Instituto Mises Colombia

[De Out of Step: The Autobiography of an Individualist. Veasé parte 1 en español]

Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez. Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra medida en la historia de este país ha causado una indiferencia de principios comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la moralidad.

Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada.

Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios sociales”. Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un sentimiento de seguridad económica. Cuando falla una economía en general, la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio. El político sirve con gusto para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la opinión pública están las acciones del poder político en el fondo del mal económico, como los privilegios de monopolio, las guerras y los propios impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se produce el acuerdo. Así ha resultado que el área del poder político ha invadido cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra justificación para los impuestos. La actual filosofía tiende hacia la identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo como unidad esencial y la sustitución de un total metafísico y por tanto la eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales específicos, sino como un medio necesario para un mejoramiento social no especificado.

Ambos postulados de los impuestos son en realidad idénticos en que derivan de la aceptación de un derecho prioritario del estado a los productos del trabajo, pero a afectos del análisis es mejor tratarlos por separado.

Los impuestos para servicios sociales dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere un quid pro quo, una relación de justicia. Pero la condición esencial de los intercambios, que es que deben realizarse voluntariamente, está ausente en los impuestos: su mismo uso de la compulsión elimina a los impuestos del campo del comercio y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a deudas pagadas a una organización voluntaria por esos servicios como cabe esperar de ser miembros, porque no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio podemos denegarnos un beneficio, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. La sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque queramos: nos viene impuesto.

En relación con los servicios sociales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas  en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.

Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pueblo fronterizo, la necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?

No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.

En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor, la competencia. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella. En una polis libre de coacción política se aplicaría un acuerdo así y en algunos casos históricos de poder político débil descubrimos que la renta inmobiliaria se usó de esta forma social.

Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de acomodamiento nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: la apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables. Son nuestras mores.

Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, conscientes de una iniquidad? Están las facilidades de las calles, mantenerlas limpias y luminosas, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y el coste debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, la tarifa por hora, para el mismo tipo de trabajo, es el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por dólar invertido, en Main Street que en Broadway. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tempo es más lento, trabajan menos y ganan menos. Pero cuando oponemos a nuestras mayores ganancias el coste de rentas e impuestos de la gran ciudad, ¿tenemos más satisfacciones? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.

Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿a dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios sociales para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.

Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios sociales pagados por la producción, Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo está claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios sociales que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esta gente recibe por sus molestias el vacuo placer de escribir a sus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas.

Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que el trabajador social universitario les diera proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, la de 1930. Así que se califica a sí misma como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.

En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo. No preocupa el control de la producción o los medios de adquirir la propiedad, sino sólo su distribución. Por lo tanto, estrictamente hablando, la doctrina no es socialista y sus defensores normalmente se apresuran a negar esa acusación. Lo que proponen, según dicen, es una reforma, no una revolución, como los niños cuyas inocentes hogueras incendian el bosque.

La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener los servicios sociales de una comunidad no tendrían financiación (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las sinecuras de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico.

Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Tom, Dick y Harry se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Tom, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Dick y Harry de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia no la ha hecho a su costa: tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Tom de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Dick y Harry en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Tom. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.

Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la escolarización gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a la marina mercante y proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.

El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra.

La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea nuestro ingreso de mil dólares al año o al día, el impuesto en una barra de pan es el mismo: la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una pipa de tabaco, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su puro. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.

Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de  su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula  viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.

Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de justicia. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.

Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del estado) es evidentemente justo que el estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La renta de monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el estado lo apoya: un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.

Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas. ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿O el mercader de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.

Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: todo impuesto se basa en la coacción.

Publicado el 15 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Muchos estadounidenses pueden identificar al autor como Lord Acton. Pero eso es casi todo lo que saben de John Emerich Edward Dalberg Acton, Primer Baron Acton de Aldenham. Es una pena, porque, según Stephen Tonsor, profesor emérito de historia en la Universidad de Michigan, Acton fue al tiempo “el más informado observador extranjero de los asuntos estadounidenses en el siglo XIX” y estaba profundamente preocupado por “la amenaza a la libertad del absolutismo gubernamental centralizado, la tiranía de la mayoría, la administración burocrática, la democracia y el socialismo”, amenazas que no puede decirse que hayan desaparecido hoy.

Un siglo después de su muerte en 1902, merece la pena recordar más de Lord Acton que su cita más famosa. Después de todo, como indica su biografía del Instituto Acton, “fue considerado una de las personas más cultas de su época, sin rival en la anchura, profundidad y humanidad de su conocimiento” y “se hizo conocido como una delos defensores más elocuentes de la libertad religiosa y política” en el siglo XIX

En todo tiempo, los amigos de la libertad han sido raros.

En todas las épocas, el progreso [de la libertad] se ha visto asediado por sus enemigos naturales: por la ignorancia y la superstición, por el ansia de conquista y por el amor a la indolencia, por el deseo de poder del hombre fuerte y del deseo de alimento del hombre pobre.

Por libertad me refiero a la garantía de que todo hombre será protegido para hacer lo que crea que es su deber, contra la influencia de autoridad y mayorías, costumbres y opiniones.

La libertad es impedir el control por otros. Esto requiere autocontrol.

La libertad solo reclama, para su realización, la limitación de la autoridad pública, pues la libertad es el único objeto que beneficia a todos por igual y no provoca una oposición sincera.

La libertad y el buen gobierno no se excluyen entre sí y hay excelentes razones por las que deberían ir juntos. La libertad no es un medio para un fin político superior. Es en sí misma el máximo fin político. No se requiere para tener una buena administración pública, sino para la seguridad en la búsqueda de los objetivos superiores de la sociedad civil y de la vida privada.

La libertad no es el poder de hacer lo que queramos, sino de derecho a ser capaces de hacer lo que tendríamos que hacer.

La libertad no permite cumplir con nuestro deber sin intromisiones del estado, la sociedad, la ignorancia y el error. Somos libres en la medida en que estemos libres de estos impedimentos.

Una ética oscura implica una libertad imperfecta. Pues la libertad no viene con cualquier sistema ético, sino con uno muy desarrollado.

Santificar la libertad (…) enseñando a los hombres a apreciar las libertades de los otros como la propia y defenderlas por amor a la justicia y la caridad más que como una reclamación de un derecho, ha sido el alma de lo que es grande y bueno en el progreso de los últimos doscientos años.

Por nacimiento, todos los hombres son libres.

La conciencia demanda imperativamente una medida correspondiente de libertad personal (…) Con esto no puede permitirse que interfiera ninguna autoridad humana. Estamos obligados a extender al máximo, y a guardarnos de cualquier intromisión, la esfera en que podemos actuar en obediencia a la sola voz de la conciencia, independientemente de cualquier otra consideración.

El interés de los individuos está por encima del interés exclusivo del estado. El poder del todo no ha de ponerse en la balanza ni por un momento con la libertad (es decir, la conciencia del sujeto) y quienes actúan sobre otro principio son los peores criminales.

Es más fácil encontrar gente apropiada para gobernarse a sí misma que gente para gobernar a otros. Todo hombre es el mejor y más responsable juez de sus propio provecho.

La gran cuestión es descubrir, no lo que prescriben los gobiernos, sino lo que tendrían que prescribir, pues ninguna prescripción es válida contra la conciencia de la humanidad.

La mayor oportunidad nunca dada al mundo se desperdició porque la pasión por la igualdad hizo vana la esperanza de libertad.

El peligro no es que una clase concreta no sea apropiada para gobernar. Toda clase es inapropiada para gobernar.

Siempre que un objetivo concreto se convierte en el fin supremo del Estado, ya sea el beneficio de una clase, la seguridad del poder del país, la mayor felicidad para el mayor número o el apoyo a cualquier idea especulativa, el Estado se convierte con el tiempo inevitablemente en absoluto.

Las leyes se hacen para el bien público (…) El bien público no tiene que considerarse si se consigue a costa de un individuo.

La voluntad del pueblo no puede hacer justo lo que es injusto.

Hay muchas cosas que no puede hacer el gobierno, muchos buenos propósitos a los que debe renunciar. Debe dejar esto a las empresas de otros. No puede alimentar al pueblo. No puede enriquecer al pueblo. No puede enseñar al pueblo.

El poder popular puede podrirse con el mismo veneno que el poder personal.

El mal que impregna la democracia es la tiranía de la mayoría o que un partido, no siempre la mayoría, consiga ganar las elecciones por fuerza o fraude.

Es malo verse oprimido por una minoría, pero es peor verse oprimido por una mayoría.

La prueba más segura por la que juzgamos si un país es realmente libre es la cantidad de seguridad de la que disfrutan las minorías.

De entre todas las causas que degradan y desmoralizan a los hombres, el poder es la más constante y la más activa.

Quienes tienen más poder son culpables de pecar más, ningún teorema geométrico es más cierto que este.

La posesión de poder ilimitado (…) corroe la conciencia, endurece el corazón y confunde el entendimiento.

No hay error tan monstruoso que no consiga encontrar defensores.

Hay principios que se anteponen a los precedentes (…) existe una ley superior.

Toda la legislación debe conformarse [bajo una ley de la naturaleza] (…) por la voz de la razón universal (…) un principio que abarca toda la humanidad (…) Un espíritu generoso prefiere que su país sea pobre y débil y sin historia, pero libre a que sea poderoso, próspero y esclavizado.

Debido a su preocupación por la libertad, Lord Acton estaba intensamente interesado y preocupado por el experimento de la libertad americana. Y no dejó ninguna duda acerca de lo importante que fue nuestra fundación para la causa de la libertad en todo el mundo cuando dijo:

Washington and Hamilton (…) Su ejemplo (…) enseña que los hombres tendría que alzarse en armas incluso contra un peligro remoto y constructivo para su libertad, que incluso si la nube no es mayor que la mano de un hombre, es su derecho y su deber asegurar la existencia nacional, sacrificar vidas y fortunas (…) para destrozar coronas y cetros y arrojar parlamentos al mar. Sobre este principio de subversión erigieron su comunidad y en su virtud sacaron al mundo de su órbita y dieron un nuevo rumbo a la historia.

El profesor Tonsor dijo de Acton que “es una pena que los historiadores estadounidenses lo lean tan raramente”. Y es difícil discutir esa conclusión. Acton puede que no fuera capaz de producir la completa historia de la libertad que pretendía escribir, pero sus obras escogidas nos proporcionan mucha sabiduría ahora prácticamente olvidada.

Publicado el 5 de noviembre de 2002. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Para empezar, quiero repetir unos pocos apuntes que he realizado en mi lección previa sobre derecho y economía y luego quiero ocuparme de un tema completamente distinto del que traté en esa lección previa.

Porque hay escasez en el mundo podemos tener conflictos respecto de estos recursos escasos. Y porque los conflictos pueden existir donde y cuando exista escasez, necesitamos normas que regulen la vida humana. Normas: el propósito de las normas es evitar los conflictos. Y para evitar los conflictos relativos a los recursos escasos, necesitamos reglas de propiedad exclusiva de dichos recursos escasos o, por decir exactamente lo mismo, necesitamos derechos de propiedad para determinar quién tiene derecho a control qué y quién no tiene derecho a controlar qué.

Estas reglas, he defendido en mi lección previa, las reglas que los austriacos consideran como reglas capaces de hacer esto, evitar el conflicto y, al mismo tiempo, siendo reglas justas son las siguientes. Una es que toda persona se posee a sí misma, su propio cuerpo físico. Tiene control exclusivo sobre su propio cuerpo físico. La segunda regla se refiere a cómo adquirimos la propiedad, el derecho de control exclusivo de los recursos escasos fuera de nuestro cuerpo en el mundo externo. Previamente, inicialmente, el mundo exterior no tiene dueño y adquirimos propiedad sobre objetos fuera de nuestro cuerpo siendo los primeros en poner en uso ciertos recursos y, por tanto nos convertimos en propietarios. A esto se califica a veces como apropiación original u ocupación. Las reglas número tres y cuatro están implícitas en las dos previas. Quien usa su cuerpo físico y aquellas cosas de las que se apropia originalmente para producir algo, para transformar cosas a un estado más valioso de cosas, se convierte, por tanto, en el propietario de lo que ha producido. El producto posee el producto. Y finalmente, también podemos adquirir propiedad por transferencia voluntaria de un propietario previo a otro posterior.

