigua idea de la universalidad de los derechos humanos es confusa y que bajo el título de ”igualdad ante la ley” se la haya transformado en un vehículo del igualitarismo.

Una vez que el gobierno se ha presumido justo, y los príncipes hereditarios excluidos como irreconciliables con la idea de los derechos humanos universales, surge la pregunta de cómo hacer compatible el gobierno con la idea de universalidad de los derechos humanos. La respuesta liberal es abrir la entrada al gobierno a todos, en términos iguales, via democracia. A todos -no sólo a la clase hereditaria de nobles- se les permite ejercer todas las funciones del gobierno. Sin embargo, esta igualdad democrática es muy diferente de una ley universal, aplicable por igual a todos, en todo lugar y todo momento. De hecho, el viejo cisma desagradable de una ley más alta para los reyes versus una ley subordinada para los sujetos ordinarios, se conserva en democracia con la separación de la ley pública versus la privada y la supremacía de la primera sobre la segunda. En una democracia no existe ningún privilegio personal, ni personas privilegiadas. Sin embargo, sí existen los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas. Siempre y cuando actúen en calidad oficial, los funcionarios oficiales son gobernados y protegidos por la ley pública y ocupan así una posición privilegiada frente a personas que actúan meramente bajo la autoridad de la ley privada. Los privilegios y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario. En vez de ser restringidos a príncipes y nobles, los privilegios, el proteccionismo, y la discriminación legal estarán a disposición de todos.

Predeciblemente, en condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio –de aumentar precios y disminuir calidad– será solamente más pronunciada. En lugar de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, un custodio temporal es puesto a cargo del país. Él no es dueño del país, pero mientras esté en el poder se le permite el uso del mismo, para ventaja suya y de sus protegidos. Es dueño de su uso corriente –el usufructo– pero no de su capital social. Esto no eliminará la explotación. Al contrario, hará a la explotación menos calculadora y será llevada a cabo con poca o ninguna consideración por el capital social, es decir, sin visión de futuro. Es más, la perversión de la justicia ahora procederá aún más rápidamente. En vez de proteger derechos de propiedad privada pre­existentes, el gobierno democrático se convierte en una máquina de redistribución de derechos de propiedad existentes en nombre de una ilusoria “seguridad social”.

A la luz de esto, se puede buscar una respuesta a la pregunta sobre el futuro del liberalismo.

Teniendo en cuenta su error sobre el estatus moral del gobierno, el liberalismo en realidad contribuyó a la destrucción de todo aquello que se había propuesto preservar y proteger: la libertad y la propiedad. El liberalismo, entonces, en su forma presente no tiene ningún futuro. O mejor dicho, su futuro es la socialdemocracia.

Si el liberalismo ha de tener algún futuro, debe reparar su error. Los liberales deben reconocer que ningún gobierno puede ser justificado contractualmente y que todo gobierno es destructivo de lo que quieren preservar. Es decir, el liberalismo tendrá que ser transformado al anarquismo de propiedad privada (o a una sociedad de derecho privado), tal como fue esbozado hace casi 150 años por Gustave de Molinari y en nuestros días elaborado por Murray Rothbard.

Esto tendría un doble efecto. Primero, conduciría a una purificación del movimiento liberal. Los socialdemócratas con ropaje liberal y muchos funcionarios gubernamentales se disociarían de este nuevo movimiento. Por el otro lado, la transformación conduciría a la radicalización de este movimiento. Para aquellos viejos liberales que todavía se aferran a la clásica noción de derechos humanos universales y consideran a la auto-propiedad y a la propiedad privada antes que el gobierno, la transición es sólo un pequeño paso. El anarquismo de propiedad privada es simplemente liberalismo consistente; o liberalismo restaurado a su intención original. Pero aún este pequeño paso tendría implicaciones cruciales.

Al dar ese paso, los liberales denunciarían al gobierno democrático como ilegítimo y reclamarían su derecho a la autodefensa. Políticamente, volverían a los principios del liberalismo como un credo revolucionario. Al negar la validez de los privilegios hereditarios, los liberales clásicos se colocaban en oposición fundamental a todos los gobiernos establecidos. El mayor triunfo del liberalismo -la Revolución americana– fue el resultado de una guerra de secesión. Y en la Declaración de Independencia, Jefferson había afirmado “siempre que cualquier forma de gobierno se convierta en destructivo de la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad, es el derecho de la gente de alterarlo o abolirlo”. Los anarquistas de propiedad privada sólo reafirmarían el derecho liberal clásico “de derrocar dicho gobierno, y proporcionar nuevos guardias para su seguridad futura”.

Por supuesto, por sí mismo el renovado radicalismo del movimiento liberal sería de poca consecuencia. En cambio, es la visión inspiradora de una alternativa al presente orden, que fluye de este nuevo radicalismo, lo que, en todo caso, romperá la máquina socialdemocrática. En vez de integración política supranacional, gobierno mundial, constituciones, cortes, bancos, y dinero, los liberales anarquistas proponen la descomposición del estado-nación. Como sus antepasados clásicos, los nuevos liberales no buscan apoderarse del gobierno. Lo ignoran y quieren que los deje en paz, y quieren separarse de su jurisdicción para organizar su propia protección. A diferencia de sus precursores quienes meramente procuraron sustituir un gobierno más grande por uno más pequeño, los nuevos liberales siguen la lógica de la secesión hasta su fin. Proponen una secesión ilimitada, es decir, la proliferación irrestricta de territorios libres independientes, hasta que el rango de la jurisdicción del estado finalmente se marchite. Con este fin -y en total contraste con los proyectos estatistas de ‘Integración Europea’ y de un ‘Nuevo Orden Mundial’– los nuevos liberales promueven la visión de un mundo con decenas de miles de países, regiones, y cantones libres, de cientos de miles de ciudades libres –como las rarezas actuales de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, (anteriormente) Hong Kong, y Singapur– y distritos y barrios aún más libres, económicamente integrados por el libre intercambio (¡mientras más pequeño sea el territorio, mayor es la presión económica para optar por el libre comercio!) y por un estándar del oro como base monetaria internacional.

Si, y cuando, esta visión gane prominencia en la opinión pública, el fin del “Fin de la Historia” socialdemocrático habrá llegado y un renacimiento liberal habrá comenzado.

Presentado en inglés en la reunión de la Sociedad Mont Pelerin en Barcelona en 1997. Una versión más extensa, también en inglés, fue publicada en Polis, Vol. 3,1, 1998. 1ra traducción: Rodrigo Betancur. 2da traducción : Daniel Duarte.

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

Solo en su isla, Robinson Crusoe puede hacer los que quiera. Para él, la cuestión respecto de las reglas de conducta humana ordenada (cooperación social) simplemente no se plantea. Esta cuestión solo puede plantearse una vez que una segunda persona, Viernes, llega a la isla. Aun así, la cuestión sigue siendo en buena parte irrelevante mientras no exista escasez.

Supongamos la isla del Jardín del Edén: todos los bienes externos están disponibles superabundantemente. Son “bienes gratuitos”, igual que el aire que respiramos es normalmente un bien “gratuito”. Lo que haga Robinson con estos bienes, sus acciones no tienen repercusiones, ni con respecto a su oferta futura de esos bienes ni respecto de la oferta presente o futura de los mismos bienes para Viernes (y viceversa). Por tanto, es imposible que haya nunca conflicto entre Robinson y Viernes respecto del uso de esos bienes. Un conflicto solo es posible si los bienes son escasos. Solo entonces aparece la necesidad de formular normas que hagan posible la cooperación social ordenada y libre de conflictos.

En el Jardín del Edén solo existen dos bienes escasos: el cuerpo físico de una persona y el espacio que ocupa. Robinson y Viernes tienen cada uno solo un cuerpo y solo pueden ocupar un espacio en cada momento. Por tanto, incluso en el Jardín del Edén pueden aparecer conflictos entre Robinson y Viernes: Robinson y Viernes no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio sin llegar a un conflicto físico entre ambos. Por consiguiente, incluso en el Jardín del Edén deben existir normas de conducta social ordenada, reglas respecto de la ubicación y movimientos apropiados de cuerpos humanos. Fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, debe haber normas que regulen no solo el uso de cuerpos personales, sino también de todo lo escaso, de forma que puedan resolverse todos los conflictos posibles.

La concepción liberal clásica del orden social
En la historia del pensamiento social y político, se han ofrecido multitud de propuestas como soluciones al problema del orden social y esta variedad de propuestas mutuamente incompatibles ha contribuido al hecho de que la búsqueda de una sola solución “correcta” se considere frecuentemente como ilusoria, aunque existe una solución correcta. No hay razón para sucumbir al relativismo moral. La solución se conoce desde hace cientos de años. En tiempos modernos, esta solución sencilla se ha asociado más con el “liberalismo clásico”.

Dejadme que formule la solución, primero para el caso especial representado por el Jardín del Edén y posteriormente para el caso general representado por el mundo “real” de escasez a nuestro alrededor e indicar brevemente por qué esta solución debe considerarse justa, así como económica.

En el Jardín del Edén, la solución se proporciona por la sencilla regla de estipular que todos pueden colocar o mover su propio cuerpo donde quieran, siempre que no haya ya nadie más allí y ocupando el mismo espacio. Fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez que nos rodea, la solución la proporcionan cuatro reglas interrelacionadas.

Primero, toda persona es propietaria de su propio cuerpo físico. ¿Quién sino Robinson debería ser el propietario del cuerpo de Robinson? En caso contrario, ¿no sería un caso de esclavitud y no es injusta, además de antieconómica, la esclavitud?

En segundo lugar, toda persona es propietaria de todos los bienes de la naturaleza que haya percibido como escasos y puestos en uso por medio de su cuerpo, antes que nadie. De hecho, ¿quién debería ser su dueño, salvo el primer usuario? ¿El segundo o el tercero? Sin embargo, si esto fuera así, la primera persona no realizaría su acto de apropiación original, así que la segunda persona se convertiría en primera y así sucesivamente. Es decir, no se permitiría a nadie realizar un acto de apropiación original y la humanidad se extinguiría inmediatamente. Alternativamente, el primer usuario junto con todos los que lleguen después se convierten en propietarios parciales de los bienes en cuestión. Entonces no se evitará el conflicto, sin embargo, pues ¿qué va a hacer uno si los distintos propietarios parciales tienen ideas incompatibles acerca de qué hacer con los bienes en cuestión? Esta solución sería además antieconómica porque reduciría el incentivo para utilizar por primera vez bienes percibidos como escasos.

En tercer lugar, toda persona que, con la ayuda de su cuerpo y sus bienes apropiados originalmente, produzca nuevos productos se convierte en el propietario de dichos productos, siempre que en el proceso de producción no dañe físicamente los bienes poseídos por otra persona.

Finalmente, una vez que alguien se ha apropiado de un bien o lo ha producido, la propiedad sobre este solo puede adquirirse por medio de una transferencia voluntaria y contractual de su título de propiedad de un propietario previo a uno posterior.

La institución de la propiedad privada y en particular el establecimiento de la propiedad privada por medio de la apropiación original se califican frecuentemente como “convenciones”. Sin embargo, como debería haber quedado claro, esto es falso. Una convención sirve a un propósito y es algo a lo que existe una alternativa. Por ejemplo, el alfabeto latino sirve al propósito de la comunicación escrita. Existe una alternativa, el alfabeto cirílico. Por eso se califica como una convención. ¿Cuál es sin embargo el propósito de las normas de acción? ¡Evitar un posible conflicto! Las normas que generan conflictos son contrarias al mismo propósito de las normas. Sin embargo, con respecto al propósito de evitar conflictos, las dos instituciones mencionadas no son solo convencionales: no existe ninguna alternativa a ellas. Solo la propiedad privada hace posible que se eviten todos los conflictos de otra forma inevitables y solo el principio de adquisición de propiedad por actos de apropiación original realizados por individuos concretos en un momento y sitio concretos hace posible que se eviten los conflictos desde el principio de la humanidad.

La aplicación del orden social: El papel del estado en el liberalismo clásico
Por muy importante que sea este descubrimiento, nos deja sin embargo con otro problema aún más difícil. Aunque todos sepamos cómo evitar todo posible conflicto e incluso si todos supiéramos que al hacerlo la prosperidad que nos rodea se maximizaría a largo plazo, de esto no se deduce que estemos siempre interesados en evitar el conflicto y en las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. De hecho, la humanidad tal cual es, con asesinos, atracadores, ladrones, matones y estafadores o gente que no actúa de acuerdo con las normas antes mencionadas, existirá siempre y la vida en sociedad será imposible si no se les detiene. Para mantener la ley y el orden, es necesario que los miembros de la sociedad estén preparados y equipados para presionar a quien no respete la vida y la propiedad de otros para ajustarse a las normas de la sociedad. ¿Quién logrará y cómo esta aplicación de la ley y el orden?

La respuesta dada por los liberales clásicos y por casi todos los demás es muy conocida. La tarea indispensable de mantener la ley y el orden es la función propia del estado. ¿Entonces cómo se define el estado? Un estado no es simplemente una empresa especializada. Convencionalmente, el estado se define como una agencia que posee dos características únicas. Primero, el estado es una agencia que ejercita un monopolio territorial en la toma de decisiones últimas. Es decir, es el árbitro definitivo en todo caso de conflicto, incluyendo los conflictos que le afectan a sí mismo y no permite ninguna apelación por encima y más allá de sí mismo. Además, el estado es una agencia que ejercita un monopolio territorial de los impuestos. Es decir, es una agencia que fija unilateralmente el precio que los ciudadanos privados deben pagar para que les proporcione ley y orden.

Los errores del liberalismo clásico
Por muy extendida que esté la visión liberal clásica con respecto a la necesidad de la institución de un estado como proveedor de ley y orden, varios argumentos económicos y morales bastante elementales demuestran que esta visión es completamente errónea.

Entre economistas políticos y filósofos políticos una de las proposiciones más ampliamente aceptadas es que todo “monopolio” es “malo” desde el punto de vista de los consumidores. Aquí por monopolio se entiende un privilegio exclusivo concedido a un solo productor de un producto o servicio o la ausencia de “libre entrada” a una línea concreta de producción. Por ejemplo, solo una agencia, A, puede producir un bien o servicio concreto, X. Ese monopolio es “malo” para los consumidores porque, defendido ante potenciales nuevos participantes en un área concreta de producción, el precio del producto será más alto y su calidad inferior que bajo condiciones de competencia. Consecuentemente, debería esperarse que la ley y el orden proporcionados por el estado sean excesivamente caros y de una calidad particularmente baja.

Sin embargo es el más pequeño de los errores. El gobierno no es como cualquier otro monopolio como un monopolio de la leche o del automóvil que produzca productos e baja calidad a precios altos. El gobierno es único entre todas las demás agencias en que produce no solo bienes sino también males. De hecho, debe producir males para producir cualquier cosa que pueda considerarse un bien.

Como se ha señalado, el gobierno es el juez definitivo en todo caso de conflicto, incluyendo los conflictos que a él le afectan. Consecuentemente, en lugar de meramente impedir y resolver conflicto, un monopolista de toma definitiva de decisiones también provoca conflictos para resolverlos en su propio beneficio. Es decir, si uno solo puede apelar al gobierno en busca de justicia, la justicia se pervertirá a favor del gobierno, a pesar de las constituciones y los tribunales supremos. De hecho son las constituciones y tribunales del gobierno y cualquier limitación en la acción del gobierno que puedan encontrar es resuelta invariablemente por agentes de la misma institución bajo consideración. Predeciblemente, la definición de propiedad y protección se alterará continuamente y el rango de jurisdicción se expandirá a favor del gobierno. Desaparecerá la idea de un derecho eterno e inmutable que debe descubrirse y se reemplazará con la idea del derecho como legislación, como un derecho flexible creado por el estado.

Peor aún, el estado de un monopolista de los impuestos y mientras que los que reciben los impuestos (los funcionarios públicos) consideran a los impuestos como algo bueno, los que deben pagar los impuestos consideran el pago como algo malo, como un acto de expropiación. Como agencia de protección de vida y propiedad financiada con impuestos, la misma institución del gobierno es entonces nada menos que una contradicción. Es un protector de propiedad que expropia, “produciendo” cada vez más impuestos y cada vez menos protección. Incluso si un gobierno limita sus actividades exclusivamente a la protección de la propiedad de sus ciudadanos, como han propuesto los liberales clásicos, se generaría la cuestión posterior de cuánta seguridad producir. Motivado, como todos, por el interés propio y desutilidad del trabajo pero equipado con el poder único de gravar con impuestos, un objetivo de un agente del gobierno será invariablemente maximizar los gastos en protección, y casi toda la riqueza de una nación puede consumirse en el coste de protección, y al mismo tiempo minimizar la producción de protección. Cuanto más dinero pueda uno gastar y cuanto menos deba uno trabajar para producir, mejor le irá.

En resumen, la estructura de incentivos propia de la institución del gobierno no es una receta para la protección e vida y propiedad, sino más bien una receta para el maltrato, la opresión y la explotación. Eso es lo que muestra la historia de los estados. Es ante todo la historia de incontables millones de vidas humanas arruinadas.

Los errores compuestos: Liberalismo democrático
Una vez que los liberales clásicos hubieron asumido la institución del gobierno como necesaria para el mantenimiento de la ley y el orden, se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué forma de gobierno es la más apropiada para esa tarea? Aunque la respuesta liberal clásica a esta pregunta no era en modo alguno unánime, seguía siendo alta y clara. La forma tradicional de gobierno de príncipes o reyes era aparentemente incompatible con la alabada idea de los derechos humanos universales pues era un gobierno basado en el privilegio. Por consiguiente, se descartó. ¿Cómo podía entonces cuadrarse la idea de la universalidad de los derechos humanos con el gobierno? La respuesta liberal era abriendo la participación y entrada en el gobierno en términos iguales a todos a través de la democracia. Cualquiera (no solo una clase hereditaria de nobles) podía convertirse en un cargo del gobierno y ejercitar todas las funciones del gobierno.

Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo completamente distinto e incompatible con la idea de una ley universal, aplicable por igual a todos, en todas partes y en todo momento. De hecho la anterior objetable parcialidad y desigualdad de la ley superior de los reyes frente a la ley subordinada de los súbditos ordinarios se conserva completamente bajo la democracia en la separación del derecho público frente al privado y la supremacía del primero frente al segundo. Bajo la democracia, todos son iguales en el sentido de que la entrada en el gobierno está abierta a todos en términos iguales. En una democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas. Sin embargo existen privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Mientras actúan oficialmente, los cargos públicos están gobernados y protegidos por el derecho público y por tanto ocupan un puesto privilegiado frente a persona que actúan bajo la simple autoridad del derecho privado, sustancialmente al permitírseles apoyar sus propias actividades con impuestos fijados a sujetos del derecho privado. Los privilegios y la discriminación legal no desaparecerán. Todo lo contrario. En lugar de restringirse a príncipes y nobles, el privilegio, el proteccionismo y la discriminación legal estarán disponibles para todos y pueden ser ejercitados por cualquiera.

Así que, como era de prever, bajo condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio a aumentar precios y rebajar calidad es más pronunciada. Como monopolista hereditario, un rey o príncipe consideraba al territorio y pueblo bajo su jurisdicción como su propiedad personal y se dedicaba a la explotación monopolística de su “propiedad”. Bajo la democracia, el monopolio y la explotación monopolística no desaparecen. Aunque se permita a todos entrar en el gobierno, esto no elimina la distinción entre gobernantes y gobernados. El gobierno y los gobernados no son una y la misma persona. En lugar de un príncipe que considera al país como su propiedad privada, se pone al cargo monopolístico del país a un encargado temporal e intercambiable. El encargado no posee el país, pero mientras está en el cargo se le permite usarlo en su provecho y el de sus protegidos. Posee el uso actual (usufructo) pero no su capital. Esto no elimina la explotación. Por el contrario, la hace menos calculada, llevada a cabo con poca o ninguna consideración por el capital. La explotación es miope y el consumo de capital se promueve sistemáticamente.

La idea de una sociedad de derecho privado
A la vista de los múltiples errores del liberalismo clásico, ¿cómo se mantiene entonces la ley y el orden frente a los delincuentes reales y potenciales? La solución reside en una sociedad de derecho privado, una sociedad en la que todo individuo e institución está sometida a una y la misma serie de leyes. No existe en esa sociedad derecho público que conceda privilegios de funciones a personas concretas (ni ninguna propiedad pública). Hay solo derecho privado (y propiedad privada), aplicable por igual a todos y cada uno. No se permite a nadie adquirir propiedad por ningún otro medio que no sea mediante apropiación original, producción o intercambio voluntario y nadie posee el privilegio de fijar impuestos y expropiar. Además, no se permite a nadie en una sociedad de derecho privado prohibir a nadie utilizar su propiedad para entrar en cualquier línea de producción y competir contra quien le plazca.

Más en concreto, para ser justo y eficiente, la producción y mantenimiento del derecho tendrá que sumirse por individuos y agencias financiadas y compitiendo libremente. ¿Cómo puede hacerse esto? Aunque es imposible predecir la forma exacta que tomaría el “sector seguridad” dentro del marco de una sociedad de derecho privado (igual de imposible que predecir la estructura política de casi cualquier sector bajo circunstancias que hasta ahora no hayan existido) pueden predecirse una serie importante de cambios estructurales esenciales comparados con el status quo de la protección de seguridad proporcionada por el estado.

Primero, en sociedades complejas un aspecto de la solución emergente será solo de importancia secundaria, pero en modo alguno debería obviarse. Mientras que la provisión estatista de ley y orden ha llevado al desarme consiguiente de la población haciéndola cada vez más indefensa contra los delincuentes, en una sociedad de derecho privado no existiría esencialmente ninguna restricción a la propiedad privada de armas de fuego u otras armas. El derecho elemental de todos a la autodefensa para proteger vida y propiedad propias contra invasores debería ser sacrosanta y como uno sabe por la experiencia del no tan salvaje Oeste, así como por numerosas investigaciones empíricas de la relación entre la frecuencia de posesión de armas y tasas de delitos, más armas de fuego implican menos delitos. La intuición dicta esto, pero la propaganda del gobierno trata de negarlo incansablemente.

Sin embargo, en sociedades complejas modernas la autodefensa constituiría solo una pequeña parte de la producción total de seguridad. En el mundo moderno no fabricamos nuestros propios zapatos, trajes ni teléfonos: aprovechamos las ventajas de la división del trabajo. Esto es igualmente cierto en la producción de seguridad. En buena medida, confiamos en agentes o agencias especializados para proteger nuestra vida y propiedades. En particular, la mayoría de la gente confía en compañías de seguros financiadas y compitiendo libremente para su protección y esta confianza en las aseguradoras tendería a aumentar e intensificarse cuanto mayor y más valiosa sea la cantidad de propiedad propia. Las compañías de seguros a su vez se asociarían y cooperarían con agencias de policía y detectives, ya sea directamente como una subdivisión de la aseguradora o indirectamente como entidades independientes de negocio. Al mismo tiempo, las aseguradoras cooperarían constantemente con árbitros y agencias de arbitraje internas o externas independientes.

¿Cómo funcionaría este sistema competitivo de agencias interconectadas de seguro, policía y arbitraje?

La competencia entre aseguradoras, policía y árbitros por clientes que paguen traería una tendencia hacia una caída continua en el precio de la protección (por valor asegurado), haciendo así más asequible la protección. Por el contrario, un protector monopolista que puede gravar con impuestos a los protegidos puede cobrar precios siempre más altos por sus servicios.

Además, como ya se ha indicado, protección y seguridad son bienes y servicios que compiten con otros. Si se asignan más recursos a la protección, menos pueden usarse en coches, vacaciones, comida o bebida, por ejemplo. Asimismo los recursos asignados a la protección de A o el grupo A (la gente que vive junto al Pacífico, por ejemplo) compiten con recursos gastados en la protección de B o el grupo B (gente que vive junto al Atlántico). Como monopolista de la protección financiado por impuestos, la asignación de recursos del estado será siempre necesariamente arbitraria. Habrá sobreproducción (o infraproducción) de la seguridad comparada con otros bienes y servicios en competencia y habrá sobre protección de algunos individuos, grupos o regiones e infraprotección de otros.

Muy al contrario, en un sistema de agencia de protección en libre competencia se desvanecería toda arbitrariedad en la asignación (toda sobre- e infraproducción). La protección se acordaría de acuerdo con la importancia relativa de tenga a los ojos de los consumidores que paguen voluntariamente y ninguna persona, grupo o región recibirá protección a costa de otros, sino que todos recibirán protección de acuerdo con sus pagos.

Además, las aseguradoras tendrían que indemnizar a sus clientes en el caso de daño real; por tanto deben operar eficientemente. Respecto de los desastres sociales (crimen) en concreto, esto significa que la aseguradora estará preocupada sobre todo por la prevención eficaz, pues si no puede prevenir un delito, tendrá que pagar. Además, si no pudiera impedirse una acción criminal, una aseguradora seguiría queriendo recobrar el botín, aprehender al delincuente y llevarle ante la justicia, pues al hacerlo la aseguradora podría reducir sus costes y obligar al criminal (en lugar de la víctima y su aseguradora) a pagar los daños y los costes de indemnización.

Muy al contrario, como los estados monopolistas obligatorios no indemnizan a la víctimas y como pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, tienen poco o ningún incentivo para prevenir el delito o recuperar el botín y capturar a los criminales. De hecho si consiguen aprehender al criminal, normalmente obligan a la víctima y a otros contribuyentes a pagar el encarcelamiento de aquel, añadiendo así el insulto a la injuria.

Ya se ha apuntado que las sociedades de derecho privado se caracterizan por un derecho sin restricciones a la autodefensa y por tanto por la propiedad extendida de armas privadas. Esta tendencia se refuerza más por el importante papel de las empresas aseguradoras en dichas sociedades. Todos los estados tratan de desarmar a su población sometida, por la razón evidente de que es menos peligroso recaudar impuestos de un hombre desarmado que de uno armado. Si una compañía de seguros financiada libremente reclamara como prerrequisito de protección que los clientes potenciales entregaran todo tipo de medios de autodefensa, inmediatamente aparecería la máxima sospecha respecto de sus verdaderos motivos y rápidamente iría a la quiebra. Por su propio interés, las compañías de seguros recompensarían a los clientes armados, en particular a los que puedan certificar algún nivel de formación en el manejo de armas, cobrándoles primas más bajas que reflejen el menor riesgo que representan. Igual que las aseguradoras cobran menos si los dueños de viviendas tienen instalado un sistema de alarma o una caja fuerte, un dueño de armas de fuego con formación representa un riesgo más bajo a asegurar.

Como monopolistas financiados mediante impuestos de toma final de decisiones, los estados pueden externalizar los costes asociados con el comportamiento agresivo sobre los contribuyentes indefensos. Por tanto, los estados son por naturaleza más propensos a convertirse en agresores y belicistas que los agentes y agencias que deben asumir los costes que implican agresiones y guerras. Las compañías de seguros son por su propia naturaleza agencias defensivas en lugar de ofensivas. Por un lado, esto es porque todo acto de agresión es costoso y una compañía de seguros que tenga una conducta agresiva requerirá primas comparativamente superiores, lo que implica la pérdida de clientes frente a competidores no agresivos.

Por el contrario, no es posible asegurarse contra todo “riesgo” concebible. Más bien solo es posible asegurarse contra “accidentes”, es decir, riesgos sobre cuya aparición no tiene control el asegurado y a los que él no contribuye en nada. Así que es posible asegurarse contra el riesgo de muerte y fuego, por ejemplo, pero es imposible asegurarse contra el riesgo de cometer suicidio o quemar tu propia casa. Igualmente es imposible asegurarse contra el riesgo de fracaso empresarial, de desempleo o de que no te gusten tus vecinos, pues en cada caso uno tiene cierto control sobre el acontecimiento en cuestión.

Más importante es que la no asegurabilidad de acciones y sentimientos individuales (en contraposición a los accidentes) implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños resultantes de una agresión o provocación propia previa. Por el contrario, toda aseguradora debe restringir las acciones de sus clientes para excluir toda agresión y provocación por su parte. Es decir, cualquier seguro contra desastres sociales como el delito debe estar supeditado a que los asegurados se sometan a normas concretas de conducta no agresiva. Por cierto, que debido a las mismas razones y preocupaciones financieras, las aseguradoras tienden a requerir que todos sus clientes se abstengan de todas utilización de justicieros (excepto tal vez bajo circunstancias bastante extraordinarias), pues los justicieros, aunque estén justificados, invariablemente causan incertidumbre y provocan una posible intervención de terceros. Al obligar a sus clientes en lugar de someterse a procedimientos publicados normalizados siempre que piensen que han sido víctimas, pueden evitarse en buena medida estas perturbaciones y costes asociados.

Finalmente, vale la pena apuntar que mientras que los estados como agencias financiadas con impuestos pueden dedicarse (y lo hacen) a la persecución a gran escala de delitos sin víctimas como el uso de “drogas ilegales”, la prostitución o el juego, estos “delitos” tenderían a ser de poca o ninguna preocupación dentro de un sistema de agencias de protección financiadas libremente. La “protección” contra esos “delitos” requeriría primas de seguro más altas, pero como estos “delitos”, al contrario que los delitos reales contra personas y propiedades, no crean víctimas, muy poca gente estaría dispuesta a gastar dinero en esa “protección”.

Lo último y más importante es que un sistema de agencias de protección en competencia tendría un doble impacto en el desarrollo del derecho. Por un lado, permitiría una mayor variabilidad de la ley, En lugar de imponer una serie uniforme de estándares sobre todos (como pasa bajo condiciones estatistas), las agencias de protección podrían competir entre sí no solo mediante precios, sino asimismo mediante diferenciación del producto. Por ejemplo, podrían existir, una junto a otra, agencias de protección o aseguradoras católicas que apliquen el derecho canónico, agencias judías que apliquen la ley mosaica, agencias musulmanas que apliquen el derecho islámico y agencias que apliquen derecho secular de un tipo u otro, todas ellas sostenidas por clientela que pague voluntariamente. Los consumidores podrían elegir el derecho que se les aplique a ellos y a sus propiedades. Nadie tendría que tener que vivir bajo un derecho “extraño”.

Por otro lado, el mismo sistema de producción privada de ley y orden promovería una tendencia hacia la unificación del derecho. El derecho “local” (católico, judío, romano, etc.) se aplicaría solo a la persona y propiedad de quienes lo hayan elegido, la aseguradora y todos los demás asegurados por la misma aseguradora bajo el mismo derecho. Por ejemplo, el derecho canónico se aplicaría solo a los católicos declarados y se ocuparía solo de los conflictos entre católicos y su resolución. Aun así, por supuesto, es posible que un católico pueda entrar en conflicto con quien se adscribe a otro código legal, por ejemplo, un musulmán. Si ambos códigos legales llegaran a la misma conclusión o similar, no hay problemas.

Sin embargo, si los códigos legales en competencia llegaran a conclusiones claramente distintas (como pasaría al menos en algunos casos), aparece un problema. El derecho “local” (intragrupo) sería inútil, pero toda persona asegurada querría también protección contra la posibilidad de conflictos entre grupos. Es esta situación no puede esperarse que una aseguradora y los adscritos a su código legal subordinen sencillamente su enjuiciamiento a otra aseguradora y su derecho. Par todas las partes afectadas solo hay más bien una forma creíble y aceptable de salir de esta situación.

Desde el principio, toda aseguradora se vería obligada a someterse con sus clientes al arbitraje de un tercero verdaderamente independiente. Esta parte no solo sería sin embargo un ente independiente, sino al mismo tiempo la elección unánime de ambas partes. Se acoraría debido a su capacidad comúnmente percibida para encontrar soluciones mutuamente aceptables (justas) en casos de desacuerdo entre grupos. Además, si un árbitro fracasara en esta tarea y llegara a conclusiones que fueran percibidas como “injustas” o “parciales” por alguna de las aseguradoras o sus clientes, esta persona o agencia no es probable que sea elegida como árbitro en el futuro.

En resumen, aparecerían contratos de protección y seguridad. Las aseguradoras (al contrario que los estados) ofrecerían a sus clientes contratos con descripciones de propiedad bien especificadas y tareas y obligaciones claramente definidas. Igualmente, la relación entre aseguradoras y árbitros estaría regida por contratos. Cada parte en un contrato, durante o hasta la finalización del contrato, se vería obligada por sus términos y condiciones y todo cambio en los términos y condiciones de un contrato requeriría el consentimiento unánime de todas las partes afectadas. Es decir, en una sociedad de derecho privado, al contrario que bajo condiciones estatistas, no existiría ninguna “legislación”. A ninguna aseguradora le bastaría con prometer a sus clientes protección sin dejarles saber cómo o a qué precio e insistir en que pueden cambiar unilateralmente los términos y condiciones de la relación protector-cliente. Los clientes de las aseguradoras reclamarían algo significativamente mejor y las aseguradoras proporcionarían contratos y derecho constante, en lugar de promesas y legislación cambiante.

Además, como consecuencia de la cooperación continua de varias aseguradoras y árbitros, se pondría en marcha una tendencia hacia la unificación del derecho de propiedad y contractual y la armonización de las normas de procedimiento, evidencias y resolución de conflictos. Mediante la compra de seguros de protección, todos compartirían el objetivo común se tratar de reducir el conflicto y mejorar la seguridad. Además, todo conflicto y reclamación de daños, independientemente de dónde, por quién o a quién, caería bajo la jurisdicción de una o más agencias aseguradoras concretas y se gestionaría o bien por una ley “local” de la aseguradora de un individuo o bien por provisiones y procedimientos legales “internacionales” acordados por anticipado por un grupo de aseguradoras.

Un sistema como ese aseguraría una estabilidad y certidumbre legal más completa y perfecta que cualquier sistema de seguridad al que podamos apelar actualmente.

Publicado el 28 de julio de 2006. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

[Transcrito de un discurso realizado en la Universidad Mises de 2009]

Para empezar, quiero repetir unos pocos apuntes que he realizado en mi lección previa sobre derecho y economía y luego quiero ocuparme de un tema completamente distinto del que traté en esa lección previa.

Porque hay escasez en el mundo podemos tener conflictos respecto de estos recursos escasos. Y porque los conflictos pueden existir donde y cuando exista escasez, necesitamos normas que regulen la vida humana. Normas: el propósito de las normas es evitar los conflictos. Y para evitar los conflictos relativos a los recursos escasos, necesitamos reglas de propiedad exclusiva de dichos recursos escasos o, por decir exactamente lo mismo, necesitamos derechos de propiedad para determinar quién tiene derecho a control qué y quién no tiene derecho a controlar qué.

Estas reglas, he defendido en mi lección previa, las reglas que los austriacos consideran como reglas capaces de hacer esto, evitar el conflicto y, al mismo tiempo, siendo reglas justas son las siguientes. Una es que toda persona se posee a sí misma, su propio cuerpo físico. Tiene control exclusivo sobre su propio cuerpo físico. La segunda regla se refiere a cómo adquirimos la propiedad, el derecho de control exclusivo de los recursos escasos fuera de nuestro cuerpo en el mundo externo. Previamente, inicialmente, el mundo exterior no tiene dueño y adquirimos propiedad sobre objetos fuera de nuestro cuerpo siendo los primeros en poner en uso ciertos recursos y, por tanto nos convertimos en propietarios. A esto se califica a veces como apropiación original u ocupación. Las reglas número tres y cuatro están implícitas en las dos previas. Quien usa su cuerpo físico y aquellas cosas de las que se apropia originalmente para producir algo, para transformar cosas a un estado más valioso de cosas, se convierte, por tanto, en el propietario de lo que ha producido. El producto posee el producto. Y finalmente, también podemos adquirir propiedad por transferencia voluntaria de un propietario previo a otro posterior.

De nuevo solo destacamos en esta lección que hay reglas intuitivamente sensatas: quién debería poseernos salvo, quién debería poseernos, excepto nosotros mismos. Que alguien deba poseernos suena absurdo. ¿Deberá el segundo en llegar ser el propietario que no ha hecho nada a un recurso, en lugar del primero? De nuevo esto suena absurdo. ¿El productor no posee el producto, sino alguien que no lo ha producido debería poseer el producto? De nuevo esto suena absurdo. Y evidentemente, regla número cuatro, si fuera posible simplemente tomar algo de otra gente contra su consentimiento, la civilización sería destruida al instante.

Además, también os dais cuenta de que si seguís estas reglas, en líneas generales, se maximizará la riqueza. Y si seguimos estas reglas, entonces pueden evitarse todos los conflictos.

Ahora la cuestión es que hay, por supuesto, gente que dice ¿y qué? Aunque podamos justificarlas y demostrar que son económicamente beneficiosas de seguir y que todos los conflictos pueden evitarse si la gente siguiera estas reglas, habría delincuentes. Habrá criminales, mala gente mientras exista la humanidad. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Cómo aplicamos estas reglas? Exponerlas simplemente no significa que la gente actúe realmente de acuerdo con ellas bajo cualquier circunstancia. Siempre habrá mala gente.

Los liberales clásicos dieron la siguiente respuesta a la pregunta de cómo aplicamos estas reglas. Dijeron que es tarea del gobierno, tarea exclusiva de un estado. Un estado no hace nada más que asegurarse de que todo el que incumple estas leyes será golpeado en la cabeza y devuelto a la razón.

¿Qué tenemos que hacer ahora con esta respuesta de los liberales clásico? Incluye también en este caso a Ludwig von Mises. Y la postura de Ludwig von Mises era precisamente que estas reglas son las reglas de una sociedad justa y es la tarea del estado ver que la gente siga estas reglas y castigar, y amenazar con castigar a los potenciales delincuentes.

Ahora, el si esta respuesta es correcta o equivocada, es decir, el si es tarea del estado y el estado la realizará eficientemente, eso depende, por supuesto, de cuál sea la definición de un estado. Y no os estoy dando una definición original del estado, sino esa definición que es más o menos aceptada por todo el que haya escrito acerca del estado. Es la definición estándar del estado. Y esa es que el estado es un monopolista territorial de la toma última de decisiones o del arbitraje definitivo en cierto territorio. Es decir, siempre que aparezca un conflicto, el estado es el árbitro definitivo que decide quién tiene razón y quién se equivoca. No hay apelación más allá del estado. Es la palabra final: tú tienes razón, tú no. Y esto implica asimismo que el estado es el árbitro final, el juez final, el que toma la decisión final incluso en casos de conflictos que impliquen al estado o a sus propios agentes. Veremos en un momento que es una implicación muy importante de lo que es un estado y, a partir de ahí, se deducen muchas consecuencias.

Un corolario de esto es que el estado es por tanto la única agencia a la que se permite fijar impuestos al pueblo, determinar unilateralmente el precio que debemos pagar por prestarnos este servicio, es decir, aplicar estas reglas.

Ahora, dada esta definición del estado, quiero demostrar que es una ilusión creer que el estado tenga éxito en hacer lo que, según los liberales clásicos, es su única y exclusiva tarea de aplicar estas reglas.