De nuevo solo destacamos en esta lección que hay reglas intuitivamente sensatas: quién debería poseernos salvo, quién debería poseernos, excepto nosotros mismos. Que alguien deba poseernos suena absurdo. ¿Deberá el segundo en llegar ser el propietario que no ha hecho nada a un recurso, en lugar del primero? De nuevo esto suena absurdo. ¿El productor no posee el producto, sino alguien que no lo ha producido debería poseer el producto? De nuevo esto suena absurdo. Y evidentemente, regla número cuatro, si fuera posible simplemente tomar algo de otra gente contra su consentimiento, la civilización sería destruida al instante.

Además, también os dais cuenta de que si seguís estas reglas, en líneas generales, se maximizará la riqueza. Y si seguimos estas reglas, entonces pueden evitarse todos los conflictos.

Ahora la cuestión es que hay, por supuesto, gente que dice ¿y qué? Aunque podamos justificarlas y demostrar que son económicamente beneficiosas de seguir y que todos los conflictos pueden evitarse si la gente siguiera estas reglas, habría delincuentes. Habrá criminales, mala gente mientras exista la humanidad. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Cómo aplicamos estas reglas? Exponerlas simplemente no significa que la gente actúe realmente de acuerdo con ellas bajo cualquier circunstancia. Siempre habrá mala gente.

Los liberales clásicos dieron la siguiente respuesta a la pregunta de cómo aplicamos estas reglas. Dijeron que es tarea del gobierno, tarea exclusiva de un estado. Un estado no hace nada más que asegurarse de que todo el que incumple estas leyes será golpeado en la cabeza y devuelto a la razón.

¿Qué tenemos que hacer ahora con esta respuesta de los liberales clásico? Incluye también en este caso a Ludwig von Mises. Y la postura de Ludwig von Mises era precisamente que estas reglas son las reglas de una sociedad justa y es la tarea del estado ver que la gente siga estas reglas y castigar, y amenazar con castigar a los potenciales delincuentes.

Ahora, el si esta respuesta es correcta o equivocada, es decir, el si es tarea del estado y el estado la realizará eficientemente, eso depende, por supuesto, de cuál sea la definición de un estado. Y no os estoy dando una definición original del estado, sino esa definición que es más o menos aceptada por todo el que haya escrito acerca del estado. Es la definición estándar del estado. Y esa es que el estado es un monopolista territorial de la toma última de decisiones o del arbitraje definitivo en cierto territorio. Es decir, siempre que aparezca un conflicto, el estado es el árbitro definitivo que decide quién tiene razón y quién se equivoca. No hay apelación más allá del estado. Es la palabra final: tú tienes razón, tú no. Y esto implica asimismo que el estado es el árbitro final, el juez final, el que toma la decisión final incluso en casos de conflictos que impliquen al estado o a sus propios agentes. Veremos en un momento que es una implicación muy importante de lo que es un estado y, a partir de ahí, se deducen muchas consecuencias.

Un corolario de esto es que el estado es por tanto la única agencia a la que se permite fijar impuestos al pueblo, determinar unilateralmente el precio que debemos pagar por prestarnos este servicio, es decir, aplicar estas reglas.

Ahora, dada esta definición del estado, quiero demostrar que es una ilusión creer que el estado tenga éxito en hacer lo que, según los liberales clásicos, es su única y exclusiva tarea de aplicar estas reglas.

El primer argumento contra esta postura de un estado mínimo es decir, mirad, en economía siempre decimos que un monopolio es malo desde el punto de vista de los consumidores. Destaco “desde el punto de vista de los consumidores”. Desde el punto de vista de un productor, un monopolio es siempre estupendo y la competencia es siempre terrible. Pero desde el punto de vista de los consumidores, la competencia es buena y el monopolio malo, por la sencilla razón de que siempre que tenemos un monopolio el precio del productos será superior del que sería en otro caso y la calidad del producto será inferior de la que sería en otro caso porque está protegido ante la competencia de otra gente que entre en el mercado ofreciendo precios inferiores u ofreciendo productos de calidad superior. Si tenemos libre competencia, hay intentos constantes de los productores de producir con los menores costes de producción posibles, lo que se traduce en forma de precios inferiores para los consumidores y de producir el producto de la máxima calidad. De otra manera, simplemente perderíamos en la competencia contra otros. De otra manera, invitaríamos, por decirlo así, a competir contra uno mismo.

Así que el primer argumento sería sencillamente, ¿Por qué no debería ser esto también verdad para proporcionar servicios de protección de nuestra propiedad privada? ¿Por qué no debería ser bueno un monopolio en esta área, ya que en todas las demás decimos que es malo? No solo esto, cuando se refiere, por ejemplo a un monopolio en la producción de leche, entonces todos podemos decir, sí, un monopolista de la producción de leche ofrecerá un producto comparativamente malo a precios comparativamente altos. Así qua así obtenemos un producto malo.

Pero cuando se refiere a un monopolio de ley y orden, de toma de decisiones finales, la situación es realmente mucho peor. No solo pueden producir, por decirlo así, un producto malo, lo que un monopolista de toma de decisiones finales puede producir es que puede producir males de la siguiente manera.

Mirad, si soy el que toma la decisión final en cualquier estado de cualquier conflicto que pueda producirse, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es causar un conflicto yo mismo y luego ser el árbitro de mi propio caso. Puedo así determinar quién tiene razón y quién no. Si yo mismo he causado el conflicto, entonces, por supuesto, es fácil predecir lo que decidirá un monopolista. Decidirá que estoy completamente justificado para hacer lo que hice a esta parte demandante y tengo razón.

Un policía te golpea en la cabeza, te quejas de esto. ¿Quién decide luego quién tiene razón no? Tal vez no el policía directamente, sino otra persona que está contratada por exactamente la misma agencia que también emplea al policía. Así que lo que puedes predecir en esta situación es que, en lugar de tener una situación en que existe una cooperación pacífica entre varios individuos, puedes predecir que habrá constantemente conflictos generados por parte de esa gente que supuestamente protege nuestras vidas y propiedades. Y así se tomará una decisión que le favorece por encima de aquella gente que ha sido agredida por los propios agentes del estado.

Y para empeorar las cosas, pueden asimismo decidir que tienes que pagarles por este tipo de justicia que se te impone. Es decir, primero te golpean en la cabeza, luego deciden que estaba completamente justificado: miraste hacia el lado contrario o lo que sea. Y luego te dicen para este servicio por favor págame 100$ y no puedes decir que no.

En caso contrario, te encarcelaremos. Repito que esto se deduce, por decirlo así, automáticamente de lo que es la definición de un estado, un árbitro de conflictos incluso en casos en que haya generado dicho conflicto.

Y para rematarlo, los argumentos habituales antimonopolio también son aplicables, por supuesto. Habrá una tendencia constante a que la calidad de la justicia se deteriore y, en paralelo, una tendencia constante a que aumenten los precios de esta justicia de cada vez peor calidad. Debes paga más y más y más por conseguir menos y menos y menos en términos de justicia.

Así que es un argumento completamente fallido hasta donde puedo ver en defensa de un estado mínimo. La idea de un estado mínimo es una especie de absurdo.

Punto siguiente, además de esto, los liberales clásicos cometieron otro error catastrófico, los defensores de los estados mínimos. Cuando los liberales clásicos desarrollaron su programa y vieron enfrente estados que eran, en general, estados monárquicos, reyes y reinas y todo eso, y los liberales clásicos cometieron entonces un error catastrófico. Dijeron que los estados monárquicos era instituciones malas por la razón de que los monarcas, reyes o reinas, tienen privilegios. Reyes y reinas son, por decirlo así, una violación del principio de igualdad ante la ley. El rey puede hacer ciertas cosas que otra gente simplemente no puede hacer y debemos instituir una sociedad en la que se aplique la igualdad ante la ley.

¿Y qué solución propusieron? Propusieron la democracia como solución. Repito, no todos los liberales clásicos, pero sí la mayoría. Y dijeron que la democracia es de alguna manera compatible con la idea de igualdad bajo la ley, porque todos pueden ahora convertirse en rey o reina o senador o primer ministro, en lugar de solo una clase hereditaria de personas.

Ahora quiero demostrar, primero, que es, de nuevo, un error catastrófico creer que la democracia implica igualdad ante la ley. De hecho, todo lo que pasa por sustituir la monarquía por la democracia  es que reemplazamos los privilegios personales por los privilegios funcionales. En democracia, nuestros gobernantes democráticos también tienen privilegios comparados con los que tienen los ciudadanos normales.

Os daré solo un ejemplo. Y este privilegio se refleja, por así decirlo, en el hecho de que tenemos una separación o una distinción entre, por un lado, lo que se llama derecho público que se ocupa de la relación entre los gobernantes, los gobernantes democráticos y la ciudadanía y, por el otro, el derecho privado que se ocupa de las relaciones entre ciudadanos privados.

Bajo el derecho público, es decir, si eres un cargo público, puedes hacer cosas que, bajo el derecho privado, nunca podría hacer. Si te robo el dinero de tu cartera, seré castigado como ciudadano privado. Sin embargo, si lo hago como agente de Hacienda, esto no se considerará como un delito, aunque desde el punto de vista de la persona robada no hay absolutamente ninguna diferencia. El derecho público permite robar.

Bajo el derecho privado, si te detengo y te obligo a trabajar en mi jardín durante 16 horas, a esto se le llama secuestro, esclavitud, etcétera y, de nuevo, es un delito punible. Por otro lado, si lo hago como funcionario público y te recluto para el ejército y te envió a morir, a luchar por la democracia en algún lugar, entonces este tipo de cosa sencillamente se llama: estás obligado a prestar un servicio público.

Si tomo tu dinero y se lo doy a otro como ciudadano privado, a eso se le llama robar y tráfico de bienes robados. Si lo hago como funcionario público, se llama política social.

Tomar de alguien y luego pretender ser un generoso benefactor para otros. Basta con mirar a nuestros políticos, van por ahí gastando millones es este y aquel país y los dan a esa gente e incluso consiguen una medalla por hacer estas cosas. No es su propio dinero el que entregan. Así que es tráfico de bienes robados.

Por cierto que podríamos incluso decir que lo que hacen los estados es incluso peor de lo que hacen los delincuentes privados, ya que, como criminales privados, al menos se conforman con su maldad, al menos desaparecen. La próxima vez puedes prepararte para un ataque así y tal vez golpearles cuando vuelvan. Sin embargo los estados hacen eso con una base institucional. Te roban y a la semana siguiente otra vez puedes esperar otra visita de esa gente.

Así que es un error creer que bajo la democracia tienes, por decirlo así, igualdad ante la ley. Solo que los privilegios funcionales ocupan el lugar de los privilegios personales, pero existen privilegios igual que bajo la monarquía.

La situación es incluso peor. Si veis la transición entre, una transición de monarquía a democracia, en la que todos pueden alcanzar cualquier tipo de puesto en el gobierno y no existe ningún privilegio hereditario, lo que tiene lugar aquí es que reemplazamos  a alguien que considera al país como su propiedad privada por alguien que es un encargado temporal de un país. Y esto tiene efectos dramáticos.