El primer argumento contra esta postura de un estado mínimo es decir, mirad, en economía siempre decimos que un monopolio es malo desde el punto de vista de los consumidores. Destaco “desde el punto de vista de los consumidores”. Desde el punto de vista de un productor, un monopolio es siempre estupendo y la competencia es siempre terrible. Pero desde el punto de vista de los consumidores, la competencia es buena y el monopolio malo, por la sencilla razón de que siempre que tenemos un monopolio el precio del productos será superior del que sería en otro caso y la calidad del producto será inferior de la que sería en otro caso porque está protegido ante la competencia de otra gente que entre en el mercado ofreciendo precios inferiores u ofreciendo productos de calidad superior. Si tenemos libre competencia, hay intentos constantes de los productores de producir con los menores costes de producción posibles, lo que se traduce en forma de precios inferiores para los consumidores y de producir el producto de la máxima calidad. De otra manera, simplemente perderíamos en la competencia contra otros. De otra manera, invitaríamos, por decirlo así, a competir contra uno mismo.

Así que el primer argumento sería sencillamente, ¿Por qué no debería ser esto también verdad para proporcionar servicios de protección de nuestra propiedad privada? ¿Por qué no debería ser bueno un monopolio en esta área, ya que en todas las demás decimos que es malo? No solo esto, cuando se refiere, por ejemplo a un monopolio en la producción de leche, entonces todos podemos decir, sí, un monopolista de la producción de leche ofrecerá un producto comparativamente malo a precios comparativamente altos. Así qua así obtenemos un producto malo.

Pero cuando se refiere a un monopolio de ley y orden, de toma de decisiones finales, la situación es realmente mucho peor. No solo pueden producir, por decirlo así, un producto malo, lo que un monopolista de toma de decisiones finales puede producir es que puede producir males de la siguiente manera.

Mirad, si soy el que toma la decisión final en cualquier estado de cualquier conflicto que pueda producirse, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es causar un conflicto yo mismo y luego ser el árbitro de mi propio caso. Puedo así determinar quién tiene razón y quién no. Si yo mismo he causado el conflicto, entonces, por supuesto, es fácil predecir lo que decidirá un monopolista. Decidirá que estoy completamente justificado para hacer lo que hice a esta parte demandante y tengo razón.

Un policía te golpea en la cabeza, te quejas de esto. ¿Quién decide luego quién tiene razón no? Tal vez no el policía directamente, sino otra persona que está contratada por exactamente la misma agencia que también emplea al policía. Así que lo que puedes predecir en esta situación es que, en lugar de tener una situación en que existe una cooperación pacífica entre varios individuos, puedes predecir que habrá constantemente conflictos generados por parte de esa gente que supuestamente protege nuestras vidas y propiedades. Y así se tomará una decisión que le favorece por encima de aquella gente que ha sido agredida por los propios agentes del estado.

Y para empeorar las cosas, pueden asimismo decidir que tienes que pagarles por este tipo de justicia que se te impone. Es decir, primero te golpean en la cabeza, luego deciden que estaba completamente justificado: miraste hacia el lado contrario o lo que sea. Y luego te dicen para este servicio por favor págame 100$ y no puedes decir que no.

En caso contrario, te encarcelaremos. Repito que esto se deduce, por decirlo así, automáticamente de lo que es la definición de un estado, un árbitro de conflictos incluso en casos en que haya generado dicho conflicto.

Y para rematarlo, los argumentos habituales antimonopolio también son aplicables, por supuesto. Habrá una tendencia constante a que la calidad de la justicia se deteriore y, en paralelo, una tendencia constante a que aumenten los precios de esta justicia de cada vez peor calidad. Debes paga más y más y más por conseguir menos y menos y menos en términos de justicia.

Así que es un argumento completamente fallido hasta donde puedo ver en defensa de un estado mínimo. La idea de un estado mínimo es una especie de absurdo.

Punto siguiente, además de esto, los liberales clásicos cometieron otro error catastrófico, los defensores de los estados mínimos. Cuando los liberales clásicos desarrollaron su programa y vieron enfrente estados que eran, en general, estados monárquicos, reyes y reinas y todo eso, y los liberales clásicos cometieron entonces un error catastrófico. Dijeron que los estados monárquicos era instituciones malas por la razón de que los monarcas, reyes o reinas, tienen privilegios. Reyes y reinas son, por decirlo así, una violación del principio de igualdad ante la ley. El rey puede hacer ciertas cosas que otra gente simplemente no puede hacer y debemos instituir una sociedad en la que se aplique la igualdad ante la ley.

¿Y qué solución propusieron? Propusieron la democracia como solución. Repito, no todos los liberales clásicos, pero sí la mayoría. Y dijeron que la democracia es de alguna manera compatible con la idea de igualdad bajo la ley, porque todos pueden ahora convertirse en rey o reina o senador o primer ministro, en lugar de solo una clase hereditaria de personas.

Ahora quiero demostrar, primero, que es, de nuevo, un error catastrófico creer que la democracia implica igualdad ante la ley. De hecho, todo lo que pasa por sustituir la monarquía por la democracia es que reemplazamos los privilegios personales por los privilegios funcionales. En democracia, nuestros gobernantes democráticos también tienen privilegios comparados con los que tienen los ciudadanos normales.

Os daré solo un ejemplo. Y este privilegio se refleja, por así decirlo, en el hecho de que tenemos una separación o una distinción entre, por un lado, lo que se llama derecho público que se ocupa de la relación entre los gobernantes, los gobernantes democráticos y la ciudadanía y, por el otro, el derecho privado que se ocupa de las relaciones entre ciudadanos privados.

Bajo el derecho público, es decir, si eres un cargo público, puedes hacer cosas que, bajo el derecho privado, nunca podría hacer. Si te robo el dinero de tu cartera, seré castigado como ciudadano privado. Sin embargo, si lo hago como agente de Hacienda, esto no se considerará como un delito, aunque desde el punto de vista de la persona robada no hay absolutamente ninguna diferencia. El derecho público permite robar.

Bajo el derecho privado, si te detengo y te obligo a trabajar en mi jardín durante 16 horas, a esto se le llama secuestro, esclavitud, etcétera y, de nuevo, es un delito punible. Por otro lado, si lo hago como funcionario público y te recluto para el ejército y te envió a morir, a luchar por la democracia en algún lugar, entonces este tipo de cosa sencillamente se llama: estás obligado a prestar un servicio público.

Si tomo tu dinero y se lo doy a otro como ciudadano privado, a eso se le llama robar y tráfico de bienes robados. Si lo hago como funcionario público, se llama política social.

Tomar de alguien y luego pretender ser un generoso benefactor para otros. Basta con mirar a nuestros políticos, van por ahí gastando millones es este y aquel país y los dan a esa gente e incluso consiguen una medalla por hacer estas cosas. No es su propio dinero el que entregan. Así que es tráfico de bienes robados.

Por cierto que podríamos incluso decir que lo que hacen los estados es incluso peor de lo que hacen los delincuentes privados, ya que, como criminales privados, al menos se conforman con su maldad, al menos desaparecen. La próxima vez puedes prepararte para un ataque así y tal vez golpearles cuando vuelvan. Sin embargo los estados hacen eso con una base institucional. Te roban y a la semana siguiente otra vez puedes esperar otra visita de esa gente.

Así que es un error creer que bajo la democracia tienes, por decirlo así, igualdad ante la ley. Solo que los privilegios funcionales ocupan el lugar de los privilegios personales, pero existen privilegios igual que bajo la monarquía.

La situación es incluso peor. Si veis la transición entre, una transición de monarquía a democracia, en la que todos pueden alcanzar cualquier tipo de puesto en el gobierno y no existe ningún privilegio hereditario, lo que tiene lugar aquí es que reemplazamos a alguien que considera al país como su propiedad privada por alguien que es un encargado temporal de un país. Y esto tiene efectos dramáticos.

Para mostrar esto, imaginemos por un segundo que os doy una casa a cada uno. Os hago propietarios de la casa. Ahora podéis traspasarla a vuestros hijos o hijas o a quien queráis y podéis venderla en el mercado y quedaros con el dinero de la venta. En el otro caso, os doy la casa y, digamos, por cinco años o cuatro años tendréis el control exclusivo de esta casa, pero no su propiedad, no podéis determinar quién será el sucesor, ni podéis vender la casa en el mercado y quedaros con el dinero de la venta, pero podéis tratar de maximizar vuestra propia renta utilizando la casa durante cuatro o cinco años. ¿Supondrá eso una diferencia en término de cómo trataréis la casa? Y la respuesta es, por supuesto, que será una diferencia drástica.

En el caso uno, os interesará conservar el valor de la propiedad. No trataréis, si sois el propietario no trataréis de arruinar la casa muy rápidamente. Después de todo, si lo hacéis, conseguiréis menos en el mercado. Caería el precio de la casa. O podría interesaros dar algo que sea aún decentemente valioso a la siguiente generación. Por otro lado, si sois solo encargados temporales, ¿cuál es vuestro incentivo? Entonces vuestro incentivo es quiero maximizar todo lo que pueda conseguir de esta casa en cuatro o cinco años, independientemente de lo que ocurra con el valor de capital que encarne la casa. Aunque la casa esté entonces en ruinas, por decirlo así, al menos tuviste cuatro o cinco años gloriosísimos. Pudiste hacer todo tipo de amigos con tu renta que recibiste. Pueden meter lo que sea, 20, 30 personas en la casa, cada uno pagando una renta. El papel pintado se cae después de un tiempo, los baños se atascan, los grifos ya no funcionan, las alfombras están arruinadas, etcétera, pero ¿qué te importa? Después de todo, no tienes que solo… no eres tú el que tiene que pagar el precio por este comportamiento por tu parte en forma de precios más bajos de los que habrías conseguido por la casa. Después de todo, no es tuya. No es de tu propiedad.

Así que lo que tenéis aquí es, por decirlo así, la diferencia entre monarquía y democracia a gran escala. El monarca tiene la perspectiva a largo plazo. En general, quiere conservar el valor de su reino para transmitir algo valioso a la siguiente generación. Un político demócrata, como sabe que solo estoy en el poder durante unos pocos años, su incentivo es tengo que ordeñar la vaca tan rápidamente como sea posible y luego abandonarla, sean cuales sean las consecuencias. Los políticos, los políticos demócratas son precisamente los cortos de miras. Los monarcas son personas con visión a más largo plazo, comparativamente, por así decirlo. Así que hay un erro adicional en creer que la democracia es una forma ventajosa de organización social.

Quiero daros asimismo un tercer argumento contra la democracia que habla de alguna manera favorablemente de la monarquía. Y este es que cuando la gente dice, mira ¿no estás siempre a favor de una entrada abierta y no tenemos que adoptar la democracia porque hay una entrada abierta a los cargos, hay competencia, mientras que, en caso contrario, si tenemos gobernantes hereditarios, no hay entrada abierta, no hay competencia? Ahora, el argumento así expresado, es perfectamente correcto, excepto en que es aplicable solo a la producción de bienes, Es decir, si quieres tener competencia en el área de producir cosas que son consideradas como bienes por la gente. Pero no quieres tener competencia en el área que se refiere a la producción de males. Pero es producción de males si puedes causar conflictos y luego decidir a tu propio favor. Es una producción de bienes si pones impuestos a la gente, le dices que no tienes alternativa, no puedes negar mi derecho a gravarte, les dices que tenéis que pagar por mis servicios.

En la producción de males, es bueno que no haya competencia. Solo en la protección de bienes queremos que haya competencia. No queremos tener competencia en quién es el mejor en golpear a otra gente, quién es mejor dirigiendo un campo de concentración.

Aquí, estamos encantados si tenemos incompetencia dirigiendo el cotarro.

Así que queremos incompetencia en el poder. No queremos tener gente eficiente gravándonos y causando conflictos.

Así que el argumento era, la entrada abierta sí funciona exactamente de forma contraria cuando consideramos con precisión lo que hacen los estados en comparación lo que el productor de bienes genuinos demandados por consumidores, lo que quieren los consumidores.

Y tenemos aquí unas pocas consideraciones. Mirad, un rey llega al poder por accidente de nacimiento. Ahora, esto no impide que el rey pueda ser un mal tipo. Sin embargo, si es un mal tipo, normalmente hay una dinastía, es decir, una familia de la que es miembro. Si es un mal tipo y arruina el país, los miembros de su familia estarán muy preocupados de que pueda perder el poder por este tipo de comportamiento. Y lo que hacen frecuentemente es rodear a este mal tipo con gente que le controle. Y si esto no funciona, frecuentemente recurren a los medios de sencillamente hacer que alguien mate al tipo, lo que, por supuesto, sería algo bueno.

Por otro lado, como llega al poder por accidente de nacimiento, tampoco puedes descartar que pueda ser un tipo decente, que pueda ser una especie de buen abuelo que se preocupa por su pueblo y todo eso. No puedes descartar que pueda ser en realidad un buen hombre. Después de todo, esta gente está educada así. Están preparados para este puesto. Y más a menudo que no, son personas decentes.

Preguntaos ahora qué ocurre bajo la democracia cuando tenemos competencia para este tipo de campo. Primero de todo, os dais cuenta de que si tenemos malos gobernantes democráticos, la probabilidad de que se mate a esta gente es comparativamente baja. ¿Por qué es baja? Porque toda la gente dice: vale, es solo por cuatro años y luego, por supuesto, vendrá a gobernar el lugar un tipo realmente bueno de mi partido. Y así hay cierta vacilación en matar al tipo porque todo lo que decís es que tenemos que esperar cuatro años y luego las cosas irán mejor. Así que menos muertes de gobernantes y creo que esto es algo malo.

En segundo lugar, preguntaos ahora si un buen tipo puede llegar al máximo en una democracia. Es decir, ¿puede un tipo que diga: no gravaré a los ricos para dárselo a los pobres, aplicaré estrictamente los derechos de propiedad privada, la gente rica no es gente mala ni la gente pobre es gente buena, no haré absolutamente nada, seguiré una política de laissez faire, puede una persona como esta llegar alguna vez a lo más alto del gobierno? Y os estoy diciendo que es absolutamente imposible. Tratad de realizar una campaña con este tipo de cosas. Tal vez podáis ganar en algún pequeño distrito, tal vez podáis ganar si las elecciones son en alguna pequeña villa en la que todos conocen a todos, pero sin duda no podéis hacer esto en una sociedad con millones de personas en las que cada una tiene, por supuesto, la tentación de robar a la gente, mediante el voto, su propiedad y beneficiarse personalmente de estos ejercicios de robo. Así que incluso en este caso, repito, creo que las monarquías son claramente superiores. No estoy defendiendo las monarquías.

Ahora llego a lo que es por tanto la respuesta correcta a la pregunta inicial de cómo aplicar estos tipos de leyes. Y la respuesta correcta es que tenemos que abolir el monopolio. Es decir, esta tarea debe asimismo ser asumida por personas o agencias que cumplan exactamente los mismos principios que todos los demás. Solo entonces tenemos, por supuesto, igualdad ante la ley. Es decir, aquellas instituciones, aquellas personas que proporcionen este servicio concreto de proteger nuestras vidas y nuestra propiedad deben ellas mismas cumplir exactamente las mismas reglas que requerimos que cumplan otras personas. Y llamamos a esto una sociedad pura de derecho privado, una sociedad en la que solo existe el derecho privado. Esta distinción entre derecho público, de un lado, y derecho privado, de otro, sencillamente desaparece.

Ahora, ¿cómo funcionaría una sociedad como esta? Primero, esto implica, por supuesto, que toda persona es perfectamente libre de actuar en defensa propia. Apenas diré algo más acerca de esto. Debería estar claro que igual que, en una sociedad compleja, no fabricamos nuestros propios zapatos o cosemos nuestros propios trajes o nos cortamos nuestro propio pelo, sino que confiamos en la división del trabajo, en una sociedad compleja, también confiamos en la división del trabajo en lo que se refiere a esta tarea concreta. Pero sin embargo, debería destacarse desde el principio que sí, por supuesto, cada persona tiene el derecho absoluto a la legítima defensa contra gente que agreda sus derechos de propiedad privada. Y no debería haber dudas en nuestra mente de que esto es un medio muy eficaz para alcanzar este objetivo. Sabemos, por ejemplo, que en el Salvaje Oeste, cuando el poder del gobierno federal no se extendía realmente hasta todos los rincones del país, que… y cuando casi todos estaban fuertemente armados la tasa criminal era realmente significativamente más baja que la actual. En las películas del Oeste, a veces tienes una impresión distinta, pero es un completo error. Se han hecho muchos estudios sobre esto.

Imaginemos, por ejemplo, lo probable que es que te conviertas en ladón de bancos si vas a un banco en el que todos los cajeros están armados. Antes de salir del banco, serás un hombre muerto.

La violencia que se producía en el Salvaje Oeste era, en la mayoría de los casos, realmente violencia entre participantes voluntarios. Es decir, si vas a un bar y luego te emborrachas y luego empiezas una pelea con otro y luego, vale, vamos fuera y vemos quién tiene razón y luego uno o ambos yacéis muertos en la calle. No es un delito. Es, después de todo, algo como, igual que una pelea de boxeo.

Esas dos personas simplemente decidieron que quería hacer eso. Nadie excepto esas dos personas tiene que preocuparse acerca de esto. Si no ibas a bares ni te emborrachabas, estabas bastante seguro en el Oeste.

Un libro muy importante en esta área lo ha escrito John Lott: More Guns, Less Crime. Da una enorme cantidad de datos empíricos que demuestran que, por supuesto, si la gente es libre para defenderse, las tasas de criminalidad tienden a bajar.

Pero, como dije, en una sociedad compleja esto es solo una pequeña parte, una pequeña contribución a nuestra defensa. Confiaremos en agentes y agencias especializados para proporcionarnos este servicio. Y un papel especialmente importante en todo esto probablemente lo desempeñen agencias aseguradoras.

Y quiero explicar cómo se prestaría este servicio por agencias aseguradoras en competencia. Y repito, no penséis en agencias aseguradoras como las que hoy existen. El sector asegurador es uno de los sectores más regulados actualmente. Pero pensad en empresas aseguradoras que tuvieran realmente libertad para competir en el mercado por clientes dispuestos a pagarles por sus servicios y a las que se permitiera cambiar su proveedor de servicios de seguridad si no estuvieran satisfechos con lo que está haciendo por ellos su agencia concreta.

¿Qué podemos esperar entonces en esa situación en la que agencias de seguro de defensa en competencia y similares nos proporcionen estos servicios? Lo primero que podemos esperar es que, como en todas las áreas en que tenemos libre competencia, los precios tenderán a caer y la calidad del producto tenderá a aumentar, como ocurre también en cualquier otra área. Ahora bien, si tenemos monopolistas haciéndolo, tendremos probablemente dependencia de precios mayor de la que habría en otro caso y la calidad del producto será menor de la que habría en otro caso.

La segunda cosa, en esa situación, es que podemos evitar la superproducción e infraproducción de seguridad. ¿Cuántos recursos deberían dedicarse a la producción de cerveza, a la producción de leche, a la producción de coches? En el mercado, son los consumidores los que deciden cuántos recursos se dedican a este propósito o a aquel. Los consumidores hacen que crezcan ciertas empresas o las hacen encogerse o finalmente desaparecer del mercado. Si tienes un monopolista proporcionando este servicio, nadie puede competir con él. ¿Cuáles serían sus respuestas, cuántos recursos deberían dedicarse a este propósito concreto? Y la respuesta es que cuantos más recursos dediquemos a esto, mejor nos irá como productores de este servicio concreto. ¿Debería haber un policía o debería haber 10 policías o 100 policías? ¿Deberían los policías llevar solo una porra o deberían llevar una ametralladora?

¿Deberían tener tanques para proporcionar este tipo de servicio?

Podéis imaginar que casi todos los recursos en una sociedad se utilizaran para protegeros, pero apenas os quede nada para comer.

El gobierno no tiene respuesta a cuántos recursos deberían dedicarse a este tipo de cosas. Pero deberíais daros cuenta de que la cantidad de seguridad que queremos, la cantidad de dinero que gastaríamos en sentirnos seguros es muy distinta de persona a persona y asimismo de región a región. Hay ciertas regiones en las que no necesitarías ningún proveedor especializado de seguridad en absoluto. Si vives solo en lo alto de una montaña, te puedes defender perfectamente por ti mismo. Si vives en regiones urbanas densamente pobladas, podrías querer pagar más por esto. Si eres una mujer anciana, podrían tener más miedo y gastar más de tus recursos en esto que si eres, quien sea, Arnold Schwarzenegger, que se siente capaz de lo que puede hacer por sí mismo o con unos pocos guardaespaldas.

Así que este problema se resolvería automáticamente si tuviésemos libre competencia en el área de la seguridad. Consigues tanto como quieras. Puedes aumentarla, disminuirla, pero no es que otra entidad te diga: esto es lo que yo digo que necesitas. Y, por supuesto, esta siempre piensa que más es mejor. Esto no significa que proporcione mejores servicios, sino que los gastos que se permite son cada vez más altos.

Luego, siguiente ventaja: delitos sin víctima. Sabéis que actualmente se dedican una gran cantidad de recursos a combatir delitos sin víctima, en particular, por supuesto, toda la guerra contra las drogas. Hay millones de personas en Estados Unidos encerradas porque no han nada más que, lo que sea, fumar marihuana o tomar cocaína o lo que sea, sin haber cometido ningún delito que tenga una víctima a la que puedas apuntar.

¿Podéis imaginar que una empresa aseguradora que os asegure u os proteja contra delitos sin víctimas os cobre evidentemente más que una agencia que se abstenga de ofrecer ese servicio? Es fácil predecir que, por supuesto, la mayoría de la gente, como no se ve afectada por delitos sin víctima porque, después de todo, no son víctimas de ellos, diría, no quiero pagar dinero extra porque haya una prostituta en algún lugar teniendo un cliente donde sea y detenerlos, por supuesto, requiere recursos extra. Después de todo, no realizo nunca actividad como esa. Solo quiero que me protejan en mi casa y en mi propiedad. Así que las empresas que ofrezcan esos tipos de servicios probablemente cierren instantáneamente. Actualmente, como dije, se desperdicia una enorme cantidad de recursos en cosas como esta, yendo contra delitos sin víctima.

Entonces, incluso más importante, las empresas de seguro tendrían que indemnizarte en caso de que te ocurriera algo. Os dais cuenta, actualmente, con la provisión en monopolio de estos servicios, dicen: protegemos tu vida y tu propiedad. ¿Qué pasa si alguien mata a alguien o entra en su casa? ¿Dice entonces el estado, mira, fallamos en hacer lo que se suponía que haríamos y como hemos fallado te debemos una indemnización? No he oído casos como este en el que el gobierno diga: me siento tan mal por lo que te ha pasado, y realmente fallé en mis obligaciones para contigo, y por esto, aquí tienes una indemnización.

Y como las compañías de seguros te habrían indemnizado en caso de… Imaginad que vais a una compañía de seguros y decís: vale, esta es la prima, vale, pago mi prima. Y luego decís: ¿qué pasa si me ocurre algo? Y luego ellos dicen: Bueno, mala suerte.

Podéis ver de inmediato que ninguna compañía de seguros despegaría si tuviera este tipo de actitud.

La gente quiere tener tres cosas en concreto. ¿Prevención? ¿Qué hay de la prevención? ¿Cuál es el incentivo de un policía pagado con impuestos para ser bueno en prevenir el delito? La respuesta es que prácticamente cero. Su salario no depende de si es bueno en prevenir o en no prevenir. En realidad, prevenir el delito sería algo peligroso. Es mejor dejarlo, poner multas de estacionamiento, exceso de velocidad y ese tipo de cosas. El peligro de que te disparen es relativamente bajo haciendo este tipo de cosas.

¿Por qué serían buenas las compañías de seguros en la prevención? La respuesta es, cualquier cosa que puedan prevenir, no tendrán que pagarla. Es decir, es un elemento de reducir el coste de operación para ellas, así que tienden a ser mejores en ello.

¿Qué es lo siguiente que quiere la gente? Lo siguiente que querría la gente es que, por supuesto, se recobrara todo lo que se haya robado o roto o lo que sea. Ahora, ¿qué probable es que si alguien roba algo en tu casa, tu coche o tu estéreo, que la policía encuentre esta cosa? La respuesta es que puedes olvidarte.

No encontrarán prácticamente nada salvo por casualidad.

Por otro lado, ¿cuál es el incentivo de los detectives de las aseguradoras, por decirlo así? El incentivo, por supuesto, es: trato de encontrar todo lo que pueda, porque lo que encuentre no lo tendré que indemnizar a la víctima. Un ejemplo: tengo unos amigos cuyo VW fue robado en Italia. Así que fueron a la policía italiana y dijeron: me han robado el coche y luego la policía tomó nota. Y dijo, ¿qué van a hacer ahora? Y dijeron: lo archivaremos.

Así que después fue a su aseguradora alemana y dijo: me han robado el coche. El detective del seguro era alemán y el coche fue robado en Italia. El detective del seguro lo encontró después de tres días. Sí, había daños graves en el coche y todo eso, pero, en todo caso, hubo una recuperación del objeto por una razón evidente: Le interesaba financieramente esto como agencia. No hay incentivo financiero por parte de las fuerzas de policía monopolizadas para hacer algo remotamente similar.

Por supuesto, lo último que queremos es que tengamos que atrapar al tipo y tengamos que castigarlo. Ahora, una compañía de seguros, por supuesto, tendría un incentivo para atrapar al tipo y luego obligarle a indemnizar a la víctima; lo repito, para reducir sus propios costes de operación.

Ahora, ¿qué hace actualmente el estado? Primero, casi nunca los encuentran, excepto para delitos capitales. Y si los encuentran, ¿Qué hacen? ¿Recibe la víctima del crimen alguna vez indemnización? La respuesta es que yo no he oído acerca de casos como ese. Así que no consigues indemnización.

Para rematarlo, a esta gente se la encarcela después. ¿Y quién paga por su encarcelamiento? La víctima es una de aquellas personas que tienen que pagar después por el encarcelamiento del perpetrador del delito. Y el alojamiento de delincuentes en prisiones estadounidenses es una empresa cara. No apostaría sobre estas cifras, pero he leído, hace tiempo, que cuesta casi 70.000$ anuales por hombre solo alojar a esta gente. Porque entretanto, por supuesto, pueden tener su buffet de desayuno y quejarse por los lavabos poco limpios. Pueden jugar al ping-pong, ver TV, hacer ejercicio, para que l próxima vez estén más fuertes cuando salgan. Incluso pueden estudiar derecho, hasta donde yo sé, de tal manera que la próxima vez sepan defenderse mejor.

Punto siguiente, las empresas de seguros definitivamente no te pedirán que te desarmes. Imaginad que vais a una compañía de seguros: quiero protegerme y cuál es la prima y todo eso. Y luego os dicen, sí, pero para poder protegerte mejor, primero debemos asegurarnos de que nos entregas todas tus armas.

Si tienes en casa un arma de fuego o un martillo o un cuchillo o algo así, todo me lo tienes que entregar y así podré protegerte mejor. Si os pidieran algo así, sabríais de inmediato que aquí pasa algo raro.

Sin embargo esto es, por supuesto, precisamente lo que hacen los estados en todas partes. En algunos casos, ya han ido más allá en esta vía. Y en otros países, han avanzado menos en esta vía. Pero en todas partes el intento es exactamente el mismo, desarmaros. Y, por supuesto, esto es lo que haría cualquier agencia que se dedique a robar a otra gente. Sí, por supuesto, si yo estuviera en el negocio del robo, me encantaría saber que ninguno de vosotros tiene cuchillos afilados, martillos, hoces, cualquier cosa así, por no hablar de revólveres o ametralladoras en casa, porque entonces puedo entrar libremente en vuestras propiedades. Soy el único que tiene armas y me es fácil dedicarme la actividad a la que me dedico.

Habría asimismo un sistema en el que tendrías una provisión competitiva de seguridad, un intento de todas las compañías de seguros de hacer que sus clientes cumplan con ciertas normas de comportamiento civilizado. Una empresa de seguros no te cubrirá, no te ayudará si provocas a otra gente. Solo te asegurará si ha sido provocado, si has sido agredido, pero no si acabo de golpearte en la cabeza y tú me respondes y luego corro a mi aseguradora: ayudadme, este tipo me está atacando, si este fuera el caso yo fui el que inició todo. Es decir, quieren que se eviten los conflictos. Y para evitar conflictos, todo cliente que sea aceptado por una compañía se verá forzado, se verá obligado a cumplir con: “Tienes que comportarte de una manera no provocadora. Solo entonces, por supuesto, te proporcionaremos este servicio. Pero si te comportas como una bestia salvaje, no te aceptaremos como cliente”. En realidad habría listas negras, listas de gente que no será asegurada porque sea considerada un riesgo demasiado alto. Y si no tienen seguro, la vida es muy peligrosa.

Así que los justicieros también desaparecerían en buena medida, porque los justicieros, por supuesto, son también caros. Si te dedicas a las represalias o algo parecido, es algo caro para las aseguradoras. Solo si los ataques inmediatos se hacen contra ti, se te permitiría, por decirlo así, defenderte. Si ya se ha acabado y sabes quién es el tipo e inmediatamente vas a por él y luego, como represalia de su familia y todo el resto, todo esto, en general, desaparecería instantáneamente en un libre mercado de provisión de seguridad.

Y lo que es más importante, habría contratos que se os ofrecerían. Mirad, actualmente no tenemos contrato alguno con el estado: ellos dicen: os protegemos. ¿Pero tenemos algo a lo que podamos acudir, qué ocurriría en qué tipo de caso en qué situación? La respuesta es que no en absoluto. Repito, id a una aseguradora y dirán: esta es la prima que cobramos. Y luego les preguntaréis: ¿qué ofrecéis a cambio? Dicen: No lo sé, depende de las circunstancias. Se os ofrecerá un contrato y el contrato, atendiendo, por decirlo así, a varias contingencias, qué ocurrirá en esta y aquella situación.

Y, por supuesto, el contrato no puede cambiarse. Es decir, la empresa de seguros no puede decir, mira, te ofrecemos este contrato pero nos reservamos el derecho por nuestra parte de cambiar unilateralmente el contrato mientras dure. Eso es precisamente lo que, sin embargo, hacen los estados. Los estados cambian constantemente las leyes, hacen que algo que ayer era todavía legal mañana sea ilegal y viceversa. Así que las reglas se cambian constantemente. Ningún contrato ofrecido por las compañías de seguros estipularía nunca: podemos cambiar unilateralmente las reglas, declarar que esto es legal y eso ilegal y, mañana, cambiar de idea y redefinir las cosas.

Y el hecho de que se ofrezcan contratos tiene ahora las siguientes ventajas adicionales. Podemos imaginar tres escenarios. Podemos imaginar que dos individuos tienen un conflicto entre sí que están protegidos por la misma agencia, por la misma agencia de seguros. Todos saben que puede producirse este caso, que yo tenga un conflicto con alguien que sea cliente de la misma compañía. Evidentemente, sabiendo esto, toda empresa, en sus contratos, tendrá una cláusula de que lo que ocurra en ese caso de que uno de mis clientes tenga un conflicto con otro de mis clientes. Y luego describe, por decirlo así, el procedimiento que se pondrá en marcha. Ambos clientes están de acuerdo en este procedimiento desde el principio y luego sencillamente se aplicará, Igual que hay un fin para ello como pasa ahora.

El segundo caso que podemos tener es que yo tenga un conflicto con alguien que esté asegurado en una compañía distinta de la mía. De nuevo toda compañía ofrecería a sus propios clientes un contrato con una cláusula de qué ocurrirá en este caso, porque todos sabemos que, por supuesto, puede pasar, que tenga un conflicto con otro asegurado por otro. Así que repito, hay cláusulas en el contrato que dicen qué pasará en ese caso. Si estas dos compañías de seguros llegan a la misma conclusión, yo soy el culpable o tú eres el culpable, no hay problema. Y sea lo que sea lo que decidan, llegan a un acuerdo unánime. Podría haber audiencias y todo esto. De nuevo estará exactamente estipulado lo que pasará. Luego esto se aplicará. No hay problema.

Ahora llegamos al caso más complicado, pero, en cierto modo, el más interesante. ¿Qué ocurriría en el caso de que dos personas estén aseguradas en una compañía diferente, tengan un conflicto y lleguen a juicios diferentes? Es decir, mi compañía dice que tengo razón y tu compañía dice que tú tienes razón. Bueno, entonces desempatarían. Repito, todos saben, por supuesto, que esta situación puede producirse y, de nuevo, que cada compañía tiene un incentivo, por decirlo así, para decir exactamente qué ocurriría en este caso. No estamos de acuerdo en quién tiene razón y quién no, ¿qué hacemos en este caso? Ahora, ¿diría la compañía entonces: vale, en este caso una compañía decide, tiene la última palabra, y la otra será desautorizada? Ninguna empresa ofrecería un contrato así. Nadie querría estar asegurado con una compañía que siempre pierde. No. En este caso, lo que harían es apelar a terceros independientes. Es decir, a agencias de arbitraje que también competirían en el mercado, que ofrecerían precisamente este servicio, que no son, por decirlo así, parte de la Compañía A, ni parte de la Compañía B, sino una parte completamente independiente. Ahora sumirían este tipo de caso. Y podría haber distintos niveles de esto, pero ¿cuál sería el incentivo de esa tercero árbitro, cuál sería el incentivo financiero para que actuara? La respuesta es que ninguna agencia de arbitraje independiente de terceros tiene garantías de que se acudirá a ella en el próximo caso. Para mantenerse en el negocio, lo que deben hacer es llegar a una sentencia que se considere un juicio justo por parte de ambas aseguradoras y, por implicación, también por los clientes de ambas empresas aseguradoras. Y esto significa, por supuesto, que lo que será el juicio es un juicio que incorporaría, por decirlo así, el mayor grado posible de consenso sobre los principios de la justicia.

Para explicar esto un poquito más, podemos imaginar, por ejemplo, que tenemos agencias que siguen internamente el derecho canónico o la ley mosaica o el derecho islámico o lo que sea. Esto se refiere solo a gente que sean ambos miembros de este grupo. Ahora, ¿qué pasa si hay un conflicto entre, lo que sea, un cristiano y alguien que esté asegurado como musulmán, una organización islámica o alguien que es del derecho canónico comparado con la ley mosaica? La respuesta, por supuesto, es que las agencias de arbitraje que se ocupen de esos casos deben llegar a principios de justicia que sean generalmente universales, es decir, que son tan generales que todos ellos, en su código legal interno, distintas agencias y clientes puedan estar de acuerdo. Así que tendríamos una mayor variedad de derechos, además de una tendencia constante a crear un legal universal, un código universal de derecho. Y este código universal de derecho probablemente sería este tipo de derecho legal que podría existir como máximo común denominador de todos los distintos sistemas legales.

Debería mencionar, ya sabéis, cuando termino, que en lo que se refiere a las relaciones internacionales, ya hay algo como esto hasta cierto punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si un canadiense tiene un conflicto con un estadounidense? ¿Os dais cuenta de que a veces canadienses y estadounidenses pueden vivir muy cerca unos de otros? Al otro lado de la calle, por decirlo así. ¿O un conflicto entre un suizo y un alemán? Solo una calle los separa. No hay juez monopolista en este caso. Es decir, esta gente, el alemán y el suizo, el canadiense y el estadounidense viven en un estado de anarquía entre sí. La primera observación: ¿hay más conflictos entre canadienses y estadounidenses que vivan cerca entre sí que entre estadounidenses, dos estadounidenses que vivan cerca? No lo creo. ¿Hay más conflictos entre ciudadanos suizos y ciudadanos alemanes que vivan cerca entre sí que entre gente suiza, dos tipos suizos que vivan cerca o dos tipos alemanes? No lo creo. ¿Qué hacen, qué pasa en este caso? El suizo va al tribunal suizo. El alemán va al tribunal alemán. Si están de acuerdo, no hay problema. Si no están de acuerdo, aparecerá de nuevo el arbitraje en este caso. Y este arbitraje en el sistema actual son, por supuesto, también tribunales de arbitraje semiestatales porque, después de todo, incluso estos tribunales supranacionales están, otra vez, ocupados por gente que este o aquel estado envía a estos tribunales. Pero sin embargo, podéis ver que, al menos en lo que respecta a la frecuencia y viabilidad de las operaciones, el hecho de que no hay un juez en monopolio no causa ningún problema. Y lo que estoy proponiendo, el mismo tipo de cosa podría, por supuesto, funcionar también dentro de cualquier país concreto.

Con esto termino y os dejo que penséis sobre esto.

Publicado el 11 de marzo de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

[Este artículo se publicó originalmente en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom, editado por John V. Denson, pp. 667-696]

En una encuesta reciente, se preguntaba a gente de distintas nacionalidades lo orgullosos que estaban de ser estadounidenses, alemanes, franceses, etc. y si creían que el mundo sería un lugar mejor si otros países fueran como el suyo. Los países mejor clasificados en términos de orgullo nacional fueron Estados Unidos y Austria. Por muy interesante que pueda ser considerar el caso de Austria, ahora nos concentraremos en Estados Unidos y la cuestión de si esa afirmación estadounidense puede estar justificada y en qué grado.

A continuación identificaremos las tres principales fuentes de orgullo nacional estadounidense, siendo las dos primeras fuentes justificadas de orgullo, mientras que la tercer representa en realidad un funesto error. Finalmente, veremos cómo podría repararse este error.

I- Un país de pioneros

La primera fuente de orgullo nacional es el recuerdo del no tan lejano pasado colonial de Estados Unidos como país de pioneros.

De hecho, los colonos ingleses que llegaron a Norteamérica fueron el último ejemplo de los logros gloriosos de aquello a lo que se refería Adam Smith como “un sistema de libertad natural”: la capacidad de crear una comunidad libre y próspera a partir de cero. Al contrario de la consideración hobbesiana de la naturaleza humana (homo homini lupus est) los colonos ingleses demostraron no solo la viabilidad y el atractivo de un orden social anarcocapitalista sin estado. Demostraron cómo, de acuerdo con las opiniones de John Locke, la propiedad privada se originaba naturalmente mediante la apropiación original de una persona (su uso y transformación voluntarios) de territorio previamente sin utilizar (salvaje). Además, demostraron que, basándose en el reconocimiento de la propiedad privada, la división del trabajo y el intercambio contractual, los hombres eran capaces de protegerse eficazmente contra agresores antisociales, principalmente por medios de autodefensa (existían menos delitos de los que existen hoy) y a medida que la sociedad crecía cada vez más en prosperidad y complejidad, por medio de la especialización, es decir, por instituciones y agencias como registros de propiedad, notarías, abogados, jueces, tribunales, jurados, sheriffs, asociaciones de defensa mutua y milicias populares.[1]

Además, los colonos americanos demostraron la importancia sociológica fundamental de la institución de las alianzas: de asociaciones de colonos ligüística, étnica, religiosa y culturalmente homogéneos liderados y sujetos de la jurisdicción interna de un líder-fundador para asegurar la cooperación humana pacífica y mantener la ley y el orden.[2]

II- La Revolución Americana

La segunda fuente de orgullo nacional es la Revolución Americana [la Guerra de Independencia].