Para mostrar esto, imaginemos por un segundo que os doy una casa a cada uno. Os hago propietarios de la casa. Ahora podéis traspasarla a vuestros hijos o hijas o a quien queráis y podéis venderla en el mercado y quedaros con el dinero de la venta. En el otro caso, os doy la casa y, digamos, por cinco años o cuatro años tendréis el control exclusivo de esta casa, pero no su propiedad, no podéis determinar quién será el sucesor, ni podéis vender la casa en el mercado y quedaros con el dinero de la venta, pero podéis tratar de maximizar vuestra propia renta utilizando la casa durante cuatro o cinco años. ¿Supondrá eso una diferencia en término de cómo trataréis la casa? Y la respuesta es, por supuesto, que será una diferencia drástica.

En el caso uno, os interesará conservar el valor de la propiedad. No trataréis, si sois el propietario no trataréis de arruinar la casa muy rápidamente. Después de todo, si lo hacéis, conseguiréis menos en el mercado. Caería el precio de la casa. O podría interesaros dar algo que sea aún decentemente valioso a la siguiente generación. Por otro lado, si sois solo encargados temporales, ¿cuál es vuestro incentivo? Entonces vuestro incentivo es quiero maximizar todo lo que pueda conseguir de esta casa en cuatro o cinco años, independientemente de lo que ocurra con el valor de capital que encarne la casa. Aunque la casa esté entonces en ruinas, por decirlo así, al menos tuviste cuatro o cinco años gloriosísimos. Pudiste hacer todo tipo de amigos con tu renta que recibiste. Pueden meter lo que sea, 20, 30 personas en la casa, cada uno pagando una renta. El papel pintado se cae después de un tiempo, los baños se atascan, los grifos ya no funcionan, las alfombras están arruinadas, etcétera, pero ¿qué te importa? Después de todo, no tienes que solo… no eres tú el que tiene que pagar el precio por este comportamiento por tu parte en forma de precios más bajos de los que habrías conseguido por la casa. Después de todo, no es tuya. No es de tu propiedad.

Así que lo que tenéis aquí es, por decirlo así, la diferencia entre monarquía y democracia a gran escala. El monarca tiene la perspectiva a largo plazo. En general, quiere conservar el valor de su reino para transmitir algo valioso a la siguiente generación. Un político demócrata, como sabe que solo estoy en el poder durante unos pocos años, su incentivo es tengo que ordeñar la vaca tan rápidamente como sea posible y luego abandonarla, sean cuales sean las consecuencias. Los políticos, los políticos demócratas son precisamente los cortos de miras. Los monarcas son personas con visión a más largo plazo, comparativamente, por así decirlo. Así que hay un erro adicional en creer que la democracia es una forma ventajosa de organización social.

Quiero daros asimismo un tercer argumento contra la democracia que habla de alguna manera favorablemente de la monarquía. Y este es que cuando la gente dice, mira ¿no estás siempre a favor de una entrada abierta y no tenemos que adoptar la democracia porque hay una entrada abierta a los cargos, hay competencia, mientras que, en caso contrario, si tenemos gobernantes hereditarios, no hay entrada abierta, no hay competencia? Ahora, el argumento así expresado, es perfectamente correcto, excepto en que es aplicable solo a la producción de bienes, Es decir, si quieres tener competencia en el área de producir cosas que son consideradas como bienes por la gente. Pero no quieres tener competencia en el área que se refiere a la producción de males. Pero es producción de males si puedes causar conflictos y luego decidir a tu propio favor. Es una producción de bienes si pones impuestos a la gente, le dices que no tienes alternativa, no puedes negar mi derecho a gravarte, les dices que tenéis que pagar por mis servicios.

En la producción de males, es bueno que no haya competencia. Solo en la protección de bienes queremos que haya competencia. No queremos tener competencia en quién es el mejor en golpear a otra gente, quién es mejor dirigiendo un campo de concentración.

Aquí, estamos encantados si tenemos incompetencia dirigiendo el cotarro.

Así que queremos incompetencia en el poder. No queremos tener gente eficiente gravándonos y causando conflictos.

Así que el argumento era, la entrada abierta sí funciona exactamente de forma contraria cuando consideramos con precisión lo que hacen los estados en comparación lo que el productor de bienes genuinos demandados por consumidores, lo que quieren los consumidores.

Y tenemos aquí unas pocas consideraciones. Mirad, un rey llega al poder por accidente de nacimiento. Ahora, esto no impide que el rey pueda ser un mal tipo. Sin embargo, si es un mal tipo, normalmente hay una dinastía, es decir, una familia de la que es miembro. Si es un mal tipo y arruina el país, los miembros de su familia estarán muy preocupados de que pueda perder el poder por este tipo de comportamiento. Y lo que hacen frecuentemente es rodear a este mal tipo con gente que le controle. Y si esto no funciona, frecuentemente recurren a los medios de sencillamente hacer que alguien mate al tipo, lo que, por supuesto, sería algo bueno.

Por otro lado, como llega al poder por accidente de nacimiento, tampoco puedes descartar que pueda ser un tipo decente, que pueda ser una especie de buen abuelo que se preocupa por su pueblo y todo eso. No puedes descartar que pueda ser en realidad un buen hombre. Después de todo, esta gente está educada así. Están preparados para este puesto. Y más a menudo que no, son personas decentes.

Preguntaos ahora qué ocurre bajo la democracia cuando tenemos competencia para este tipo de campo. Primero de todo, os dais cuenta de que si tenemos malos gobernantes democráticos, la probabilidad de que se mate a esta gente es comparativamente baja. ¿Por qué es baja? Porque toda la gente dice: vale, es solo por cuatro años y luego, por supuesto, vendrá a gobernar el lugar un tipo realmente bueno de mi partido. Y así hay cierta vacilación en matar al tipo porque todo lo que decís es que tenemos que esperar cuatro años y luego las cosas irán mejor. Así que menos muertes de gobernantes y creo que esto es algo malo.

En segundo lugar, preguntaos ahora si un buen tipo puede llegar al máximo en una democracia. Es decir, ¿puede un tipo que diga: no gravaré a los ricos para dárselo a los pobres, aplicaré estrictamente los derechos de propiedad privada, la gente rica no es gente mala ni la gente pobre es gente buena, no haré absolutamente nada, seguiré una política de laissez faire, puede una persona como esta llegar alguna vez a lo más alto del gobierno? Y os estoy diciendo que es absolutamente imposible. Tratad de realizar una campaña con este tipo de cosas. Tal vez podáis ganar en algún pequeño distrito, tal vez podáis ganar si las elecciones son en alguna pequeña villa en la que todos conocen a todos, pero sin duda no podéis hacer esto en una sociedad con millones de personas en las que cada una tiene, por supuesto, la tentación de robar a la gente, mediante el voto, su propiedad y beneficiarse personalmente de estos ejercicios de robo. Así que incluso en este caso, repito, creo que las monarquías son claramente superiores. No estoy defendiendo las monarquías.

Ahora llego a lo que es por tanto la respuesta correcta a la pregunta inicial de cómo aplicar estos tipos de leyes. Y la respuesta correcta es que tenemos que abolir el monopolio. Es decir, esta tarea debe asimismo ser asumida por personas o agencias que cumplan exactamente los mismos principios que todos los demás. Solo entonces tenemos, por supuesto, igualdad ante la ley. Es decir, aquellas instituciones, aquellas personas que proporcionen este servicio concreto de proteger nuestras vidas y nuestra propiedad deben ellas mismas cumplir exactamente las mismas reglas que requerimos que cumplan otras personas. Y llamamos a esto una sociedad pura de derecho privado, una sociedad en la que solo existe el derecho privado. Esta distinción entre derecho público, de un lado, y derecho privado, de otro, sencillamente desaparece.

Ahora, ¿cómo funcionaría una sociedad como esta? Primero, esto implica, por supuesto, que toda persona es perfectamente libre de actuar en defensa propia. Apenas diré algo más acerca de esto. Debería estar claro que igual que, en una sociedad compleja, no fabricamos nuestros propios zapatos o cosemos nuestros propios trajes o nos cortamos nuestro propio pelo, sino que confiamos en la división del trabajo, en una sociedad compleja, también confiamos en la división del trabajo en lo que se refiere a esta tarea concreta. Pero sin embargo, debería destacarse desde el principio que sí, por supuesto, cada persona tiene el derecho absoluto a la legítima defensa contra gente que agreda sus derechos de propiedad privada. Y no debería haber dudas en nuestra mente de que esto es un medio muy eficaz para alcanzar este objetivo. Sabemos, por ejemplo, que en el Salvaje Oeste, cuando el poder del gobierno federal no se extendía realmente hasta todos los rincones del país, que… y cuando casi todos estaban fuertemente armados la tasa criminal era realmente significativamente más baja que la actual. En las películas del Oeste, a veces tienes una impresión distinta, pero es un completo error. Se han hecho muchos estudios sobre esto.

Imaginemos, por ejemplo, lo probable que es que te conviertas en ladón de bancos si vas a un banco en el que todos los cajeros están armados. Antes de salir del banco, serás un hombre muerto.

La violencia que se producía en el Salvaje Oeste era, en la mayoría de los casos, realmente violencia entre participantes voluntarios. Es decir, si vas a un bar y luego te emborrachas y luego empiezas una pelea con otro y luego, vale, vamos fuera y vemos quién tiene razón y luego uno o ambos yacéis muertos en la calle. No es un delito. Es, después de todo, algo como, igual que una pelea de boxeo.

Esas dos personas simplemente decidieron que quería hacer eso. Nadie excepto esas dos personas tiene que preocuparse acerca de esto. Si no ibas a bares ni te emborrachabas, estabas bastante seguro en el Oeste.

Un libro muy importante en esta área lo ha escrito John Lott: More Guns, Less Crime. Da una enorme cantidad de datos empíricos que demuestran que, por supuesto, si la gente es libre para defenderse, las tasas de criminalidad tienden a bajar.

Pero, como dije, en una sociedad compleja esto es solo una pequeña parte, una pequeña contribución a nuestra defensa. Confiaremos en agentes y agencias especializados para proporcionarnos este servicio. Y un papel especialmente importante en todo esto probablemente lo desempeñen agencias aseguradoras.

Y quiero explicar cómo se prestaría este servicio por agencias aseguradoras en competencia. Y repito, no penséis en agencias aseguradoras como las que hoy existen. El sector asegurador es uno de los sectores más regulados actualmente. Pero pensad en empresas aseguradoras que tuvieran realmente libertad para competir en el mercado por clientes dispuestos a pagarles por sus servicios y a las que se permitiera cambiar su proveedor de servicios de seguridad si no estuvieran satisfechos con lo que está haciendo por ellos su agencia concreta.

¿Qué podemos esperar entonces en esa situación en la que agencias de seguro de defensa en competencia y similares nos proporcionen estos servicios? Lo primero que podemos esperar es que, como en todas las áreas en que tenemos libre competencia, los precios tenderán a caer y la calidad del producto tenderá a aumentar, como ocurre también en cualquier otra área. Ahora bien, si tenemos monopolistas haciéndolo, tendremos probablemente dependencia de precios mayor de la que habría en otro caso y la calidad del producto será menor de la que habría en otro caso.

La segunda cosa, en esa situación, es que podemos evitar la superproducción e infraproducción de seguridad. ¿Cuántos recursos deberían dedicarse a la producción de cerveza, a la producción de leche, a la producción de coches? En el mercado, son los consumidores los que deciden cuántos recursos se dedican a este propósito o a aquel. Los consumidores hacen que crezcan ciertas empresas o las hacen encogerse o finalmente desaparecer del mercado. Si tienes un monopolista proporcionando este servicio, nadie puede competir con él. ¿Cuáles serían sus respuestas, cuántos recursos deberían dedicarse a este propósito concreto? Y la respuesta es que cuantos más recursos dediquemos a esto, mejor nos irá como productores de este servicio concreto. ¿Debería haber un policía o debería haber 10 policías o 100 policías? ¿Deberían los policías llevar solo una porra o deberían llevar una ametralladora?