En Europa no había habido fronteras abiertas durante siglos y la experiencia de colonización intra-europea era un pasado remoto. Con el crecimiento de la población, las sociedades habían asumido una estructura cada vez más jerarquizada: de hombres libres y sirvientes, señores y vasallos, señores feudales y reyes. Aunque significativamente más estratificadas y aristocráticas que la América colonial, las llamadas sociedades feudales de la Europa medieval eran también órdenes sociales normalmente sin estado.

Un estado, de acuerdo con la terminología generalmente aceptada, se define como un monopolista territorial obligatorio de la ley y el orden (quien toma las decisiones definitivas). Señores feudales y reyes no cumplen normalmente con los requisitos de un estado: solo pueden fijar impuestos con el consentimiento de los gravados y en su propio territorio el hombre libre es tan soberano (toma las decisiones definitivas) como lo es el rey feudal en el suyo.[3] Sin embargo, en el curso de varios siglos estas sociedades originalmente sin estado se habían transformado gradualmente en monarquías absolutas (estatistas). Aunque originalmente se habían reconocido voluntariamente como protectores y jueces, los reyes europeos habían conseguido por fin tener éxito en establecerse como jefes de estado hereditarios. Con la resistencia de la aristocracia, pero ayudados por el “pueblo llano”, se habían convertido en monarcas absolutos con el poder de fijar impuestos y tomar decisiones definitivas respecto de las propiedades de los hombres libres.

Esta evolución europea tuvo un doble efecto en América. Por un lado, Inglaterra también estaba gobernada por un rey absoluto, al menos hasta 1688 y cuando llegaron los colonos ingleses al nuevo continente, el gobierno del rey se extendió a América. Al contrario de los colonos que se basaban en la propiedad privada y su producción privada (voluntaria y cooperativa) de administración de seguridad y justicia, el establecimiento de colonias y administraciones reales no era el resultado de una apropiación original y de contratos (de hecho, ningún rey inglés había puesto nunca un pie en el continente americano), sino de la usurpación (declaración) y la imposición.

Por otro lado, los colonos trajeron otra cosa de Europa. Allí, la evolución de feudalismo al absolutismo real no solo había encontrado la resistencia de la aristocracia, sino que también tuvo oposición teórica que recurría a la teoría de los derechos naturales originada en la filosofía escolástica. De acuerdo con esta doctrina, el gobierno se suponía contractual y todo agente público, incluyendo al rey, estaba sujeto a los mismos derechos y leyes universales que todos los demás. Aunque esto podía ser el caso en tiempos anteriores, indudablemente ya no era verdad para los modernos reyes absolutos. Los reyes absolutos eran usurpadores de los derechos humanos y por tanto ilegítimos. Por tanto, la insurrección no solo estaba permitida, sino que se convertía en una obligación aprobada por el derecho natural.[4]

Los colonos americanos estaban familiarizados con la doctrina de los derechos naturales. De hecho, a la luz de su propia experiencia personal con los logros y efectos de la libertad natural y como disidentes religiosos que habían dejado a su madre patria en desacuerdo con el rey y la Iglesia de Inglaterra, eran particularmente receptivos a esta doctrina.[5]

Apoyándose en la doctrina de los derechos naturales, animados por la distancia del rey inglés y estimulados aún más por la censura puritana a la pereza, el lujo y la pompa real, los colonos americanos se levantaron para librarse del gobierno británico.

Como escribía Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia, el gobierno se instituyó para proteger la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Toma su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Por el contrario, el gobierno real británico afirmaba que podía gravar con impuestos a los colonos sin su consentimiento. Si los gobiernos no hacen lo aquello para lo que fueron creados, declaraba Jefferson. “es derecho del pueblo cambiarlos o abolirlos e instituir un nuevo gobierno, estableciendo sus fundamentos en dichos principios y organizando sus poderes de la forma en que le parezca mejor para conseguir su seguridad y felicidad”.

III- La Constitución Estadounidense

¿Pero cuál fue el siguiente paso una vez que se obtuvo la independencia de Gran Bretaña? Esta pregunta lleva a la tercera fuente de orgullo nacional (la Constitución Estadounidense) y la explicación de por qué esta constitución, el lugar de ser una fuente legítima de orgullo, representa un funesto error.

Gracias a los grandes avances en teoría política y económica desde finales del siglo XVIII, en particular a manos de Ludwig von Mises y Murray Rothbard, somos hoy capaces de dar una respuesta precisa a esta cuestión. Según Mises y Rothbard, una vez que ya no hay libre entrada al negocio de la protección y la decisión, el precio de la protección y la justicia aumentará y su calidad bajará. En lugar de ser un protector y juez, un monopolista obligatorio se convertirá en un gángster de la protección, en el destructor e invasor de la gente y la propiedad que se supone que protege, un belicista y un imperialista.[6]

De hecho, el hinchado precio de la protección y la perversión de la antigua ley por parte del rey inglés, cosas ambas que llevaron a la revuelta a los colonos americanos, fueron la consecuencia inevitable del monopolio obligatorio. Habiéndose independizado y expulsado a los ocupantes británicos con éxito, solo habría hecho falta que los colonos americanos dejaran a las instituciones existentes de autodefensa que se crearon localmente y a la protección y decisión privadas (voluntarias y cooperativas) por parte de agentes y agencias especializados se ocuparan de la ley y el orden.

Pero esto no pasó. Los americanos no solo no dejaron que cayeran en el olvido las instituciones reales heredadas de las colonias y los gobiernos coloniales: los reconstruyeron con las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada uno dotado de sus propios poderes coactivos (unilaterales) fiscales y legislativos.[7] Aunque esto ha sido bastante malo, los nuevos estadounidenses empeoraron las cosas adoptando la Constitución Estadounidense y reemplazando una vaga confederación de estados independientes por el gobierno central (federal) de los Estados Unidos.

La Constitución mantenía la sustitución de un rey no elegido por un parlamento y un presidente elegidos por el pueblo, pero no cambiaba en nada respecto de su poder de fijar impuestos y legislar. Por el contrario, los poderes del rey inglés de fijar impuestos sin consentimiento solo se habían asumido de forma no explícita y por tanto estaban en disputa,[8] la Constitución otorgaba explícitamente este mismo poder al Congreso. Además, mientras que los reyes (en teoría, incluso los reyes absolutos) no se consideraban como los creadores, sino solo los intérpretes y ejecutores de una ley preexistente e inmutable, es decir, como jueces en lugar de legisladores,[9] la constitución otorgaba explícitamente al Congreso el poder legislativo y al presidente y el Tribunal Supremo los poderes de ejecutar e interpretar dicho derecho legislado.[10]

En realidad, lo que hacía la Constitución Estadounidense era solo esto: En lugar de un rey que considerara a la América colonial como su propiedad privada y los colonos como sus arrendatarios, la Constitución ponía a encargados temporales e intercambiables al mando del monopolio de justicia y protección del país.

Estos encargados no poseían el país, sino que mientras estuvieran en el cargo, podían hacer uso de éste y de sus residentes para su propio provecho y el de sus protegidos. Sin embargo, como predice la teoría económica elemental, esta disposición institucional no eliminará la tendencia a seguir el propio interés de un monopolista de la ley y el orden hacia una creciente explotación. Por el contrario, solo tiende a hacer esta explotación menos calculadora, más miope y derrochadora. Como explicaba Rothbard:

mientras que un propietario privado, seguro de su propiedad y dueño de su valor de capital, planea el uso del recurso durante un largo periodo de tiempo, el dirigente debe exprimir la propiedad tan rápido como pueda, pues no tiene esa seguridad en la propiedad. (…)los dirigentes poseen el uso de los recursos, pero no su valor de capital (excepto en el caso de la “propiedad privada” de un monarca hereditario). Cuando sólo se puede poseer el uso actual, pero no el propio recurso, rápidamente se produce un agotamiento antieconómico de dichos recursos, pues a nadie le beneficia su conservación y beneficia a todos los propietarios utilizarlo tan rápido como sea posible. De la misma manera, los dirigentes consumirán su propiedad tan rápido como les sea posible. (…) El propietario individual, seguro de su propiedad y su recurso de capital, puede elegir la visión a largo plazo, pues quiere mantener el valor de capital de su recurso. Es el dirigente el que debe tomar el dinero y correr, el que debe arruinar la propiedad mientras aún esté al mando.[11]

Además, como la Constitución otorgaba explícitamente un “libre acceso” al gobierno del estado (cualquiera podía convertirse en miembro del Congreso, presidente o juez del Tribunal Supremo), disminuyó la resistencia contra las invasiones a la propiedad del estado y como consecuencia de la “libre competencia política” toda la estructura que caracterizaba a la sociedad se distorsionaba y cada vez peores personas ascendían a la cumbre.[12]

El libre acceso y la competencia no siempre son buenos. La competencia en la producción de bienes es buena, pero la competencia en la producción de males no lo es. La libre competencia en matar, robar, falsificar o estafar, por ejemplo, no es buena: es peor que mala. Aún así, esto es precisamente lo que se instituía con la libre competencia política, es decir, con la democracia.

En todas las sociedades existe gente que codicia la propiedad de otro hombre, pero en la mayoría de los casos la gente aprende a no seguir este deseo o incluso a lamentar pensarlo.[13] En una sociedad anarcocapitalista en concreto, cualquiera que actúe siguiendo ese deseo se consideraría un criminal y se reprimiría por violencia física. Por el contrario, bajo un gobierno monárquico, solo una persona (el rey) puede actuar siguiendo su deseo de la propiedad de otro hombre y eso es lo que le convierte en una amenaza potencial. Sin embargo, como solo él puede expropiar mientras que a todos los demás se les prohíbe actual de igual modo, toda acción del rey estará sujeta a la máxima sospecha.[14] Además, la selección de un rey se hace por el accidente de su noble cuna. Su única cualificación característica es su formación como rey futuro y preservador de la dinastía y sus posesiones. Por supuesto, esto no garantiza que no sea malvado, pero al mismo tiempo no impide que un rey pueda ser en realidad un diletante inocuo o incluso una persona decente.

Muy al contrario, al liberar la entrada en el gobierno, la Constitución permitía a cualquiera expresar abiertamente su deseo de la propiedad de otros hombres: de hecho, debido a la garantía constitucional de la “libertad de expresión”, todos están protegidos si lo hacen. Además, se permite a todos actuar siguiendo este deseo, siempre que entre en el gobierno; por tanto, bajo la Constitución, todo se convierten en una amenaza potencial.

Es verdad que hay gente que no se ve afectada por el deseo de enriquecerse a costa de otros y tratarlos con prepotencia, es decir, hay gente que solo quiere trabajar, producir y disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, si se permite la política (la adquisición de bienes por medios políticos, como impuestos y legislación), incluso esta gente inofensiva se verá profundamente afectada.

Para defenderse contra ataques a su libertad y propiedad por parte de quienes tienen menos escrúpulos morales, incluso esta gente honrada y trabajadora debe convertirse en “animales políticos” y emplear cada vez más tiempo y energías en desarrollar sus habilidades políticas. Dado que las características y talentos requeridos para el éxito político (buena presencia, sociabilidad, oratoria, carisma, etc.) están distribuidos desigualmente entre los hombres, entonces quienes tengan esas características y talentos particulares tendrán una sólida ventaja en la competencia por los recursos escasos (éxito económico) en comparación con quienes no los tengan.

Peor aún, dado que en toda sociedad existen más personas que “no tienen” algo que valga la pena que los que “tienen”, el político con talento que tenga poca o ninguna inhibición contra tomar propiedades y tratar a otros con prepotencia tendrá una clara ventaja sobre los que tengan esos escrúpulos. Es decir, la competencia política abierta favorece a los talentos políticos agresivos, y por tanto peligrosos, frente a los defensivos, y por tanto inofensivos, y lleva así al cultivo y perfección de las habilidades peculiares de la demagogia, el engaño, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Por tanto, la entrada y el éxito en el gobierno será cada vez más imposible para quien tenga escrúpulos morales contra la mentira y el robo.

Así que, al contrario que los reyes, congresistas, presidentes y jueces del Tribunal Supremo no adquieren ni pueden adquirir sus cargos accidentalmente. Más bien alcanzan su posición a causa de su competencia como demagogos moralmente desinhibidos. Además, incluso fuera de la órbita del gobierno, dentro de la sociedad civil, los individuos ascienden cada vez más a la cumbre del éxito económico y financiero, no en razón de sus talentos productivos o empresariales o incluso sus superiores talentos políticos defensivos, sino más bien por sus superiores habilidades como empresario y cabilderos políticos con talento. Así que la Constitución prácticamente asegura que exclusivamente solo los hombres peligrosos llegarán a la cumbre del poder público y que el comportamiento moral y los estándares éticos tenderán a disminuir y deteriorarse en general.

Además, la “separación de poderes” dispuesta constitucionalmente no supone ninguna diferencia en este aspecto. Dos o tres errores no suponen un acierto. Por el contrario, llevan a la proliferación, acumulación, refuerzo y agravación del error. Los legisladores no pueden imponer su voluntad sobre sus desventurados súbditos sin la cooperación del presidente como cabeza del poder ejecutivo del gobierno y el presidente a su vez usará su cargo y los recursos a su disposición para influir en los legisladores y la legislación. Y aunque el Tribunal Supremo pueda estar en desacuerdo con actos concretos del Congreso o el presidente, los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado y siguen dependiendo de ellos en su financiación. Como parte integrante de la institución del gobierno, no tienen ningún interés en limitar, sino todo el interés en expandir el gobierno y por tanto su propio poder.[15]

IV- Doscientos años después…

Después de más de dos siglos de “gobierno limitado constitucionalmente”, los resultados son claros e indiscutibles. Al principio del “experimento” estadounidense, la carga fiscal impuesta a los estadounidenses era ligera, de hecho casi despreciable. El dinero consistía en cantidades fijas de oro y plata. La definición de la propiedad privada estaba clara y era aparentemente inmutable y el derecho de autodefensa se consideraba sagrado. No existía un ejército permanente y, como se expresaba en elDiscurso de despedida de George Washington, parecía existir un firme compromiso con el libre comercio y una política exterior no intervencionista. Doscientos años después, las cosas han cambiado radicalmente.[16]

Ahora año tras año el gobierno estadounidense expropia más del 40% de las rentas de los productores privados, haciendo que incluso la carga económica impuesta a esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido remplazados por papel moneda fabricado por el gobierno y a los estadounidenses de les roba continuamente mediante inflación monetaria. El significado de la propiedad privada, en un tiempo aparentemente claro y fijo, se ha hecho oscuro, flexible y viscoso. De hecho, todo detalle de vida, propiedad, comercio y contrato privados está regulado y reregulado por montañas cada vez más altas de leyes en papel (legislación). Con el crecimiento en la legislación, se ha creado cada vez más incertidumbre legal y riesgos morales y la falta del derecho ha reemplazado a la ley y el orden.

Para acabar, el compromiso con el libre comercio y el no intervencionismo han dado paso a una política de proteccionismo, militarismo e imperialismo. De hecho, casi desde sus inicios, el gobierno de EEUU se ha dedicado a un constante expansionismo agresivo y, empezando con la Guerra Hispano-Estadounidense y continuando tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales hasta el presente, Estados Unidos se ha implicado en cientos de conflictos en el extranjero y ha ascendido al puesto de principal poder belicista e imperialista. Además, mientras que los ciudadanos estadounidenses se han hecho cada vez más indefensos, inseguros y empobrecidos y los extranjeros en todo el mundo se han visto más amenazados y acosados por el poder militar de EEUU, los presidentes, miembros del Congreso y jueces del Tribunal Supero de Estados Unidos se han hecho cada vez más arrogantes, moralmente corruptos y peligrosos.[17]

¿Qué puede hacerse acerca de este estado de cosas? Primero, debe reconocerse a la Constitución Estadounidense como lo que es: un error.

Como señalaba la Declaración de Independencia, se supone que el gobierno protege vida, propiedad y búsqueda de la felicidad. Aún así, al conceder al gobierno el poder de fijar impuestos y legislar sin consentimiento, la Constitución no puede asegurar este objetivo sino que es en realidad el mismo instrumento para invadir y destruir el derecho a la vida, propiedad y libertad. Es absurdo creer que una agencia que puede fijar impuestos sin consentimiento puede ser protectora de la libertad. Igualmente es absurdo creer que una agencia con poderes legislativos puede preservar la ley y el orden. Por el contrario, debe reconocerse que la propia Constitución es inconstitucional, es decir, incompatible con la misma doctrina de derechos humanos naturales que inspiró la Revolución Americana.[18]

De hecho, nadie que piense correctamente estaría de acuerdo con un contrato que permita al supuesto protector de uno determinar unilateralmente, sin consentimiento de uno e irrevocablemente, sin posibilidad de renuncia, cuánto cobrar por la protección y nadie que piense correctamente estaría de acuerdo con un contrato irrevocable que garantizara al supuesto protector de uno el derecho a tomar la decisión definitiva respecto de la persona y propiedad de uno, es decir, la creación de leyesunilateralmente.[19]

Segundo, es necesario ofrecer una alternativa positiva e inspiradora al sistema presente.

Aunque es importante que se mantenga viva la memoria del pasado de Estados Unidos como tierra de pioneros y de una sistema efectivamente anarcocapitalista basado en la autodefensa y las milicias populares, no podemos volver al pasado feudal o al momento de la Revolución Americana. Aún así, la situación no es desesperada. A pesar del continuo crecimiento del estatismo a lo largo de lo dos últimos siglos, ha continuado el desarrollo económico y nuestros niveles de vida han alcanzado nuevas alturas espectaculares. Bajo estas circunstancias, se ha hecho viable una opción completamente nueva: la provisión de ley y orden mediante aseguradoras privadas (pérdidas y ganancias) en libre competencia.[20]

Incluso intervenidas por el estado, las aseguradoras protegen a los dueños de propiedades privadas con el pago de una prima frente a multitud de desastres naturales y sociales, de inundaciones a huracanes al robo o fraude. Así, parecería que la producción de seguridad y protección es el mismo propósito del seguro. Además, la gente no se dirigiría simplemente a cualquiera por un servicio tan esencial como el de la protección. Más bien, como apuntaba de Molinari:

Antes de llegar a un acuerdo con [un] productor de seguridad (…) verificarán si es realmente fuerte como para protegerla (…) [y] si su carácter no les haría preocuparse porque esté instigando las mismas agresiones que se supone que ha de eliminar.[21]

En este aspecto, las aseguradoras también parecen cumplir. Son grandes en el uso de recursos (físicos y humanos) necesarios para cumplir con la tarea de ocuparse de los peligros, reales o imaginados, del mundo real. De hecho, las aseguradoras operan a una escala nacional e incluso internacional. Sus importantes pertenencias están dispersas en amplios territorios y más allá de los límites de los estados y por tanto tienen un interés manifiesto en la protección efectiva. Además, todas las aseguradoras están conectadas a través de una compleja red de acuerdos contractuales de asistencia mutua y arbitraje, así como de un sistema de agencias reaseguradoras internacionales que representan un poder económico combinado que empequeñece a la mayoría, si no a todos, los gobiernos contemporáneos. Han conseguido esta posición a causa de su reputación como negocios eficaces, fiables y honrados.

Aunque esto puede bastar para considerar a las aseguradoras como una posible alternativa al papel actualmente desempeñado por los estados como proveedoras de ley y orden, se necesita un examen más detallado para demostrar la principal superioridad de esta alternativa al status quo. Para hacerlo, basta con ver que las aseguradoras no pueden ni fijar impuestos ni legislar, es decir, la relación entre asegurador y asegurado es consensual. Ambos son libres de cooperar o no y este hecho tiene importantes implicaciones. En este aspecto, las aseguradoras son categóricamente distintas de los estados.

Las ventajas de hacer que las aseguradoras proporcionen la seguridad y la protección son las siguientes. Primero, la competencia entre aseguradoras por clientes solventes generará una tendencia a una continua caída de los precios de la protección por valor asegurado, haciendo la protección más asequible. Por el contrario, un protector monopolista que pueda fijar impuestos a los protegidos cobrará precios cada vez más altos por sus servicios.[22]

Segundo, las aseguradoras tendrían que indemnizar a sus clientes en caso de daños reales, por tanto deberían operar eficientemente. Respecto de los desastres sociales (el crimen) en particular, esto significa que la aseguradora debe preocuparse sobre todo por la prevención efectiva, pues si no impide el delito, tendrá que pagarlo. Además, si no puede impedirse un acto criminal, un aseguradora seguirá queriendo recuperar el botín, detener al delincuente y entregarlo a la justicia, pues al hacerlo así puede reducir sus costes y obligar al criminal (en lugar de a la víctima y su aseguradora) a pagar los daños y costes de indemnización. Es muy distinto lo que pasa con los estados monopolistas obligatorios que no indemnizan a las víctimas y pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, que tienen poco o ningún incentivo para impedir el crimen y recuperar el botín y capturar a los criminales. Si consiguen atrapar a un criminal, normalmente obligan a la víctima a pagar por la encarcelación del delincuente, añadiendo así la burla al daño.[23]

Tercero y más importante, como la relación entre las aseguradoras y sus clientes es voluntaria, aquéllas deben aceptar la propiedad privada como algo dado y los derechos de propiedad como una ley inmutable. Es decir, para atraer y retener clientes, las aseguradoras tendrían que ofrecer contratos con descripciones específicas de la propiedad y el daño a la propiedad, normas de procedimiento, evidencia, indemnización, restitución y sanción, así como procedimientos de resolución y arbitraje de conflictos entre agencias.

Además, aparte de la constante cooperación entre las distintas aseguradoras en procesos de arbitraje entre ellas, se produciría una tendencia hacia la unificación de la ley, de una verdadera ley universal o internacional. Todos, por estar asegurados, se verían así unidos en un esfuerzo competitivo global por minimizar el conflicto y la agresión. Todo conflicto y reclamación de daños, independientemente de dónde y por quién o contra quién, caería en la jurisdicción de exactamente una o más aseguradoras concretas y innumerables y sus procedimientos de arbitraje acordados contractualmente, creando así una “perfecta” certidumbre legal.

En chocante contraste, como protectores monopolísticos financiados mediante impuestos, los estados no ofrecen a los consumidores de protección nada que se parezca remotamente a un contrato de servicios. Por el contrario, operan sin contrato, lo que les permite corregir y cambiar las reglas del juego con el tiempo. Lo más notable es que, mientras que las aseguradoras deben someterse a terceros árbitros independientes y procesos de arbitraje para atraer clientes que paguen voluntariamente, los estados, si es que permiten algún tipo de arbitraje, asignan esta tarea a otro juez financiado por el estado y dependiente de éste.[24]

Otras implicaciones de este contraste esencial entre aseguradoras como proveedores contractuales y estados como proveedores no contractuales de seguridad merecen especial atención.

Como no están sujetos ni obligados por contratos, los estados normalmente prohíben la posesión de armas por parte de sus “clientes”, aumentando así su propia seguridad a costa de dejar indefensos a sus supuestos clientes. Por el contrario, ningún comprador voluntario de seguros de protección estaría de acuerdo con un contrato que le obligara a renunciar a su derecho de autodefensa y a estar desarmado o indefenso. Por el contrario, las aseguradoras animarían as sus clientes a poseer armas de fuego y otros dispositivos de protección por medios de rebajas selectivas de precios, porque cuanto mejor sea la protección privada de sus clientes, menor será la protección de las aseguradoras y los costes de indemnización.

Además, como operan en un vacío contractual y son independientes del pago voluntario, los estados definen y redefinen arbitrariamente lo que es una “agresión” punible y lo que no lo es y lo que requiere indemnización y lo que no. Al imponer un impuesto de la renta proporcional o progresivo y redistribuir la renta de los ricos a los pobres, por ejemplo, los estados definen en la práctica a los ricos como agresores y a los pobres como víctimas. (De otra manera, si los ricos no fueran agresores y los pobres no fueran sus víctimas, ¿cómo podrían justificar quitar algo a los primeros y dárselo a los últimos?) O al aprobar leyes de acción afirmativa los estados definen en la práctica a blancos y varones como agresores y a negros y mujeres como sus víctimas. Para las aseguradoras, una conducta similar en los negocios sería imposible por dos razones fundamentales.[25]

Primero, todo seguro implica agrupar los riesgos concretos en clases. Esto implica que a algunos de los asegurados recibirán más de lo que pusieron y otros menos. Sin embargo (y esto resulta decisivo) nadie sabe por adelantado quiénes serán los “ganadores” y quiénes los “perdedores”. Ganadores y perdedores (y cualquier redistribución de rentas entre ellos) se distribuirán aleatoriamente. De otra manera, si ganadores y perdedores pudieran predecirse sistemáticamente, los perdedores no querrían aunar sus riesgos con los ganadores sino solo con otros perdedores, porque esto rebajaría su prima de seguro.

Segundo, no es posible asegurarse contra cualquier riesgo concebible. Más bien, solo es posible asegurarse contra accidentes, es decir, riesgos sobre cuyo resultado el asegurado no tiene ningún control y los que no contribuye en nada. Así que es posible asegurarse contra el riesgo de muerte o incendio, por ejemplo, pero no lo es contra el riesgo de cometer suicidio o quemarse la casa.

Igualmente, no es posible asegurarse contra el riesgo de fracaso en los negocios, de desempleo, de no hacerse rico, de que no te apetezca levantarte por las mañanas o de que no te gusten tus vecinos, compañeros o jefes, porque en cada uno de estos casos uno tiene control total o parcial sobre el evento en cuestión. Es decir, un individuo puede afectar a la probabilidad del riesgo. Por su misma naturaleza, evitar estos riesgos entra en el ámbito de la responsabilidad individual y cualquier agencia que asuma su seguro quedaría condenada a una bancarrota inmediata.

Más significativo para la materia en discusión, la inasegurabilidad de las acciones y sentimientos humanos (en contraste con los accidentes) implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños que sean el resultado de una agresión o provocación previa propia. Por el contrario, toda aseguradora debe restringir las acciones de sus clientes de forma que excluyan toda agresión y provocación por su parte. Es decir, cualquier seguro contra desastres sociales como el delito debe conllevar que los asegurados se sometan a normas concretas de conducta no agresiva y civilizada.

Igualmente, mientras que los estados como protectores monopolísticos pueden dedicarse a políticas redistributivas beneficiando a un grupo de gente a costa de otro, y mientras que como agencias financiadas por impuestos pueden incluso “asegurar” riesgos no asegurables y proteger a provocadores y agresores, a las aseguradoras financiadas voluntariamente se les impide sistemáticamente hacer ninguna de estas cosas. La competencia entre aseguradoras impediría cualquier forma de redistribución de renta y riqueza entre distintos grupos asegurados, pues una compañía que realizara estas prácticas perdería clientes frente a otras que no lo hicieran. Por el contrario, cada cliente pagaría exclusivamente por su propio riesgo, en relación con la gente con la misma exposición (homogénea) al riesgo que afronta.[26] Tampoco nuestras aseguradoras financiadas voluntariamente serían capaces de “proteger” a ninguna persona de las consecuencias de su propia conducta o sentimiento erróneo, estúpido, arriesgado o agresivo. Por el contrario, la competencia entre aseguradoras estimularía sistemáticamente la responsabilidad individual y cualquier provocador o agresor conocido sería excluido como un mal riesgo asegurador en cualquier cobertura de seguro y se consideraría un marginado económicamente aislado, débil y vulnerable.

Por fin, respecto de las relaciones exteriores, como los estados pueden externalizar los costes de sus propias acciones en los indefensos contribuyentes, tienden permanentemente a convertirse en agresores y belicosos. Consecuentemente, tienden a financiar y desarrollar armas de agresión y destrucción masiva. Por el contrario, las aseguradoras evitarían realizar ninguna forma de agresión externa, porque cualquier agresión es costosa y requiere primas de seguro más altas, lo que implica la pérdida de clientes ante otros competidores no agresivos. Las aseguradoras se dedicarían exclusivamente a la violencia defensiva y en lugar de adquirir armas de agresión y destrucción en masa, tenderían a invertir en el desarrollo de armas de defensa y de represalia concentrada.[27]

V- Revolución por medio de la secesión

Aunque todo esto esté claro, ¿cómo podríamos conseguir implantar una reforma constitucional tan esencial como ésa? Las aseguradoras están actualmente restringidas por incontables regulaciones que les impiden hacer lo que podrían hacer y naturalmente harían. ¿Cómo pueden liberarse de estas regulaciones?

Esencialmente, la respuesta a esta pregunta es la misma que dieron los revolucionarios americanos hace más de doscientos años: mediante la creación de territorios libres y por medio de la secesión.

De hecho, bajo las condiciones democráticas de hoy, esta respuesta es incluso más verdadera de lo que era en los tiempos de los reyes. Pues entonces, bajo condiciones monárquicas, los defensores de una revolución social liberal-libertaria antiestatista aún tenían una opción que se ha perdido desde entonces. Los liberales-libertarios de los viejos tiempos podían creer (y frecuentemente lo hacían) en la posibilidad de simplemente convertir al rey a su opinión, iniciando así una “revolución desde arriba”. No hacía falta un apoyo masivo, solo la idea de un príncipe ilustrado.[28]

Por muy realista que pudiera haber sido entonces, esta estrategia de revolución social desde arriba hoy sería imposible. Los líderes políticos se eligen hoy en día de acuerdo con su talento demagógico y está comprobado que son habitualmente inmorales, como se ha explicado antes; por consiguiente, la posibilidad de convertirles en liberales-libertarios debe considerarse incluso menor que la de convertir a un rey que simplemente heredó su cargo.

Además, el monopolio de la protección del estado se considera hoy propiedad pública en lugar de privada y el gobierno no está ya ligado a un individuo concreto, sino a funciones concretas ejercitadas por funcionarios anónimos. Por tanto, la estrategia de conversión de un solo hombre ya no puede funcionar. No importa si uno convierte a varios altos cargos (por ejemplo, al presidente y algunos senadores y jueces importantes) porque dentro de las reglas del gobierno democrático ningún individuo tiene el poder renunciar al monopolio de la protección del gobierno. Los reyes tenían este poder, pero lo presidentes no lo tienen. Por supuesto, el presidente puede renunciar a su cargo, pero solo lo asumiría otro. No puede disolver el monopolio gubernamental de la protección porque según las reglas de la democracia, “el pueblo”, no sus representantes electos, es considerado como “propietario” del gobierno.

Así que, en lugar de por medio de una reforma desde arriba, bajo las condiciones actuales, la estrategia debe ser la de una revolución desde abajo. En principio, la expresión de esta idea parecería hacer imposible la tarea de una revolución social liberal-libertaria, pues ¿no implicaría esto que uno tendría que convencer a una mayoría de gente a votar la abolición de la democracia y acabar con todos los impuestos y la legislación? ¿Y no es estos una completa fantasía, dado que las masas son siempre perezosas e indolentes, e incluso más dado que la democracia, comos e ha explicado antes, promueve la degeneración moral e intelectual? ¿Cómo puede alguien esperar que una mayoría de gente cada vez más degenerada acostumbrada al “derecho” a votar renuncie voluntariamente a la oportunidad de saquear la propiedad de otra gente? Dicho así, uno debe admitir que la perspectiva de una revolución social debe realmente considerarse como prácticamente nula. Por el contrario, solo con la segunda idea, de considerar a la secesión como parte integrante de una estrategia desde abajo, parece la tarea de una revolución social liberal-libertaria menos que imposible, aunque siga siendo de enormes dimensiones.

¿Cómo se ajusta la secesión a una estrategia de revolución social desde abajo? Más importante, ¿cómo puede un movimiento secesionista escapar al destino de la Confederación del Sur de ser aplastado por un gobierno central tiránico y peligrosamente armado?

En respuesta a estas preguntas, es primero necesario recordar que ni la Revolución Americana original ni la Constitución Estadounidense fueron el resultado de la voluntad de la mayoría de la población. Un tercio de los colonos americanos eran realmente tories y otro tercio estaba ocupado con sus trabajos diarios y no le preocupaba nada más. No más de un tercio de los colonos estaban realmente comprometidos y apoyaban la revolución y aún así tuvieron éxito. Y en lo que respecta a la Constitución, la abrumadora mayoría del público estadounidense se oponía a su adopción y su ratificación fue más un golpe de estado de una diminuta minoría que voluntad popular. Todas las revolución, buenas o malas, las inician minorías y la ruta secesionista hacia la revolución social, que implica necesariamente la separación de un número menor de gente que una mayor, tiene conocimiento explícito de este hecho importante.

Segundo, es necesario reconocer que el poder último de todo gobierno (ya sea de reyes o de cuidadores) se basa solamente en la opinión y no en la fuerza física. Los agentes del gobierno no son nunca más que una pequeña proporción de la población total bajo su control. Esto implica que ningún gobierno puede imponer por la fuerza su voluntad contra toda la población salvo que encuentre un amplio apoyo dentro del público no gubernamental. Esto implica igualmente que todo gobierno puede ser derrocado por un mero cambio en la opinión pública, es decir, por la pérdida del consentimiento y la cooperación del público.[29]

Y aunque es innegablemente cierto que, después de más de dos siglos de democracia, el público estadounidense se ha hecho tan degenerado, moral e intelectualmente, que dicha pérdida debe considerarse imposible a una escala nacional, no resultaría una dificultad insuperable conseguir una mayoría secesionista en distritos o regiones suficientemente pequeños del país.

De hecho, suponiendo una minoría enérgica de élites intelectuales inspiradas por la visión de una sociedad libre en la que la ley y el orden los proporcionan aseguradoras en competencia y suponiendo además que se sigue sosteniendo que la secesión es legítima (indudablemente los es en Estados Unidos, que debe su existencia a una ley secesionista) y de acuerdo con el ideal democrático “original” de autodeterminación(en lugar de la ley de la mayoría)[30] por una cantidad sustancial de gente, no parece haber nada no realista en asumir que esas mayorías secesionistas existan o puedan crearse en cientos de localidades en todo el país.

De hecho, bajo la suposición realista de que el gobierno central de EEUU así como los estados social-democráticos de Occidente en general están condenados a la bancarrota económica (igual que las democracias populares socialistas del Este se derrumbaron económicamente hace algunos años)las tendencias presentes hacia una desintegración política probablemente se fortalezcan en el futuro. Por consiguiente, el número potenciales regiones secesionistas continuará aumentando, incluso más allá de su nivel actual.

Finalmente, la idea del potencial secesionista extendido y creciente también permite una respuesta a la última pregunta relativa a los peligros de una ofensiva del gobierno central.

Aunque es importante en este aspecto que la memoria del pasado secesionista de Estados Unidos permanezca vivo, es aún más importante para el éxito de la revolución liberal-libertaria que evite los errores del segundo intento fallido de secesión. Por fortuna, el tema de la esclavitud, que complicó y oscureció la situación en 1861,[31] se ha resuelto. Sin embargo, debe aprenderse otra importante lección comparando el fracasado segundo experimento americano con la secesión con el primero con éxito.

La primera secesión americana fue facilita grandemente por el hecho de que en el centro del poder en Gran Bretaña, la opinión pública respecto de los secesionistas apenas estaba unificada. De hecho, muchas ilustres figuras británicas, como Edmund Burke y Adam Smith simpatizaban abiertamente con los secesionistas. Aparte de razones puramente ideológicas, que raramente afectan a más de un puñado de mentes filosóficas, está falta de oposición unificada a los secesionistas americanos en la opinión pública británica puede atribuirse a dos factores complementarios. Por un lado, existían multitud de afinidades regionales y religioso-culturales, así como lazos familiares entre Gran Bretaña y los colonos americanos. Por otro lado, los acontecimientos americanos se consideraban lejanos a casa y la pérdida potencial de las colonias como insignificante económicamente.

En ambos aspectos, la situación en 1861 era claramente diferente. Es verdad que, en el centro del poder político, que para entonces había cambiado hacia los estados del norte, la oposición a la secesionista Confederación no estaba unificada y la causa confederada también tenía defensores en el norte. Sin embargo, existían menos lazos culturales y de parentesco entre el norte y el sur de Estados Unidos de las que había habido entre Gran Bretaña y la colonias americanas y la secesión de la Confederación afectaba en torno a la mitad del territorio y un tercio de la población de todos los Estados Unidos y esto afectaba a la gente del norte por estar cerca de casa y por ser una pérdida económica significativa. Por tanto, era comparativamente más sencillo para la élite en el poder en el norte crear un frente unificado de cultura yanqui “progresista” frente un Dixieland culturalmente atrasado y “reaccionario”.

Ante estas consideraciones, parece, por tanto, estratégicamente recomendable no intentar de nuevo lo que fracasó tan dolorosamente en 1861: estados contiguos o incluso todo el sur tratando de alejarse de la tiranía de Washington DC.

En su lugar, una estrategia moderna liberal-libertaria de secesión debería seguir los pasos de la Edad Media europea, cuando, desde alrededor del siglo XII hasta bien entrado el XVII (con la aparición del estado centralizado moderno), Europa se caracterizó por la existencia de cientos de ciudades libres e independientes, entremezcladas en una estructura social predominantemente feudal.[32]

Al elegir este modelo y buscar crear unos Estados Unidos puntuados por un número grande y creciente de ciudades libres territorialmente desconectadas (una multitud de Hong Kongs, Singapures, Mónacos y Liechtensteins esparcidos por todo el continente) pueden lograrse dos objetivos de otra manera inalcanzables pero esenciales. Primero, además de reconocer el hecho de que el potencial liberal-libertario está distribuido de una forma muy uniforme en todo el país, esa estratega de separación poco a poco hace a la secesión menos amenazadora política, social y económicamente. Segundo, al seguir esta estrategia simultáneamente en un gran número de localidades en todo el país, se hace cada vez más difícil al estado central crear la oposición unificada en la opinión pública hacia los secesionistas que llevaría al nivel de apoyo popular y cooperación voluntaria necesario para aplastarlas por la fuerza con éxito.[33]

Si tenemos éxito en esta empresa, si procedemos luego a devolver toda la propiedad pública a las manos privadas apropiadas y adoptamos una nueva “constitución” que declare ilegal desde entonces todos los impuestos y la legislación y si finalmente permitimos a las aseguradoras hacer lo que están destinadas a hacer, verdaderamente podríamos enorgullecernos y Estados Unidos estaría justificado en afirmar que proporciona un ejemplo al resto del mundo.

[1] Sobre la influencia de Locke y la filosofía política de Locke en Estados Unidos, ver Edmund S. Morgan, The Birth of the Republic: 1763–89 (Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 73–74:

Cuando Locke describió este estado de naturaleza, pudo explicarlo de la forma más vívida diciendo que “en el principio todo el mundo era América”. Y de hecho muchos americanos habían tenido la experiencia real de aplicar trabajo a terreno salvaje y hacerlo suyo. Algunos incluso participaron en agrupaciones sociales, estableciendo nuevos gobiernos en áreas salvajes donde no había existido nada previamente. (p. 74)

Sobre el delito, la protección y la defensa en particular, ver Terry Anderson y P.J. Hill, “The American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West”, Journal of Libertarian Studies 3, nº 1 (1979); y Roger D. McGrath, Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes: Violence on the Frontier (Berkeley: University of California Press, 1984).