¿Deberían tener tanques para proporcionar este tipo de servicio?

Podéis imaginar que casi todos los recursos en una sociedad se utilizaran para protegeros, pero apenas os quede nada para comer.

El gobierno no tiene respuesta a cuántos recursos deberían dedicarse a este tipo de cosas. Pero deberíais daros cuenta de que la cantidad de seguridad que queremos, la cantidad de dinero que gastaríamos en sentirnos seguros es muy distinta de persona a persona y asimismo de región a región. Hay ciertas regiones en las que no necesitarías ningún proveedor especializado de seguridad en absoluto. Si vives solo en lo alto de una montaña, te puedes defender perfectamente por ti mismo. Si vives en regiones urbanas densamente pobladas, podrías querer pagar más por esto. Si eres una mujer anciana, podrían tener más miedo y gastar más de tus recursos en esto que si eres, quien sea, Arnold Schwarzenegger, que se siente capaz de lo que puede hacer por sí mismo o con unos pocos guardaespaldas.

Así que este problema se resolvería automáticamente si tuviésemos libre competencia en el área de la seguridad. Consigues tanto como quieras. Puedes aumentarla, disminuirla, pero no es que otra entidad te diga: esto es lo que yo digo que necesitas. Y, por supuesto, esta siempre piensa que más es mejor. Esto no significa que proporcione mejores servicios, sino que los gastos que se permite son cada vez más altos.

Luego, siguiente ventaja: delitos sin víctima. Sabéis que actualmente se dedican una gran cantidad de recursos a combatir delitos sin víctima, en particular, por supuesto, toda la guerra contra las drogas. Hay millones de personas en Estados Unidos encerradas porque no han nada más que, lo que sea, fumar marihuana o tomar cocaína o lo que sea, sin haber cometido ningún delito que tenga una víctima a la que puedas apuntar.

¿Podéis imaginar que una empresa aseguradora que os asegure u os proteja contra delitos sin víctimas os cobre evidentemente más que una agencia que se abstenga de ofrecer ese servicio? Es fácil predecir que, por supuesto, la mayoría de la gente, como no se ve afectada por delitos sin víctima porque, después de todo, no son víctimas de ellos, diría, no quiero pagar dinero extra porque haya una prostituta en algún lugar teniendo un cliente donde sea y detenerlos, por supuesto, requiere recursos extra. Después de todo, no realizo nunca actividad como esa. Solo quiero que me protejan en mi casa y en mi propiedad. Así que las empresas que ofrezcan esos tipos de servicios probablemente cierren instantáneamente. Actualmente, como dije, se desperdicia una enorme cantidad de recursos en cosas como esta, yendo contra delitos sin víctima.

Entonces, incluso más importante, las empresas de seguro tendrían que indemnizarte en caso de que te ocurriera algo. Os dais cuenta, actualmente, con la provisión en monopolio de estos servicios, dicen: protegemos tu vida y tu propiedad. ¿Qué pasa si alguien mata a alguien o entra en su casa? ¿Dice entonces el estado, mira, fallamos en hacer lo que se suponía que haríamos y como hemos fallado te debemos una indemnización? No he oído casos como este en el que el gobierno diga: me siento tan mal por lo que te ha pasado, y realmente fallé en mis obligaciones para contigo, y por esto, aquí tienes una indemnización.

Y como las compañías de seguros te habrían indemnizado en caso de… Imaginad que vais a una compañía de seguros y decís: vale, esta es la prima, vale, pago mi prima. Y luego decís: ¿qué pasa si me ocurre algo? Y luego ellos dicen: Bueno, mala suerte.

Podéis ver de inmediato que ninguna compañía de seguros despegaría si tuviera este tipo de actitud.

La gente quiere tener tres cosas en concreto. ¿Prevención? ¿Qué hay de la prevención? ¿Cuál es el incentivo de un policía pagado con impuestos para ser bueno en prevenir el delito? La respuesta es que prácticamente cero. Su salario no depende de si es bueno en prevenir o en no prevenir. En realidad, prevenir el delito sería algo peligroso. Es mejor dejarlo, poner multas de estacionamiento, exceso de velocidad y ese tipo de cosas. El peligro de que te disparen es relativamente bajo haciendo este tipo de cosas.

¿Por qué serían buenas las compañías de seguros en la prevención? La respuesta es, cualquier cosa que puedan prevenir, no tendrán que pagarla. Es decir, es un elemento de reducir el coste de operación para ellas, así que tienden a ser mejores en ello.

¿Qué es lo siguiente que quiere la gente? Lo siguiente que querría la gente es que, por supuesto, se recobrara todo lo que se haya robado o roto o lo que sea. Ahora, ¿qué probable es que si alguien roba algo en tu casa, tu coche o tu estéreo, que la policía encuentre esta cosa? La respuesta es que puedes olvidarte.

No encontrarán prácticamente nada salvo por casualidad.

Por otro lado, ¿cuál es el incentivo de los detectives de las aseguradoras, por decirlo así? El incentivo, por supuesto, es: trato de encontrar todo lo que pueda, porque lo que encuentre no lo tendré que indemnizar a la víctima. Un ejemplo: tengo unos amigos cuyo VW fue robado en Italia. Así que fueron a la policía italiana y dijeron: me han robado el coche y luego la policía tomó nota. Y dijo, ¿qué van a hacer ahora? Y dijeron: lo archivaremos.

Así que después fue a su aseguradora alemana y dijo: me han robado el coche. El detective del seguro era alemán y el coche fue robado en Italia. El detective del seguro lo encontró después de tres días. Sí, había daños graves en el coche y todo eso, pero, en todo caso, hubo una recuperación del objeto por una razón evidente: Le interesaba financieramente esto como agencia. No hay incentivo financiero por parte de las fuerzas de policía monopolizadas para hacer algo remotamente similar.

Por supuesto, lo último que queremos es que tengamos que atrapar al tipo y tengamos que castigarlo. Ahora, una compañía de seguros, por supuesto, tendría un incentivo para atrapar al tipo y luego obligarle a indemnizar a la víctima; lo repito, para reducir sus propios costes de operación.

Ahora, ¿qué hace actualmente el estado? Primero, casi nunca los encuentran, excepto para delitos capitales. Y si los encuentran, ¿Qué hacen? ¿Recibe la víctima del crimen alguna vez indemnización? La respuesta es que yo no he oído acerca de casos como ese. Así que no consigues indemnización.

Para rematarlo, a esta gente se la encarcela después. ¿Y quién paga por su encarcelamiento? La víctima es una de aquellas personas que tienen que pagar después por el encarcelamiento del perpetrador del delito. Y el alojamiento de delincuentes en prisiones estadounidenses es una empresa cara. No apostaría sobre estas cifras, pero he leído, hace tiempo, que cuesta casi 70.000$ anuales por hombre solo alojar a esta gente. Porque entretanto, por supuesto, pueden tener su buffet de desayuno y quejarse por los lavabos poco limpios. Pueden jugar al ping-pong, ver TV, hacer ejercicio, para que l próxima vez estén más fuertes cuando salgan. Incluso pueden estudiar derecho, hasta donde yo sé, de tal manera que la próxima vez sepan defenderse mejor.

Punto siguiente, las empresas de seguros definitivamente no te pedirán que te desarmes. Imaginad que vais a una compañía de seguros: quiero protegerme y cuál es la prima y todo eso. Y luego os dicen, sí, pero para poder protegerte mejor, primero debemos asegurarnos de que nos entregas todas tus armas.

Si tienes en casa un arma de fuego o un martillo o un cuchillo o algo así, todo me lo tienes que entregar y así podré protegerte mejor. Si os pidieran algo así, sabríais de inmediato que aquí pasa algo raro.

Sin embargo esto es, por supuesto, precisamente lo que hacen los estados en todas partes. En algunos casos, ya han ido más allá en esta vía. Y en otros países, han avanzado menos en esta vía. Pero en todas partes el intento es exactamente el mismo, desarmaros. Y, por supuesto, esto es lo que haría cualquier agencia que se dedique a robar a otra gente. Sí, por supuesto, si yo estuviera en el negocio del robo, me encantaría saber que ninguno de vosotros tiene cuchillos afilados, martillos, hoces, cualquier cosa así, por no hablar de revólveres o ametralladoras en casa, porque entonces puedo entrar libremente en vuestras propiedades. Soy el único que tiene armas y me es fácil dedicarme la actividad a la que me dedico.

Habría asimismo un sistema en el que tendrías una provisión competitiva de seguridad, un intento de todas las compañías de seguros de hacer que sus clientes cumplan con ciertas normas de comportamiento civilizado. Una empresa de seguros no te cubrirá, no te ayudará si provocas a otra gente. Solo te asegurará si ha sido provocado, si has sido agredido, pero no si acabo de golpearte en la cabeza y tú me respondes y luego corro a mi aseguradora: ayudadme, este tipo me está atacando, si este fuera el caso yo fui el que inició todo. Es decir, quieren que se eviten los conflictos. Y para evitar conflictos, todo cliente que sea aceptado por una compañía se verá forzado, se verá obligado a cumplir con: “Tienes que comportarte de una manera no provocadora. Solo entonces, por supuesto, te proporcionaremos este servicio. Pero si te comportas como una bestia salvaje, no te aceptaremos como cliente”. En realidad habría listas negras, listas de gente que no será asegurada porque sea considerada un riesgo demasiado alto. Y si no tienen seguro, la vida es muy peligrosa.

Así que los justicieros también desaparecerían en buena medida, porque los justicieros, por supuesto, son también caros. Si te dedicas a las represalias o algo parecido, es algo caro para las aseguradoras. Solo si los ataques inmediatos se hacen contra ti, se te permitiría, por decirlo así, defenderte. Si ya se ha acabado y sabes quién es el tipo e inmediatamente vas a por él y luego, como represalia de su familia y todo el resto, todo esto, en general, desaparecería instantáneamente en un libre mercado de provisión de seguridad.

Y lo que es más importante, habría contratos que se os ofrecerían. Mirad, actualmente no tenemos contrato alguno con el estado: ellos dicen: os protegemos. ¿Pero tenemos algo a lo que podamos acudir, qué ocurriría en qué tipo de caso en qué situación? La respuesta es que no en absoluto. Repito, id a una aseguradora y dirán: esta es la prima que cobramos. Y luego les preguntaréis: ¿qué ofrecéis a cambio? Dicen: No lo sé, depende de las circunstancias. Se os ofrecerá un contrato y el contrato, atendiendo, por decirlo así, a varias contingencias, qué ocurrirá en esta y aquella situación.

Y, por supuesto, el contrato no puede cambiarse. Es decir, la empresa de seguros no puede decir, mira, te ofrecemos este contrato pero nos reservamos el derecho por nuestra parte de cambiar unilateralmente el contrato mientras dure. Eso es precisamente lo que, sin embargo, hacen los estados. Los estados cambian constantemente las leyes, hacen que algo que ayer era todavía legal mañana sea ilegal y viceversa. Así que las reglas se cambian constantemente. Ningún contrato ofrecido por las compañías de seguros estipularía nunca: podemos cambiar unilateralmente las reglas, declarar que esto es legal y eso ilegal y, mañana, cambiar de idea y redefinir las cosas.

Y el hecho de que se ofrezcan contratos tiene ahora las siguientes ventajas adicionales. Podemos imaginar tres escenarios. Podemos imaginar que dos individuos tienen un conflicto entre sí que están protegidos por la misma agencia, por la misma agencia de seguros. Todos saben que puede producirse este caso, que yo tenga un conflicto con alguien que sea cliente de la misma compañía. Evidentemente, sabiendo esto, toda empresa, en sus contratos, tendrá una cláusula de que lo que ocurra en ese caso de que uno de mis clientes tenga un conflicto con otro de mis clientes. Y luego describe, por decirlo así, el procedimiento que se pondrá en marcha. Ambos clientes están de acuerdo en este procedimiento desde el principio y luego sencillamente se aplicará, Igual que hay un fin para ello como pasa ahora.

El segundo caso que podemos tener es que yo tenga un conflicto con alguien que esté asegurado en una compañía distinta de la mía. De nuevo toda compañía ofrecería a sus propios clientes un contrato con una cláusula de qué ocurrirá en este caso, porque todos sabemos que, por supuesto, puede pasar, que tenga un conflicto con otro asegurado por otro. Así que repito, hay cláusulas en el contrato que dicen qué pasará en ese caso. Si estas dos compañías de seguros llegan a la misma conclusión, yo soy el culpable o tú eres el culpable, no hay problema. Y sea lo que sea lo que decidan, llegan a un acuerdo unánime. Podría haber audiencias y todo esto. De nuevo estará exactamente estipulado lo que pasará. Luego esto se aplicará. No hay problema.

Ahora llegamos al caso más complicado, pero, en cierto modo, el más interesante. ¿Qué ocurriría en el caso de que dos personas estén aseguradas en una compañía diferente, tengan un conflicto y lleguen a juicios diferentes? Es decir, mi compañía dice que tengo razón y tu compañía dice que tú tienes razón. Bueno, entonces desempatarían. Repito, todos saben, por supuesto, que esta situación puede producirse y, de nuevo, que cada compañía tiene un incentivo, por decirlo así, para decir exactamente qué ocurriría en este caso. No estamos de acuerdo en quién tiene razón y quién no, ¿qué hacemos en este caso? Ahora, ¿diría la compañía entonces: vale, en este caso una compañía decide, tiene la última palabra, y la otra será desautorizada? Ninguna empresa ofrecería un contrato así. Nadie querría estar asegurado con una compañía que siempre pierde. No. En este caso, lo que harían es apelar a terceros independientes. Es decir, a agencias de arbitraje que también competirían en el mercado, que ofrecerían precisamente este servicio, que no son, por decirlo así, parte de la Compañía A, ni parte de la Compañía B, sino una parte completamente independiente. Ahora sumirían este tipo de caso. Y podría haber distintos niveles de esto, pero ¿cuál sería el incentivo de esa tercero árbitro, cuál sería el incentivo financiero para que actuara? La respuesta es que ninguna agencia de arbitraje independiente de terceros tiene garantías de que se acudirá a ella en el próximo caso. Para mantenerse en el negocio, lo que deben hacer es llegar a una sentencia que se considere un juicio justo por parte de ambas aseguradoras y, por implicación, también por los clientes de ambas empresas aseguradoras. Y esto significa, por supuesto, que lo que será el juicio es un juicio que incorporaría, por decirlo así, el mayor grado posible de consenso sobre los principios de la justicia.

Para explicar esto un poquito más, podemos imaginar, por ejemplo, que tenemos agencias que siguen internamente el derecho canónico o la ley mosaica o el derecho islámico o lo que sea. Esto se refiere solo a gente que sean ambos miembros de este grupo. Ahora, ¿qué pasa si hay un conflicto entre, lo que sea, un cristiano y alguien que esté asegurado como musulmán, una organización islámica o alguien que es del derecho canónico comparado con la ley mosaica? La respuesta, por supuesto, es que las agencias de arbitraje que se ocupen de esos casos deben llegar a principios de justicia que sean generalmente universales, es decir, que son tan generales que todos ellos, en su código legal interno, distintas agencias y clientes puedan estar de acuerdo. Así que tendríamos una mayor variedad de derechos, además de una tendencia constante a crear un legal universal, un código universal de derecho. Y este código universal de derecho probablemente sería este tipo de derecho legal que podría existir como máximo común denominador de todos los distintos sistemas legales.

Debería mencionar, ya sabéis, cuando termino, que en lo que se refiere a las relaciones internacionales, ya hay algo como esto hasta cierto punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si un canadiense tiene un conflicto con un estadounidense? ¿Os dais cuenta de que a veces canadienses y estadounidenses pueden vivir muy cerca unos de otros? Al otro lado de la calle, por decirlo así. ¿O un conflicto entre un suizo y un alemán? Solo una calle los separa. No hay juez monopolista en este caso. Es decir, esta gente, el alemán y el suizo, el canadiense y el estadounidense viven en un estado de anarquía entre sí. La primera observación: ¿hay más conflictos entre canadienses y estadounidenses que vivan cerca entre sí que entre estadounidenses, dos estadounidenses que vivan cerca? No lo creo. ¿Hay más conflictos entre ciudadanos suizos y ciudadanos alemanes que vivan cerca entre sí que entre gente suiza, dos tipos suizos que vivan cerca o dos tipos alemanes? No lo creo. ¿Qué hacen, qué pasa en este caso? El suizo va al tribunal suizo. El alemán va al tribunal alemán. Si están de acuerdo, no hay problema. Si no están de acuerdo, aparecerá de nuevo el arbitraje en este caso. Y este arbitraje en el sistema actual son, por supuesto, también tribunales de arbitraje semiestatales porque, después de todo, incluso estos tribunales supranacionales están, otra vez, ocupados por gente que este o aquel estado envía a estos tribunales. Pero sin embargo, podéis ver que, al menos en lo que respecta a la frecuencia y viabilidad de las operaciones, el hecho de que no hay un juez en monopolio no causa ningún problema. Y lo que estoy proponiendo, el mismo tipo de cosa podría, por supuesto, funcionar también dentro de cualquier país concreto.

Con esto termino y os dejo que penséis sobre esto.

Publicado el 11 de marzo de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

Este documento tiene el propósito de discutir la posibilidad de un proceso de justicia verdaderamente libertario. Con “verdaderamente libertario” quiero decir uno que prescinde de todo el sistema de leyes promulgadas por el estado, cortes del estado, prisiones del estado.

La mayoría de los libertarios son anarquistas. Eso sí, anarquistas coherentes. La otra especie de anarquistas, los “izquierdistas” o “anarcosindicalistas”, no tienen una respuesta convincente para el problema de la justicia o de cómo se le da a cada uno lo suyo. Un tema medular para la vida en sociedad. Los libertarios tratan este problema de “cómo le damos a cada uno su merecido” objetivamente, y no de forma arbitraria como sucede en todos los sistemas estatales e izquierdistas-anarquistas. La respuesta libertaria a esta cuestión se llama derechos de propiedad . La manera de determinar qué se nos debe a cada uno de nosotros en la sociedad consiste en definir y hacer valer los derechos de propiedad. Es decir, existe una medida objetiva para determinar si hemos sido privados de lo que nos toca o si tenemos una causa para buscar la justicia.

Aún entre los libertarios, empero, hay gente que no cree que uno puede prescindir del estado en la administración de justicia. Ellos sostienen que ésta es una de las dos razones para mantener un aparato estatal mínimo (la otra son las relaciones con otros estados, a través de la diplomacia y la defensa). Parece que de izquierda a derecha del espectro político hay un fuerte consenso de que la justicia no puede ser provista en forma sustancialmente diferente de la que existe hoy; es decir, por las cortes del estado; y que los culpables deben ser condenados a la privación de dinero, en la forma de multas pagadas al estado, o la privación de movimiento, en la forma de una sentencia a prisión, o ambas. Muchas jurisdicciones agregan la pena de muerte y un pequeño número usan las palizas o mutilaciones. Se cree que la violencia debe ser la repuesta a la violencia.

Pero está claro que el castigo no funciona. Primeramente, la violencia contra el autor de un crimen no niega la violencia original perpetrada contra la víctima; simplemente contribuye a la cantidad total de violencia cometida en el mundo. En segundo lugar, el efecto disuasivo del castigo aún tiene que ser probado. A través de la historia, las más horribles torturas practicadas públicamente a los delincuentes nunca han servido como un disuasivo real; si así fuera, nuestros antecesores hubieran disfrutado de un mundo libre del crimen. Si el castigo fuera disuasivo, las cárceles estarían vacías, y si las cárceles funcionaran, no serían necesarias. En tercer lugar, este ciclo de violencia no parece beneficiar a nadie. No redime al criminal; en realidad, es generalmente aceptado que las prisiones son escuelas para el crimen. Las sentencias a prisión no son solo grotescamente ineficientes; también son irracionales. Los costos de lidiar con los criminales caen justamente sobre los hombros de las víctimas o víctimas potenciales. (Es una de las pocas genuinas discriminaciones contra la mujer en la sociedad contemporánea, ya que ellas tienen que cargar con los costos de los centros penitenciarios, cuando entre el 80 por ciento y 90 por ciento de los internos son hombres).

Existe una preocupación adicional para un libertario, empero, y consiste en que el procedimiento actual de justicia está basado en un principio colectivista, el cual coloca a la “sociedad” claramente por encima del individuo. La justicia hoy es un asunto entre el presunto criminal y la sociedad. La ausencia de la víctima es notable, especialmente bajo el derecho romano; ésta no recibe justicia. El juicio es conducido por un fiscal que no representa a la víctima; pero actúa en nombre de la “sociedad”. Aún cuando la víctima retira su demanda, los procedimientos contra el transgresor o agresor continúan, ya que el propósito del proceso criminal es condenar y castigar al agresor en vez de obtener una justa compensación para la víctima. Que la víctima esté asegurada y cobre a su compañía aseguradora por los daños, es un asunto independiente del caso ante la corte. Al sistema judicial no le interesa la suerte de la víctima. En otras palabras, las organizaciones del estado han confiscado los derechos de la víctima. Alegan subrepticiamente que los crímenes son cometidos no tanto contra un persona como contra la “sociedad”.

Esta misma noción del crimen contra la “sociedad” deja una puerta ampliamente abierta a las peores manifestaciones del fascismo. Un crimen es lo que el gobierno dice que es un crimen. Para un gobierno puede ser una ofensa abrir su almacén un domingo, y para otro, un sábado; la bigamia es un crimen aquí, pero muy aceptado en el mundo árabe; cientos de millones de gente viven bajo gobiernos que castigarían con un azote público a cualquier persona que encuentren tomando vino, pero aceptan con tranquilidad que cualquiera fume marihuana; e igual cantidad de personas viven bajo regímenes que los encarcelarían por un cigarrillo de marihuana, pero hasta recomendarían que el individuo se tome un vaso de vino por día. Con esta lógica, no hay una razón objetiva por la cual un gobierno no debería decretar que es criminal tener el pelo rojo, dar la espalda a una mezquita o participar en una conferencia libertaria. Mientras la justicia continúe siendo administrada en nombre de la sociedad, continuaremos a merced de aquéllos que alegan hablar en nombre de la sociedad y quienes pueden declarar a su antojo que este individuo es un criminal y que este otro no lo es.

La Ley del Talión

Nuestra más antigua definición de justicia, no obstante, está formulada precisamente para protegernos de las acciones arbitrarias de aquéllos en el poder. El principio fundamental de la justicia en nuestra sociedad judeo-cristiana es la enseñanza bíblica: “ojo por ojo, diente por diente” . Los hebreos vieron en esta identidad de crimen y castigo -“ojo por ojo”- un gran avance con respecto a lo que hubo antes. Significaba que al menos había una ley para limitar la arbitrariedad de los gobernantes; ya no podían cortarle la mano a alguien que simplemente había robado una gallina.

La implicación expresa de “ojo por ojo…” es que no hay tal cosa como un crimen sin víctima . Si no se ha quebrado ningún diente, entonces ningún crimen se ha cometido. Esto es fundamentalmente libertario. Lo que usted haga consigo mismo o lo que hagan dos adultos bajo mutuo consentimiento, quizá sea moralmente reprochable, pero ¿por qué debería ser declarado ilegal? Hay una diferencia fundamental entre un vicio y un crimen. Un vicio no es un crimen. Así, si a alguno le gustaría fumar algo con más sabor que Marlboro o leer algo más picante que Playboy, puede invocar Exodo XXI, 23, en su defensa.