[2] Al contrario de lo que dice el popular mito multicultural, Estados Unidos no fue decididamente un “crisol” cultural. Más bien, la colonización del continente norteamericano confirmaba la idea sociológica elemental de que todas las sociedades humanas derivan de familias y sistemas de parentesco y por tanto se caracterizan por un algo grado de homogeneidad interna, es decir, que los “similares” normalmente se asocian con “similares” y se distancias y separan de los “disimilares”. Así, por ejemplo, de acuerdo con la tendencia general, los puritanos se establecían preferentemente en Nueva Inglaterra, los calvinistas holandeses en Nueva York, lo cuáqueros en Pennsylvania y el sur de Nueva Jersey, los católicos en Maryland y los anglicanos y hugonotes franceses en las colonias del sur. Ver más acerca de esto en David Hackett Fisher, Albion’s Seed: Four British Folkways in America (Nueva York: Oxford University Press, 1989).

[3] Ver Fritz Kern, Kingship and Law in the Middle Ages (Oxford: Blackwell, 1948); Bertrand de Jouvenel,Sovereignty: An Inquiry into the Political Good (Chicago: University of Chicago Press, 1957) [publicado en España como La soberanía (Albolote, Granada: Comares, 2000)], especialmente el capítulo 10; ídem, On Power: The Natural History of its Growth (Nueva York: Viking, 1949) [publicado en España como Sobre el poder: historia natural de su crecimiento (Madrid: Unión Editorial, 2011)] y Robert Nisbet, Community and Power(Nueva York: Oxford University Press, 1962).

“Feudalismo”, resume Nisbet en otro lugar (ídem, Prejudices. A Philosophical Dictionary [Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982], pp. 125-131):

ha sido una invective, un palabra de vehemente abuso y vituperio durante los últimos dos siglos. (…) [especialmente] por intelectuales al servicio espiritual del moderno estado absoluto, ya sea monárquico, republicano o democrático. [En realidad,] el feudalismo es una extensión y adaptación de la relación de parentesco con una afiliación protectora ante las bandas guerreras o la caballería. (…) Contrariamente al estado político moderno con su principio de soberanía territorial, durante la mayoría de un periodo de mil años en Occidente, protección, derechos, bienestar, autoridad y devoción se basaban en una relación personal, no territorial. Ser el “hombre” de otro hombre, que a su vez es el “hombre” de otro hombre más y así sucesivamente hasta lo alto de la pirámide feudal, debiendo cada uno al otro servicio o protección, es tener una relación feudal. La obligación feudal tiene en sí misma mucho de la relación entre guerrero y comandante, pero tiene aún más que ver con la relación entre hijo y padre, entre familiar y patriarca. (…) [Así que las relaciones feudales son esencialmente] relaciones privadas, personales y contractuales. (…) La subordinación del rey al derecho era uno de los principios más importantes bajo el feudalismo.

Ver también a continuación las notas 8, 9 y 10.

[4] Ver Lord Acton, “The History of Freedom in Christianity”, en ídem, Essays in the History of Liberty(Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1985), esp. p. 36.

[5] Sobre la herencia ideológica liberal-libertaria de los colonos americanos, ver Murray N. Rothbard, For A New Liberty (Nueva York: Collier, 1978), capítulo 1; ídem, Conceived in Liberty, 4 vols. (New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1975) y Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967).

[6] Esta idea fundamental se expuso claramente por primera vez por parte del economista franco-belga Gustave de Molinari en un artículo publicado en 1849 (“La producción de la seguridad”). De Molinari razonaba:

Que en todos los casos, para todos los productos que sirven para atender las necesidades tangibles o intangibles del consumidor, lo que más interesa al consumidor es que el trabajo y el comercio permanezcan libres, porque la libertad de trabajo y comercio tienen como resultado necesario y permanente la máxima reducción en el precio. (…) De donde se deduce: Que ningún gobierno debería tener derecho a impedir a otro gobierno que compita con él u obligue a los consumidores de seguridad a acudir exclusivamente a él para este producto (p. 3).

Si, por el contrario, el consumidor no es libre de comprar seguridad donde la plazca, vemos inmediatamente abierta una gran profesión dedicada a la arbitrariedad y la mala gestión. La justicia se convierte en lenta y costosa, la policía en vejatoria, la libertad individual ya no se respeta, el precio de la seguridad se hincha abusivamente y se proporciona de manera desigual, según el poder e influencia de esta o aquella clase de consumidores (pp. 13-14).

[7] Además, de acuerdo con su carácter real original, los nuevos estados independientes de Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Virginia, Connecticut y Massachussets, por ejemplo, declaraban al Océano Pacífico como su frontera occidental y basándose es esas declaración de propiedad tan evidentemente sin fundamento y usurpatorias (y consecuentemente también sus herederos “legales”, el Congreso Continental y los Estados Unidos), procedieron a vender territorios occidentales a colonos y promotores privados para pagar sus deudas o financiar operaciones del gobierno de entonces.

[8] Ver Bruno Leoni, Freedom and the Law (Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1991), p. 118. [Publicado en España como La libertad y la ley (Madrid: Unión Editorial, 2010)]. Aquí Leoni señala que varios comentaristas estudiosos de la Carta Magna , por ejemplo, han apuntado que una versión medieval temprana del principio “no a los impuestos sin representación” se consideraba como “no a los impuestos sin el consentimiento de los individuos gravados” y se nos dice que en 1221 el obispo de Winchester “requerido para consentir un impuesto al escuage, rechazó pagarlo después de que el concilio se lo autorizara, basándose en que estaba en desacuerdo, y el Canciller defendiera su alegación”.

[9] Ver Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, que escribe que

no existía en la Edad Media la “primera aplicación de una regla legal”. La ley es antigua; una ley nueva es una contradicción; pues o la nueva ley deriva explícita o implícitamente de la antigua o está en conflicto con la antigua, en cuyo caso no es legal. La idea fundamental sigue siendo la misma: la ley antigua es la ley verdadera y la ley verdadera es la ley antigua. Según las ideas medievales, por tanto, la aprobación de una nueva ley no es posible en absoluto y toda legislación y reforma legal se conciben como una restauración de la buena ley antigua que ha sido violada (p. 151).

Opiniones similares respecto de la permanencia de lay y la inadmisibilidad de la legislación se sostenían aún por parte de los fisiócratas franceses del siglo XVIII, como Mercier de la Riviere, autor de un libro sobre L’Ordre Naturel y en un tiempo gobernador de la Martinica. A pedirle consejo sobre cómo gobernar, la zarina rusa Catalina la Grande, se dice que de la Riviere contestó que la ley debe basarse

solo en una [cosa], Señora, la naturaleza de las coas y del hombre. (…) Dar o crear leyes, Señora, es una tarea que Dios no ha otorgado a nadie. ¡Ah! ¿Quién es el hombre para pensar de sí mismo que es capaz de dictar leyes a seres de los que nada conoce? La ciencia del gobierno es estudiar y reconocer las leyes que Dios a grabado tan evidentemente en la misma organización del hombre, cuando le dio existencia. Pretender ir más allá de esto sería una gran desgracia y una tarea destructiva. (Citado en Murray N. Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought [Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 1995], vol. 1, p. 371). [Publicado en España como Historia del pensamiento económico, vol. 1, El pensamiento económico hasta Adam Smith (Madrid: Unión Editorial, 1999)]

Ver también de Jouvenel, Sovereignty, pp. 172-173 y 189.

[10] La muy alabada opinión moderna, según la cual la adopción de un “gobierno constitucional” representa un gran avance civilizador del gobierno arbitrario al estado de derecho y al que atribuye a Estados Unidos un papel prominente e incluso preeminente en este logro histórico, debe por tanto considerarse seriamente defectuosa. Esta opinión no solo se contradice evidentemente por documentos como la Carta Magna (1215) o la Bula de Oro (1356), sino, lo que es más importante, representa incorrectamente la naturaleza de los gobiernos premodernos. A dichos gobiernos o bien les faltaba completamente el más arbitrario y tiránico de todos los poderes, es decir, el poder de fijar impuestos y legislar sin consentimiento, o incluso si poseían esos poderes se los consideraba generalizadamente como ilegítimos, es decir, como usurpados en lugar de justamente adquiridos. Muy al contrario, los gobiernos modernos se definen por el hecho de que los poderes de fijar impuestos y legislar están reconocidos explícitamente como legítimos, es decir, todos los gobiernos “constitucionales”, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro lugar, constituyen gobiernos estatales. Así que Robert Nisbet tiene razón al indicar que

un rey pre-moderno puede haber gobernado a veces con un grado de irresponsabilidad del que pocos funcionaros modernos pueden disfrutar, pero es dudoso que, en términos de poderes y servicios efectivos, ningún rey, ni siquiera las “monarquías absolutas” del siglo XVII otorgaran al rey el tipo de autoridad que ahora conlleva el cargo de muchos funcionarios de alto rango en las democracias. Había entonces demasiadas barreras sociales entre el poder proclamado del monarca y la ejecución efectiva de este poder sobre los individuos. El mismo prestigio e importancia funcional de iglesia, familia, gremio y comunidad local como filiaciones limitaban lo absoluto del poder del Estado. (Community and Power, pp. 103-104).

[11] Murray N. Rothbard, Power and Market: Government and the Economy (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), pp. 188-189. Ver más en sus capítulos 1-3. Ante estas consideraciones (y frente a la idea común sobre el tema), uno llega a la misma conclusión respecto del “éxito” en último término de la Revolución Americana que H.L. Mencken, A Mencken Chrestomathy (Nueva York: Vintage Books, 1982):

Las revoluciones políticas habitualmente no consiguen nada de genuino valor: su único efecto indiscutible es derrocar a una banda de ladrones y poner a otra en su lugar. (…) Incluso la Revolución Americana consiguió poco de su rebelión en 1776. Pues veinticinco años después de la Revolución estaban en una condición mucho peor como estados libres de lo que habrían estado como colonias. Su gobierno era más expansivo, más ineficiente, menos honrado y más tiránico. Fue solo el gradual progreso material del país el que lo salvó del hambre y el colapso y ese progreso material se debió, no a las virtudes de su nuevo gobierno, sino a la generosidad de la naturaleza. Bajo el yugo británico también hubiera llegado y probablemente bastante mejor (pp. 145-146).

[12] Ver sobre lo que sigue Hans-Hermann Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987), pp. 182 y ss.

[13] Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior (Nueva York: Harcourt, Brace and World, 1970).[Publicado en España como La envidia y la sociedad (Madrid: Unión Editorial, 1999)].

[14] Ver de Jouvenel, On Power, pp. 9-10.

[15] Ver sobre esto el brillante y realmente profético análisis de John C. Calhoun, A Disquisition on Government(Nueva York: Liberal Arts Press, 1953), esp. pp. 25–27. [Publicado en España como Disquisición sobre el gobierno (Madrid: Tecnos, 1996)]. Ahí Calhoun apunta que una

constitución escrita ciertamente tiene muchas ventajas, pero es un gran error suponer que la mera inserción de provisiones para restringir y limitar los poderes del gobierno, sin investir a quienes para cuya protección se ha insertado con los medios de aplicar su observancia, serán suficientes como para impedir que el partido mayoritario y dominante abuse de sus poderes. Estando el partido en posesión del gobierno, (…) estarán a favor de los poderes otorgados por la constitución y se opondrán a las restricciones que pretenden limitarlos. Como partidos mayoritarios y dominantes, no necesitan estas restricciones para su protección. (…) El partido minoritario o más débil, por el contrario, tomará la dirección opuesta y los considerará como esenciales para su protección contra el partido dominante. (…) Pero donde no hay medios por los que puedan obligar al partido mayoritario a observar estas restricciones, el único recurso que les queda sería una interpretación estricta de la constitución. (…) A lo cual el partido mayoritario opondrá una interpretación liberal, una que dé a las palabras de concesión su significado más amplio del que sean susceptibles. Sería entonces interpretación contra interpretación, una para disminuir y otra para agrandar los poderes del gobierno al máximo. ¿Pero qué posibilidades podría tener la interpretación estricta del partido minoritario frente a la interpretación liberal del mayoritario cuando uno tendría todos los poderes del gobierno para poner en práctica su interpretación y el otro estaría privado de todo medio de aplicar su interpretación? En una liza tan desigual, el resultado no ofrecería dudas. El partido a favor de restringir se vería superado. (…) El final de la liza sería la subversión de la constitución (…) las restricciones acabarían siendo anuladas y el gobierno se convertiría en uno de poderes ilimitados. (…) Tampoco la división del gobierno en departamentos separados e independientes unos respecto de otros, impediría este resultado (…) ya que todos y cada uno de los departamentos (y por supuesto todo el gobierno) estarían bajo el control de la mayoría numérica y está demasiado claro como para que haga falta explicarlo que una mera distribución de sus poderes entre sus agentes o representantes podría hacer poco o nada para contrarrestar su tendencia a la opresión y el abuso de poder.

Luego, en resumen, Rothbard ha comentado sobre este análisis:

la Constitución ha probado ser un instrumento de ratificación de la expansión del poder del Estado en lugar de lo contrario. Como demostró Calhoun, cualquier límite escrito que deje al gobierno que interprete sus propios poderes está condenado a ser interpretado como autorizaciones para expandir y no limitar esos poderes. En un sentido profundo, la idea de limitar el poder con las cadenas de una constitución escrita ha probado ser un noble experimento fracasado. La idea de un gobierno estrictamente limitado ha probado ser utópica; deben encontrarse otros medios, más radicales, para impedir el crecimiento del Estado agresivo. (For A New Liberty, p. 67).

Ver también Anthony de Jasay, Against Politics: On Government, Anarchy, and Order (Londres: Routledge, 1997), especialmente el capítulo 2.

[16] Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (Nueva York: Oxford University Press 1987), p. ix, compara la primera experiencia estadounidense con la actualidad:

Hubo un tiempo, hace mucho, en que el estadounidense medio podía dedicarse a sus asuntos diarios sin apenas ser consciente del gobierno, especialmente del gobierno federal. Como granjero, comerciante o fabricante, podía decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y vender sus bienes, limitado por poco más que las fuerzas del mercado. Piénsenlo: ni subsidios agrícolas, ni soporte a los precios o controles de acres; ni Comisión Federal de Comercio, ni leyes antitrust, ni Comisión Interestatal de Comercio. Como empleado, empresario, consumidor, inversor, prestamista, prestatario, estudiante o profesor, podía proceder en general siguiendo sus impulsos. Piénsenlo: ni Consejo de Relaciones Laborales, ni leyes federales de “protección” al consumidor, ni Comisión de Valores e Intercambio, ni Comisión de Iguales Oportunidades en el Empleo, ni Departamento de Salud y Servicios Humanos. Al no haber un banco central emitiendo divisa nacional en papel moneda usaba normalmente moneda de oro para sus compras. No había impuestos generales a las ventas, ni impuestos de Seguridad Social, ni impuesto sobre la renta. Aunque los funcionarios eran tan corruptos como ahora (tal vez más) tenían mucho menos para corromper. Los ciudadanos privados gastaban alrededor de quince veces más que todos los gobiernos combinados. Sin embargo, esos días pasaron hace tiempo.

[17] Sobre el crecimiento del gobierno de EEUU y en particular el papel de la guerra en esta evolución, ver John V. Denson, ed., The Costs of War: America’s Pyrrhic Victories (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1997); Higgs, Crisis and Leviathan; Eckehart Krippendorff, Staat und Krieg (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985), esp. pp. 90-116; Ronald Radosh y Murray N. Rothbard, eds., A New History of Leviathan (Nueva York: Dutton, 1972); Arthur A. Ekirch, The Decline of American Liberalism (Nueva York: Atheneum, 1967).

[18] Para la declaración más vigorosa en este sentido, ver Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Colorado Springs, Colo.: Ralph Myles, 1973); también Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty(Nueva York: New York University Press, 1998), especialmente los capítulos 22 y 23.

[19] De hecho, un contrato de protección como ése no solo es empíricamente improbable, sino praxeológicamente imposible. Al “acordar ser gravado y legislado para ser protegido”, una persona entregaría o renunciaría en la práctica a toda su propiedad en favor de la autoridad fiscal y se sometería a una esclavitud permanente respecto de la agencia legislativa. Pero un contrato como ése sería desde el principio intolerable y por tanto nulo, porque contradice la misma naturaleza de los contratos de protección, que es que se proteja la autopropiedad de uno y la existencia de algo en posesión del protegido (en lugar de la de su protector), es decir, la propiedad privada separada.

Curiosamente, a pesar del hecho de que ninguna constitución estatal conocida ha sido aprobada por todos sobre los que recae su jurisdicción y a pesar de la aparente imposibilidad de que este hecho pueda ser nunca diferente, la filosofía política, de Hobbes a Locke hasta el presente, abunda en intentos de ofrecer una justificación contractual para el estado. La razón de estos esfuerzos aparentemente inacabables es evidente: o bien el estado puede justificarse como el resultado de contratos o no puede justificarse en absoluto. Sin embargo, de forma poco sorprendente, esta búsqueda, como la de la cuadratura del círculo o el perpetuum mobile, ha resultado vana y simplemente ha generado una larga lista de pseudojustificaciones poco ingeniosas, si no fraudulentas, por medio de trucos semánticos: un “no contrato” es realmente un contrato “implícito” o “tácito” o “conceptual”. En resumen, “no” realmente significa “sí”. Para un prominente ejemplo moderno de esta “neolengua” orveliana, ver James M. Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962) [Publicado en España como El cálculo del consenso: fundamentos lógicos de la democracia constitucional (Madrid: Espasa-Calpe, 1980)]; James M. Buchanan, The Limits of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1975) [Publicado en España como Los límites de la libertad: entre la anarquía y el Leviatán (Madrid: Katz Barpal, 2009)] e ídem, Freedom in Constitutional Contract(College Station: Texas A&M University Press, 1977). Para una crítica de Buchanan y la llamada Escuela de la Elección Pública, ver Murray N. Rothbard, The Logic of Action Two (Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 1997), caps. 4 y 17 y Hans-Hermann Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property (Boston: Kluwer, 1993), capítulo 1.

[20] Ver para lo que sigue también el capítulo 12; Morris y Linda Tannehill, The Market for Liberty (Nueva York: Laissez Faire Books, 1984), especialmente el capítulo 8.

[21] De Molinari, The Production of Security, p. 12.

[22] Como ha explicado Rothbard, incluso

si el gobierno se limitara a la “protección” de la persona y la propiedad y los impuestos se “limitaran” a ofrecer solo ese servicio, ¿cómo va a decidir el gobierno cuánta protección proporcionar y cuántos impuestos recaudar? Pues, frente a lo que dice la teoría del gobierno limitado, la “protección” no es más una “cosa” colectiva y en bloque que cualquier otro bien o servicio en la sociedad. (…) De hecho, la “protección” podría implicar cualquier cosa de un policía para todo un país a proporcionar un guardaespaldas armado y un tanque a cada ciudadano (una propuesta que haría quebrar inmediatamente a la sociedad). ¿Pero quién va a decidir cuánta protección, ya que es innegable que toda persona estaría mejor protegida del robo y el ataque si se le proporciona un guardaespaldas armado que si no es así? En el mercado libre, las decisiones sobre cuánto y de qué calidad debería ser cualquier bien o servicio proporcionado a cada persona se hace por medio de compras voluntarias por parte de cada individuo, pero ¿qué criterio puede aplicarse cuando la decisión la toma el gobierno? La respuesta es que ninguno en absoluto y que esas decisiones gubernamentales solo pueden ser puramente arbitrarias. (The Ethics of Liberty, pp. 180-181)

Ver también Murray N. Rothbard, For A New Liberty: The Libertarian Manifesto, ed. rev. (Nueva York: Collier, 1978), pp. 215 y ss.