El gran filósofo libertario Murray Rothbard es uno de los pocos autores modernos que quieren que apliquemos literalmente este precepto bíblico de “ojo por ojo”. En un capítulo algo surrealista de ” La ética de la Libertad ” nos cuenta de verdugos apaleando, apuñalando o quebrándole los huesos a un agresor convicto, exactamente como éste lo hizo con su víctima. Supuestamente debemos aceptar que este proceso crea una igualdad entre el crimen y el castigo. Quebrarle la pierna izquierda a un navegante en una riña de bar después de una acalorada disputa es una cosa, pero quebrarle la pierna izquierda al agresor a sangre fría, en una cámara de tortura, es algo totalmente distinto. El dolor y el sufrimiento causados a una persona por ciertos actos nunca pueden ser idénticas al dolor y sufrimiento que los mismos actos le causarían a otro individuo. Por ejemplo, si se parte del principio de “ojo por ojo”, ¿qué se le hace a un violador?

Parece que ésta es la razón por la cual, en cada sociedad, la ley ha intentado crear una equivalencia -y no el buscar una identidad- entre crimen y castigo. No es un ojo lo que los fiscales reclamarán por un ojo, sino un período en prisión o una multa considerados como equivalentes. El problema que surge aquí es que esta equivalencia, por sí misma, es creada arbitrariamente. La seriedad de una ofensa es un concepto que ha variado ampliamente a través del tiempo. Los legisladores y los jueces no han sido capaces de encontrar un castigo que se ajuste al crimen objetivamente. Ese acto blasfemo (para la cristiandad) que le habría costado a usted muchísimo hace unos pocos siglos, difícilmente haría fruncir el ceño hoy. Una violación no hubiera sido suficiente para enviar a un hombre a la cárcel antes de que el movimiento feminista de hace pocas décadas hiciera que los legisladores y jueces tomaran conciencia de sus devastadoras consecuencias.

La Única Víctima es la Víctima, no la “Sociedad”

Hagamos un resumen de lo que hemos abarcado hasta ahora. Hemos examinado lo que creo son los dos rasgos distintivos de un sistema de justicia del estado. Por un lado, la sociedad ejerce violencia vengativa contra los delincuentes convictos en la forma de multas, un período en prisión e incluso la pena de muerte. Esto se hace arbitrariamente; la misma ofensa puede significar un castigo diferente en dos jurisdicciones diferentes o en momentos diferentes. Por otra parte, la víctima no es parte del proceso judicial. Es como si la “sociedad” nacionalizara la pena y los daños causados a las víctimas: la mentalidad colectivista en función. Lo que me propongo hacer ahora es llevarlos a través de una amplia descripción de lo que sería otro paradigma de justicia, uno que revertiría el proceso, colocando a las víctimas y no a la “sociedad” en el centro del sistema y consecuentemente buscaría detener el ciclo de violencia. El propósito de tal sistema sería la restitución a la víctima , una completa compensación por las pérdidas y daños que él o ella sufrió.

Creo que en este ensayo me estaré alejando de la noción tradicional de justicia criminal, basada en la culpa y el castigo, para observar solamente los conceptos de ley contractual. Este método está claramente dentro de la definición tradicional de justicia: dar a cada persona lo suyo. Lo que esta definición significa es que la justicia tiene que ver con los derechos de propiedad, y sólo con los derechos de propiedad y su violación. ¿Dónde, me pregunto, obtenemos la idea de que la justicia demanda un castigo? Piense sobre esto: si el regreso al statu quo ante fuera posible, una vez alcanzado, la justicia se habría dado y ningún castigo hubiera sido justificable. Entonces, ¿no es la solución más cercana una completa compensación por el daño causado, por ejemplo, crear una situación que no puede ser el statu quo ante pero que se propone llegar tan cerca de él como sea posible? Si la vista de una víctima cegada no puede ser restablecida, por lo menos tiene derecho a alguna compensación por parte del agresor por la pérdida de la visión, quizá en términos monetarios o en otros términos; pero ¿dónde está el beneficio para cualquiera si se toma el ojo del agresor o se le pone detrás de las rejas? ¿Cuál es la racionalidad del castigo? El castigo es una especie de ritual, de clímax. Puede satisfacer profundos impulsos psicológicos hacia la violencia y la venganza, los mismos impulsos cuya erradicación debería ser el propósito de la civilización, pero que la gente que codicia el poder político está muy dispuesta a manipular. Esta es la razón por la cual esta cuestión de la justicia es medular para una sociedad libre.

Un proceso judicial basado en la pura restitución es muy simple, por lo menos en teoría. La única cuestión es la restitución a la víctima de lo que es justamente suyo – esto es, su propiedad o su equivalente en valor, más la pérdida de tiempo, costo de oportunidad, costo de quitarle la propiedad al criminal, etc. El proceso judicial comienza con un problema de conocimiento: ¿Ocurrió una violación de propiedad? ¿Quién la perpetró? ¿Podemos devolverle la propiedad a su dueño? Si no, ¿cuál es el valor equivalente a que tiene derecho el dueño? La justicia se limita a este asunto de conocimiento y restitución, nada tiene que ver con castigo y no hay necesidad de una “legislación”.

Nuestro Interés Propio Dicta Que Seamos el Defensor de Nuestro Hermano

Si aceptamos que no hay un crimen a menos que una víctima lo haya reportado y que no puede haber acción judicial distinta a la búsqueda de la restitución de parte de los autores del crimen, entonces nos encontramos frente a un problema verdaderamente grande: ¿es siempre posible la restitución?

Ilustraré esta cuestión con unos pocos ejemplos. Cuando se quiebra una ventana, parece fácil para un juez, con el consejo de expertos, evaluar el daño y conseguir que el lanzador de piedras pague el costo de reemplazo y los daños colaterales, tales como una nueva alfombra si la lluvia deterioró la ya existente. Si el carro ha sido robado, el ladrón, una vez condenado, deberá devolverlo, por supuesto, y pagar por los daños, tales como el costo del tiempo utilizado por la policía para localizarlo a él y al carro, el millaje recorrido sin autorización, el consumo de combustible, el deterioro y el costo de la renta de un auto de reemplazo que utilizó el dueño, etc. Estos costos son fácilmente valuables. El problema de la restitución parece más complejo, verdaderamente insuperable, cuando se refiere a a situaciones como la de un asesinato. ¿Qué restitución es posible en este caso y quién debería recibir la compensación? Los herederos tal vez. Pero veamos el caso, más difícil, del asesinato salvaje de un pequeño niño. Esto es en verdad un acto que no debe quedar impune. Sin embargo, no hay herederos aquí para cobrar la compensación. ¿Los padres? Bueno, uno podría argumentar, aunque cínicamente, que en términos monetarios los padres estarían en mejor posición al no tener que gastar en juguetes, comida, matrícula escolar, vacaciones …, ahorros que prontamente amortizarían los costos de un funeral inesperado. Hay, por supuesto, la pena psicológica y el sufrimiento, pero ¿cómo le pone un juez valor a la pena moral? Y si encuentran que los mismos padres son los criminales (estos horrores suceden, ¿no es cierto?), ¿quién estaría autorizado para buscar compensación?

Consideremos también el caso de un pensionado, viviendo en aislamiento, como desafortunadamente lo hacen tantos actualmente. Su cuerpo sin vida es encontrado en una mañana por sus vecinos. Nadie llora su muerte y el fondo de pensiones, de hecho, entrega una pensión menos. ¿Quién se molestará para iniciar una acción legal y quien, en realidad, tiene el derecho de reclamar alguna restitución por esta pérdida de vida? En estas circunstancias la paradoja consiste en que al criminal le convendría matar sistemáticamente a sus víctimas, porque si la víctima ya no está, parece que nadie puede iniciar una acción legal. Sin la actuación de un fiscal en nombre de la “sociedad”, parece que mi proceso judicial libertario garantiza impunidad a peligrosos asesinos en serie de pequeñas ancianitas.

Esta opinión, sin embargo, minimiza la inmensa capacidad del mercado para proveer soluciones. Hoy, los gobiernos obligan la solidaridad entre los seres humanos, pero la solidaridad existe naturalmente. Existe generalmente entre miembros de una familia, también entre miembros de la misma iglesia, el mismo pueblo, la misma empresa, sindicato, asociación cultural, etc. Mi punto es éste: el estado ha confiscado la solidaridad que existe entre la gente . Sí privatizamos la justicia, le devolveremos a la gente la posibilidad de recrear entre ellos mismos la red que existe en cualquier sociedad, excepto en nuestros modelos socialdemócratas y socialistas.

Hoy, el estado limita forzosamente las soluciones de mercado en el campo de la justicia. Si yo supiera lo que estas soluciones de mercado pudieran ser, sí yo supiera lo que la gente puede inventar cuando se les permite hacerlo, de hecho sería un hombre muy rico. Mi pretensión aquí se limita a bosquejar unos pocos escenarios y a considerar su posibilidad. En mi último ejemplo, mencioné un pensionado sin ningún lazo familiar, sin ninguna afiliación de ninguna clase. Este aislamiento es improbable en una sociedad libertariapor razones que no puedo explicar en las pocas páginas de este ensayo, pero asumamos que el aislamiento es el caso aquí. Aún en estas circunstancias extremas, el viejo interés se asegurará de que haya protección hasta para el más misántropo. ¿Cómo funciona el interés personal en situaciones como la del viejo pensionado? Sugiero que sus vecinos podrían bien pagar a una compañía aseguradora por un contrato que garantice una cantidad de dinero a su Asociación de Arrendatarios o a su caridad favorita, en el caso de que el pensionado sea asesinado. El mismo propietario del edificio se podría afiliar a ese tipo de contrato de seguros. ¿Por qué lo haría? Porque cualquier individuo sin seguro de vida podría convertirse en el blanco de un asesino, y de uno que tendría la impunidad garantizada. Esta no es la clase de situación que uno querría en su comunidad. El hecho de que una víctima señalada o identificada viva en el mismo edificio no es un buen argumento de venta de un propietario frente a arrendatarios potenciales. Afortunadamente, los crímenes violentos ocurren raramente en la sociedad y aún más raramente en una sociedad libertaria que no despliega el ejemplo de violencia policial y militar institucionalizadas en nuestras sociedades actuales. Así, las primas para asegurarse contra el riesgo mínimo de un asesinato serían muy bajas (en verdad hoy ya lo son). Serían costeables por todos, incluyendo a terceras personas, como los propietarios de apartamentos, vecinos y, aún más, claro está, los filántropos ricos. Estos últimos, libres de la carga de impuestos, tomarían como su deber moral el asegurar a los más pobres en la sociedad. Yo sugeriría también que muchas instituciones de caridad comprarían una prima sobre la vida de pequeños niños e individuos desprovistos, en el entendido de que ésa es su misión, y que por una pequeña prima, ellos estarían en la posición de cobrar un gran capital, si, contra todas las probabilidades, uno de sus asegurados fuera asesinado.

Por su parte, la compañía aseguradora insistiría en que el asegurado esté afiliado a una agencia de protección (una policía privada) o ella misma lo haría por él, en el entendido de que es menos probable que asalten a un individuo protegido. Si la agencia de protección falla en resolver demasiados casos, rápidamente perdería clientes; así que está en su mejor interés el perseguir a cualquier y a todos los agresores -sin importar quien sea la víctima- para así mantener una ventaja competitiva.

Restitución a la Víctima

En una sociedad libertaria, el objetivo del criminal convicto sería resarcir a su víctima tan pronto como sea posible para recobrar su libertad. La víctima no tendría objeción a una restitución pronta. Entonces ambos estarían de acuerdo en que los ingresos del criminal, salvo por una cantidad para asegurar su subsistencia, sean asignados a la víctima hasta que se complete la restitución -este procedimiento se sigue hoy cuando alguien se declara en bancarrota personal. Si el criminal no tiene un trabajo fijo o si se cree que podría renegar de su obligación, su víctima podría pedirle a la corte que sea detenido en un campo de trabajo forzado, donde el criminal sería estimulado a ganar tanto como sea posible. En verdad, a los dueños de dichos campos les interesaría que sus internos generen tanto valor como sea posible. Aún si tomara más que la duración de una vida para pagar su deuda a la víctima, ésta y su compañía aseguradora desearían que el convicto trabaje en tan buenas condiciones como sea posible, para que la mayor restitución sea efectuada.

El concepto de trabajo forzado evoca inmediatamente algunos de los peores episodios en la historia de lugares como la Guyana Francesa y Australia, con una diferencia, sin embargo: a los convictos en Australia y Cayenne nunca se les pidió hacer algo útil, cualesquiera que fuesen sus talentos. Totalmente lo opuesto. En los campos de trabajo forzado del oeste no se pretendía producir nada. El trabajo era puro castigo, repetitivo, aburrido y, sobre todo y a propósito, depresivamente inútil. Esto es exactamente lo opuesto de lo que pasaría en un sistema centrado en la restitución de la víctima y no en castigar en nombre de la “sociedad”.

Lo que importa aquí es que la relación se da entre el criminal y la víctima. Sí la víctima decidiera en cualquier momento que ya no tiene ningún reclamo en contra del criminal, que ella ya se considera totalmente compensada, entonces el criminal sería librado automáticamente de todas sus obligaciones. ¿Por qué alguien que no sea la víctima debería tener algo que decir en este asunto? No puede haber tal figura como una legítima condenación por la “sociedad”; esto es, por la gente que no ha sufrido la agresión. (Como un concomitante de esto, el criminal no puede racionalmente cometer un acto de venganza contra la “sociedad”).

Justicia Privada

Mi única ambición a estas alturas es presentar un caso convincente de que a nadie se le negaría la justicia en una sociedad sin estado. Aparte de un estado “benevolente”, hay muchos grupos que estarían interesados en que se le haga justicia aún a los miembros más pobres de la sociedad.

Cuando los únicos conflictos en la sociedad se relacionan con los derechos a la propiedad privada y no existe ninguno de los crímenes imaginarios que inventan los políticos, los casos presentados ante las cortes son menos. (Nuestras cortes y prisiones no estarían abarrotadas, como lo están hoy, si no existieran los delitos relacionados con los impuestos y las drogas. Estos crímenes sin víctimas representan la mitad de las condenas dictadas por los jueces en Francia y Estados Unidos). Los jueces independientes, trabajando por su cuenta o empleados por agencias privadas de justicia, remunerados por las partes interesadas (los clientes), serían mucho más efectivos que los nombrados por el estado. ¿Por qué? Dado que el litigar es costoso, las agencias aseguradoras y sus clientes presentarían sus casos sólo ante aquellos jueces que sean bien conocidos por su honestidad y equidad -¿quién querría el costo de una apelación? Las agencias de justicia privadas perderían rápidamente a su clientela si sus veredictos fueran cuestionados en demasía. Dictarían un veredicto de restitución sólo después de asegurarse de que la víctima a ser restituida es realmente la víctima, que el criminal obligado a pagar la restitución es realmente el criminal y que la cantidad fijada como restitución es justa. Lo que está en juego no es sólo la reputación de las agencias de justicia y policiales; su bienestar financiero también. La mejor garantía que pueden tener las partes de una querella judicial de que los procedimientos serán justos, es que los jueces privados y las agencias de justicia se responsabilicen ante ellos en caso de un mal juicio.

La potencial responsabilidad personal del juez tanto para con el quejoso o demandante como para con el acusado es una de las principales diferencias entre un sistema estatal de justicia y uno libertario. Un juez en una sociedad libertaria sería responsable por sus veredictos. A diferencia de lo que sucede en un sistema estatal, no podría dictar un veredicto y si resultara errado, permanecer intocable. Su función sería restaurar la paz entre las partes, y este objetivo no podría ser alcanzado si un veredicto es injusto para una de las partes o si esa parte no tiene ninguna posibilidad de ser restituida por el autor de la injusticia. Cuando una parte (persona) ha sido condenada equivocadamente por un crimen y forzada a pagar por los daños, el juez debe tener la responsabilidad de compensar al inocente por la pérdida financiera sufrida y por la mancha de su reputación. Al contrario, la víctima (o su asegurador) podría buscar compensación de un juez que ha liberado al verdadero autor de un crimen, privandola de la restitución debida.

Y porque el cliente final del juez privado sería la compañía aseguradora en la mayoría de los casos, el pobre recibiría tan buen trato como el rico. En verdad, esto ocurre hoy: la compañía aseguradora del conductor de un Rolls Royce no gana automáticamente sobre la compañía que asegura al conductor de un 2CV, aún cuando ellos lleguen a un acuerdo fuera de las cortes del estado.

Uno se pregunta por qué la justicia alguna vez se involucró con la noción de culpa (probablemente un fantasma del tiempo cuando toda la justicia era servida en el nombre de Dios). La culpa pertenece al reino de la moralidad. Podemos hacernos juicios morales y, en verdad, los debemos hacer cuando algunos comportamientos nos ofenden. Debemos enseñar nuestras creencias morales y practicarlas. El ser moralmente correctos, sin embargo, no nos da derecho sobre nadie. Porque si estamos de acuerdo con los libertarios de que todos los derechos son derechos de propiedad, también estaremos de acuerdo con que nadie puede reclamar una ley moral como de su propiedad. Por consiguiente, ninguna restitución procede (¿en qué consistiría y a quién se le debería?) por el solo hecho de que una ley moral ha sido violada sin una correspondiente violación de un derecho de propiedad.

Algunas Objeciones

Varias objeciones vienen a la mente inmediatamente. Primero, mientras que un argumento de este tipo en favor de un proceso de justicia basado en la restitución en lugar del castigo podría sonar racional, casi no toma en cuenta nuestras muy arraigadas normas éticas, donde la intención es casi tan importante como el acto mismo. Por ejemplo, una ladrona ve obras de arte y joyas en el apartamento que ha allanado. Ella podría ser incapaz de notar la diferencia entre copias baratas y sus originales. La intención de cometer un robo, no obstante, es la misma. Es solo por accidente que ella se lleva las imitaciones, las cuales pierde después por mala fortuna. Cuando la atrapan, ella tendrá que pasar solo unos pocos meses en un campo de trabajo para compensar al legítimo dueño, mientras toda su vida en un campo de trabajo forzado no hubiera sido suficiente para ganar el valor monetario de lo los cuadros y joyas reales. Sin embargo, no es más ladrona en la segunda instancia que en la primera. Mi respuesta a esta crítica es que no hay tal cosa como una agresión sin consecuencias. Cometer el más pequeño hurto es como tener sexo sin protección. Tal vez no ocurra nada, tal vez un problema menor, o uno muy serio. Cualquiera que sea la consecuencia, el que ha iniciado la agresión debe enfrentarla.

Segundo, dado que los veredictos siempre son arbitrarios, ¿no se puede decir que por lo menos bajo el sistema estatal todos los criminales son iguales cuando están cumpliendo su sentencia? De nuevo, no realmente. Una misma condena a prisión puede afectar a dos individuos de formas muy distintas e incluso podrían enfrentar la pena de muerte en diferente estados de preparación psicológica y espiritual. Aún la aparente igualdad de “ojo por ojo”… es engañosa: el ojo del pintor vale más que el del músico. De igual manera, la obligación de pagar a sus víctimas por el daño que ellos les causaron no tendría el mismo impacto en dos criminales. Para un millonario sería mucho más fácil compensar por el robo de un carro que para un pícaro desempleado. Los millonarios, sin embargo, generalmente no sienten el impulso de robar carros. Esto es así porque habiendo alcanzado su posición financiera, ellos tienen otros valores y la integración social les es más importante. La restitución puede no llevarlos a la bancarrota, pero es concebible que su posición social y su reputación sean severa y permanentemente afectados por una condena por robo. El caer en tal descrédito es lo que constituye una sanción muy real para el hombre rico, aunque no afectaría así al desmañado patán.

Tercero, algunos alegarían que este sistema de justicia le pone un valor monetario a cualquier fechoría. Los marxistas ridiculizarían mi concepto de un proceso de justicia libertario como el paso final para convertir a toda acción humana en una mercancía. Esta es solo una manera, no obstante, de ver este asunto. Así como el matrimonio es más que un contrato que define las obligaciones mutuas y la división de los bienes de los esposos, en cualquier proceso judicial, libertario o no, hay mucho más en juego que la búsqueda de la restitución. Hay todo un rango de emociones -sed de venganza, odio, miedo, culpa, compasión- que, por supuesto, no pueden encontrar ningún equivalente en términos monetarios. Pero, ¿es el propósito del sistema judicial, imparcial como debe ser, promover estas emociones? Como anotamos antes, no hay ningún castigo que se ajuste naturalmente al crimen; el castigo es siempre arbitrario. La restitución, por lo menos, establece una relación directa entre la agresión y la acción tomada contra el agresor.

¿Pierde sus Derechos un Agresor?

Me parece difícil argumentar, como lo hace Rothbard, en favor de la restitución y de la pérdida de los derechos del agresor al mismo tiempo. Una condena a cualquier cosa por encima de la restitución y compensación por todos los costos colaterales -los daños causados por la agresión, compensación por los costos de la policía y de la corte, honorarios legales- es, a mi criterio, totalmente arbitrario. Esta arbitrariedad es particularmente evidente en los casos de asesinato. Algunos libertarios sostienen que el asesino, al tomar la vida de alguien, pierde el derecho a la suya.

La condena de un asesino a la pena de muerte puede satisfacer ciertos sentimientos de venganza, y algunas personas pueden creer que disuade actos criminales futuros, pero es irracional en un sistema basado en la restitución. Si se pudiera tomar mi vida para reemplazar a la que yo he quitado, quizá habría alguna razón para ello. No parece, sin embargo, que la ciencia esté en alguna manera cerca de inventar una máquina de transferencia de vida. Entonces, ¿por qué al matar a alguien debería yo perder el derecho a mi propia vida? Asumamos, por ejemplo, que violo la casa de mi vecino y me llevo su televisor. Lo he privado de ver su novela favorita o su partido de fútbol. ¿Significa esto que ahora yo le debo su televisor u otro similar, más la compensación por el agravio, o significa que he perdido el derecho a ver los programas que yo disfruto? Si mi hurto de un televisor no anula mi derecho a poseer un televisor propio, ¿cómo puede mi hurto de una vida anular el derecho a mi propia vida?

¿Un Sistema Permisivo?

Existe, no obstante, algún mérito en la objeción de que la restitución puede hacer que los agresores tengan penas ligeras. Podría ser una de las razones por las cuales, para demostrar su compromiso personal con los más altos estándares de integridad, muchos individuos desean adherirse a comunidades que imponen penas inflexibles y más fuertes a los miembros que rompan con estos altos estándares. Por ejemplo, si un ladrón es también un devoto musulmán, un juez le ordenará efectuar la restitución apropiada a la víctima, pero, cuando esto esté hecho, el juez bien podrá entregar el ladrón a su comunidad, si sus líderes así lo demandaran, para ser castigado como está establecido en el corán, una suerte que el ladrón se habría construido deliberadamente cuando abrazó el Islam.