[23] Rothbard comenta:

La idea de la primacía de la reparación a la víctima tiene muchos precedentes en el derecho; de hecho es un principio antiguo del derecho que se ha permitido que se desvanezca al agrandarse el Estado y monopolizar las instituciones de la justicia. (…) En realidad, en la Edad Media en general, la reparación a la víctima era el concepto dominante del castigo; solo cuando el estado se hizo más poderoso (…) se trasladó el énfasis de la reparación a la víctima, (…) al castigo de supuestos delitos cometidos “contra el Estado”. (…) Lo que ocurre hoy es el siguiente absurdo: A roba 15.000$ a B. El gobierno localiza, juzga y condena a A, todo a costa de B, como uno de los numerosos contribuyentes que son víctimas de este proceso. Así que el gobierno, en vez de obligar a A a indemnizar a B o a realizar trabajos forzados hasta que se pague la deuda, obliga a B, la víctima a pagar impuestos para mantener al delincuente en prisión durante diez o veinte años. ¿Dónde está aquí la justicia? (The Ethics of Liberty, pp. 86-87)

[24] Las aseguradoras, al entrar en un contrato bilateral con cada uno de sus clientes, cumplen completamente con el deseo antiguo y original del gobierno “representativo” del que ha señalado Bruno Leoni que “la representación política estaba conectada íntimamente en su origen con la idea de que los representantes actúan como agente de otra gente y de acuerdo con la voluntad de estos últimos” (Freedom and the Law, pp. 118-119) [ver también la nota 8 anterior]. Muy al contrario, el gobierno democrático moderno implica la completa perversión (de hecho, la anulación) de la idea original de gobierno representativo. Hoy a una persona se la considera políticamente “representada” sin que importe nada, es decir, independientemente de su propia voluntad y acciones o las de su representante. Se considera que una persona está representada si vota, pero también si no vota. Se considera representada si el candidato por el que ha votado a sido elegido, pero también si se ha elegido otro candidato. Está representada, haga o no el candidato que votó o no lo que quería que hiciera. Y se la considera políticamente representada, encuentre “su” representante una mayoría de apoyo entre todos los representantes electos o no. “En realidad”, como ha apuntado Lysander Spooner,

votar no ha de tomarse como prueba de consentimiento (…) Por el contrario, ha de considerarse que, sin haberse pedido su consentimiento un hombre se encuentra rodeado por un gobierno al que no puede resistirse, un gobierno que le obliga a pagar dinero, prestar servicios y renunciar al ejercicio de muchos de sus derechos naturales, bajo el peligro de duras sanciones. Ve también que otros hombres practican esta tiranía sobre él mediante el uso del voto. Ve además que, si quiere usar él mismo el voto, tiene alguna posibilidad de aliviar su tiranía respecto de otros, sometiéndolos a él mismo. En resumen, se encuentra, sin su consentimiento, situado de tal manera, si usa su voto, puede convertirse en amo y, si no lo usa, debe convertirse en esclavo. Y no tiene otra alternativa que esas dos. Para defenderse, intenta la primera. Su caso se similar a de un hombre al que se la ha obligado a combatir, donde debe matar a otros o que le maten. Como, para salvar su propia vida en la batalla, un hombre trata de quitar las vidas de sus oponentes, no debe deducirse que él haya elegido la batalla. (…) (15) [Por consiguiente, los cargos electos] no son ni nuestros servidores, ni agentes, ni abogados, ni representantes (…) [pues] no nos hacemos responsables de sus actos. Si un hombre es mi servidor, agente o abogado, necesariamente me hago responsable de todos sus actos dentro de los límites del poder que le he otorgado. Si he confiado en él como mi agente, ya sea con poder absoluto o con cualquier otro, sobre las personas o propiedades de otros hombres distintos de mí, me estoy haciendo así necesariamente responsable ante esas otras personas de cualquier daño que pueda hacerles, siempre que actúe dentro de los límites del poder que le he otorgado. Pero ningún individuo que puede ser dañado en su persona o propiedad por actos del Congreso puede dirigirse a los electores individuales y hacerles responsables de estos actos de sus llamados agentes o representantes. Este hecho demuestra que estos pretendidos agentes del pueblo, de todos, son realmente agentes de nadie (29). (Spooner, No Treason, pp. 15 y 29)

[25] Sobre la “lógica” del seguro, ver Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Scholar’s Edition (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1998), capítulo 6 [Publicado en España como La acción humana: tratado de economía (Madrid: Unión Editorial, 2011)]; Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State, 2 vols. (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1993), pp. 498 y ss. [Publicado en España como El hombre, la economía y el estado (Madrid: Unión Editorial, 2011)] y Hans-Hermann Hoppe, “On Certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be?” Review of Austrian Economics 10, nº 1 (1997).

[26] Al ser obligadas, por un lado, a ubicar a individuos con un riesgo igual o similar en el mismo grupo de riesgo y cobrara a cada uno de ellos el mismo precio por valor asegurado y al ser obligadas, por el otro, a distinguir adecuadamente entre las distintas clases de individuos con grupos de riesgo objetivamente (factualmente) distintos y a cobrar un precio distinto por valor asegurado a miembros de distintos grupos de riesgo (con los diferenciales de precios reflejando adecuadamente el grado de heterogeneidad entre los miembros de tales grupos diferentes), las aseguradoras promoverían sistemáticamente la tendencia natural humana antes mencionada (ver la anterior nota 2) de asociarse la “gente similar” y a discriminar y separarse físicamente de los “disimilares”. Sobre la tendencia de los estados a romper y destruir los grupos y asociaciones homogéneas mediante una política de integración forzosa, ver capítulos 7, 9 y 10.

[27] Ver también el capítulo 12 y Tannehill y Tannehill, The Market for Liberty, capítulos 11, 13 y 14.

[28] Sobre esto, ver Murray N. Rothbard, “Concepts of the Role of Intellectuals in Social Change Toward Laissez-Faire”, Journal of Libertarian Studies 9, nº 2 (1990).

[29] Sobre la importancia fundamental de la opinión pública para el poder del gobierno, ver Etienne de la Boetie, Discurso de la servidumbre voluntaria; David Hume “On the First Principles of Government”, en ídem,Essays: Moral, Political and Literary (Oxford: Oxford University Press, 1971) y Mises, Human Action, capítulo 9 sección 3.Allí apunta Mises (p. 198):

Quien quiera aplicar violencia necesita la cooperación voluntaria de alguna gente. (…) El tirano debe tener un séquito de partisanos que obedezcan sus órdenes voluntariamente. Su obediencia espontánea le proporciona el aparato que necesita para conquistar a otra gente. El que tenga éxito o no en hacer que dure su influencia depende de la relación numérica de los grupos, los que le apoyen voluntariamente y los que muestren sumisión. Aunque un tirano puede gobernar temporalmente con una minoría si ésta está armada y la mayoría no, a largo plazo, una minoría no puede mantener en la servidumbre a una mayoría.

[30] Ver sobre esta “vieja” concepción liberal, por ejemplo, Ludwig von Mises, Liberalism: In the Classical Tradition (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1985). [Publicado en España comoLiberslismo: La tradición clásica (Madrid: Unión Editorial, 2010)]. “El derecho de autodeterminación respecto de la cuestión de se miembro de un estado”, escribe Mises,

significa así: siempre que los habitantes de un territorio concreto, ya sea una sola villa, todo un distrito o una serie de distritos adyacentes, den a conocer, mediante un plebiscito realizado libremente, que ya no quieren permanecer unidos al estado al que pertenecen en ese momento, sino que quieren o bien formar un estado independiente o unirse a algún otro estado, hay que respetar sus deseos y cumplirlos. Es la única forma viable y efectiva de impedir revoluciones y guerras civiles e internacionales. (p. 109)

[31] Para un análisis detallado de los asuntos que afectaron a la Guerra de la Independencia del Sur, ver Thomas J. DiLorenzo, “The Great Centralizer. Abraham Lincoln and the War Between the States”, Independent Review 3, nº 2 (1998).

[32] Sobre la importancia de las ciudades libres en la Europa medieval en el subsiguiente desarrollo de la tradición propiamente europea del liberalismo (clásico), ver Charles Tilly y Wim P. Blockmans, eds., Cities and The Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800 (Boulder, Colo.: Westview Press, 1994).

[33] El peligro de un aplastamiento por el gobierno es máximo durante la etapa inicial de este escenario secesionista, es decir, mientras el número de territorios de ciudades libres siga siendo pequeño. Por tanto, durante esta fase es recomendable evitar cualquier confrontación directa con el gobierno central. En ligar de denunciar totalmente su legitimidad parecería prudente, por ejemplo, garantizar la “propiedad” publica de los edificios federales, etc. dentro del territorio libre y “solo” denegar su derecho a fijar impuestos y legislaciones futuras respecto a nadie ni nada dentro de este territorio. Siempre que esto se haga con el tacto diplomático apropiado y dada la necesidad de un nivel sustancial de apoyo en la opinión pública, es difícil imaginar cómo el gobierno central se atrevería a invadir un territorio y aplastar a un grupo de gente que no ha cometido otro pecado que ocuparse de sus propios asuntos. Por consiguiente, una vez que el número de territorios secesionistas llegara a una masa crítica (y todo éxito en una localidad promovería la imitación de otras), las dificultades de aplastar a los secesionistas aumentarían exponencialmente y el gobierno central se declararía pronto impotente y se desplomaría bajo su propio peso.

Publicado el 28 de junio de 2008. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

Hans-Hermann Hoppe (HansHoppe.com) es economista austriaco y filósofo libertario anarcocapitalista, profesor de Economía en la Universidad de Nevada en Las Vegas, Senior Fellow del Ludwig von Mises Institute, y editor del Journal of Libertarian Studies.

Marc Grunert, editor de Québécois Libre, le preguntó sobre sus opiniones en asuntos como la guerra, el terrorismo, la aparición de un gobierno mundial, y cómo promover libertad. Montreal, Diciembre 7, 2002.

Québécois Libre: ¿Cuál es su posición respecto a la “guerra contra el terror” dirigida por el gobierno de los EE.UU.? ¿Cree usted que un ataque contra Irak se justifica?

Hans-Hermann Hoppe: Por un lado, es importante señalar que el gobierno de EE.UU. no es precisamente inocente en todo esto. A través de su política exterior intervencionista, y en particular su apoyo casi ciego al Estado de Israel, se puede decir que ha provocado actos terroristas. Si te entrometes en asuntos exteriores, no debes sorprenderte si además de algunos amigos también te haces un montón de enemigos.

Además, es el gobierno de los EE.UU., que habiendo desarmado a los pilotos y pasajeros, hizo posible en primer lugar que personas armadas con cuchillos para abrir cajas pudieran causar el daño que hicieron. También, la política de inmigración no-discriminatoria de los EE.UU. —acción afirmativa—y de otros países occidentales en las últimas décadas ha hecho posible que personas extrañas o incluso hostiles a los valores occidentales puedan entrar e infiltrarse en el mundo occidental fácilmente.

Irak (y Saddam Hussein) no es peor y no representa mayor peligro que muchos, muchos otros lugares. Al parecer, no ha cometido ninguna agresión extranjera y su supuesta conexión con Al Qaeda es débil, digamos. Una guerra contra Irak sería entonces un ataque simplemente preventivo y, por tanto, establecería un precedente extremadamente peligroso. A la luz de esto, es difícil descartar la sospecha de que, tanto en la guerra contra los talibanes como en la luchada contra Saddam Hussein, los asuntos de concesiones petroleras (en lugar de preocupaciones humanitarias) jueguen en realidad un papel importante.

De hecho, uno incluso puede preguntarse si no son los EE.UU. (y Bush), los que constituyen el mayor peligro para la paz mundial. Los EE.UU. tienen más armas de destrucción masiva que nadie, ellos no han dudado en usar gas contra su propia población (en Waco), declaran embargos económicos (contra Cuba, así como contra Irak) que perjudican especialmente a la población civil y que, por ello, han sido consideradas tradicionalmente formas particularmente vergonzosas de guerra; e incitados por los neoconservadores y fundamentalistas evangélicos, los EE.UU. son movidos por un celo casi religioso a alcanzar el viejo sueño Wilsoniano de hacer del planeta un lugar seguro para la democracia.

QL: ¿Hay un medio eficaz para luchar contra el terrorismo y preservar los derechos individuales a la vez?

HHH: Lo que vemos en los EE.UU. hoy en día es algo muy familiar. Los gobiernos aman las crisis—de hecho, con frecuencia causan o contribuyen a ellas—para aumentar su propio poder. Sólo mira la toma de posesión de la seguridad de los aeropuertos, el establecimiento de una oficina para la seguridad de la patria (¿no era esa la tarea del Departamento de Defensa? Y si no, ¿no sería más apropiado llamar al Departamento de Defensa el Departamento de Guerra?), y el plan actual de establecer un sistema casi completo de vigilancia electrónica sobre sus propios ciudadanos.

Para luchar contra el terrorismo, es necesario una política exterior no intervencionista, tener una población civil fuertemente armada—a más armas, menos crimen—y tratar el terrorismo como lo que es: no como un ataque convencional de fuerzas armadas de otro Estado, sino como conspiraciones esencialmente privadas y delitos que deben ser combatidos con acción policial, contratando mercenarios, comandos de asesinato, y caza-recompensas.

QL: Algunos “liberales clásicos” franceses se oponen a los libertarios de Estados Unidos y lo que ellos llaman su “propaganda pacifista”. ¿Se considera usted un “pacifista”?

HHH: En general (me incluyo), los libertarios no son pacifistas. Muy por el contrario, creen en el derecho a la legítima defensa. Sin embargo, se oponen a la iniciación de la fuerza, esto es, a la agresión. Existen guerras “justas” como, por ejemplo, la guerra de la independencia y la guerra sureña de independencia frente a EE.UU. Para ser justos, sin embargo, una guerra tiene que ser defensiva, y debe hacerse una clara distinción entre combatientes y no-combatientes.

QL: ¿La revolución epistemológica que usted ha llevado a cabo, esto es, la justificación a priori del principio de no-agresión, ha puesto a los liberales clásicos contemporáneos en una posición intelectualmente insostenible?

HHH: Sí, en mi libro Democracia: él Dios que Fracasó he demostrado que el liberalismo clásico es una posición incoherente y por tanto insostenible. Una vez que uno admite la necesidad de un estado—un monopolio territorial que toma las últimas decisiones, con derecho a cobrar impuestos—no hay manera de poder limitar el poder del Estado a un nivel de Estado mínimo. Suponiendo solamente el interés de los gobernantes en ellos mismos, cada Estado mínimo tiene una tendencia a convertirse en un Estado máximo, a pesar de las disposiciones constitucionales en sentido contrario. Después de todo, la Constitución debe ser interpretada, y es interpretada por la corte suprema, esto es, una parte del mismo gobierno en cuestión, cuyo interés es aumentar el poder del Estado (y por lo tanto también su poder).

Además, una vez que se admite que los estados (y los impuestos) son necesarios para proveer paz interna (nacional) y seguridad, tiene que aceptarse también que sólo un Estado mundial es capaz de producir la paz y seguridad total (internacional). Y sin embargo, un Estado mundial sería la mayor amenaza a la libertad humana, porque ya no existiría la opción de salida. Es decir, las personas ya no podrían votar con sus pies contra su gobierno, porque donde quiera que fueran, se aplicaría la misma estructura de impuestos y regulación.

QL: ¿Existe realmente una “guerra de civilizaciones” entre el mundo occidental y el mundo islámico como muchos liberales clásicos franceses sostienen con vehemencia? ¿Cree usted que las sociedades predominantemente musulmanas siempre serán antagónicas a la economía de mercado y los derechos individuales?

HHH: Si uno quiere los “bienes” occidentales y aspira a los niveles de vida occidentales, que tengo la impresión que la inmensa mayoría de los musulmanes quiere, uno tiene que adoptar un sistema capitalista basado en los derechos de propiedad privada, la economía de mercado y los derechos individuales. El fundamentalismo religioso, ya sea de la variedad musulmana, judía o cristiana, es difícil o imposible de conciliar con el capitalismo.

Históricamente, los musulmanes han tenido menos tiempo que, por ejemplo, los cristianos para librarse de las cadenas fundamentalistas. Sin embargo, no veo ninguna razón fundamental para que el Islam no sea capaz de algún tipo de limpieza doctrinal interna. Y tengo confianza en que el libre comercio sin restricciones con el mundo musulmán es la forma más eficaz de debilitar y finalmente erosionar el poder que el fundamentalismo religioso todavía tiene en algunas partes del mundo.

QL: La globalización política tiende hacia el surgimiento de un Estado mundial. ¿Este fenómeno es reversible? ¿Cómo debemos oponernos a él?

HHH: La competencia interestatal tiene de hecho la tendencia a conducir en última instancia a la formación de un Estado mundial. Sin embargo, este fenómeno es reversible. La gente debe recordar que fue precisamente la estructura casi anárquica de Europa en comparación con China, por ejemplo, lo que hizo posible el surgimiento del capitalismo, esto es, el tal llamado milagro económico europeo: los Estados pequeños, en competencia directa con otros, tienen que ser moderados con su propia población para no perder a sus ciudadanos más productivos.

Por ejemplo, los Estados pequeños deben practicar el libre comercio en lugar del proteccionismo. Toda interferencia gubernamental en el comercio exterior limita el rango de intercambios inter-territoriales mutuamente beneficios y por tanto conduce a un empobrecimiento relativo tanto dentro del país como en el extranjero. Pero, en el país más pequeño, este efecto será más dramático. Un país del tamaño de los EE.UU. podría alcanzar comparativamente altos niveles de vida, aún si renunciara a todo el comercio exterior. Por el contrario, si un territorio del tamaño de una ciudad o un pueblo practicara el proteccionismo, eso significaría posiblemente un desastre o incluso la muerte.

Para revertir la tendencia hacia la centralización y finalmente la creación de un gobierno mundial, es fundamental que una visión alternativa sea promovida y popularizada en la opinión pública. Tenemos que promover la idea de la secesión. O más específicamente, tenemos que promover la idea de un mundo compuesto de decenas de miles de distintos distritos, regiones y cantones, y cientos de miles de ciudades libres independientes como las actuales rarezas de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong y Singapur. Eso resultaría en un gran aumento de oportunidades para la migración por motivos económicos, y el mundo sería uno de pequeños gobiernos liberales económicamente integrados a través del libre comercio y una moneda internacional como el oro.

QL: Desde un punto de vista estratégico, ¿cómo deben actuar los libertarios con el fin de promover la libertad?

HHH: En primer lugar, deben desarrollar una clara conciencia de clase, no en el sentido marxista, sino en el sentido de reconocer que existe una clara distinción entre los que pagan impuestos (los explotados) y los que consumen los impuestos (los explotadores). Los políticos, como agentes del estado, viven parasitariamente a costa del trabajo de los que pagan impuestos. En consecuencia, en lugar de admirarlos y buscar asociarse con ellos, los políticos (y más, cuanto mayor sea su rango) deben ser tratados como poca cosa, y deben ser el blanco de todas las bromas, como emperadores sin ropa. La clase política y sus guardaespaldas intelectuales, maestros y catedráticos, deben ser deslegitimados como fraudes que sólo sirven a sus propios intereses, y la democracia, en particular, deben ser atacada como un sistema inmoral en el que los que no-tienen votan a favor de adquirir la propiedad de los que sí-tienen. Las actividades políticas, si es que acaso deben llevarse a cabo, deben restringirse a nivel local y estar motivadas por objetivos descentralizadores o, mejor aún, secesionistas.

Traducido del inglés por Dante Bayona.