Estas comunidades más estrictas prosperan en la medida que la gente se sienta más confiada al tratar con sus miembros, no porque el castigo sea una garantía de que la gente procederá bien -hemos visto que el castigo no actúa como un disuasivo universal efectivo-, sino porque los individuos que aceptan voluntariamente el riesgo de tal castigo son aquellos que saben que es improbable que cometan alguna ofensa seria. Por lo tanto, los castigos pasados de moda no desaparecerían en una sociedad libertaria, aún si su sistema judicial estuviera basado en la restitución. El mercado aseguraría la supervivencia de los castigos.

Nadie impondría un castigo (y arguyo aquí que nadie tiene el “derecho a”); el castigo les sería impuesto sólo a aquellos que aceptaran anticipadamente la imposición del castigo sobre ellos. Por supuesto, aquellos que no están suficientemente confiados en su capacidad de abstenerse de la agresión, no se unirían voluntariamente a una comunidad que practicara algún tipo de sanción estricta al comportamiento criminal. De este modo, podrían excluirse a sí mismos de ciertas posiciones en la sociedad que requieren de altos estándares morales.

Conclusión

En el formato limitado de este ensayo, he intentado demostrar que, a pesar de que ninguna medida puede recrear exactamente el statu quo ante, la restitución es un método menos arbitrario que el castigo cuando se trata con criminales. La restitución puede ser impuesta en términos monetarios o en cualquier otro término que sea satisfactorio para el juez y para la víctima, tales como horas de trabajo a discreción de la víctima, ya sea para su propio beneficio o para algún propósito social comunitario que ella apoye.

Además, un sistema judicial basado en la restitución reduce la cantidad total de violencia presente en la sociedad. Este sistema desecha todos los crímenes sin víctimas, reduciendo drásticamente los niveles actuales de intervención policial. Esta reducción surge también porque un sistema basado estrictamente en la restitución ofrece, en todo momento, la posibilidad de un arreglo amigable de cualquier asunto. Todos los días, las compañías de seguros realizan miles de arreglos entre ellas mismas sin recurrir a las cortes del estado.

Creo que he esbozado algunas razones por las cuales aún al pobre en la sociedad no se le negaría acceso a la justicia privada. No se necesita de un estado benevolente para asegurar la provisión de justicia a todos. El mercado es mucho más creativo que yo y sin duda se encontrarán soluciones más eficientes que las que yo he mencionado. Mi propósito aquí es solo demostrar que el mercado para la justicia existe teóricamente. He señalado que la restitución no necesariamente le corresponde a la víctima directa, sino también a todas las víctimas secundarias, la familia, el empleador, compañías de seguros, etc. Esta es la razón por la cual si la víctima no inicia una acción legal por cualquier motivo, el criminal no se libraría fácilmente. Hay muchos otros individuos, aparte de la víctima directa, que probablemente lo perseguirán. Además, es probable que muchos otros individuos se sometan voluntariamente a un código de conducta que incluya la posibilidad de un castigo, por razones éticas, religiosas u otras, además de la obligación universal de la restitución, si cometen una agresión.

Más importantemente, he señalado que los gobiernos no solamente han confiscado los derechos de la víctima a través de la historia, sino que han asumido el papel de víctimas de crímenes que ellos mismos han inventado. La lista de los llamados crímenes contra el “interés nacional” es interminable: evasión del reclutamiento militar, cruce de fronteras ilegalmente, contrabando, crímenes relacionados con drogas, evasión de impuestos…. Cada vez que un gobierno declara que él (o la “sociedad”) es la víctima de un crimen, cada uno de nosotros nos convertimos en un criminal potencial. Quitarle la justicia al gobierno es esencial para nuestra libertad.

Instituto Ludwig von Mises Ecuador [fuente original de la traducción]. Traducción de Pablo Mateus.

El estado (la organización de los medios políticos) es la institución que permite que una clase ociosa e improductiva de parásitos viva a costa de la gente normal trabajadora, cuyos medios son la actividad industriosa y en intercambio consensuado en el mercado. Sin embargo, no tendríamos que suponer que el sector indigente de la sociedad, aquellos que reciben ayudas sociales del estado, sean necesariamente los principales parásitos de los medios políticos. Más bien libertarios del libre mercado, desde Albert Jay Nock a Murray Rothbard y Butler Shaffer han demostrado que en la economía estatista del robo y la redistribución de riqueza, es la élite (poderosos y protegidos participantes en el comercio) la que más se beneficia. Histórica y empíricamente, este fenómeno del mando de la élite de los aparatos de gobierno es visible e inconfundible en su expresión, particularmente en lo que se refiere a la economía estadounidense del siglo XX. El historiador económico Robert Higgs ha argumentado que la economía estadounidense evolucionó hasta una variante del corporativismo o “tripartismo”, un fascismo económico definido por la colusión formal entre ciertos intereses clave y distintas ramas del estado. “El corporativismo”, escribe Higgs, “afronta directamente el problema de las facciones; en la práctica, resuelve el problema del pueblo contra los intereses al declarar francamente que los intereses, cuando se organizan y canalizan apropiadamente, son el pueblo” (cursivas añadidas).[1] Como toda permutación de la idea totalitaria, el corporativismo descrito por Higgs trata de sumergir al individuo dentro de la anatomía del estado Leviatán, del que debemos ahora considerar como parte muchos actores nominalmente “privados”.

A estas empresas, en su sociedad con el estado, se las “concede un monopolio representativo deliberado”[2] como pago por un nivel de control ejercido por el gobierno. Los triángulos de hierro que forman el trpartismo fascista detallados por Higgs recuerdan la tesis del innovador estudio sociológico de C. Wright Mills, The Power Elite. En su obra magna publicada por primera vez en 1956, Mills da cuenta de una élite entremezclada constituida por un “directorio político”, los “señores de la guerra” del establishment militar y los “jefes de las corporaciones” al mando de las burocracias de los Grandes Negocios.[3] Difícilmente resultante del verdadero mercado libre defendido por los libertarios, los problemas y crisis sociales y económicas que vemos que nos rodean son en realidad los frutos podridos del estatismo de la élite. Y la guerra, tantocomo motor de todo un paradigma económico como de su correspondiente estructura psicológica y sociológica, ha sido el recurso preferido por el estado estadounidense, cargando a la sociedad pacífica y productiva con un gobierno de clase. La economía permanente de guerra, el ejercicio inacabable de saqueo que ahora constituye una parte aterradoramente grande de la economía en su conjunto, debe necesariamente equilibrarse con una antisocial adoración del estado. Como escribió Vicesimus Knox: “El miedo es el principio de todo gobierno despótico y por tanto los déspotas hacen de la guerra su primer estudio y deleite”.[4] La existencia de una economía dirigida y controlada por las grandes empresas, cuya configuración deriva de intervenciones del estado en capas, depende crucialmente de las actitudes populares respecto del estado. Solo una confianza del público en el juicio y el conocimiento de la élite evitaría un sistema construido sobre los tipos de sometimiento que la élite gobernante estadounidenses afirmaba hipócritamente desafiar en dos guerras mundial.

Esencialmente relacionada con estas ideas de las relaciones en la práctica entre Grandes Negocios y Gran Gobierno, está la propuesta de la revista de corta vida de Rothbard, Left and Right. Al presentar la revista, Rothbard decía que el título “destaca nuestra convicción de que las categorías actuales de ‘izquierda’ y ‘derecha’ se han convertido en equívocas y obsoletas”.[5] Las designaciones de izquierda y derecha se han convertido en particularmente problemáticas cuando consideramos al conservadurismo estadounidense moderno como una “defensa estéril del status quo”.[6] El acuerdo con el estatismo bélico alcanzado por la élite política durante el siglo XX indudablemente no era liberal en ningún sentido coherente o significativo: casi una antítesis del liberalismo del que Mises y Hayek se consideraban legatarios.

Mises y Hayek heredaron ese liberalismo coherente y comprensivo de, entre otros, Charles Comte y Charles Dunoyer, pensadores políticos franceses que escribieron a principios del siglo XIX. En tiempos de Comte y Dunoyer, muchas ideas muy distintas y contradictorias se declaraban liberales; las suyas eran una representación “industrialista” que ponía al estado firmemente y sin ambigüedades en oposición a la sociedad económica no violenta, cuyos principios no eran coactivos no maquinaciones gubernamentales, sino en comercio armonioso. El “industrialisme” de Comte y Dunoyer, era por tanto en buena parte un antecedente de la famosa distinción de Oppenheimer de los medios políticos y económicos para acceder a la riqueza. La industria y el intercambio iban a ser venerados como los umbrales definitorios de un sistema social y económico libre y justo, uno desprovisto de los viejos privilegios de las clases gobernantes que se remontaba a toda la historia. Como dijo Rothbard, frente a las clases productivas (que comprendían “trabajadores, empresarios, productores de todo tipo”), las clases no productivas utilizaban “el estado para gravar con tributos a los productores”.[7] En buena medida un reproche al orden establecido, las ideas de libre mercado de la revista industrialista de Comte y Dunoyer, Le Censeur européen tenían implicaciones radicales y por tanto muy poco conservadoras: una esperanza de reemplazar el gobierno con “la administración de cosas”[8] (una expresión acuñada por Comte y usada después por Saint-Simon). Igual que hizo Rothbard cientos de años después, Comte y Dunoyer incluyeron análisis económicos (ehredados principalmente de Jean-Baptiste Say) en los que, con narraciones históricas y filosóficas, mostraban una idea única y libertaria de clase. Sus propuestas económicas derivaban de una aproximación metodológica holística, estableciendo una división histórica entre “los devoradores” (“las avispas”)  y “los industriosos” (“las abejas”).[9] De hecho, Comte y Dunoyer defendían una sociedad sin clases, aunque no en el sentido de igualdad absoluta o el fin de la propiedad privada. Si el mercado libre era verdaderamente el medio de “disolver las clases gobernantes”,[10] entonces era al privilegio y el monopolio, apoyados por el poder colectivo del estado a lo que había que oponerse, y no a la propiedad y el comercio legítimos.

Los medios políticos pueden no ser tan fáciles de ver, tan relucientes o tan directos como eran en tiempos de Comte y Dunoyer: la banca centralizada bajo el Sistema de la Reserva Federal, las subvenciones públicas actuales y las barreras regulatorias de entrada probablemente no sean tan fácilmente distinguibles para el hombre común como eran las afrentas contra el libre mercado que existían en tiempos de Comte y Dunoyer. Pero estos instrumentos interconectados para obligar y explotar a la sociedad que los acogen son igual de amenazantes, si no más. Donde podía esperarse que quienes vivieran bajo la tiranía de los viejos sistemas monárquicos podrían comprender completamente la naturaleza de clase del gobierno estatista que les rodeaba, hoy en su mayoría se ven equivocados por la retórica democrática que disfraza al estado estadounidense. Wall Street, Banks, and American Foreign Policy, de Rothbard hubiera sido una lectura instructiva para, por ejemplo, la masa de Ocupa que equivocadamente atribuyen nuestros problemas económicos actuales al libre mercado. Las relaciones entre la economía de guerra, el sistema bancario centralizado de la Reserva Federal y los poderosos bancos de Wall Street son, como se demuestra en el libro de Rothbard, una característica definidora del capitalismo monopolista de estado que ha prevalecido.

Actualmente, tras la maduración de las conexiones identificadas por Mills, Rothbard, Higgs y otros, la economía se ha “centralizado (…) en una burocracia altamente estructurada bajo la dirección y control efectivos de los intereses de los principales negocios”.[11] No podemos en modo alguno decir que tenemos un mercado libre, ya que las relaciones entre intereses poderosos y gobierno federal son tan fuertes como siempre. La política es un juego caro y con grandes premios de favores y sobornos, un hecho que libertarios como Comte y Dunoyer constataron claramente hace cientos de años.

Publicado el 5 de marzo de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.